Asuntos penitenciarios en Venezuela: Datos que contradicen las declaraciones del Estado venezolano en el EPU

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por María Inés Hernández Torres

La grave situación existente en los recintos penitenciarios de Venezuela ha sido un tema expuesto por la prensa nacional e internacional, y las críticas al sistema se han hecho notorias en diversos espacios. Los cuestionamientos a la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en el Examen Periódico Universal (EPU) así lo demostraron. Un ejemplo de ellos son las recomendaciones ofrecidas por Estados como Angola, Argentina, Argelia, Austria e Italia que instaron a mejorar las condiciones del sistema penitenciario y las de Australia, Guatemala y Nueva Zelanda que exhortaron a respetar el debido proceso.

Iris Varela, quien formó parte de la delegación oficial venezolana participante en esta evaluación, se centró en narrar el mejoramiento que en la materia se ha producido durante los últimos 17 años desde la llegada al poder de Hugo Chávez. Desde CODHEZ podemos plantear algunos casos concretos que contradicen las declaraciones ofrecidas por la funcionaria en Ginebra y los argumentos presentados en el Informe Nacional que el Estado venezolano entregó antes de la realización del examen.

En primer lugar, la Ministra aseguró que se han inaugurado 29 instalaciones de reclusión y que este desarrollo de infraestructura ha “reducido el hacinamiento y la violencia en las cárceles en Venezuela”. Por nuestra parte, constatamos  que desde el desalojo del retén El Marite y la Cárcel Nacional de Maracaibo –mejor conocida como Cárcel de Sabaneta– los reclusos trasladados permanecen fuera de la entidad zuliana y  su internamiento en otros recintos ha terminado por sobre poblarlos y ocasionar retardos procesales.

A esta realidad se suma el hacinamiento existente en calabozos de cuerpos policiales y militares.  Al respecto, en noviembre de 2015, el Secretario de Seguridad del Estado Zulia, Biagio Parisi,  informó que alrededor de 1100 personas se encontraban recluidas en calabozos de la policía regional, municipal, CICPC, Guardia Nacional y el SEBIN, aseverando que “en la mayoría de las comisarías hay penados que llevan dos años recluidos ahí. Nunca han sido trasladados a un retén o una penitenciaría”. En la misma línea, en septiembre de 2016, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, expresó que 33 mil privados de libertad se encuentran hacinados en estaciones policiales de todo el país y 2 mil en instalaciones militares.

Por otra parte, el abandono de la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ) en agosto de 2015, da cuenta de los fracasos en la creación de nuevos centros penitenciarios y los problemas de corrupción que afectan el desarrollo de políticas públicas en la materia.  

En segundo lugar,  la Ministra Varela  afirmó en el EPU que “el gobierno de Nicolás Maduro se ha caracterizado por el respeto a los derechos humanos”. Frente a eso, resulta propicio señalar que el debido proceso es un derecho humano que ha sido vulnerado por el desalojo del Retén El Marite, la Cárcel de Sabaneta en el Zulia y la falta de coordinación del Ministerio para el Servicio Penitenciario con el Poder Judicial. El traslado de privados de libertad a otros estados los ha alejado del juez de su domicilio y ha supuesto complicaciones logísticas que dificultan el desarrollo normal de los procesos judiciales. Además, se ha fomentado la corrupción, pues los funcionarios de custodia y vigilancia de los centros de reclusión han exigido pagos a los sujetos privados de libertad para efectuar traslados que hagan posible la celebración de ciertos actos procesales.

A lo anterior se suma que la distancia ha imposibilitado que numerosas familias visiten a sus parientes. Con esto, se han violado tratados internacionales en materia de derechos humanos y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.  Como consecuencia de la dificultad de hacer visitas y, teniendo en cuenta que el sistema penitenciario no provee de las tres comidas al día a sus reclusos, los familiares de los privados de libertad han denunciado que al no poderles proveer alimentos regularmente estos no tienen una alimentación adecuada. También la falta de información y respuesta de las inquietudes de los familiares por parte de las autoridades ha sido una constante.

Actualmente, a finales del 2016, estos problemas persisten y en el Zulia las personas vinculadas a los privados de libertad mantienen su interés en conocer cuándo estos serán transferidos a un centro en el estado Zulia.

CODHEZ realizó el 2 de agosto de 2016 una petición de información al Ministerio para el Servicio Penitenciario con el fin de conocer cuándo se restaurarían las funciones del Retén El Marite, el estatus de la construcción de la nueva cárcel y una solicitud de traslado al Estado Zulia a uno de los casos atendidos por la organización. Por los momentos, continuamos a la espera de respuestas a las solicitudes hechas, y sobre todo, de una mayor transparencia en las cifras oficiales y la consideración de las recomendaciones realizadas en esta materia durante el Examen Periódico Universal.

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About Codhez

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODHEZ es una Organización No Gubernamental que tiene como fin defender, promover, difundir, investigar y documentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, específicamente en el Estado Zulia. El Estado Zulia por tener una idiosincrasia muy propia, rica en cultura y muy característica de la región tiene necesidades propias en las cuales esta organización basa su misión de defensa y promoción de los derechos humanos.
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