LUZ conmemora 120 años de Periodismo Universitario

LUZ 120 AÑOS PERIODICO
Para conmemorar los 120 años del periódico de La Universidad del Zulia, autoridades de la universidad y profesionales de la comunicación se reunieron y disertaron sobre el quehacer periodístico,

Maracaibo.- El periódico de la Universidad del Zulia conmemoró los 120 años de su primera edición este 29 de Enero, siendo el periódico universitario de Venezuela más antiguo hasta la fecha.

Las vocaciones compartidas por el periodismo y la Universidad del Zulia se unieron en la conferencia “120 años de periodismo universitario”, en donde las autoridades rectorales, ponentes invitados, estudiantes y asistentes en general se dieron cita para recorrer el camino histórico de lo que ha sido el desarrollo de LUZ Periódico a los largo de ocho épocas.

“Lo conmemoramos con el compromiso por hacerlo más longevo aún, y ustedes pueden respaldar ese empeño al seguir aprovechando su contenido y vincularse a los espacios de generación del periodismo universitario, siempre con la calidad que hace a LUZ periódico único en este país”, destacó Jesús Urbina, Director de Comunicaciones de la Universidad del Zulia.

Por su parte, la rectora encargada, Judith Aular, resaltó el orgullo de contar con un paradigma informativo institucional que ha logrado enfrentar los embates de la crisis de papel periódico que ha obligado a contar solo con la versión digital, pero aún sigue publicándose semanalmente.   “Es el periodismo al que la ciudadanía tiene derecho, el del ejercicio reflexivo, indagador, de contrastes, equilibrado, coherente y con una visión responsable de la vida y la universidad”, manifestó.

El acto conmemorativo contó las ponencias “Impedimentos y virtudes del Periodismo Naciente” de Gustavo Ocando Alex y “Compromisos lingüísticos- comunicativos de un medio institucional universitario” de Sylvia Fernández. Los profesionales de la comunicación compartieron sus experiencias y consejos sobre el quehacer periodístico de calidad, ese que mantiene vivo el corazón cuestionador y la búsqueda de la verdad.

Desde Codhez los felicitamos por el logro alcanzado y agradecemos el gran aporte que realizan al Zulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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SEBIN tardó 20 días en acatar orden judicial de libertad para Eduardo García

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Maracaibo.- El pasado 30 de marzo de 2017, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) acató  la decisión emitida el 10 de marzo, por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que ordenaba la liberación inmediata de Eduardo García.
El 10 de marzo de 2017, Eduardo García asistió al referido tribunal donde la justicia ordenó su libertad. Al salir del Palacio de Justicia y luego de saludar a sus familiares, quienes compartieron con él la emoción del resultado positivo de la decisión, fue llamado por funcionarios del organismo de inteligencia para que lo acompañaran a finalizar el trámite interno de excarcelación. Ese trámite interno se convirtió en veinte días de injusta privación de libertad.
Como justificación al retraso en la liberación de García, los funcionarios de la sede del SEBIN en Maracaibo afirmaron que esperaban la llegada de la orden de excarcelación que debía autorizar el director del órgano, el mayor general Gustavo González López.  Mientras García permanecía confinado en la sala de espera de la sede de este organismo en la capital zuliana, con un deterioro creciente en su estado anímico, Codhez interpuso un habeas corpus y realizó peticiones ante la Delegación del Zulia de la  Defensoría del Pueblo que llevaron a que este organismo también ejerciera presión para alcanzar la materialización de la sentencia.En esta situación, García se sumaba al grupo de más de una docena de personas que esperaban el acatamiento por parte del SEBIN de  las órdenes de libertad  judiciales cuyo desacato fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 22 de marzo en su sesión número 161.

Eduardo García, quien era la única persona que se mantenía privada de libertad en el Zulia por las manifestaciones del año 2014, estuvo detenido dos años, diez meses y veintitrés días en la sede del SEBIN en Maracaibo, por la presunta comisión de los delitos de instigación pública, agavillamiento, intimidación pública con artefactos explosivos, daños a la propiedad y el delito de incendio intencional en grado determinador; delitos que le imputan cuando es detenido luego de participar en una cadena humana en los alrededores de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) el día 7 de mayo de 2014.

ALERTA.

