¡Nuestro boletín de diciembre está disponible!

Boletín de diciembre de 2017

Un recuento del papel desempeñado por Codhez frente a las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el 2017 en el Zulia resulta imprescindible en el último boletín del año.
El 2017 año fue, sin duda alguna, particularmente sombrío para los venezolanos: sufrimos numerosas pérdidas humanas como consecuencia de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y los excesos de las fuerzas de seguridad del Estado durante el control de manifestaciones, a la vez que pudimos evidenciar otras diversas violaciones de derechos humanos que atrajeron la mirada del mundo sobre nuestro país. Sin embargo, en Codhez, los pasados 12 meses, procuramos permanecer en constante apoyo a las víctimas de violaciones a derechos humanos que han acudido a nosotros y así lo seguiremos haciendo en este 2018.

Para conocer más sobre nuestro trabajo, descarga el boletín aquí: Boletín de diciembre 2017- CODHEZ

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Aumenta tensión entre gobierno venezolano y colombiano

Vehículos militarees

Al mediodía del domingo 21 de mayo la Guardia Nacional Bolivariana detectó cinco supuestos vehículos militares del Ejército colombiano a 300 metros de la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela por Paraguachón, municipio Guajira del Estado Zulia.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez manifestó su “enérgico rechazo” por considerar esa acción como una provocación del gobierno colombiano.

Según la canciller “en los últimos días altas autoridades de Colombia han difuminada por el mundo que están preparándose para oleadas de migrantes de Venezuela a Colombia, producto de un gran evento de violencia, preconfigurando así la especie de falsos positivos […] para justificar una intervención en Venezuela.”

El Ministerio de Defensa de Colombia respondió que los vehículos “cumplen una función de control del delito en la frontera, han sido desplegadas desde 2015 en desarrollo de los acuerdos entre autoridades militares de ambos países y permanecerán haciendo ese control territorial de manera normal.”

Weildler Guerra, gobernador del Departamento de La Guajira, señaló que “la denuncia de Venezuela es una distracción y están tratando de fabricar un incidente con Colombia.”

La canciller respondió que la presencia de los vehículos “está enmarcado en la provocación diseñada por el Pentágono.”

Las acusaciones ocurren en el contexto de la militarización de la Guajira venezolana desde diciembre del 2010 cuando el Presidente Chávez creó el Distrito Militar N° 1, que abarcaba los municipios Guajira, Mara, y Almirante Padilla del estado Zulia.

El Presidente Nicolás Maduro decretó el cese del Distrito Militar N° 1, trasladando sus funciones al desarrollo de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), organizadas en Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).

Como consecuencia de esta militarización, desde 2010 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha registrado 22 muertes, 45 heridos, 19 víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, 1 secuestrado, 1 desaparecido y cientos de casos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales.

Por: Daniel Cooper

El Estado venezolano fracasa en la reivindicación de los pueblos indígenas

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Hoy 12 de octubre se conmemora la llegada en 1492 de Cristóbal Colón a tierras americanas. Este día, anteriormente conocido como “Día de la Raza”, fue denominado en el año 2002 “Día de la Resistencia Indígena” por iniciativa gubernamental. Sin embargo, a más de quinientos años de este encuentro entre mundos, aún los pueblos originarios se enfrentan a múltiples injusticias y el mismo Estado que con esta denominación manifestó la intención de reconocer sus luchas históricas, hoy en día es causante por acción y omisión de gran parte de las penurias que estos enfrentan.

El estado Zulia es el hogar de 443.544 indígenas, es decir, el 61,2% de la población indígena nacional conformada por los pueblos Añú, Barí, Japreria, Yukpa y Wayuu. Estas comunidades,a pesar de su importancia demográfica e histórica, son discriminadas y sus derechos constitucionales no son garantizados. Un ejemplo de ello es el caso de la Guajira venezolana, ampliamente estudiado por CODHEZ, donde la militarización del territorio ha generado una serie de violaciones que compromete la responsabilidad del Estado venezolano. A su vez, la escasez de alimentos, medicamentos, y la deficiencia general en la prestación de servicios, han ocasionado una grave crisis económica y social en esa región.

