Comunicado de las organizaciones de la sociedad civil acerca de la visita del experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas

Zayas
Alfred-Maurice de Zayas,  experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU.

La visita del experto independiente de las Naciones Unidas, Alfred-Maurice de Zayas, generó expectativas para las organizaciones de la sociedad civil venezolanas defensoras de los derechos humanos, quienes hemos estado solicitando la presencia en el país de los expertos de los distintos mecanismos de protección de derechos humanos desde hace más de una década.
La última visita a Venezuela de un represente de cualquier mecanismo de protección de derechos humanos ocurrió en mayo de 2002, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su evaluación. Desde entonces, 11 procedimientos especiales de las Naciones Unidas y Comisionados de la CIDH han pedido al Estado venezolano, en reiteradas oportunidades, realizar una misión al país para constatar la situación de los derechos humanos, sin que haya habido una respuesta a dichas solicitudes.
En una Carta abierta al Sr. Alfred de Zayas, publicada el 27 de noviembre del presente año1, 48 organizaciones de la sociedad civil manifestamos esperar que esta visita a Venezuela estuviese enmarcada en la veeduría de los derechos humanos con garantías de independencia y seriedad de acuerdo con la función de los mandatos especiales, a fin de constatar las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país, tal como fue recogido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe de agosto de 2017, sin que además de ninguna manera esta visita pudiese ser entendida como una forma de evitar o impedir las reiteradas solicitudes al Estado venezolano de cursar invitaciones permanentes a los procedimientos temáticos especiales de derechos humanos, particularmente a los que ya han solicitado visitar el país, así como facilitar y permitir su efectiva realización.
El 29 de noviembre de 2017 varias organizaciones participamos en reuniones con el Sr. De Zayas, exponiendo las graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el país y consignamos informes de carácter público en los cuales estas violaciones se han documentado con datos, testimonios y el monitoreo sistemático de sus alcances y consecuencias para la población venezolana. Sin embargo, además de observar que la agenda no fue pública y plural, ni contó con una mayor participación de organizaciones y actores de la vida social y política, se intentó de forma constante eximir de responsabilidades al gobierno nacional de las violaciones a los derechos humanos, reflejando una conducta no independiente e imparcial, conforme lo exige su mandato:

  • En reiteradas oportunidades de la reunión, el experto independiente hizo hincapié en que las sanciones adoptadas por gobiernos como el de los Estados Unidos de América y Canadá contra distintas personalidades del gobierno y otros funcionarios del Estado, son causantes en gran parte de la actual crisis que atraviesa el país, afirmando el experto que aproximadamente un 30% de la problemática deriva de las sanciones, aun cuando la crisis tiene otras raíces y se mantiene mucho tiempo atrás de éstas.
  • Además expresó que la situación de guerra económica, acaparamiento y contrabando en la frontera colombo venezolana habrían repercutido notablemente en el agravamiento de la crisis tanto de alimentos como de medicinas.
  • También indicó que en la actualidad, Venezuela era objeto de la falta de solidaridad internacional por parte de diversos Estados, principalmente por sus pares de la región, destacando a Colombia entre ellos.
  • Destacó la falta de tecnócratas en las instituciones del Estado, lo cual, a su ver, habría producido muchas decisiones erradas y “estúpidas” en el manejo del Estado. Esta consideración preocupa enormemente, toda vez que parece restarle importancia a la grave situación del país, más aun cuando estas organizaciones han venido denunciando reiteradamente violaciones a los derechos humanos.

Antes de su visita, el experto independiente expresó que “[e]n particular, dese[aba] estudiar cómo se gastan los presupuestos nacionales y en qué medida las demandas de la sociedad civil global tienen un impacto positivo en la inversión en alimentos, vivienda, programas de educación y salud, promoción de los derechos laborales, solidaridad social, reforma fiscal, no discriminación, acceso a la información, libertad de expresión y estado de derecho”2. No obstante, el 30 de noviembre de 2017, el Sr. De Zayas publicó en su blog donde destaca información sobre su trabajo como experto independiente3, imágenes de un supermercado capitalino durante un recorrido enteramente guiado por el gobierno nacional, pretendiéndose mostrar abundancia en el sector alimenticio cuando la realidad difiere con creces de esas imágenes y las mismas sólo permiten ver una versión parcial del país, dejando de lado la verdadera emergencia humanitaria en todo el territorio nacional. Dichas imágenes fueron eliminadas en días posteriores tras haber recibido críticas y cuestionamientos.
Todas las consideraciones expuestas por el experto independiente, tanto en reuniones como en publicaciones, compaginan con el actual discurso del gobierno nacional, el mismo que le ha servido de excusa para no permitir el control de los mecanismos de protección de derechos humanos. Tales conductas desmeritan la acción de este mecanismo de protección de las Naciones Unidas, al usarse este procedimiento especial como plataforma política del Estado venezolano, el cual, sabiéndose responsable de una crisis de derechos humanos sin precedentes parece buscar con la presencia del Sr. De Zayas vías alternas para justificar la constante obstaculización a las visitas de otros expertos de los sistemas de protección de derechos humanos, universal y regional, que han solicitado y ratificado este pedimento a Venezuela.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes presentan una serie de exigencias y recomendaciones ante el experto independiente:

