El Estado venezolano debe garantizar la protección de los familiares de los asesinados en la Operación Gedeón y una investigación imparcial de los hechos

Operación Gedeón

Maracaibo.- El pasado 15 de Enero de 2018, funcionarios pertenecientes a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional, ejecutaron la Operación Gedeón, así denominada por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. El operativo se llevó a cabo en contra de un grupo armado de 12 personas que se encontraban en un chalet ubicado en El Junquito. Como resultado del uso de la fuerza empleada, murieron nueve personas y el lugar fue reducido a escombros. Murieron: Óscar Pérez, líder del grupo armado, y cinco personas que lo acompañaban —entre ellos tres jóvenes zulianos—, dos agentes policiales y el líder del colectivo progobierno Tres Raíces.

Según el Derecho Internacional, los Estados están llamados a prevenir acciones que produzcan violaciones al derecho a la vida, tomar medidas para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida por consecuencia de actos criminales, así como prevenir que fuerzas del Estado ejecuten acciones que vayan en transgresión a este derecho. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también respalda este derecho en su artículo 43. Mensajes y videos compartidos en redes sociales por Óscar Pérez y su grupo el día de los hechos, donde señalaban que estaban dispuestos a rendirse, permiten presumir que el Estado se excedió en el uso de la fuerza.

Al respecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sostuvo en el informe A/66/330, publicado el 30 de agosto de 2011, “una decisión que se adopta por anticipado y que descarta la posibilidad de ofrecer o aceptar la oportunidad de rendirse, determina la ilegalidad de dichas operaciones”. Así mismo, en este documento establece “deberían investigarse todos los casos en que se haya utilizado la fuerza letal mediante un proceso eficaz y, cuando proceda, aquellos que han violado el derecho a la vida deberían rendir cuentas”.

En definitiva, los Estados tienen la obligación de investigar la privación del derecho a la vida, y de ser el caso castigar a los responsables, en especial cuando están involucrados agentes estatales. De no ser así, se estaría creando un contexto de impunidad donde existen las condiciones para que este tipo de hechos se repita, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

En los días siguientes a los hechos ocurridos en El Junquito ha sido notoria la opacidad con  la que el Estado ha manejado la investigación de las muertes. Las familias del grupo de Óscar Pérez han declarado las trabas para hacer el reconocimiento de sus seres queridos y la entrega de los cuerpos, y además, la imposición de las condiciones del sepelio, obligando a efectuar ceremonias cerradas y altamente militarizadas. El traslado de los cuerpos de Daniel Soto y, los hermanos Lugo al Zulia, así como el de Lisbeth Ramírez al estado Táchira, fue realizado en un avión militar.

Por otro lado, el padre de los zulianos Abraham y Jairo Lugo, manifestó a los medios de comunicación que ha sido objeto de amenazas, su casa fue allanada y teme por la integridad de su familia y por su vida. El posterior hostigamiento policial y militar ha provocado temor a denunciar y expresarse.

Una semana después de los hechos ni el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, ni el Defensor del Pueblo encargado, Alfredo Ruiz, han emitido declaraciones oficiales que permitan presumir que exista la intención de realizar una investigación parcial y objetiva.

Codhez hace un llamado a esclarecer todos los hechos vinculados a la ejecución de la Operación Gedeón, debido a que existen evidencias que apuntan al uso desproporcionado de la fuerza, y por tanto, que se hayan cometido ejecuciones extrajudiciales según el Derecho Internacional. Se deben adoptar medidas para garantizar una investigación imparcial, inmediata y transparente siguiendo el Protocolo de Minnesota —modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias— así como realizar todos los esfuerzos para la preservación de las evidencias.

 Asimismo, exigimos al Estado la protección de los familiares de quienes murieron en la Operación Gedeón y evitar cualquier tipo de represalias contra quienes denuncien los hechos del 15 de enero y los días siguientes como violaciones graves de derechos humanos.