 Por una parte,la militarización  de la zona realizada en el año 2010  a causa del establecimiento de un distrito militar,fue reforzada el  7 de septiembre de 2015 con la declaratoria de un estado de excepción que restringió derechos civiles y políticos, tales como la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, el libre tránsito, la reunión privada o pública, la manifestación pública, y la libertad económica. Como consecuencia de esta situación, desde 2010 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha registrado 21 muertes, 46 heridos, 19 torturados, un secuestrado, un desaparecido y cientos de casos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. De acuerdo a declaraciones de familiares y testigos, los responsables de estos hechos son funcionarios del Ejército venezolano. Estas violaciones han sido denunciadas, algunas son investigadas y solo en uno de los homicidios ha habido imputación.

Por otra parte, el estado de los servicios de salud ha empeorado. Para ilustrar el panorama en materia de salud es propicio destacar las condiciones del Hospital Binacional de Paraguaipoa: el único quirófano existente está inhabilitado y solo cuenta con una ambulancia. Igualmente, los planes gubernamentales de distribución de alimentos han sido ineficaces. Los problemas en la medición y la consecuente disparidad en las cifras oficiales han ocasionado que programas gubernamentales como Mercal Casa por Casa fracasen en su intento por mejorar la situación en materia de alimentación: en 2016 se han constatado 12 casos de malnutrición infantil y a principios de junio dos niños de la etnia Wayuu murieron por malnutrición en el hospital Dr. Adolfo Pons de Maracaibo

Por estas razones, en un día en el que se realizan diversos actos oficiales para honrar a los pueblos indígenas, resulta imperativo que el Estado venezolano examine su actuación ante estas comunidades y ejerza los correctivos necesarios. De lo contrario, las “reivindicaciones” que se pretenden materializar quedarán solo en palabras y carecerán de efectos reales.

Link resumen: Resumen guajira

 

Entre anuncios y denuncias transcurrió la rueda de prensa de CODHEZ y el Comité de Derechos Humanos de la Guajira

Por Gustavo Ocando

En los espacios de la nueva sede rectoral de la Universidad del Zulia y en presencia de los medios de comunicación del país, se desarrolló la rueda de prensa convocada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) y el Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

La reunión se desarrolló con la intención de denunciar públicamente los numerosos casos de violación de los derechos humanos que se han venido presentando a lo largo y ancho del municipio fronterizo. Asimismo, la convocatoria también sirvió para hacer un llamado a las autoridades y exigir el cese de violencia y hostigamiento por parte de los órganos de seguridad en contra de la población.

Con el pasar de los días, empeoran las situaciones violatorias de derechos humanos en la Guajira, cada vez son más los casos de víctimas como consecuencia del accionar represivo de las Fuerzas Armadas contra nuestro pueblo Wayuu y Añú”, declaró José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

Además, recalcó que la población infantil de la localidad se ha visto especialmente afectada por la escasez de alimentos, medicinas y por las carencias en el sistema de salud pública. “Los niños se mueren por malnutrición y si se enferman, el hospital no tiene insumos para atenderlos, no tienen acceso a la comida, ni a los medicamentos”, agregó González.

Finalmente, intervino Daniela Guerra, directora general de CODHEZ, anunciando que ambas organizaciones se apersonarían ante las sedes de distintas instituciones gubernamentales para hacer entrega formal de una serie de peticiones que aceleren la búsqueda de soluciones. “Vamos a visitar la secretarías regionales de Salud y de los Pueblos Indígenas, así como la Defensoría del Pueblo, para exhortarlos a cumplir su deber de defender y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

El abandono a la Guajira persiste y suma más víctimas

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El pasado fin de semana, fallecieron en el Hospital Adolfo Pons de Maracaibo, dos niños wayuu debido a una condición crítica de salud por malnutrición. Estas muertes son una evidencia de las fallas en las políticas públicas del Estado para corregir una situación que se viene desarrollando en la región Guajira tanto en materia de alimentación como de protección a la salud.

