¡Nuestro boletín de diciembre está disponible!

Boletín de diciembre de 2017

Un recuento del papel desempeñado por Codhez frente a las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el 2017 en el Zulia resulta imprescindible en el último boletín del año.
El 2017 año fue, sin duda alguna, particularmente sombrío para los venezolanos: sufrimos numerosas pérdidas humanas como consecuencia de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y los excesos de las fuerzas de seguridad del Estado durante el control de manifestaciones, a la vez que pudimos evidenciar otras diversas violaciones de derechos humanos que atrajeron la mirada del mundo sobre nuestro país. Sin embargo, en Codhez, los pasados 12 meses, procuramos permanecer en constante apoyo a las víctimas de violaciones a derechos humanos que han acudido a nosotros y así lo seguiremos haciendo en este 2018.

Para conocer más sobre nuestro trabajo, descarga el boletín aquí: Boletín de diciembre 2017- CODHEZ

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ALERTA- La Ley constitucional contra el odio viola derechos civiles, políticos y promueve la persecución contra la disidencia

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El pasado 8 de noviembre, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, un instrumento jurídico cuyo propósito es penalizar discursos contrarios a la ideología del partido de gobierno y establecer penas de 10 a 20 años de cárcel, entre otras sanciones, a ciudadanos y medios de comunicación que expresen mensajes que puedan catalogarse como “promotores del odio y la intolerancia” por los partidarios del gobierno nacional.

Al evaluar este instrumento jurídico, es necesario tener en cuenta que la actual Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad de origen pues surgió como producto del desconocimiento del derecho de los venezolanos a decidir sobre el destino político de su país al no efectuarse la consulta popular establecida en la Constitución como requisito para su convocatoria. Además, este órgano no posee competencia para discutir y aprobar leyes, pues ello corresponde a la Asamblea Nacional electa por los venezolanos en diciembre de 2015.

Desde su instalación, el uso de la Asamblea Nacional Constituyente como instrumento para la imposición del proyecto político-ideológico del partido de gobierno ha sido evidente, y todas las decisiones que ha tomado así lo reafirman.

   Si bien es cierto que según estándares internacionales deben sancionarse los discursos promotores del odio y la violencia, tal como lo hace el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ordena que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”, las regulaciones nacionales deben garantizar la libre expresión, de modo que existan parámetros objetivos que permitan juzgar que un determinado discurso promueve el odio y la violencia contra determinado sector de la sociedad. En el caso de la ley aprobada por la ANC, la evaluación de estos elementos corresponderá a sectores identificados con el gobierno nacional, y por tanto, existe un temor fundado de que su aplicación sea parcializada.

   Desde CODHEZ alertamos que la Ley constitucional contra el odio, por  la convivencia pacífica y la tolerancia es ilegítima, y puede considerarse un instrumento jurídico violatorio de derechos humanos tales como la libertad de pensamiento y expresión. Además, su aplicación se traducirá en una mayor persecución a la disidencia y el incremento de la censura contra ciudadanos y medios de comunicación.

   En definitiva, las acciones persecutorias que de esta ley se deriven deben ser consideradas pruebas del carácter no democrático del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y por ello deben ser documentadas, denunciadas y sancionadas como violatorias de derechos civiles y políticos.

ALERTA- El CLEZ desconoce la voluntad de los zulianos al desconocer a Juan Pablo Guanipa como legítimo Gobernador del Zulia

