¡Nuestro boletín de diciembre está disponible!

Boletín de diciembre de 2017

Un recuento del papel desempeñado por Codhez frente a las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el 2017 en el Zulia resulta imprescindible en el último boletín del año.
El 2017 año fue, sin duda alguna, particularmente sombrío para los venezolanos: sufrimos numerosas pérdidas humanas como consecuencia de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y los excesos de las fuerzas de seguridad del Estado durante el control de manifestaciones, a la vez que pudimos evidenciar otras diversas violaciones de derechos humanos que atrajeron la mirada del mundo sobre nuestro país. Sin embargo, en Codhez, los pasados 12 meses, procuramos permanecer en constante apoyo a las víctimas de violaciones a derechos humanos que han acudido a nosotros y así lo seguiremos haciendo en este 2018.

Para conocer más sobre nuestro trabajo, descarga el boletín aquí: Boletín de diciembre 2017- CODHEZ

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Dos años después, Santa Rosa de Agua aún espera justicia

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Maracaibo.- El 14 de septiembre de 2017 se cumplen los dos años de la ejecución de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo. Este operativo dejó como saldo cinco (5) asesinatos, doscientas (200) detenciones arbitrarias y una marca de violencia que permanecerá de por vida en los sobrevivientes de la sistemática violación de derechos humanos que esta implicó.

En la madrugada del 14 de septiembre de 2015, tras la publicación de un mensaje que anunciaba la realización del operativo desde la cuenta en la red social Twitter del gobernador del estado Zulia, Franscisco Arias Cárdenas, 480 efectivos de la Guardia Nacional (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), arremetieron contra el Sector Santa Rosa de Agua al norte de la capital zuliana e ingresaron a los hogares de tres familias. Seguidamente, asesinaron a quemarropa a cinco ciudadanos: Héctor García (35), Néstor Luis García (28), Oswaldo Moreno (25), Jonathan Olivares (31) y Jorge Luis Olivares (41).

Según el testimonio de Elvimar Olivares, hermana de los fallecidos Jonathan Olivares y Jorge Luis Olivares, ellos fueron sacados con el rostro cubierto de sus hogares y trasladados en un vehículo del CICPC con rumbo desconocido. Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del Hospital Adolfo Pons.  Una situación similar ocurrió con los hermanos García y  Oswaldo Moreno, quien fue trasladado desde su casa sin signos vitales.

Durante los dos años transcurridos desde este traumático suceso, la familia Olivares interpuso la correspondiente denuncia y formuló una solicitud ante la Fiscalía General de la República que motivó el inicio de una investigación conducida por el Fiscal Nacional con competencia en derechos fundamentales, Alejandro Méndez, donde las experticias realizadas por el equipo de investigación forense del Ministerio Público sirvieron de base para acusar formalmente a cuatro funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), por los asesinatos anteriormente mencionados.

A la fecha, los familiares de las víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo ejecutada en Santa Rosa de Agua el 14 de septiembre de 2015 aún esperan justicia. Atendiendo a las evidencias halladas y a la legislación venezolana, la juez tercera de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, deberá acatar la solicitud de privar de libertad a los funcionarios acusados por el Ministerio Público, dicha detención deberá materializarse en la audiencia preliminar a efectuarse en octubre.

A pesar de las dificultades, los familiares de las víctimas continúan dispuestos a agotar todas las instancias posibles para lograr justicia.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) demandamos al Estado venezolano el cese de operativos policiales y militares violatorios de derechos humanos, entre otros; así como el respeto al debido proceso, la celeridad procesal  y la vida.

¿Quiénes Somos?

Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.

Desde entonces, continuamos prestando asistencia judicial gratuita, sobre todo en casos de detenciones arbitrarias, asesorando a las víctimas y sus familiares, y produciendo informes sobre la situación actual de los derechos en la región zuliana. Además, al día de hoy, estamos dedicando esfuerzos para la capacitación en el área de sistemas nacionales e internacionales de protección, dirigida a estudiantes, profesionales, activistas y la sociedad civil, a través de las alianzas que se han logrado hasta la fecha.