  • Que la actuación y análisis del experto independiente sobre Venezuela esté enmarcada en los principios de independencia e imparcialidad que comprometen su mandato.
  • Que el experto independiente dé cuentas claras y explicitas en su informe de la información recibida por parte de las organizaciones de la sociedad civil venezolana que han registrado y documentado casos de violaciones de derechos humanos y que reflejan la actual emergencia humanitaria del país.
  • Que el experto independiente presente las recomendaciones pertinentes para que sean implementados los correctivos y las medidas necesarias y adecuadas para la resolución de la crisis económica, política y social que existe actualmente en Venezuela.
  • Que el experto independiente sustente sus afirmaciones y recomendaciones desde un enfoque de derechos humanos y de conformidad a los términos de su mandato, más allá de meras opiniones personales.
  • Que finalmente, recomiende al Estado venezolano la vuelta a la veeduría de los sistemas de protección de derechos humanos de los que hace parte, permitiendo todas las visitas posibles, particularmente a los que ya han solicitado visitar el país, y facilite y permita su efectiva realización, así como la vuelta al sistema interamericano de derechos humanos dejando sin efecto las denuncias de la Carta de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes esperan que el experto independiente tenga en cuenta la información consignada por las organizaciones de derechos humanos sobre diversos temas, en los cuales se ha reflejado notablemente la opacidad como política estatal en el manejo de los recursos y bienes públicos. Además se espera que dé cuenta efectiva de lo que realmente pudo constatar, toda vez que si su visita no fue una mera visita guiada por el gobierno nacional habrá podido observar la gravísima emergencia humanitaria que vive la población en cuanto a la carestía de medicamentos, equipos médicos para exámenes y estudios, alimentos, así como en materia de seguridad ciudadana, represión y libertad de expresión, acceso a la información, falta de independencia del poder judicial y otros órganos del Estado, entre otros problemas que sufre la población venezolana a lo largo y ancho del territorio.
Por último, queremos recordar al experto independiente que debido a la importancia de los mecanismos de protección de derechos humanos, su pronunciamiento e informe final tendrán un impacto directo en la vida de la población venezolana y medirá el grado de compromiso con sus responsabilidades en la resolución de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Por tanto, apelamos al apego de su mandato como experto independiente para cumplir con las funciones de su cargo.
Organizaciones firmantes:
A.C. María Estrella de la Mañana
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria (ACSOL)
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
Asociación Civil Mujeres en Línea
Aula Abierta Venezuela
Banco del Libro
Cecodap
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Centro de Animación Juvenil
Centro para la paz y Derechos Humanos Padre Luis María Olaso UCV (CPDDHH)
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Civilis Derechos Humanos (CivilisDDHH)
Coalición Clima21
Codevida Amigos Trasplantados de Venezuela
Comisión para los derechos humanos y la Ciudadanía – CODEHCIU
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia – CODHEZ
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
Convite A.C.
Espacio Público
EXCUBITUS derechos humanos en educación
Foro Penal Venezolano
Fundación Aguaclara
Fundación Redes
Fundeci
Humano Derecho Radio
Laboratorio de Paz
Monitor Social A.C.
Movimiento SOMOS
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Observatorio Venezolano de la Salud
Observatorio de derechos humanos de la Universidad de los Andes
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Padres Organizados de Venezuela
Prepara Familia
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – PROVEA
Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos – PROMEDEHUM
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos
Redes Ayuda
Redac – Lara
Senosayuda A.C.
Ser. Investigación y Comunicación
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
StopVIH
Transparencia Venezuela
Uniandes A.C.
Unión Afirmativa
Un Mundo sin Mordaza
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto
Individuales:
Magally Huggins

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COMUNICADO CIDH- Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena cierre de más de 50 medios en Venezuela sin garantías legales y por motivos relacionados con su línea editorial

Libertad de Prensa

Washington, DC- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión y exhorta al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación -tanto nacionales como extranjeros- puedan operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea editorial.

De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 24 de agosto, los proveedores de televisión por suscripción en Venezuela retiraron de la parrilla de programación a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). William Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista a medio oficial que “RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que, en Venezuela, se han comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades legítimas”. El ministro acusó a Caracol TV de cometer “una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus autoridades y a nuestras leyes”. Un criterio similar se habría utilizado previamente para ordenar la supresión de las señales de CNN y NTN 24.

La Relatoría también recibió información según la cual en horas de la noche del viernes 25 de agosto, representantes de Conatel  ingresaron a las emisoras  92.9 FM y Mágica 99.1 FM en la ciudad de Caracas y ordenaron el cese definitivo de sus transmisiones. Según fue informado, minutos después de la salida del aire de ambos medios, las frecuencias fueron tomadas por dos nuevas emisoras vinculadas al partido oficial. La señal de la radio caraqueña 92.9 FM que tenía una programación periodística de mucha audiencia, fue sustituida esa misma noche por Radio Corazón Llanero, que estaría operada por una fundación bajo el control de un capitán del Ejército, edecán del ex presidente venezolano Hugo Chávez, y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. La señal de la emisora Mágica 99.1 FM fue sustituida por la emisora Vinotinto FM, cuya propiedad es hasta ahora desconocida. El 5 de septiembre, Conatel habría ordenado el cese de las transmisión de la estación 88.1 FM de la emblemática radio educativa Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde habría revocado la orden sin brindar explicaciones.