Desde el año 2013, en el Distrito Militar No.1 de la Guajira venezolana, ubicada en el estado fronterizo del Zulia, se ha aplicado el sistema piloto Mercal casa por casa, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, y a cargo de los consejos comunales que deben distribuir los alimentos. Este sistema, basándose en un censo y estudio socioeconómico de las comunidades de una zona determinada, tiene el objetivo de suministrar con cierta frecuencia una cesta de productos alimenticios. Asimismo, en función de los resultados del estudio socioeconómico, se determina si la adquisición debe ser patrocinada por el Estado o costeada por los habitantes de la zona a precios regulados. En 2013 el registro contaba 1.142 familias, que suman 4.942 personas[i].

El problema es que la distribución de productos básicos ha sido intermitente en una región que, durante años, ha sufrido carencias en la alimentación, trayendo como consecuencia un grave deterioro en la salud de sus habitantes, deserción escolar, e incluso, un incremento en los índices de conflictividad social. Estas circunstancias han obligado a muchas comunidades a migrar a zonas vecinas para conseguir alimentos. Al respecto, es preciso destacar que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “[l]os Estados tienen obligaciones particulares en relación al derecho a la alimentación de los pueblos indígenas. Éstas incluyen el respeto de las tradiciones culturales de los indígenas, reforzando los sistemas alimentarios tradicionales y protegiendo las actividades de supervivencia como la caza, la pesca y la recolección. Los Estados también son responsables de asegurar la aplicación de los principios generales de los derechos humanos, tanto en sus políticas de seguridad alimentaria y nutricional como en las políticas que podrían afectar su acceso a la alimentación”[ii].

Además, a partir de 2010, cuando se creó el Distrito Militar en la Guajira, y en particular, desde septiembre de 2015 –cuando se decretó un estado de excepción en la zona–, se ha observado con mayor notoriedad la ineficiencia del Estado en el diseño y aplicación de políticas públicas efectivas que resguarden la seguridad humana del wayuu, además de un desinterés en el seguimiento de la ejecución de los recursos destinados a la protección de esta comunidad. En materia de protección a la salud, por ejemplo, debe mencionarse que para 1997 el Hospital Binacional de Paraguaipoa contaba con 62 camas y 8 módulos de atención en salud, y diez años después, según cifras del Instituto Nacional de Estadística se registraban únicamente 14 camas para la atención de toda la población de la Guajira.[iii]

En Venezuela es evidente una lista de interminables irregularidades que trastornan la seguridad humana de sus habitantes. Esta situación es más grave en grupos vulnerables como los pueblos indígenas, que en la historia contemporánea del país sólo son tomados en cuenta cuando se aproximan unas elecciones. Al pueblo wayuu, estigmatizado y vilipendiado por procurar su alimentación fuera de la zona que habita, y que no cuenta en general con acceso a agua potable y red de cloacas, se le militarizó su territorio ancestral prometiendo abastecimiento de alimentos y puestos de trabajos con vías asfaltadas, se le instaló un parque eólico con la promesa de electricidad, y se le decretó un estado de excepción para combatir el contrabando. Al día de hoy, esta ocupación militar no ha generado ningún beneficio sino que ha resultado en la ejecución por parte de funcionarios militares de 20 personas, y al menos, 40 torturadas –de las que se tenga noticia. A todas estas víctimas se suman hoy dos niños que han muerto de hambre.

[i] Codhez (2015), Informe Zulia Bajo Excepción.

[ii] Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2007), “Derecho a la alimentación y los pueblos indígenas”, en Serie Enfoque, p. 2, http://www.fao.org/docrep/016/a1603s/a1603s.pdf.

[iii] Codhez (2015), Informe Zulia Bajo Excepción.

La Asamblea Nacional escuchó a víctimas de violaciones de Derechos Humanos en la Guajira

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El pasado viernes 15 de abril de 2016, parte de la Comisión Permanente de  Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional se trasladó a la región de Paraguaipoa, en la Guajira, con la finalidad de atender los casos de violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en la localidad desde el año 2010, los cuales presuntamente, han sido cometidos por oficiales del Ejército venezolano.