 

CIDH condena enérgicamente operativos militares de represión indiscriminada en Venezuela

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En la foto: Guardia Nacional Bolivariana detiene a manifestante en Maracaibo. Foto cortesía de Ernesto Pérez.
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En la foto: funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se aproximan a protesta ciudadana en el casco central de Maracaibo. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

27 de junio de 2017

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los operativos adelantados por fuerzas de seguridad del Estado, mayormente por cuerpos castrenses, en los últimos días en Venezuela, ante una escalada en la situación de violencia que se viene registrando en el país desde el mes de abril de 2017, y que ha dejado decenas de personas fallecidas, cientos de personas heridas, y miles de personas detenidas.
Las últimas cifras oficiales del Ministerio Público, divulgadas el 15 de junio, indican que se ha registrado un total de 73 personas fallecidas. En relación con la cantidad de personas detenidas, según organizaciones de la sociedad civil ya habrían superado las 3.500, mientras que declaraciones de altas autoridades del Ministerio Público señalaron que ya serían más de 4.000. Sin embargo, no hay un número oficial exacto, ni información detallada oficial sobre la identidad de las personas detenidas y su situación.
El 22 de junio de 2017, un estudiante de 22 años de edad murió tras recibir disparos a quemarropa. El hecho, registrado en video, ocurrió durante una manifestación en apoyo a la Fiscal General de la República, en la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de Caracas. Días antes, el 19 de junio, se registró la muerte de otro joven de 17 años, por heridas de arma de fuego, mientras participaba de una manifestación en la ciudad de Caracas. La Comisión se encuentra profundamente preocupada por las múltiples y graves denuncias que indican que ambas manifestaciones fueron reprimidas por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes además de utilizar objetos de dispersión como bombas lacrimógenas, también habrían utilizado armas de fuego para disparar directamente y a corta distancia contra los manifestantes. En estos hechos, también se habrían reportado varios heridos por arma de fuego. Según anunció el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio Público venezolano, los hechos están siendo investigados por las autoridades.
El 8 de junio de 2017, se reportó la muerte de otro joven de 17 años de edad en otra protesta en la ciudad de Caracas. Sus familiares y diversas denuncias públicas señalaron que habría sido impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada directamente contra él, por un funcionario de la GNB. Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia denunció públicamente que habría resultado herido cuando manejaba un explosivo de fabricación artesanal. La CIDH conoce que el hecho se encuentra bajo investigación y la misma aún no habría concluido.
La Comisión urge al Estado a adelantar con la mayor celeridad posible, y con apego a las garantías del debido proceso, las investigaciones de estos dos casos y de otros hechos de violencia reportados. En el contexto de la grave situación que atraviesa Venezuela, resulta crucial que estos hechos no queden en impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para prevenir con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.
Además, la CIDH observa con profunda preocupación que se trata de hechos que ocurrieron después que la Comisión Interamericana ya ha expresado su alarma por la militarización de los operativos de seguridad ciudadana para disuadir y, en algunos casos, impedir el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica. La Comisión ha destacado que la militarización de la seguridad ciudadana conlleva además la afectación de otros derechos humanos, además del derecho a la protesta social pacífica y a la libertad de expresión.
La Comisión también ha recibido información muy preocupante sobre otro tipo de operativos que se estarían realizando en zonas residenciales con la participación de la GNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Con base en el seguimiento cercano que la CIDH viene dando a la situación, se tiene información que se habrían registrado operativos en las últimas semanas en los estados Mérida, Lara, Táchira, Carabobo, Zulia, Miranda y en varias zonas del Área Metropolitana de Caracas.
El hecho más reciente ocurrió entre el 13 y la madrugada del 14 de junio, en el que se denunció que vehículos blindados (tanquetas) y decenas de funcionarios de seguridad del Estado habrían ingresado, sin orden judicial, en las residencias Los Verdes en la parroquia de El Paraíso, al oeste de Caracas. Sobre lo ocurrido, se denunció que durante varias horas, los edificios residenciales fueron objeto de ataques directos con bombas lacrimógenas y disparos, y los funcionarios de seguridad habrían ingresado violentamente en decenas de viviendas, causando destrozos e incluso se reportó que habrían robado pertenencias de las personas residentes, y del inmobiliario en general de los edificios.
La CIDH observa que organizaciones de la sociedad civil han denunciado una “práctica sistemática de represión indiscriminada”, y que una de las formas de represión son los operativos y las incursiones violentas. En particular, estas organizaciones indican que la represión indiscriminada en el contexto de la grave crisis social que se vive en Venezuela tiene por objeto infundir terror y zozobra en la población para persuadirles de no participar en manifestaciones.
La Comisión expresa su preocupación por la gravedad de las denuncias registradas sobre las circunstancias en que se habría llevado a cabo dicho operativo, y por la falta de información oficial sobre el cumplimiento de los requisitos legales para realizar allanamientos y detenciones. En este sentido, es imperativo que el Estado venezolano realice una investigación seria e imparcial sobre estos hechos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar. Además la CIDH reitera su preocupación por el uso de expresiones por parte de altas autoridades del Estado que buscan estigmatizar y criminalizar a quienes participan de manifestaciones.
Ante la escalada de violencia y el incremento en el número de muertes y heridos en las manifestaciones, la CIDH hace nuevamente un imperativo llamado a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y cesar de manera inmediata las medidas represivas adoptadas en las últimas semanas. La Comisión se encuentra consternada por los graves hechos reportados y continuará dando un seguimiento cercano a la situación.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Eduardo García continúa recluido en el SEBIN a pesar de que un tribunal ordenó su liberación el pasado 10 de marzo