Previamente, el 16 de julio también había sido clausurada ULA TV, el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, por parte de la misma Conatel invocando falta de documentos.

Según la información proporcionada por varias organizaciones, durante 2017 se sumarian al menos 49 las radios nacionales cerradas y cinco canales de televisión internacionales retirados de la programación de la televisión nacional por suscripción durante el año 2017, por órdenes del gobierno. Como lo ha expresado la Relatoría Especial en anteriores comunicados, la mayor parte de los medios de comunicación operan en Venezuela con sus licencias vencidas y el organismo regulador no dispone de procedimientos con garantías para la adjudicación y/o renovación de estas frecuencias.

La Relatoría recuerda al Estado venezolano que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos en una sociedad democrática.  El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y a recibir información plural y diversa y constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional.

Si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, ello debe hacerse de conformidad con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos que prohíben la restricción del derecho a la libertad de expresión a través del abuso de la facultad de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas.

Según estos principios, los procesos de adjudicación, revocación y renovación de licencias debe estar estrictamente regulado por una ley y estar guiado por criterios objetivos, claros, imparciales, públicos y compatibles con una sociedad democrática; el proceso debe ser transparente; la decisión que conceda o niega la solicitud debe estar debidamente motivada; y estar sometida a un adecuado control judicial. La administración del espectro radioeléctrico, además, debe encontrarse orientada por los principios de igualdad y no discriminación y nunca ser utilizada para presionar, premiar o castigar a un medio en función de su línea editorial o su posición respecto del gobierno de turno.

Venezuela ya había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2015 por incumplir estos principios cuando decidió no renovar la concesión del canal de televisión RCTV el 27 de mayo de 2007. A juicio del tribunal interamericano el cierre de RCTV  implicó  “una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el gobierno”.

El Tribunal resaltó además que la desviación de poder en ese caso “tuvo un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos de RCTV, sino además en la dimensión social de dicho derecho”. En efecto, la Corte estableció que “la finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger”.

La Relatoría Especial hace un llamado urgente para el reestablecimiento de la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión retirados del aire, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

COMUNICADO: En un año, Maduro convirtió la represión en regla, agudizando la represión

 

Maduro 2

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta comunicación expresamos nuestro rechazo a la continuidad del “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que concedió facultades al gobierno para restringir derechos, restringir la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

El 13 de mayo del 2016, determinamos y denunciamos que la prórroga de este decreto, constituía una aplicación indefinida del estado de excepción, lo cual es indiscutiblemente contrario a lo establecido en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que regula la materia, vulnerando el fin de la norma, que es evitar este tipo de prácticas de imposición del régimen excepcional por tiempo no determinado. Adicionalmente precisamos que estas declaratorias no cumplen con las normas internacionales sobre restricción de derechos en situaciones de emergencia.

Recordamos además la inconstitucionalidad del mismo, al haber sido extendido y redefinido en 6 ocasiones, sin haber contado con la aprobación de la Asamblea Nacional y únicamente con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El último decreto se publicó el 13 de enero de 2017, bajo el argumento de la existencia de “circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectasen el orden constitucional la paz social, la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República”, sin siquiera someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, reafirmando la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Este decreto fue prorrogado el 13 de marzo, por lo que se vence el 13 de mayo.

Esta situación ha permitido que por más de un año el Ejecutivo haya tenido facultades y poderes de carácter vago, amplio y discrecional, facilitando la implementación de medidas violatorias de los derechos humanos y determinó el quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, dando pie a que el Poder Ejecutivo finalmente implementara de forma abierta el autoritarismo y acciones que configuran un claro golpe de Estado.

Vemos con preocupación cómo desde el Poder Ejecutivo, a través de estas medidas, se ha legitimado el ejercicio discrecional del Poder Público, se han cometido acciones de usurpación de poderes a la Asamblea Nacional, se han promovido mecanismos contrarios a la ley para el control del orden público, incorporando incluso la participación de civiles armados y facilitando la extensión de la militarización. Todo en virtud de la implementación de la tesis de la seguridad nacional y protección contra el enemigo interno y externo que pretende desestabilizar el país.

Exhortamos formalmente al Ejecutivo a que se abstenga de continuar con la práctica de prórroga de la extensión indefinida e inconstitucional del estado de excepción y emergencia económica.

Solicitamos el cese de la implementación de la doctrina de la Seguridad Nacional, amparada en la tesis del enemigo interno, la cual ha facilitado la vulneración a los derechos humanos de los ciudadanos y ha permito la descalificación, hostigamiento y ataque a defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios y políticos.

Suscriben:

Acción Solidaria (ACSOL)

Acceso a la Justicia

Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Aula Abierta Venezuela

Cátedra de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la universidad Católica Andrés Bello

Cecodap

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro Justicia y Paz – CEPAZ

Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara

Civilis Derechos Humanos

Coalición Clima21

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Apure

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Táchira

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Mérida

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

Convite A.C.

Espacio Público

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – FENASOPADRES

Fundación Agua Clara

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB

María Estrella de la Mañana

Movimiento Vinotinto

Sinergia

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

StopVIH

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ObservatorioULA DDHH)

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Observatorio Venezolano de la Salud (OVSalud)

PROMEDEHUM – Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Proyecto de Educación, Visibilización y Exigibilidad de los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo

Padres Organizados de Venezuela

Proyecta Ciudadanía A.C.