Al encuentro, en el cual el Comité de Derechos Humanos de la Guajira fungió como anfitrión, acudieron los diputados miembros de la Comisión Edgar Zambrano, Hernán Alemán, Avilio Troconis y Héctor Vargas, y el diputado por los pueblos indígenas de la región occidental, Virgilio Ferrer. A pesar de lo acordado, ningún diputado de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acudió a la visita in loco.

La visita fue acordada el 17 de febrero, en Caracas, tras la celebración de una sesión especial de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional.  En la mencionada sesión, víctimas y organizaciones tuvieron derecho de palabra para compartir las situaciones que perjudican la vida de los habitantes de la Guajira venezolana, las cuales han tenido trágicas consecuencias: 19 muertos, 40 heridos, 19 víctimas de tortura, maltrato, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y un centenar de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. Todos estos hechos han ocurrido desde la instauración del Distrito Militar Nº1 en la Guajira, en diciembre del año 2010.

Fueron diversos los testimonios presentados. Algunas víctimas denunciaron homicidios de familiares, que fueron justificados por las autoridades como “enfrentamientos”, así como detenciones por presunto contrabando de extracción. También, se hizo especial mención al caso de unos pescadores, a quienes les fue confiscada la pesca del día, y les fue devuelta luego de un par de días, cuando ya se encontraba en estado de descomposición. Uno de los casos que generó mayor conmoción fue el de una víctima que mostró marcas en su cuerpo de al menos 7 impactos de bala. Este caso no había sido denunciado y, al igual que en los casos previos, se señaló a los oficiales militares como los autores del hecho. Es necesario destacar que la Comisión de la Asamblea Nacional aclaró, desde el inicio de la reunión, que la intención de la visita era escuchar todos los testimonios, pues no se trataba de un encuentro político sino para la búsqueda de soluciones y atender las denuncias.

Aunado a los diferentes testimonios, se hizo hincapié en la actual incertidumbre que viven los familiares de los reclusos en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite, quienes han sido trasladados sin notificarles correctamente a ellos ni a los tribunales.

Algunas organizaciones civiles, incluyendo CODHEZ, compartieron sus preocupaciones y observaciones en los temas tratados. De igual forma, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, hizo entrega de un informe en donde se explica el contexto que se está viviendo en los municipios Mara, Almirante Padilla y Guajira, así como las denuncias que se han hecho ante todos organismos nacionales competentes sobre las violaciones a los derechos humanos.

Por último, no puede dejar de mencionarse que varios asistentes a esta reunión se dieron por enterados de la misma, a través de la convocatoria realizada por la emisora Radio Fe y Alegría Paraguaipoa FM (92.3 en el dial), que se ha convertido en el principal medio para la difusión y promoción de los derechos humanos en la Guajira venezolana.

Comisión de Alto Nivel de la Fiscalía General de la República investiga violaciones a los derechos humanos en el Distrito Militar Guajira

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Familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Distrito Militar Guajira, estuvieron presentes en el auditorio de la sede del Ministerio Público, en Maracaibo, para rendir testimonios, y aportar elementos para una investigación especial ordenada por la Fiscalía General de la República.

En esta reunión, las víctimas y sus familiares, fueron atendidas por una Comisión de Alto Nivel del Ministerio Público, integrada por la Subdirectora del Despacho de la Fiscalía General de la República, Alejandra Rodríguez; el Director de Protección de Derechos Fundamentales, Juan Carlos Tabares Hernández; el Fiscal Superior del Estado Zulia, Richard Linares; el Fiscal 76º con competencia nacional, Alejandro Méndez; el Fiscal 91º en materia indígena, Robaldo Cortez; y la Jefa de la División Forense dentro de la Unidad Criminalística contra la vulneración de los derechos humanos del Ministerio Público, Elizabeth Pelay. También participaron en la reunión, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, y la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

La Comisión de Alto Nivel del Ministerio Público tomó nota de las declaraciones de víctimas de diversas violaciones a derechos humanos que han ocurrido en la Guajira venezolana, desde que se estableciera allí el Distrito Militar N° 1 en 2010. Las denuncias, que se han hecho desde entonces, reposan en los diferentes despachos fiscales sin que exista algún acto conclusivo.