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Eduardo García, detenido desde 2014 por protestar,  permanece recluido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Maracaibo, estado Zulia, a pesar de que un tribunal le otorgó la libertad.

El pasado 10 de marzo de 2017, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ordenó la suspensión condicional del proceso del caso de Eduardo García y emitió un oficio de libertad, según el cual desde esa fecha debía cesar el confinamiento de García en el SEBIN. No obstante, tras salir del tribunal, García fue trasladado a la sede del organismo de la capital zuliana y encerrado nuevamente bajo el argumento de que esta medida formaba parte del procedimiento interno del organismo.

Actualmente, García permanece ilegítimamente privado de su libertad, mientras que el SEBIN continúa en desacato de una orden judicial. Al respecto, los funcionarios del organismo de seguridad en Maracaibo han esgrimido que esperan la llegada de una autorización del director esta institución en Caracas para liberar a García.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) denunciamos este hecho que calificamos como una privación ilegítima de libertad y exigimos al SEBIN la liberación de Eduardo García, tal como lo establece la orden judicial emanada del referido tribunal. Este 24 de marzo, el equipo legal de CODHEZ, que ha llevado la defensa de García desde inicios del proceso, interpondrá un recurso de amparo con el que se busca lograr que sean respetados sus derechos humanos.

El caso de Eduardo García se suma a los 115 detenidos políticos que Gonzalo Himiob, Director de Foro Penal, expuso el pasado martes 21 de marzo junto a representantes de diversas ONG venezolanas en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos.

Eduardo García es la única persona que se mantiene privada de libertad en el Zulia por las manifestaciones del año 2014. Desde su detención el 7 de mayo de 2014, se encuentra en los calabozos de la sede del SEBIN de la capital zuliana y su proceso ha estado plagado de irregularidades: fue aprehendido por funcionarios no identificados que lo trasladaron con los ojos cubiertos y, una vez internado en la sede del SEBIN, se le impidió comunicarse con sus familiares y abogados antes de la audiencia de presentación. Igualmente, esta se celebró 122 horas después de practicada la aprehensión.

Desde el inicio de su reclusión, García presenta trastornos del sueño, ansiedad y permanece en un sótano donde no tiene acceso a luz natural. Además, desde el mes de diciembre 2016, depende de donaciones y de su equipo de defensa para poder alimentarse, debido a que el comedor del organismo de seguridad dejó de funcionar.

El caso de Eduardo García está siendo presentado ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

ALERTA.

