La Carta Democrática Interamericana (II): El informe de Almagro

por Ramón Barreto

A lo largo de sus 132 páginas, el Secretario General no sólo expone de forma distinguida, precisa y –sobre todo–  documentada las enormes dificultades que afligen a la  sociedad venezolana en lo que denomina una “concurrencia simultánea de múltiples crisis”[1], aportando indicadores de rango nacional (oficial y extraoficial) e internacional para justificar semejante aseveración en términos económicos y sociales como una reducción del PIB en 8% en el 2016, una deuda externa de $ 130 mil millones (o seis años de la renta petrolera actual), una inflación estimada a 700% para el cierre del año, una escasez del 56% de los productos de la canasta básica y del 80% en medicamentos, un aumento en la pobreza medida por ingresos del 76%, una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. En conjunto, estos datos comportan una dramática realidad producto de una “disfuncionalidad estructural del Estado”[2] que es causa –y consecuencia– de otra crisis, la política.

Almagro atribuye todos esos factores a otro conglomerado de motivos: dificultad para la asignación de divisas que conducen a un desvío de insumos al mercado negro y, seguidamente, a un encarecimiento de la vida; un estricto control de precios que conllevan a una exacerbada brecha entre los precios de producción y comercialización, imposibilitando la rentabilidad de cientos de empresas y comercios que cierran sus puertas o se exponen a una nacionalización/expropiación que en un gran porcentaje finaliza en la primera de las alternativas; múltiples incentivos para el comercio informal de productos de primera necesidad (coloquialmente entendido como “bachaqueo”); frecuentes y extensos cortes en la provisión de agua y energía eléctrica;  todo esto, en adición a altos niveles de burocracia administrativa y corrupción (con denuncias de más de 69 mil millones de dólares, por parte de ex ministros del régimen chavista-madurista).

Desde luego, al ritmo de su decadencia, esta crisis ha empoderado a la oposición para presentar alternativas que solucionen semejantes flagelos. Lamentablemente, cualquier actuación proveniente de la disidencia, desde manifestaciones populares hasta planteamiento de leyes y políticas formales en sus espacios de poder,  está expuesta al inagotable arbitrio gubernamental. En ese orden, el informe describe las numerosas muestras de represión ante las protestas opositoras, la detención inicua de sus líderes (82 en total), embarazosa censura para la libertad de expresión, la sentencia de “traición a la patria” para cualquier opinión discrepante con secuelas penales y el ahogamiento de los exiguos nichos (en comparación con los del gobierno) en control de Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de los partidos de oposición de Venezuela. La inexistencia de una separación de los poderes del Estado ha afectado la actividad de la AN, de mayoría opositora, contra la cual se han dictado 17 fallos que son “indicativos de la cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo”[3], y que han implicado, de facto, la supresión de la función legislativa. Así, sin importar la naturaleza de la iniciativa legal, aunque fuera ésta una “Ley Especial para Atender la Crisis Humanitaria de Salud”, o una “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, todo proyecto de ley sancionado por la AN ha sido declarado inconstitucional; todo esto, sin contar otros pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como la desincorporación de de los diputados electos del estado Amazonas con violaciones al debido proceso para materializar la perdida de la mayoría calificada de la MUD en la AN; las declaratorias de validez de los Estados de Excepción y Emergencia Económica a pesar de haber sido desaprobados por la AN[4]; o la última de sus sentencias, dictada con posterioridad al informe de Almagro, el 13 de junio, en la cual afirma que el Poder Legislativo ha usurpado funciones de exclusivas del Jefe de Estado en materia de dirección de las relaciones internacionales[5], debido –en la realidad– a la posibilidad del Presidente de la AN, Henry Ramos Allup, de participar en la célebre sesión extraordinaria de la OEA convocada por Almagro para tratar la situación de Venezuela, aunque ésta hubiera sido sugerida por el propio Secretario General[6].

En últimas, el informe finaliza con una serie de recomendaciones para mitigar la inquietante situación descrita ut supra, entre las cuales destacan la realización del RR en el 2016, el llamamiento a un trabajo conjunto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, una renovación de los magistrados que integran el TSJ y la incorporación de una Comisión de la Verdad[7].

No obstante, como pudieran apreciar los ávidos lectores, ciertamente el informe comienza con la ratificación de la facultad que el Secretario General dispone por el artículo 20 de la CDI soportado en la Resolución 1080/1991[8], anticipándose a las críticas a las que sería sometido por parte de los enemigos de la democracia una vez el informe se hiciera del conocimiento público; y a ello le sucede una observación sobre la no vulneración del principio de no intervención que dicho informe tendría, sino, más bien, de fortalecimiento del principio de solidaridad regional de la OEA en su “obligatorio control de las malas prácticas democráticas por su pernicioso efecto de contagio”[9]. Una vez dicho eso, pues procede a atender el quid del asunto, la eventual alteración grave del orden constitucional, iniciando con la interrogante sobre “¿a partir de cuándo una alteración constitucional puede ser considerada ‘grave’?”[10]. Esta pregunta fue respondida en el año 2009 por el Comité Jurídico Interamericano de la siguiente forma: “la alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático (art. 19 y 20 de la CDI) son situaciones que deben apreciarse a la luz de la vigencia de los elementos esenciales de la democracia representativa y de los componentes fundamentales del ejercicio de la misma”[11]. Es decir, debe abordarse de manera casuística a partir de los artículos 3 y 4 de la CDI, los cuales justamente estipulan los elementos esenciales y los componentes fundamentales del orden democrático en el Sistema Interamericano, que no se agotan con la celebración de elecciones periódicas (que además deben ser justas y libres), sino que pasan también por la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública y el respeto por los  DDHH y las libertades fundamentales.

De tal modo, si no hubiera sido ya corroborada la alteración con las aseveraciones preliminares del informe[12], a continuación se analizará la existencia o no de la referida distorsión constitucional en el Estado venezolano.

[1]Op. cit., supra nota 1, p. 12.

[2]Op. cit., supra nota 1, p. 14.

[3]Op. cit., supra nota 1, p. 41.

[4]Véase el artículo 34 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción del 15 de agosto de 2001. Disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/ley_excepci%C3%B3n.pdf

[5]Tribunal Supremo de Justicia. Consulta de Constitucionalidad sobre la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud. Dictada el 13 de junio de 2016. Disponible en: http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-declara-que-la-asamblea-nacional-usurpa-funciones-exclusivas-del-jefe-de-estado-en-materia-de-direccion-de-las-relaciones-internac

[6]Op. cit., supra nota 1, p. 85.

[7]Op. cit., supra nota 1, ps. 125-132.

[8]Op. cit., supra nota 1, p. 2.

[9] Op. cit., supra nota 1, p. 5.

[10]Op. cit., supra nota 1, p. 8.

[11]http://www.oas.org/cji/CJI-RES_159_LXXV-O-09_esp.pdf

[12]Véase especialmente el apartado de “erosión a la democracia” del informe de Almagro. Op. cit., supra nota 1, p. 63.

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La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODHEZ es una Organización No Gubernamental que tiene como fin defender, promover, difundir, investigar y documentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, específicamente en el Estado Zulia. El Estado Zulia por tener una idiosincrasia muy propia, rica en cultura y muy característica de la región tiene necesidades propias en las cuales esta organización basa su misión de defensa y promoción de los derechos humanos.
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