Fuente: Prensa Codhez

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ALERTA- La Ley constitucional contra el odio viola derechos civiles, políticos y promueve la persecución contra la disidencia

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El pasado 8 de noviembre, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, un instrumento jurídico cuyo propósito es penalizar discursos contrarios a la ideología del partido de gobierno y establecer penas de 10 a 20 años de cárcel, entre otras sanciones, a ciudadanos y medios de comunicación que expresen mensajes que puedan catalogarse como “promotores del odio y la intolerancia” por los partidarios del gobierno nacional.

Al evaluar este instrumento jurídico, es necesario tener en cuenta que la actual Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad de origen pues surgió como producto del desconocimiento del derecho de los venezolanos a decidir sobre el destino político de su país al no efectuarse la consulta popular establecida en la Constitución como requisito para su convocatoria. Además, este órgano no posee competencia para discutir y aprobar leyes, pues ello corresponde a la Asamblea Nacional electa por los venezolanos en diciembre de 2015.

Desde su instalación, el uso de la Asamblea Nacional Constituyente como instrumento para la imposición del proyecto político-ideológico del partido de gobierno ha sido evidente, y todas las decisiones que ha tomado así lo reafirman.

   Si bien es cierto que según estándares internacionales deben sancionarse los discursos promotores del odio y la violencia, tal como lo hace el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ordena que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”, las regulaciones nacionales deben garantizar la libre expresión, de modo que existan parámetros objetivos que permitan juzgar que un determinado discurso promueve el odio y la violencia contra determinado sector de la sociedad. En el caso de la ley aprobada por la ANC, la evaluación de estos elementos corresponderá a sectores identificados con el gobierno nacional, y por tanto, existe un temor fundado de que su aplicación sea parcializada.

   Desde CODHEZ alertamos que la Ley constitucional contra el odio, por  la convivencia pacífica y la tolerancia es ilegítima, y puede considerarse un instrumento jurídico violatorio de derechos humanos tales como la libertad de pensamiento y expresión. Además, su aplicación se traducirá en una mayor persecución a la disidencia y el incremento de la censura contra ciudadanos y medios de comunicación.

   En definitiva, las acciones persecutorias que de esta ley se deriven deben ser consideradas pruebas del carácter no democrático del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y por ello deben ser documentadas, denunciadas y sancionadas como violatorias de derechos civiles y políticos.

COMUNICADO CIDH- Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena cierre de más de 50 medios en Venezuela sin garantías legales y por motivos relacionados con su línea editorial

Libertad de Prensa

Washington, DC- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión y exhorta al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación -tanto nacionales como extranjeros- puedan operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea editorial.

De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 24 de agosto, los proveedores de televisión por suscripción en Venezuela retiraron de la parrilla de programación a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). William Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista a medio oficial que “RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que, en Venezuela, se han comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades legítimas”. El ministro acusó a Caracol TV de cometer “una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus autoridades y a nuestras leyes”. Un criterio similar se habría utilizado previamente para ordenar la supresión de las señales de CNN y NTN 24.

La Relatoría también recibió información según la cual en horas de la noche del viernes 25 de agosto, representantes de Conatel  ingresaron a las emisoras  92.9 FM y Mágica 99.1 FM en la ciudad de Caracas y ordenaron el cese definitivo de sus transmisiones. Según fue informado, minutos después de la salida del aire de ambos medios, las frecuencias fueron tomadas por dos nuevas emisoras vinculadas al partido oficial. La señal de la radio caraqueña 92.9 FM que tenía una programación periodística de mucha audiencia, fue sustituida esa misma noche por Radio Corazón Llanero, que estaría operada por una fundación bajo el control de un capitán del Ejército, edecán del ex presidente venezolano Hugo Chávez, y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. La señal de la emisora Mágica 99.1 FM fue sustituida por la emisora Vinotinto FM, cuya propiedad es hasta ahora desconocida. El 5 de septiembre, Conatel habría ordenado el cese de las transmisión de la estación 88.1 FM de la emblemática radio educativa Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde habría revocado la orden sin brindar explicaciones.

Previamente, el 16 de julio también había sido clausurada ULA TV, el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, por parte de la misma Conatel invocando falta de documentos.