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad (UVL)

Unión Afirmativa

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

Un Mundo Sin Mordaza

Venezuela Diversa A.C.

Venezuela / Protestas: Relatores de la ONU y la CIDH rechazan censura, detenciones y ataques a periodistas

WASHINGTON / GINEBRA (26 de abril de 2016) – Dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron hoy la censura oficial y el bloqueo de espacios informativos en Venezuela, al igual que la detención, ataques y estigmatización de periodistas y trabajadores de medios que cubren las manifestaciones de protesta en el país.

“Exhortamos al Gobierno de Venezuela a que libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión”, reclamaron el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
 
Asimismo, los Relatores repudiaron la censura y el bloqueo de espacios informativos en medios tradicionales y en Internet. “Buena parte de los medios televisivos se encuentran bajo control del Gobierno, mientras que el sector privado opera con restricciones debido a que han vencido sus licencias y las autoridades se niegan a renovarlas desde hace más de dos años”, señalaron.

“La regulación y limitación o bloqueo de páginas o señales televisivas que transmiten a través de Internet, aún bajo un estado de emergencia, son desproporcionadas e incompatibles con los estándares internacionales”, afirmaron los expertos.

“Tanto antes como después del quiebre del orden constitucional y democrático denunciado por organismos internacionales, el espacio para las voces críticas de periodistas, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y representantes de la oposición se ha deteriorado en forma continua”, advirtieron.

En agosto pasado, los Relatores manifestaron su preocupación frente a “medidas que aumentan considerablemente la presión sobre los medios de comunicación y limitan aún más la capacidad de realizar su trabajo de forma independiente”.

Detenciones y ataques a periodistas

Diversas fuentes han informado  que al menos doce periodistas venezolanos e internacionales habrían sido detenidos en el marco de los actuales acontecimientos. Luego de permanecer detenidos por algunas horas o días en algunos casos, han sido puestos en libertad. Uno de los casos de los que se ha tenido noticia es el del periodista Yonnathan Guédez, quien se encuentra detenido desde hace varios días.

Los Relatores también destacaron que, en un hecho sin precedentes, el periodista Braulio Jatar permanece detenido desde septiembre de 2016, tras haber difundido un video que mostraba a personas protestando frente al presidente Nicolás Maduro en la Isla de Margarita, en el oriente del país.

Censura y bloqueo de plataformas informativas

También se ha constatado por varias fuentes que al menos tres plataformas de contenidos en línea –VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV–, que ofrecen noticieros e información de interés general en Venezuela, fueron bloqueadas por prestadores de servicio de Internet privados, al parecer después de recibir la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Los tres servicios transmitían información sobre las protestas contra el gobierno que se desarrollan en distintos puntos del país cuando se decidió el bloqueo, mientras que la mayor parte de los medios tradicionales de radio y televisión no están cubriendo esos hechos. Posteriormente se dictaron nuevas medidas de censura, como la prohibición a las empresas de televisión por abonados de emitir la cadena CNN. Otros medios de comunicación de diferentes países tales como TN de Argentina, El Tiempo de Colombia y NTN 24 de Colombia han sufrido interrupciones o directamente se ordenó la suspensión de la señal.

“Las órdenes arbitrarias de Conatel tanto para suprimir señales de la televisión por abonados como para Internet restringen la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal y constituyen una forma de censura”, recalcaron los Relatores de la ONU y la CIDH.

Igualmente, diversos sitios de Internet de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación informaron que fueron objeto de ataques en línea para saturar sus portales o desconectarlos.

FIN

El Sr. David Kaye (EE.UU.) fue designado como Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión en agosto de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información, visite (en inglés):  

El Sr. Edison Lanza (Uruguay) fue designado como Relator Especial para la libertad de expresión en julio de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la CIDH para promover la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado el papel fundamental que este derecho desempeña en la consolidación y desarrollo del sistema democrático:

ONU Derechos Humanos, página de país: Venezuela

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Azin Tadjdini (+41 22 917 9400 / atadjdini@ohchr.org) o escriba a freedex@ohchr.org

Para consultas de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:
Xabier Celaya, Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)  

Declaración del Paro de las Mujeres en Venezuela

8 de marzo- Día internacional de la mujer

Bajo el lema «Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030», escogido para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres venezolanas llegamos a este 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, enfrentando los mayores retos de la historia republicana de nuestro país y nos unimos al llamado al Paro Internacional de Mujeres. Las mujeres de Venezuela y el mundo nos unimos en un grito común. Hoy nos organizamos, hacemos huelga y nos concentramos en una lucha que nos pertenece a todas y todos.

Muchas son las razones que hoy nos convocan. La principal es la exigencia de nuestros derechos, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos.

Desde la carencia de productos básicos que violan nuestros más elementales derechos a la vida, la salud y la alimentación, como las dificultades y obstáculos para vivir una vida libre de violencia y para participar en condición de igualdad en procesos electorales, la realidad es que estamos observando retos preocupantes y regresiones inaceptables en nuestra condición jurídica y social.