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Maracaibo.- Al mediodía del sábado 11 de febrero de 2017 fueron detenidos arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los periodistas y coordinadores del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, junto a los comunicadores brasileños Leandro Stoliar y Gilson Souza de Oliveira. Venían de las instalaciones de la obra inconclusa de Odebrecht, el segundo puente sobre el lago o Puente Nigale, ubicado en el norte del Estado Zulia, donde recopilaban información sobre este caso que ha constituido un símbolo de corrupción para la opinión pública venezolana. Tras ser escoltados a la sede del SEBIN en Maracaibo, permanecieron 10 horas detenidos arbitrariamente y fueron asistidos legalmente por CODHEZ en coordinación con abogados de la Universidad del Zulia. La liberación se produjo a las 9:53 p.m. y a los comunicadores brasileños se les ordenó salir del país en un plazo de 24 horas. Esta situación, que suscitó el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, Transparencia Venezuela y diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es un hecho que enciende las alarmas sobre la fragilidad de la libertad de expresión y el derecho a informar, las crecientes limitaciones al trabajo de los comunicadores sociales, aunada a la falta de transparencia en el ámbito público en nuestro país. Desde CODHEZ condenamos este hecho y exigimos el cese del hostigamiento a los periodistas y activistas que ejercen contraloría social. De igual forma, instamos a los comunicadores y defensores de derechos humanos que enfrenten vejaciones similares a denunciarlos y acudir a nuestra organización para recibir asistencia.

Nuevamente diferida la audiencia de juicio de Eduardo García

Ayer 18 de octubre fue nuevamente diferida la audiencia de juicio de Eduardo García, después de más de un año de espera para probar su libertad.

El 7 de mayo de 2014, luego de finalizar su participación en una cadena humana, Eduardo García fue detenido, junto a otras tres personas, por funcionarios vestidos de civilesen las adyacencias del lugar donde se realizó la protesta. 122 horas después de haber sido aprehendido fue presentado a un tribunal, que ratificó la medida de privación de libertad, permaneciendo recluido en la sede del SEBIN de Maracaibo.

Acusado de instigación e intimidación pública, incendio y daños a la propiedad, en julio de 2015, se celebró su audiencia preliminar luego de constantes diferimientos, y fue remitido a juicio.Desde entonces,el juicio no se ha realizado y las solicitudes de revisión de la medida de privación de libertad han sido negadas.

En la actualidad, Eduardo presenta trastornos de sueño y ansiedad producto de la falta de acceso a luz natural, pues su celda se encuentra en un sótano.

La fecha pautada para la audiencia de juicio quedó fijada para el 2 de noviembre.

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El Estado venezolano fracasa en la reivindicación de los pueblos indígenas

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Hoy 12 de octubre se conmemora la llegada en 1492 de Cristóbal Colón a tierras americanas. Este día, anteriormente conocido como “Día de la Raza”, fue denominado en el año 2002 “Día de la Resistencia Indígena” por iniciativa gubernamental. Sin embargo, a más de quinientos años de este encuentro entre mundos, aún los pueblos originarios se enfrentan a múltiples injusticias y el mismo Estado que con esta denominación manifestó la intención de reconocer sus luchas históricas, hoy en día es causante por acción y omisión de gran parte de las penurias que estos enfrentan.

El estado Zulia es el hogar de 443.544 indígenas, es decir, el 61,2% de la población indígena nacional conformada por los pueblos Añú, Barí, Japreria, Yukpa y Wayuu. Estas comunidades,a pesar de su importancia demográfica e histórica, son discriminadas y sus derechos constitucionales no son garantizados. Un ejemplo de ello es el caso de la Guajira venezolana, ampliamente estudiado por CODHEZ, donde la militarización del territorio ha generado una serie de violaciones que compromete la responsabilidad del Estado venezolano. A su vez, la escasez de alimentos, medicamentos, y la deficiencia general en la prestación de servicios, han ocasionado una grave crisis económica y social en esa región.

 Por una parte,la militarización  de la zona realizada en el año 2010  a causa del establecimiento de un distrito militar,fue reforzada el  7 de septiembre de 2015 con la declaratoria de un estado de excepción que restringió derechos civiles y políticos, tales como la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, el libre tránsito, la reunión privada o pública, la manifestación pública, y la libertad económica. Como consecuencia de esta situación, desde 2010 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha registrado 21 muertes, 46 heridos, 19 torturados, un secuestrado, un desaparecido y cientos de casos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. De acuerdo a declaraciones de familiares y testigos, los responsables de estos hechos son funcionarios del Ejército venezolano. Estas violaciones han sido denunciadas, algunas son investigadas y solo en uno de los homicidios ha habido imputación.