Según la información proporcionada por varias organizaciones, durante 2017 se sumarian al menos 49 las radios nacionales cerradas y cinco canales de televisión internacionales retirados de la programación de la televisión nacional por suscripción durante el año 2017, por órdenes del gobierno. Como lo ha expresado la Relatoría Especial en anteriores comunicados, la mayor parte de los medios de comunicación operan en Venezuela con sus licencias vencidas y el organismo regulador no dispone de procedimientos con garantías para la adjudicación y/o renovación de estas frecuencias.

La Relatoría recuerda al Estado venezolano que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos en una sociedad democrática.  El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y a recibir información plural y diversa y constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional.

Si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, ello debe hacerse de conformidad con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos que prohíben la restricción del derecho a la libertad de expresión a través del abuso de la facultad de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas.

Según estos principios, los procesos de adjudicación, revocación y renovación de licencias debe estar estrictamente regulado por una ley y estar guiado por criterios objetivos, claros, imparciales, públicos y compatibles con una sociedad democrática; el proceso debe ser transparente; la decisión que conceda o niega la solicitud debe estar debidamente motivada; y estar sometida a un adecuado control judicial. La administración del espectro radioeléctrico, además, debe encontrarse orientada por los principios de igualdad y no discriminación y nunca ser utilizada para presionar, premiar o castigar a un medio en función de su línea editorial o su posición respecto del gobierno de turno.

Venezuela ya había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2015 por incumplir estos principios cuando decidió no renovar la concesión del canal de televisión RCTV el 27 de mayo de 2007. A juicio del tribunal interamericano el cierre de RCTV  implicó  “una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el gobierno”.

El Tribunal resaltó además que la desviación de poder en ese caso “tuvo un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos de RCTV, sino además en la dimensión social de dicho derecho”. En efecto, la Corte estableció que “la finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger”.

La Relatoría Especial hace un llamado urgente para el reestablecimiento de la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión retirados del aire, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

ALERTA- Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente contraría el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas

A principios de abril de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante las decisiones 155 y 156, se atribuyó funciones correspondientes a la Asamblea Nacional, motivando a la sociedad civil a iniciar un ciclo de protestas cuyo fin, después de tres meses, no parece divisarse pronto.

La manifestación de la ciudadanía contra las acciones gubernamentales provocó un despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, caracterizado por excesos en el uso de perdigones y bombas lacrimógenas, e incluso, la utilización de armas de fuego y explosivos para el control de las protestas, en clara contravención a lo establecido en la Constitución de la República y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este despliegue represivo ha dejado como saldo un gran número de fallecidos y centenares de heridos, cuya responsabilidad el Estado se niega a aceptar. Por otro lado, las detenciones arbitrarias se han hecho frecuentes, y el juzgamiento de civiles en tribunales militares se ha convertido en una práctica recurrente.

Este panorama ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos, que han sido enfáticas denunciar violaciones a los derechos de libertad de expresión, manifestación, integridad personal, debido proceso, inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, entre otros.

En este contexto de conflictividad, el Presidente de la República Nicolás Maduro convocó mediante Decreto a una Asamblea Nacional Constituyente con el argumento de “garantizar la preservación de la paz ante las  circunstancias (…) que implican un  proceso de feroz agresión imperialista y la promoción, por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial y social”. Esta alarmante justificación de la convocatoria, que destaca por negar el pluralismo político –un valor previsto en el artículo 2 de nuestra Carta Magna–, fue compartida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se hizo eco de esta motivación en la resolución emitida para avalar el decreto presidencial.

Partiendo de la premisa de que el poder constituyente originario reside en el pueblo, este debió convocar la Asamblea. Por lo tanto, el Presidente de la República usurpó la soberanía popular al efectuar la convocatoria. El Ejecutivo nacional y el resto de los órganos del Poder Público mencionados en el artículo 348, así como el 15% de electores solo pueden promover o presentar una iniciativa para la convocatoria; lo contrario sería admitir que cualquiera de los órganos mencionados en el mencionado artículo, o una parte del pueblo, pueda imponer al resto la redacción de una nueva Constitución.