En un mundo laboral cambiante, de avances tecnológicos de oportunidades sin precedentes y de globalización nos contrasta una realidad de aumento de la informalidad laboral, de desigualdad en los ingresos y de crisis humanitarias. En estas realidades la mayoría de las mujeres trabaja en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y doméstico, y concentradas en empleos mal remunerados, con poca o ninguna protección social. Ahora más que nunca es prioritario lograr la igualdad de género en el trabajo en tanto elemento indispensable para el desarrollo sostenible.

Hoy las mujeres paramos por muchas razones y en Venezuela esas razones nos llevan a exigir unidas  y hermanadas nuestros derechos.

Paramos, porque las mujeres ganamos en promedio 18% menos que los hombres. Paramos porque el desempleo entre mujeres creció tres veces más que entre hombres entre diciembre 2014 y diciembre 2015. Paramos porque por cada 100 hombres viviendo en pobreza extrema, hay 112 mujeres. Paramos porque no hay mecanismo que garantice la participación de mujeres en procesos electorales. Paramos porque sólo un 21% de los escaños en la Asamblea Nacional están en manos de mujeres, por debajo del promedio regional. Paramos, porque sólo un 23% de las noticias en Venezuela tienen a mujeres como protagonistas. Paramos porque en Venezuela la segunda causa de muertes violentas es el Feminicido. Paramos porque existe un grave desabastecimiento y escasez de medicinas, reactivos e insumos médicos que vulnera nuestro derecho a la vida y a la salud. Paramos porque la escasez de 85% de anticonceptivos vulnera nuestro derecho a la autonomía reproductiva. Paramos, porque en Venezuela la cifras de mortalidad materna se mantienen altas y en incremento desde el año 2013, siendo una de las más altas de la región: entre 2014 y 2016 subió de 68 a 130,7 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. Paramos porque Venezuela exhibe el segundo mayor índice de embarazos adolescentes de la región: entre 2006 y 2015 la tasa se ubicó en 95 por cada mil mujeres entre 15 y 19 años, superando la tasa promedio de Latinoamérica y El Caribe estimada en 76 embarazos por cada mil adolescentes.[1] Paramos porque las mujeres que viven con VIH no tienen acceso sostenido y oportuno a antirretrovirales. Paramos, porque tampoco tienen acceso a  fórmulas lácteas las cuales se encuentra severamente limitada en el mercado, lo cual implica serios riesgos a la alimentación de infantes nacidos de madres seropositivas. Paramos porque no se garantiza la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres en todas las esferas. Paramos porque queremos que se modifiquen los estereotipos de género que siguen desvalorizando y subordinando lo femenino. Paramos porque necesitamos con urgencia un examen exhaustivo de la legislación, en particular de los Códigos Civil y Penal, con miras a eliminar todas las disposiciones discriminatorias. Paramos porque debe ser agilizada y aprobada una nueva Ley de Igualdad de Género. Paramos por las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, afrovenezolanas, migrantes, y refugiadas y mujeres lesbianas, bisexuales y trans que continúan enfrentándose con múltiples formas de discriminación y violencia en todas las áreas de la vida social, política, económica y cultural. Paramos porque todas las víctimas de violencia de género obtengan sin demora una reparación y medios de protección adecuados, entre otras cosas poniendo a su disposición un número suficiente de casas de abrigo en todo el país. Paramos porque cada día más mujeres son golpeadas, insultadas, sometidas, minimizadas, humilladas, maltratadas, explotadas, agredidas sexualmente y asesinadas por hombres de sus entornos sin que veamos esfuerzos sostenidos para evitar esta violencia que silencia nuestras vidas. Paramos para que el Estado adopte medidas para abordar el problema de la explotación de las mujeres y las niñas en la prostitución, incluso a través de Internet y los medios de comunicación,  y proporcione asistencia y rehabilitación a las víctimas, y brinde a las mujeres alternativas económicas a la prostitución, dándoles autonomía para que ellas mismas decidan sobre sus vidas.

Hoy las Mujeres Paramos. Ni una Menos. Unidas somos más.