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Durante la mañana del jueves 26 de octubre, los parlamentarios del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) declararon vacante el cargo de gobernador del Zulia. Con esta decisión, expresaron su rechazo ante la negativa del líder opositor de juramentarse ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Juan Pablo Guanipa resultó electo el pasado 15 de octubre con un 51,6 % de los votos registrados en el estado Zulia. Por lo tanto, la voluntad de los zulianos de elegirlo como gobernador del estado quedó evidenciada con los 691 mil 547 votos que le dieron el triunfo sobre el candidato del oficialismo, Francisco Arias Cárdenas.
Desde Codhez reiteramos que el derecho a elegir del pueblo zuliano debe ser respetado y la materialización de su voluntad debe ser garantizada mediante el reconocimiento de la opción resultante como ganadora.
El gobernador electo no ha renunciado ni abandonado el cargo para el cual fue electo. Por esta razón, no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 75 de la Constitución del Estado Zulia que los parlamentarios del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ) utilizan para establecer la declaratoria de falta absoluta. En consecuencia, esta decisión no tiene fundamento legal que la soporte y evidencia la parcialización del órgano legislativo zuliano y el seguimiento de directrices partidistas contrarias a los valores democráticos que deberían prevalecer en sus acciones.
El Consejo Legislativo del Estado Zulia, según lo previsto en la Constitución, debió juramentar al gobernador electo. El incumplimiento de ese deber constitucional y la posterior declaratoria de falta absoluta demuestran una clara falta de coherencia en su proceder.
Codhez exige al CLEZ que respete la elección de Juan Pablo Guanipa como expresión de la soberanía popular de los zulianos.
¿Quiénes Somos?
Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.

La OEA no llega a acuerdo sobre Venezuela

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El 19 de junio, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebraron la reunión de cancilleres en Cancún, México.   La reunión culminó sin que se aprobara una resolución sobre la situación de Venezuela. El bloque de países liderado por México, Estados Unidos y Perú propuso un proyecto de resolución que pedía al gobierno venezolano reconsiderar la ejecución de la Constituyente. Esta resolución recibió 20 votos a favor, faltando tres para su aprobación, ocho abstenciones, cinco votos en contra y una ausencia. El proyecto de resolución de San Vicente y Granadinas, menos crítica al gobierno, recibió 8 votos a favor entre los Estados miembros. Venezuela participaba en su última Asamblea General de la OEA, organismo del que “no aceptará nada, ni necesita nada”, según las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez.
El 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la OEA, condenó enérgicamente operativos militares de represión indiscriminada en Venezuela. En su comunicado, La CIDH observa “que organizaciones de la sociedad civil han denunciado una ‘práctica sistemática de represión indiscriminada’, y que una de las formas de represión son los operativos y las incursiones violentas. En particular, estas organizaciones indican que la represión indiscriminada en el contexto de la grave crisis social que se vive en Venezuela tiene por objeto infundir terror y zozobra en la población para persuadirles de no participar en manifestaciones.”

 

Excesos en el control de manifestaciones han afectado el derecho a la inviolabilidad del hogar

Al igual que en 2014, los excesos de la fuerza pública para el control de manifestaciones han sido evidentes, desatendiendo los lineamientos previstos en el “Manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, publicado en 2012, que desarrolla la Resolución 113 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de 15 de abril de 2011.

Los abusos de las fuerzas de orden público no solo han vulnerado el derecho a la manifestación, sino también la inviolabilidad del hogar. La actuación policial y militar ha implicado el allanamiento inconstitucional de hogares, en franca contravención al artículo 47 de la Constitución de la República, y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen la inviolabilidad del hogar y de todo recinto privado, no pudiendo ser allanados sino por orden judicial o para impedir la perpetración de un delito.

En Maracaibo, las zonas residenciales de Torres El Saladillo, Loma Linda, Martin y Palaima, así como las urbanizaciones Pomona, Urdaneta y Santa Fe, han sido objeto de ataques indiscriminados por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, con el objeto de dispersar las manifestaciones, evitar o reprimir el cierre de vías, transgrediendo, entre otras obligaciones previstas en el citado Manual, la de (i) utilizar siempre los medios alternativos para la solución de conflictos (tales como la negociación, la mediación, entre otros) como primera medida de actuación; (ii) extremar precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables, adoptando los medios de disuasión, protección y control más adecuados; (iii) extremar las precauciones en el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, y en espacios confinados o sitios cerrados; (iv) garantizar la existencia de corredores humanitarios para facilitar el acceso y salida de socorristas: ambulancias, bomberos, entre otros; (v) aprehender sólo a aquellas personas que agredan a otros manifestantes o a los funcionarios de policía, quedando prohibidas las aprehensiones colectivas o redadas; y (vi) garantizar la existencia de corredores humanitarios para facilitar el acceso y salida de socorristas: ambulancias, bomberos, entre otros.

Por Juan Berríos