Aunada a la ilegitimidad de la convocatoria, el establecimiento de las bases comiciales –entendidas como el conjunto de normas destinadas a regir las elecciones de los constituyentes– vulnera el derecho a la participación política de los venezolanos. Las reglas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, impuestas por el Presidente de la República sin la aprobación popular, implican la sobrerrepresentación de ciertos sectores en detrimento de otros, que tendría por consecuencia la violación al principio de igualdad y la desproporcionalidad de los resultados electorales. Esta desproporción se deriva de la elección de un representante por cada municipio del país, sin considerar el número de habitantes, y de la forma de elección sectorial, que transgrede el principio de universalidad del voto.

Del mismo modo, las condiciones establecidas para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente muestran una clara tendencia a ignorar el carácter del pueblo como depositario de la soberanía. Además, la Asamblea, que no tiene una duración predeterminada, tiene la potestad de decidir la cesación o limitar el funcionamiento de los poderes públicos constituidos.

En definitiva, el establecimiento de bases comiciales sin la aprobación de un referendo popular y con las características anteriormente señaladas, permite prever que el objetivo de quienes concibieron la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente es hacerla omnipotente, sin que exista la garantía de que el texto redactado sea sometido a aprobación popular.

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), en su carácter de organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, con énfasis en los derechos civiles y políticos, denuncia esta iniciativa que contraría los principios más básicos de la democracia, base del Estado de Derecho y condición determinante para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Una convocatoria con estas características resta importancia a la  voluntad del pueblo como base de la autoridad de gobierno y a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Sin duda alguna, la convocatoria y las reglas de elección de la Asamblea Nacional Constituyente niega el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas.

CODHEZ: Represión contra Torres El Saladillo enluta al Zulia

Torres El Saladillo

 

 

Maracaibo–  En la noche del miércoles 24 de mayo de 2017, los habitantes de Torres El Saladillo y zonas aledañas fueron nuevamente víctimas de un ataque violento de los cuerpos seguridad del Estado. En esta ocasión, tuvo como consecuencia diversas personas heridas y el  asesinato Adrián Duque, un joven de 24 años que protestaba en las inmediaciones de la zona. Testigos de los hechos afirman que funcionarios de la  Guardia Nacional Bolivariana (GNB) accionaron el arma que impactó a Duque y le ocasionó la muerte.

Este hecho que enluta a nuestra región forma parte de un patrón de represión a esta zona residencial. Las Torres El Saladillo se han convertido en un escenario  frecuente de los ataques violentos de los cuerpos de seguridad del Estado cuando se suscitan protestas en el área y, constantemente, los habitantes de estos edificios son víctimas de gases lacrimógenos, objetos incendiarios y el disparo de municiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Sin duda alguna, estos comportamientos de las fuerzas de seguridad del Estado ponen en riesgo la vida e integridad de los habitantes de la zona y pueden catalogarse como violaciones a los  derechos humanos de un sector de la población, por lo cual ameritan la investigación inmediata de los funcionarios implicados y su enjuiciamiento.

Desde CODHEZ, instamos a los cuerpos de seguridad del Estado a cesar la utilización de armas de fuego y sustancias tóxicas para la represión de esta y otras zonas residenciales de la región. Esta solicitud obedece a lo establecido en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reza: “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

ONG y defensores de derechos humanos solicitamos renuncia al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab

Tark

Ciudadano
Tarek William Saab

Defensoría del Pueblo

Su despacho.-

Las personas, organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil
en general, que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra
indignación por las declaraciones emitidas por usted el día miércoles
29 de marzo de 2017, en las cuales expresó su apoyo a la sentencia
número 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
mediante la cual se le retiraba la inmunidad parlamentaria a los
diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, se atribuye al
Presidente de la República la facultad para revisar leyes y determinar
discrecionalmente la aplicación de delitos militares; y de
reconsiderar la pertinencia de la participación de Venezuela en
instancias internacionales.

Ese día, 29 de marzo, usted, como presidente del llamado “Consejo
Moral Republicano” (CMR), leyó un comunicado donde afirmaba que este
órgano del Poder Ciudadano “manifiesta su firme apoyo a esta
sentencia”, alegando que la misma, a su juicio, “evalúa apropiadamente
elementos que ponen en riesgo la soberanía e independencia del
país”[1]. Hoy sabemos que de los tres entes que integran el CMR, uno
de ellos está en desacuerdo con dicha sentencia. El viernes 31 de
marzo la Fiscal General de la República la calificó, junto al dictamen
156 del mismo tribunal, como la “ruptura del hilo constitucional”, en
medio de un amplio rechazo de ambas sentencias por parte de la
comunidad nacional e internacional.