Por otra parte, el estado de los servicios de salud ha empeorado. Para ilustrar el panorama en materia de salud es propicio destacar las condiciones del Hospital Binacional de Paraguaipoa: el único quirófano existente está inhabilitado y solo cuenta con una ambulancia. Igualmente, los planes gubernamentales de distribución de alimentos han sido ineficaces. Los problemas en la medición y la consecuente disparidad en las cifras oficiales han ocasionado que programas gubernamentales como Mercal Casa por Casa fracasen en su intento por mejorar la situación en materia de alimentación: en 2016 se han constatado 12 casos de malnutrición infantil y a principios de junio dos niños de la etnia Wayuu murieron por malnutrición en el hospital Dr. Adolfo Pons de Maracaibo

Por estas razones, en un día en el que se realizan diversos actos oficiales para honrar a los pueblos indígenas, resulta imperativo que el Estado venezolano examine su actuación ante estas comunidades y ejerza los correctivos necesarios. De lo contrario, las “reivindicaciones” que se pretenden materializar quedarán solo en palabras y carecerán de efectos reales.

Link resumen: Resumen guajira

 

Diferida la audiencia del soldado Jesús Chirinos

 

La audiencia preliminar del soldado Jesús Chirinos, que estaba prevista a primera hora de la tarde del viernes 5 de agosto, fue postergada a causa de la paralización de actividades en el Tribunal 8° de Control del Estado Zulia. “La audiencia fue diferida porque no estaban funcionando los despachos, presumimos que los jueces asistieron a un acto protocolar realizado con los Magistrados del Tribunal Supremos de Justicia”, indicó Carlos González abogado defensor y Director Legal de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ).

El pasado 4 de mayo en horas de la tarde, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ingresaron violentamente a la residencia de Chirinos, apuntaron con armas a sus familiares y lo interrogaron sobre el paradero de Belén Salas, su pareja. “Los agentes nos apuntaron con sus armas, nos obligaron a salir de la casa y después llevaron afuera a Jesús, lo golpearon y le preguntaron por Belén”, declaró Marcos Chirinos hermano de Jesús Chirinos.

Belén Salas, de 21 años, y su amiga Kristy Valentina Mavares, de 18 años, ambas militantes del partido político Primero Justicia, también se encontraban dentro de la vivienda y a pesar de los esfuerzos que hicieron por esconderse, fueron encontradas por los agentes e inmediatamente pasaron a ser aprehendidas junto a Jesús Chirinos y su hermano Marcos. Los cuatro fueron trasladados hasta la sede del SEBIN en Maracaibo. “A Jesús se lo llevaron esposado, con la cabeza cubierta por una capucha y lo golpearon durante el trayecto”, explicó Marcos.

En la sede del SEBIN, los agentes les preguntaron si pertenecían a alguna organización política y si creían en la Revolución Bolivariana, mientras le aplicaban descargas eléctricas en las esposas. A Marcos Chirinos le permitieron marcharse después de ser obligado a firmar una página en blanco, que tenía estampadas las firmas de dos funcionarios gubernamentales. Las otras tres víctimas, fueron presentadas ante un juez el 6 de mayo del presente año y acusados del delito de detentación de objetos incendiarios.

El tribunal dispuso que permanecieran en prisión preventiva. Las acusaciones contra Jesús Chirinos, Salas y Mavares se basan en una investigación desarrollada por agentes del SEBIN para “descubrir, prevenir y neutralizar cualquier amenaza que atente contra los intereses supremos de la Nación”, conforme consta en actas policiales.

“Los tres están acusados por presunta tenencia de artefactos explosivos, sin embargo este delito no conlleva privativa de libertad en la fase del procedimiento, en este caso el proceso judicial debe aplicarse en libertad, por eso exigimos libertad plena para Jesús Chirinos”, destacó Lisseth Mogollón abogada defensora y Delegada de Relaciones Públicas de CODHEZ.

Según el informe de la asociación civil Foro Penal Venezolano, el pasado 18 de julio el tribunal dispuso la libertad condicional de las dos mujeres. Sin embargo, Chirinos continua injustamente en prisión preventiva, esperando que los juzgados retomen la audiencia preliminar de su caso.

Gustavo Ocando Páez