  1. Acción Campesina
  2. Acción Solidaria
  3. Aliadas en Cadena
  4. Amigos Transplantados de Venezuela
  5. Asociación Aconvida
  6. Asociación Civil Juventud Unida en Acción
  7. Asociación Civil Mujeres en Línea
  8. Asociación Civil Mujeres en Positivo
  9. Asociación Civil Mujeres Unidas por la Salud (MUSAS)
  10. Asociación Civil Saber es Poder (Asosaber)
  11. Asociación Larense de Planificación Familiar, ALAPLAF
  12. Asociación María Estrella de la Mañana
  13. Asociación Venezolana de Amigos con Linfoma
  14. Asociación Venezolana de Mujeres
  15. Asociación Venezolana para la Hemofilia
  16. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA
  17. Aula Abierta Venezuela
  18. AuroraMadre, arte y ciencia de parir
  19. Cátedra de DDHH de la Universidad de Los Andes
  20. CDH-UNIMET
  21. Centro de Animación Juvenil
  22. Centro Hispanoamericano de la Mujer FREYA
  23. Cepaz
  24. CIIDER
  25. Civilis Derechos Humanos
  26. Coalición Clima 21
  27. Codevida
  28. CODHEZ
  29. Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Abogados del Estado Apure, CDDHHFVCA Apure
  30. Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Derechos Humanos del Estado Táchira, CDDHHFVCA Táchira
  31. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
  32. Convite AC
  33. Diverlex, Diversidad e Igualdad a través de la Ley
  34. EmpoderaRSE
  35. Equivalencias en Acción
  36. Espacio Humanitario
  37. Espacio Publico
  38. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
  39. Federación Latinoamericana de Abogadas, FEDLA
  40. Feminismo Inc.
  41. Frente Nacional de Mujeres
  42. Funcamama
  43. Fundación Blanca Nieve Sierra
  44. Fundación Incide
  45. Fundación para los Derechos Humanos de la Mujer, FUNDEMUL Venezuela
  46. Fundación Sinamaica
  47. Fundación Vida Jurídica “Diluí Chourio”
  48. Fundamujer
  49. Instituto Metropolitano de la Mujer (INMEMUJER)
  50. Iremujeres – Miranda
  51. IREMUJERES-Miranda
  52. Laboratorio de Paz
  53. Mujer y Ciudadanía
  54. Mujeres Venezolanas en Acción
  55. Mulier.ca
  56. Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
  57. Oficina de DDHH del Vicariato de Puerto Ayacucho
  58. Onda Feminista
  59. Padres Organizados de Venezuela
  60. PLAFAM
  61. Prepara Familia
  62. PROINCLUSION
  63. Promoción, Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
  64. Promujer Sucre
  65. PROVEA
  66. Provene
  67. Proyecto Mujeres
  68. Psicólogos Sin Fronteras
  69. Red de Activistas ciudadanos por los Derechos Humanos – REDAC
  70. Red de Jóvenes de las Américas Nodo
  71. Red Naranja – Red de Observación y acción por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
  72. Red Sindical de Mujeres
  73. SENOSALUD
  74. SenosAyuda
  75. SINERGIA
  76. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  77. Soy Mujer
  78. Stop VIH
  79. Una Ventana a la Libertad
  80. UNIANDES
  81. Unión Afirmativa
  82. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
  83. Voces de Género Venezuela
  84. Voces Vitales de Venezuela

Personas:

  1. Ana Lucina García Maldonado
  2. Beatriz Borges
  3. Beatríz Medina
  4. Bolivia Bocaranda
  5. Carolina Montero
  6. Daniela Clarke
  7. Daniela Clarke
  8. Deliana Torres
  9. Dilibel Guía Pimentel
  10. Dorkis Castro
  11. Edgar López
  12. Elaisa Ferris
  13. Evangelina García Prince
  14. Flavia Martineau
  15. Francisco Gonzalez
  16. Gabriela Vera
  17. Haydee Deutsch
  18. Ilvia Rojas
  19. Iraida Manzanilla
  20. Iraní Acosta
  21. Laura Weffer Cifuentes
  22. Lorena Liendo
  23. Luz Mely Reyes
  24. Manuela Bolívar
  25. Margarita López Maya
  26. Maria Alexandra Sordo
  27. María Alexandra Sordo
  28. Maria Carolina Uzcategui
  29. Maria Corina Muskus
  30. María Corina Muskus
  31. Marisol Ramirez Vargas
  32. Nancy Cardozo
  33. Natalia Fandiño H.
  34. Susana Raffalli
  35. Vanesa Pasquale

[1]http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/The_State_of_World_Population_2016_-_Spanish.pdf

La frontera de los billetes de 100

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El domingo 11 de diciembre, el Presidente de la República anunció un nuevo decreto de emergencia económica. Aunque se desconoce el contenido del decreto porque no ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República, el Presidente adelantó que una de las medidas sería el retiro del mercado del billete de Bs. 100, el de más alta denominación. En la orden anunciada, además, se contempla el cierre fronterizo para impedir el ingreso de los billetes de Bs. 100 que se encuentren fuera del territorio nacional. El Presidente aseguró que 300 mil millones de bolívares se encuentran almacenados fuera del país en billetes de esa denominación. De esta forma, se restringe el derecho a la libertad económica, previsto en el artículo 112 de la Constitución de la República, y además, queda afectado el ejercicio de otros derechos vinculados al libre intercambio de bienes, y al acceso a bienes y servicios de calidad, sin establecer de forma precisa en qué consiste la regulación, y si se trata en rigor de un nuevo decreto de emergencia económica o de un decreto en ejecución del decreto de emergencia económica dictado el 13 de septiembre, y prorrogado el 13 de noviembre, con vigencia hasta el 11 de enero de 2017.

Luego, en las redes sociales trascendió un “comunicado de carácter prioritario”, firmado por Edylberto José Molina , Viceministro del Sistema Integrado de Policía, para Directores del Cuerpo de Policía Nacional, Estadales y Municipales, que dice: “Cumpliendo instrucciones del ciudadano Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, me dirijo a ustedes, en la oportunidad de enviarles un cordial saludo revolucionario y profundamente chavista, a su vez hacer de su conocimiento que a partir de la presente fecha, deberán extremarse los controles en todos los servicios policiales prestados en puertos, aeropuertos, puntos de control fronterizos, vías principales y alternas, con el fin de prohibir el ingreso de billetes de cien bolívares (100,00 Bs), al territorio nacional, así como también efectuar la detención de todas aquellas personas que circulen con grandes cantidades de billetes de esta denominación dentro del territorio nacional, aplicando el respectivo procedimiento de ley de acuerdo a esta medida especial, dicha instrucción amparada bajo los lineamientos del nuevo Decreto de Emergencia contra la Guerra Económica firmado por el ciudadano Presidente obrero Nicolás Maduro Moros, donde ordena la salida de circulación de estos billetes en un plazo de 72 horas para hacer frente a las mafias que operan dentro y fuera del país con el único fin de desestabilizar nuestra economía, por consiguiente todo procedimiento que se efectúe con relación a esta instrucción, deberá notificarse de inmediato al órgano rector.”