El apoyo expresado por usted a la referida sentencia, no solo es
fraudulento al ser presentado como una posición institucional, pese a
no haber sido producto de un consenso entre los integrantes del
Consejo Moral Republicano, sino que constituye un menosprecio de la
institución parlamentaria, de la que usted mismo fue en algún momento
parte, en abierta violación de la Constitución y del Estado de
Derecho.

Como es del conocimiento público la institución a su cargo no cumple
plenamente con lo establecido en los “Principios de París”, que norman
la actuación de las defensorías del pueblo en todo el mundo. Debido a
la ausencia de autonomía e independencia en el funcionamiento de la
Defensoría, tanto durante la gestión de Gabriela del Mar Ramírez como
la suya, el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en octubre de
2016 tomó la decisión de rebajar la calificación de la Defensoría del
Pueblo venezolana a categoría B. A finales del 2014, este organismo le
había dado un año para que, en sus propios términos, usted hablara
“alto y claro” sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro
país y señalara con claridad las responsabilidades del Estado, que
usted no ha cumplido.

En marzo del 2017, durante la presentación de su informe anual ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado
Zeid Ra´ad al Hussein dedicó unos minutos para hablar sobre la
preocupante situación de Venezuela, recordando la falta de
independencia de la Defensoría del Pueblo en nuestro país. No
solamente usted no tomó las medidas para corregir esta situación,
atendiendo debidamente y sin discriminación a las víctimas de
violaciones de derechos humanos en el país, sino que, como lo
demuestra su apoyo a una decisión que fue calificada por la Fiscal
General y por la mayor parte de la sociedad democrática venezolana
como “Golpe de Estado”, reincide en actuaciones cada vez más graves e
inaceptables dentro del papel que debería desempeñar un Defensor del
Pueblo en un contexto de crisis social, política y económica. Por
contraste, las organizaciones de derechos humanos tenemos como
referente el valiente papel que desempeñó el primer Defensor del
Pueblo en Perú, Jorge Santistevan de Noriega, ante la ausencia de
democracia en ese país bajo la dictadura de Alberto Fujimori.

Conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus
atribuciones “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y
garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales sobre derechos humanos”. En este caso usted se aparta
de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual que en numerosas
ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones  a los
derechos humanos como en el caso los restos hallados en las
instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV),

Por lo expuesto anteriormente quienes suscribimos la presente
comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al
cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona
independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y
los principios democráticos,  asuma el cargo; una persona que, en
lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las
víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren
diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la
pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en
salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la
violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación
del Pueblo (OLP) y la impunidad .

Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del
papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y
de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo
venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los
organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino
por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente
que esté a su lado: la población en general y las víctimas de
violaciones de derechos humanos.

Atentamente

Acceso a la Justicia
AC Llamado a la Conciencia Vial

AC Nueva Esparta en Movimiento
A.C. Maria Estrella de la Mañana
AC Mulier

Acción Solidaria

Amigos Trasplantados de Venezuela AC
Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, Caracas
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Civil Mujeres en Línea
Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Aula Abierta Venezuela
Brigadas Azules
Cátedra Libre de DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Cedice Libertad
Centro de Animación Juvenil
Centro de Acción y defensa Por los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Cepaz
+Ciudadano, +Venezolano (Táchira)
Ciudadanía Activa

Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima21
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Comision de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados
de Venezuela capítulo Táchira
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios
de Abogados Estado Apure
Colegio de Abogados del Estado Anzoategui

Colegio de Abogados del Estado Apure

Colegio de Abogados del Estado Lara
Colegio De Abogados del Estado Barinas
Colegio de Abogados de Estado Nueva Esparta
Colegio de Abogados del Estado Sucre
Colegio de Abogados de Delta Amacuro
Colegio de Abogados del Estado Falcon
Colegio de Abogados del Estado Monagas
Colegio de Abogados del Estado Portuguesa
Colegio de Abogados del Estado Carabobo
Colegio de Abogados del Estado Guárico,
Colegio de Abogados del Distrito Capital
Colegio de Abogados del Estado Aragua