Al respecto, Richard Linares, Fiscal Superior del Estado Zulia, afirmó que “el Ministerio Público abre sus puertas para dar respuesta inmediata a las víctimas, cumpliendo instrucciones de la Fiscal General de la República para hacerle seguimiento permanente a todas las causas”. Por su parte, Juan Carlos Tabares Hernández, Director de Protección de Derechos Fundamentales, declaró que “celebramos esta unión de voluntades para buscar la verdad y la justicia”, advirtiendo que la reunión era una mesa de trabajo para tratar, en particular, algunos casos prioritarios. Las víctimas, además de declarar sobre sus casos, pidieron justicia y celeridad en las investigaciones, para conocer la verdad de los hechos.

Es preciso señalar, que el pasado 16 de marzo se cumplió un mes desde que el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, se reuniera con el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, comprometiéndose a suprimir el Distrito Militar en la Guajira. También, vale recordar, que el 17 de febrero, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira y Codhez, tuvieron un derecho de palabra ante la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional.

Asesinato en la Guajira

La Guajira, en estado de excepción y bajo control militar, vuelve a ser noticia por el asesinato del joven wayúu Edixon José González, quien el pasado sábado 12 de diciembre se encontraba en su domicilio reunido con un grupo de familiares y amigos, cuando las balas disparadas por una comisión del Ejército Bolivariano de Venezuela que se encontraba en persecución de un supuesto grupo de contrabandista a bordo de un vehículo, lo asesinaron.

Dos heridos y un fallecido se suman al saldo negativo que tiene la militarización de la Guajira, que desde hace 5 años fue decretada distrito militar, y desde hace casi 4 meses se encuentra en estado de excepción.

Familiares de Edixon José González y de los 2 heridos que se encuentran en estado delicado de salud, se presentaron acompañados de la comunidad indígena de la zona donde ocurrieron los hechos y del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, en la sede del Ministerio Público en Maracaibo el día de ayer. Exigieron en rueda de prensa el avocamiento por parte de este órgano del Estado a la investigación de las muertes ciudadanos wayúu a manos de los cuerpos de seguridad en el Distrito Militar.

José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, además de reseñar que hasta la fecha no se ha iniciado ninguna acción judicial sobre las 19 muertes que han ocurrido en la zona, dos de ellas durante el estado de excepción, también agrega que existe un evidente retardo procesal en todos las denuncias interpuestas, sin que hasta la fecha exista algún tipo de acusación contra los funcionarios implicados.

Familiares de las víctimas también acusan que no consiguieron la asistencia debida para los heridos en el Hospital Binacional, al cual el 6 de septiembre el Ejecutivo nacional le otorgara 280 millones de bolívares para una adecuación que aún no se ha realizado y debido a lo cual se vieron en la urgencia de trasladarse hasta el Hospital San José de Maicao, no sin antes ser detenidos en una serie de alcabalas que interrumpían la búsqueda de asistencia médica en Colombia.

Nivia Cambar, hermana de Daniel Enrique Cambar, herido durante el operativo militar, denuncia que la discriminación a la comunidad indígena ocurre no solo en estas trágicas situaciones. Señala que no existe una capacitación de los funcionarios militares que se encuentran en la zona para tratar con los pobladores indígenas. Además de ello, es generalizada la vejación que sufren a diario. “Estos soldados desconocen que en la comunidad wayúu hay profesionales, trabajadores y estudiantes, y no todos son bachaqueros”.

Los familiares de las víctimas anunciaron acciones para visibilizar las violaciones de derechos humanos en la Guajira y la exigencia que tienen como pueblo de la revocación del distrito militar y el estado de excepción en la zona.

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