La consecuencia práctica de la orden presidencial es dejar sin efecto el pago de cualquier bien o servicio con el billete de Bs. 100 a partir del viernes 16 de diciembre. Por ello, las personas que tengan estos billetes deben depositarlos desde el martes 13 hasta el jueves 15 en el banco de su preferencia. Durante este mismo plazo, también pueden canjearlo por otro billete de circulación legal en la banca pública. Tras las 72 horas, en 10 días, los usuarios deben canjear o depositar los billetes de Bs. 100 en el BCV. Elvis Amoroso, consultor jurídico de la Presidencia de la República, anunció que no hay límite en el momento que se puede depositar o canjear, pero a partir de Bs. 500.000 debe declararse el origen de los fondos; sin embargo, también dijo que “creo que se está pensando en elevar ese monto a los 2 millones de bolívares”.

Vale recordar que, según lo informado por el Banco Central de Venezuela, el día 15 de diciembre entran en circulación los billetes de Bs. 500 y 5.000, así como las monedas de Bs. 10, 50 y 100, que forman parte del nuevo cono monetario.

Según datos del BCV, existen 6.111 millones de piezas de Bs. 100, es decir, 48% de los billetes que en la actualidad se encuentran en circulación.

Organizaciones de derechos humanos exigen garantías para la participación política en las elecciones y en los referendos

CNE Articulo 72 CRBV cuadro oscuro.pngOrganizaciones de derechos humanos venezolanas rechazan la suspensión del proceso de referéndum revocatorio y las postergación inconstitucional de las elecciones regionales. Estas medidas constituyen una violación a los derechos políticos de los venezolanos y una evidente ausencia de independencia del Poder Judicial y del Poder Electoral, que cierra  las vías hacia una solución pacífica de la crisis política y social que enfrenta Venezuela.

El 20 de octubre de 2016,  tribunales penales de los estados Carabobo, Apure, Aragua y Bolívar admitieron casi en simultáneo, querellas penales contra la recolección del 1% de firmas para el referéndum revocatorio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de ya haber aprobado esta parte del proceso en el mes de abril, anunció de inmediato que “acataba” las decisiones de los tribunales y suspendió el proceso.

Estos acontecimientos fueron consecutivos a declaraciones públicas del primer vicepresidente del PSUV y Diputado Diosdado Cabello, quien anunció que estaban a la espera de la “cayapa judicial”. Cabello ordenó a todos los Equipos Regionales del partido y a los jefes estadales de los aliados que fueran a los tribunales y exigieran justicia por la supuesta recolección de firmas de personas fallecidas, menores de edad y privados de libertad.

El  18 de octubre el CNE anunció igualmente la suspensión, sin motivos, de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos, que debían hacerse en el 2016, las cuales fueron aplazadas para finales del primer semestre de 2017.

Estos hechos ocurren en el marco en una profunda crisis económica y social que afecta al país, que incluye alta escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, dificultad económica para el acceso a bienes y servicios básicos y altos índices de criminalidad.

El retardo y suspensión de la consulta popular atenta gravemente contra el derecho a la participación de los venezolanos. La ausencia de procesos electorales afecta también de forma indirecta derechos económicos y sociales de los ciudadanos , al impedir una solución pacífica a los problemas comunes. Este escenario de falta de institucionalidad e independencia de poderes públicos, ausencia de consulta popular y graves violaciones de derechos humanos socava la democracia en Venezuela.

Por estas razones exigimos:

  1. Que el Consejo Nacional Electoral reanude de forma inmediata el proceso de recolección de firmas y haga posible llevar a cabo sin dilaciones indebidas el referéndum revocatorio así como las elecciones regionales en el tiempo constitucionalmente previsto.
  2. Que el Poder Judicial se abstenga de obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana de los venezolanos y se ajuste a parámetros de autonomía, independencia e imparcialidad en el estricto marco de su competencia
  3. Que el Poder Ejecutivo facilite el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana de todas las personas, no establezca obstáculos para los mismos y posibilite una solución pacífica de la crisis política, institucional, económica y social de Venezuela.
  4. El gobierno nacional debe garantizar plenamente los derechos a la libertad de pensamiento, expresión,  asociación y a la reunión o asamblea de todas las personas que quieran manifestar su inconformidad con estas decisiones.
  5. A las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región a instar a sus gobiernos a que desarrollen acciones que contribuyan a una solución constitucional y pacífica a la grave crisis venezolana.

En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2016.