Colegio de Abogados del Estado Cojedes
Colegio de Abogados del Estado Amazonas,
Colegio de Abogados del Estado Tachira
Colegio de Abogados del Estado Zulia
Comisión DDHH Federación Venezolana de Colegios de Abogados Estado Falcón
Comisión DDHH Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
Comision Nacional DDHH Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela, capítulo Mérida
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ
Convite AC
Derechos Humanos Ya
Espacio Humanitario
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos Educación
Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES), Nacional
Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Aragua

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Carabobo

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Lara

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Anzoátegui

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Zulia

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Miranda
Frente en Defensa del Norte de Caracas
Foro Penal Venezolano
Fundación Blanca Nieve Sierra
Fundación CIIDER
Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama)
Fundacion Pro Bono Venezuela
Humano Derecho Radio
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos INVESP
Movimiento Vinotinto
Mujeres Venezolanas en Acción
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA)
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres
Opción Venezuela A.C.
Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)

Organización StopVIH
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM),

Laboratorio de Paz
Red Andina de DDHH
Red ARA
Redes Ayuda
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Transparencia Venezuela
Una Montaña de Gente
Una Ventana a La Libertad
Un Mundo Sin Mordaza
Unión Afirmativa de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Venezuela Diversa A.C

Personalidades

Integrantes del Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres:
Isolda de Salvatierra (Coordinadora)

Virginia Olivo de Celli

María Cristina Parra

Magally Huggins

Ofelia Alvarez Cardier

Beatríz Rodríguez

Beatríz Gerbasi

Luz Beltrán

Lilia Arvelo

Griselda Barroso

Yenni Peña

Rosa Paredes

Yolima Arellano

Evangelina García Prince

Sonia Sgambatti

Oscar Murillo, periodista
Francisco González Cruz, Ex-Rector Emérito de la Universidad Valle de Momboy
Elenis Rodríguez Martínez, abogada

Carlos Daniel Moreno, Defensor de DD.HH

ALERTA.

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Maracaibo.- Al mediodía del sábado 11 de febrero de 2017 fueron detenidos arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los periodistas y coordinadores del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, junto a los comunicadores brasileños Leandro Stoliar y Gilson Souza de Oliveira. Venían de las instalaciones de la obra inconclusa de Odebrecht, el segundo puente sobre el lago o Puente Nigale, ubicado en el norte del Estado Zulia, donde recopilaban información sobre este caso que ha constituido un símbolo de corrupción para la opinión pública venezolana. Tras ser escoltados a la sede del SEBIN en Maracaibo, permanecieron 10 horas detenidos arbitrariamente y fueron asistidos legalmente por CODHEZ en coordinación con abogados de la Universidad del Zulia. La liberación se produjo a las 9:53 p.m. y a los comunicadores brasileños se les ordenó salir del país en un plazo de 24 horas. Esta situación, que suscitó el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, Transparencia Venezuela y diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es un hecho que enciende las alarmas sobre la fragilidad de la libertad de expresión y el derecho a informar, las crecientes limitaciones al trabajo de los comunicadores sociales, aunada a la falta de transparencia en el ámbito público en nuestro país. Desde CODHEZ condenamos este hecho y exigimos el cese del hostigamiento a los periodistas y activistas que ejercen contraloría social. De igual forma, instamos a los comunicadores y defensores de derechos humanos que enfrenten vejaciones similares a denunciarlos y acudir a nuestra organización para recibir asistencia.

ALERTA: Se mantiene el cierre de la frontera venezolana por 72 horas más

Como medida para garantizar la paralización del escape o ingreso del billete de más alta denominación en nuestro cono monetario y atacar “a las mafias imperialistas como estrategia de contraataque a la guerra económica” el pasado 11 de diciembre, el Ejecutivo Nacional ordenó el cierre de las fronteras venezolanas por un período de 72 horas. Tras la decisión de descontinuar el billete de 100 bolívares, en el Decreto Presidencial 2.589 se estableció un plazo de 3 días para entregar los billetes ante la banca pública y privada del país, y que luego de vencido este lapso, los venezolanos debían entregar ante las sedes del Banco Central de Venezuela en Caracas y Maracaibo los billetes que no lograran depositar.

