El Estado venezolano debe garantizar la protección de los familiares de los asesinados en la Operación Gedeón y una investigación imparcial de los hechos

Operación Gedeón

Maracaibo.- El pasado 15 de Enero de 2018, funcionarios pertenecientes a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional, ejecutaron la Operación Gedeón, así denominada por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. El operativo se llevó a cabo en contra de un grupo armado de 12 personas que se encontraban en un chalet ubicado en El Junquito. Como resultado del uso de la fuerza empleada, murieron nueve personas y el lugar fue reducido a escombros. Murieron: Óscar Pérez, líder del grupo armado, y cinco personas que lo acompañaban —entre ellos tres jóvenes zulianos—, dos agentes policiales y el líder del colectivo progobierno Tres Raíces.

Según el Derecho Internacional, los Estados están llamados a prevenir acciones que produzcan violaciones al derecho a la vida, tomar medidas para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida por consecuencia de actos criminales, así como prevenir que fuerzas del Estado ejecuten acciones que vayan en transgresión a este derecho. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también respalda este derecho en su artículo 43. Mensajes y videos compartidos en redes sociales por Óscar Pérez y su grupo el día de los hechos, donde señalaban que estaban dispuestos a rendirse, permiten presumir que el Estado se excedió en el uso de la fuerza.

Al respecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sostuvo en el informe A/66/330, publicado el 30 de agosto de 2011, “una decisión que se adopta por anticipado y que descarta la posibilidad de ofrecer o aceptar la oportunidad de rendirse, determina la ilegalidad de dichas operaciones”. Así mismo, en este documento establece “deberían investigarse todos los casos en que se haya utilizado la fuerza letal mediante un proceso eficaz y, cuando proceda, aquellos que han violado el derecho a la vida deberían rendir cuentas”.

En definitiva, los Estados tienen la obligación de investigar la privación del derecho a la vida, y de ser el caso castigar a los responsables, en especial cuando están involucrados agentes estatales. De no ser así, se estaría creando un contexto de impunidad donde existen las condiciones para que este tipo de hechos se repita, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

En los días siguientes a los hechos ocurridos en El Junquito ha sido notoria la opacidad con  la que el Estado ha manejado la investigación de las muertes. Las familias del grupo de Óscar Pérez han declarado las trabas para hacer el reconocimiento de sus seres queridos y la entrega de los cuerpos, y además, la imposición de las condiciones del sepelio, obligando a efectuar ceremonias cerradas y altamente militarizadas. El traslado de los cuerpos de Daniel Soto y, los hermanos Lugo al Zulia, así como el de Lisbeth Ramírez al estado Táchira, fue realizado en un avión militar.

Por otro lado, el padre de los zulianos Abraham y Jairo Lugo, manifestó a los medios de comunicación que ha sido objeto de amenazas, su casa fue allanada y teme por la integridad de su familia y por su vida. El posterior hostigamiento policial y militar ha provocado temor a denunciar y expresarse.

Una semana después de los hechos ni el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, ni el Defensor del Pueblo encargado, Alfredo Ruiz, han emitido declaraciones oficiales que permitan presumir que exista la intención de realizar una investigación parcial y objetiva.

Codhez hace un llamado a esclarecer todos los hechos vinculados a la ejecución de la Operación Gedeón, debido a que existen evidencias que apuntan al uso desproporcionado de la fuerza, y por tanto, que se hayan cometido ejecuciones extrajudiciales según el Derecho Internacional. Se deben adoptar medidas para garantizar una investigación imparcial, inmediata y transparente siguiendo el Protocolo de Minnesota —modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias— así como realizar todos los esfuerzos para la preservación de las evidencias.

 Asimismo, exigimos al Estado la protección de los familiares de quienes murieron en la Operación Gedeón y evitar cualquier tipo de represalias contra quienes denuncien los hechos del 15 de enero y los días siguientes como violaciones graves de derechos humanos.

Fuente: Prensa Codhez

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