Organizaciones que suscriben;

  • Acción Ciudadana Contra el SIDA
  • Acción Solidaria
  • FUNPAZ A.C. (Asociación Civil fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz)
  • CADEF (Centro de Acción y defensa por los DDHH)
  • Centro de Derechos Humanos de la UNIMET
  • Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  • Civilis Derechos Humanos
  • Codhez (Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia)
  • Comisión Episcopal Justicia y Paz
  • Convite AC
  • Espacio Público
  • EXCUBITUSdhe
  • Movimiento Vino Tinto A.C.
  • Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  • Observatorio Venezolano de Prisiones
  • Oficina de DDHH de Amazonas
  • Provea (Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos)
  • Sinergia
  • StopVIH
  • Transparencia Venezuela
  • Un Mundo Sin Mordaza
  • Una Ventana A la Libertad

Comunicado ante las recientes decisiones del Directorio del CNE

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Las organizaciones e instituciones abajo firmantes, hacemos pública nuestra preocupación ante las recientes decisiones del Directorio del Consejo Nacional Electoral sobre la aplicación de los derechos políticos de los venezolanos y venezolanas contemplados en los artículos 70 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En primer lugar, consideramos grave el retraso en el procedimiento de constatación de las manifestaciones de voluntad de los ciudadanos que participaron en esta primera etapa para la convocatoria del referendo revocatorio presidencial, lo que lesiona el principio de celeridad por el cual se debe regir el Consejo Nacional Electoral. Este trámite debió haber durado 5 días continuos según lo establecido en las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular aprobada en 2007, pero se ha extendido, injustificadamente, por 40 días.

En segundo lugar, consideramos igualmente delicado el establecimiento de normas y procedimientos no contemplados en la normativa antes citada, así como su no cumplimiento por parte del propio Poder Electoral; lo cual supone una violación de los principios legales de todo procedimiento electoral y administrativo: principio de buena fe, de petición y oportuna respuesta, de antiformalismo, de celeridad, de transparencia, de subsanación y convalidación de errores materiales.

En este orden de ideas, las nuevas reglas no solo han contribuido a demorar el trámite, sino también han traído como consecuencia la anulación de manifestaciones de voluntad por formalismos excesivos, tales como: error en el nombre del Presidente de la República, huellas con defectos de tinta, escritura incorrecta del cargo del Presidente, haber firmado en un municipio diferente al que se está inscrito en el Registro Electoral, entre otros.

En tercer lugar, consideramos un precedente muy negativo que la recolección del 1% para la conformación de agrupaciones de ciudadanos se haya vinculado a las circunscripciones regionales, cuando la elección del Presidente de la República se hace en una sola circunscripción nacional; lo cual va en sentido contrario a lo establecido en la Constitución.

En este orden de ideas, el anuncio realizado por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral el día 10 de junio de 2016 constata que las acciones y decisiones del organismo electoral no se ajustan a lo establecido en el artículo 294 de la Constitución, pues demuestran falta de imparcialidad y transparencia, al tiempo que socavan el derecho a la participación de los ciudadanos y ciudadanas.

Adicionalmente, consideramos insuficiente la información sobre el número de centros para validar las manifestaciones de voluntad mediante el sistema de identificación biométrico. Alertamos que, si el Consejo Nacional Electoral concentra dichos centros únicamente en sus oficinas regionales dificultaría el derecho a la participación política de quienes no viven en las capitales de sus respectivos estados, lo cual supone un acto de exclusión e inequidad por parte del Poder Electoral al no facilitar el procedimiento de validación de las manifestaciones de voluntad. Por tal motivo, exhortamos al Directorio del Consejo Nacional a facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos colocando al menos un centro de validación en cada parroquia del país, y aumentando su número según la densidad de manifestaciones de voluntad.

Asimismo, es contrario al principio de transparencia no notificar a los ciudadanos las razones por las cuales su manifestación de voluntad ha sido anulada. En este sentido, consideramos discriminatorio que se permita el retiro de las manifestaciones de voluntad que se validaron sin necesidad de utilizar mecanismos biométricos de identificación, mientras que no se contempla la posibilidad de que aquellos ciudadanos cuyas manifestaciones de voluntad no fueron validadas puedan enmendarlas. No permitir la rectificación de los “errores de forma” que llevaron a  excluir miles de firmas viola, de nuevo, el principio de subsanación y convalidación de errores materiales, dando más relevancia a errores de forma intrascendentes que al ejercicio del derecho fundamental a la participación ciudadana.

Por tales razones, exhortamos al Consejo Nacional Electoral a cesar el retraso y obstrucción del derecho a la participación de los ciudadanos, y adopte una posición institucional acorde a sus principios en la que se respete el espíritu de la Constitución. Del mismo modo, emplazamos a las autoridades electorales a convocar las elecciones a Gobernadores y Representantes de los Consejos Legislativos cuyos mandatos finalizan el 16 de diciembre de 2016, no hacerlo antes del 16 de junio sería una nueva violación a la carta magna.

El Consejo Nacional Electoral tiene como responsabilidad permitir que los venezolanos y venezolanas expresen de manera pacífica, democrática y electoral su posición frente al grave conflicto político, social y económico que afronta el país. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a que se acometa una reforma electoral a la brevedad posible, la cual elimine la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral, y garantice la equidad y transparencia de los proceso electorales en nuestro país.

Caracas, 11 de junio de 2016

Organizaciones e Instituciones firmantes

Asociación Civil Compromiso Ciudadano.

Centro de Estudios Políticos, Universidad Católica Andrés Bello.

Ciudadanía Activa.

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia.

Control Ciudadano.

Fundación Comunidades Ciudadanas del Municipio Sucre, Estado Miranda (COMUNIDANAS).

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Transparencia Venezuela.