Sin embargo, luego de finalizadas las 72 horas, que culminaron ayer 15 de diciembre, a través de una cadena de radio y comunicación, el ministro Ernesto Villegas informó sobre una prórroga de 72 horas adicionales para el cierre de la frontera, la reducción del plazo a 5 días para la entrega ante el BCV de los billetes.

Con respecto a esta situación, CODHEZ advierte sobre las amenazas a la protección de los derechos humanos en Venezuela en diferentes ámbitos, debido a la escasez de dinero en efectivo, así como la falta de garantías sobre la fiabilidad de las plataformas de comunicaciones y el servicio eléctrico que respalde la masiva actividad bancaria derivada de la aplicación de esta decisión del Ejecutivo Nacional.

Derechos como el de propiedad, libre tránsito y alimentación, resultan particularmente afectados en zonas suburbanas por su deficiente bancarización, creando una situación de desconcierto e incertidumbre.

Ante este panorama que genera vulneración a los derechos humanos, CODHEZ recomienda altamente al Estado venezolano tomar en cuenta lo siguiente:

  • Revisar el Decreto Presidencial 2.589 y su modificación, creando un sistema de recolección de los billetes de Bs. 100 que asegure la protección de los derechos a la libertad económica y propiedad de todas las personas en el territorio nacional.
  • Garantizar que los controles fronterizos sobre la revisión de bienes y personas mantengan los estándares de respeto a los derechos humanos.
  • Promover la existencia de información suficiente, veraz, oportuna y oficial sobre las medidas tomadas y la protección de todos los venezolanos ante la situación que se está desarrollando.
  • Instar a la Defensoría del Pueblo y demás instituciones competentes hacerle seguimiento a las políticas dictadas, para así proteger las garantías constituciones y los derechos humanos de los ciudadanos.
  • Realizar un informe general sobre las conclusiones y metas alcanzadas sobre estas medidas adoptadas.

Sin prensa libre no hay democracia

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La versión impresa del diario La Verdad no circuló los días 24 al 29 de junio de 2016 por falta de papel periódico. Luego, el 30 de junio volvió a publicarse, al llegar a sus instalaciones el despacho de papel proveniente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). La situación se repitió el día domingo 20 de noviembre, cuando el diario tampoco pudo circular, afectando también la publicación del semanario de la Universidad del Zulia que se publica los domingos como encartado. Asimismo, el diario Qué Pasa no pudo imprimirse del 18 al 20 de noviembre, reapareciendo el 21 de noviembre. También, el diario El Regional del Zulia agotó su inventario de papel. En estas circunstancias, a pesar de las gestiones realizadas por sus propietarios ante el CEAM, estos diarios dejaron de salir a la venta a partir del 22 de noviembre. Por su parte, el diario Versión Final, otro de los periódicos importantes de la región, debió reducir el número de páginas de 40 a 24, limitando el contenido de la información.

Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la libre expresión, y además, el derecho a informar y ser informado de las noticias, en correspondencia con el fin constitucional de establecer una “sociedad democrática, participativa y protagónica”. Esto significa que el Estado debe asegurar, para el ejercicio de esas libertades, que no existan obstáculos o circunstancias que impidan su desarrollo. La existencia de una única empresa autorizada por el Estado venezolano –y que es de su propiedad– para la importación y distribución de papel prensa contradice, además, el mandato constitucional de prohibición de los monopolios (artículo 113). Cabe recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos, denunciada por el Estado venezolano en detrimento del ejercicio y la protección más favorables de los derechos, establece en su artículo 13.3 que el derecho de expresión no puede restringirse por medios indirectos, como es el caso de controles oficiales de papel para periódicos, conducentes a impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones, así como el derecho de toda la sociedad de estar informada, condiciones básicas de una sociedad democrática. Estas fallas en la distribución de papel periódico han sido recurrentes en todo el país desde hace varios años, obligando a otros diarios, de alcance nacional y regional, a reducir su tamaño, número de páginas, salir de circulación, y eventualmente, cerrar sus puertas.