La Carta Democrática Interamericana (III): ¿Existe alteración grave del orden constitucional en Venezuela?

por Ramón Barreto

Un análisis de la alteración del orden constitucional amerita, prima facie, la observancia de la Carta Magna del Estado a evaluar. En el caso en cuestión, la CRBV plantea una serie de garantías constitucionales que claramente se ven trasgredidas frente a la cruda radiografía nacional que expone el informe de Almagro, en el que el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y una serie de derechos civiles y políticos salvaguardados por la Constitución y decenas de acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado venezolano, a su vez de obligatorio cumplimiento por el artículo 23 de la máxima norma nacional[1] y por el principio de Derecho Internacional “pacta sunt servanda” (lo pactado obliga), previsto en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[2], igualmente firmada y ratificada por Venezuela.

Ahora bien, al ponderar la labor del gobierno venezolano (al mando desde hace 18 años) para paliar la señalada crisis integral y cumplir con sus deberes constitucionales, no se denotan sino esfuerzos estériles –e incluso negligencia–, vista la recurrencia de la naturaleza de las medidas adoptadas a pesar de resultar ineficaces. Las disposiciones en vigencia como el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAPs) o el establecimiento de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y las llamadas “Zonas de Paz”, antes que revertir los problemas que le fueron encomendados, los han agravado y, más aún, han sido el caldo de cultivo para la violación de otros tantos DDHH y previsiones constitucionales, configurando una falta en la responsabilidad del gobierno por la gestión pública, como bien lo precisa el informe que presento la AN ante la OEA en su solicitud para la activación de la CDI[3].

Lo más grave reside en la falta de voluntad para rectificar y presentar alternativas reales a los desafíos venezolanos, ni mucho menos a dar cabida a la instauración de un modelo político distinto que pueda intentar, desde otra perspectiva, una solución sostenible. Esto dirige el foco al más absoluto bien jurídico tutelado por la CDI, la democracia, el fin supremo de la CRBV y un derecho ciudadano según el artículo primero de la Carta que cuenta con igual rango imperativo[4]. Un derecho que se traduce en la facultad de participación y decisión del soberano, es decir, del pueblo, por disposición de la CRBV[5]. En ese orden de ideas, y en consideración del artículo séptimo de la Carta Magna que la condiciona como norma suprema a la cual están sujetos todas las personas y órganos del Poder Público, un desconocimiento de la voluntad soberana implica inexorablemente una alteración del orden constituido. Esto es lo que ha supuesto la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Presidente Maduro en referencia a la solicitud de la MUD de realizar un RR a la luz del artículo 72 CRBV, siendo una iniciativa soportada por más del 80% de la población, del soberano[6].

Primeramente, el CNE ha desplegado una serie de jugadas para boicotear y dilatar el proceso que rayan en la desvergüenza y la ilegalidad; comenzando por la comunicación dirigida a otro de los Poderes Públicos, la AN, en la que le hace saber su competencia “exclusiva” en materia electoral[7], de conformidad con el numeral sexto del artículo 204 constitucional que, si bien determina su iniciativa de ley para la materia, nada dice de exclusividad. Esto ocurrió debido a que el órgano legislativo,  en manos de la bancada opositora, había empezado la discusión de un “Anteproyecto de Ley de Referendos”[8], en virtud de su competencia para dictar leyes, de conformidad con la CRBV[9].

En contraste, el Poder Legislativo no restó mérito a la competencia cierta de su homólogo electoral en el asunto referido, pero sí afirmó la suya propia para disponer la iniciativa y sancionar instrumentos legales, incluso sobre referendos. Más claramente puede sustentarse tal aseveración en la Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009[10], la cual prescribe en su disposición transitoria primera que: “[H]asta tanto la Asamblea Nacional dicte la ley que regule los procesos de referendo, el Poder Electoral a través del Consejo Nacional Electoral como órgano rector y máxima autoridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución de la República, desarrollará los instrumentos jurídicos especiales que regulen los procesos de referendo cuando las circunstancias así lo exijan (…)”. Ello, sumado a un conjunto de cambios normativos, arbitrariedades, desplantes y retrasos[11][12] comportan un tácito pero inminente rechazo a la oportunidad de la consulta popular.

No ha sido distinta la actitud de la representación del Poder Ejecutivo en el asunto, tras haber dado seguridad de la imposibilidad de efectuar el RR en el 2016 y, lo que es peor, pronunciar con usurpada autoridad que “si cumplen con los requisitos, el referéndum será el próximo año y punto”[13], a pesar de que uno de los Rectores del CNE, Luis Emilio Rondón (el único con abierta antipatía por el gobierno), hubiera declarado la factibilidad de realizar el evento electoral en el mes de octubre[14]. Con lo anterior, siendo sólo un ejemplo, se deja ampliamente en duda la existencia cierta de una independencia de poderes y del apego al Estado de Derecho en Venezuela.

En atención a todo lo expuesto, esta opinión es coincidente con la reflexión última del informe del Secretario General, la cual sentencia que “en la situación actual que vive Venezuela, luego del análisis de los hechos realizado, no se puede más que concluir que se está ante alteraciones graves al orden democrático, tal como se ha definido en numerosos instrumentos regionales y subregionales”[15]; con el añadido de que el concurso de tales hechos y condiciones evidencia una imposibilidad institucional para la protección efectiva de los DDHH, como lo confirma el informe país 2015 de Venezuela elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[16], que ha cumplido con su responsabilidad moral aún luego de la denuncia por parte del Estado venezolano de la Convención Americana de los Derechos Humanos durante el gobierno de Hugo Chávez en 2012.

[1]Asamblea Nacional Constituyente (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html

[2]Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Adoptada el 23 de mayo de 1969 en Viena, Austria. Disponible en: http://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Convencion_Viena.pdf

[3]Op. cit., supra nota 9, ps. 11-14.

[4]Op. cit., supra nota 2, art. 1.

[5]Op. cit., supra nota 23, art. 5.

[6]Op. cit., supra nota 3.

[7]http://atodomomento.com/cne-le-respondio-a-la-asamblea-nacional-y-asegura-tener-competencia-exclusiva-para-referendos/

[8]http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/botones/bot_e1e24955f3d466bee7c5b4b27a039d061dea8462.pdf

[9]Op. cit., supra nota 23, art. 187, n° 1.

[10]http://www.cne.gov.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_los_Procesos_Electorales.pdf

[11] Op. cit. supra nota 1, ps. 96-102.

[12]http://www.el-nacional.com/politica/Oficialismo-CNE-impuesto-trabas-referendum_0_865113572.html

[13]http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36509595

[14]http://globovision.com/article/rector-rondon

[15] Op. cit., supra nota 1, p. 125.

[16]Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2015 – Capítulo IV.B Venezuela. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-Cap4-Venezuela-ES.pdf

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La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODHEZ es una Organización No Gubernamental que tiene como fin defender, promover, difundir, investigar y documentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, específicamente en el Estado Zulia. El Estado Zulia por tener una idiosincrasia muy propia, rica en cultura y muy característica de la región tiene necesidades propias en las cuales esta organización basa su misión de defensa y promoción de los derechos humanos.
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