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Maracaibo.- Al mediodía del sábado 11 de febrero de 2017 fueron detenidos arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los periodistas y coordinadores del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, junto a los comunicadores brasileños Leandro Stoliar y Gilson Souza de Oliveira. Venían de las instalaciones de la obra inconclusa de Odebrecht, el segundo puente sobre el lago o Puente Nigale, ubicado en el norte del Estado Zulia, donde recopilaban información sobre este caso que ha constituido un símbolo de corrupción para la opinión pública venezolana. Tras ser escoltados a la sede del SEBIN en Maracaibo, permanecieron 10 horas detenidos arbitrariamente y fueron asistidos legalmente por CODHEZ en coordinación con abogados de la Universidad del Zulia. La liberación se produjo a las 9:53 p.m. y a los comunicadores brasileños se les ordenó salir del país en un plazo de 24 horas. Esta situación, que suscitó el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, Transparencia Venezuela y diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es un hecho que enciende las alarmas sobre la fragilidad de la libertad de expresión y el derecho a informar, las crecientes limitaciones al trabajo de los comunicadores sociales, aunada a la falta de transparencia en el ámbito público en nuestro país. Desde CODHEZ condenamos este hecho y exigimos el cese del hostigamiento a los periodistas y activistas que ejercen contraloría social. De igual forma, instamos a los comunicadores y defensores de derechos humanos que enfrenten vejaciones similares a denunciarlos y acudir a nuestra organización para recibir asistencia.

La frontera de los billetes de 100

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El domingo 11 de diciembre, el Presidente de la República anunció un nuevo decreto de emergencia económica. Aunque se desconoce el contenido del decreto porque no ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República, el Presidente adelantó que una de las medidas sería el retiro del mercado del billete de Bs. 100, el de más alta denominación. En la orden anunciada, además, se contempla el cierre fronterizo para impedir el ingreso de los billetes de Bs. 100 que se encuentren fuera del territorio nacional. El Presidente aseguró que 300 mil millones de bolívares se encuentran almacenados fuera del país en billetes de esa denominación. De esta forma, se restringe el derecho a la libertad económica, previsto en el artículo 112 de la Constitución de la República, y además, queda afectado el ejercicio de otros derechos vinculados al libre intercambio de bienes, y al acceso a bienes y servicios de calidad, sin establecer de forma precisa en qué consiste la regulación, y si se trata en rigor de un nuevo decreto de emergencia económica o de un decreto en ejecución del decreto de emergencia económica dictado el 13 de septiembre, y prorrogado el 13 de noviembre, con vigencia hasta el 11 de enero de 2017.

Luego, en las redes sociales trascendió un “comunicado de carácter prioritario”, firmado por Edylberto José Molina , Viceministro del Sistema Integrado de Policía, para Directores del Cuerpo de Policía Nacional, Estadales y Municipales, que dice: “Cumpliendo instrucciones del ciudadano Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, me dirijo a ustedes, en la oportunidad de enviarles un cordial saludo revolucionario y profundamente chavista, a su vez hacer de su conocimiento que a partir de la presente fecha, deberán extremarse los controles en todos los servicios policiales prestados en puertos, aeropuertos, puntos de control fronterizos, vías principales y alternas, con el fin de prohibir el ingreso de billetes de cien bolívares (100,00 Bs), al territorio nacional, así como también efectuar la detención de todas aquellas personas que circulen con grandes cantidades de billetes de esta denominación dentro del territorio nacional, aplicando el respectivo procedimiento de ley de acuerdo a esta medida especial, dicha instrucción amparada bajo los lineamientos del nuevo Decreto de Emergencia contra la Guerra Económica firmado por el ciudadano Presidente obrero Nicolás Maduro Moros, donde ordena la salida de circulación de estos billetes en un plazo de 72 horas para hacer frente a las mafias que operan dentro y fuera del país con el único fin de desestabilizar nuestra economía, por consiguiente todo procedimiento que se efectúe con relación a esta instrucción, deberá notificarse de inmediato al órgano rector.”

La consecuencia práctica de la orden presidencial es dejar sin efecto el pago de cualquier bien o servicio con el billete de Bs. 100 a partir del viernes 16 de diciembre. Por ello, las personas que tengan estos billetes deben depositarlos desde el martes 13 hasta el jueves 15 en el banco de su preferencia. Durante este mismo plazo, también pueden canjearlo por otro billete de circulación legal en la banca pública. Tras las 72 horas, en 10 días, los usuarios deben canjear o depositar los billetes de Bs. 100 en el BCV. Elvis Amoroso, consultor jurídico de la Presidencia de la República, anunció que no hay límite en el momento que se puede depositar o canjear, pero a partir de Bs. 500.000 debe declararse el origen de los fondos; sin embargo, también dijo que “creo que se está pensando en elevar ese monto a los 2 millones de bolívares”.

Vale recordar que, según lo informado por el Banco Central de Venezuela, el día 15 de diciembre entran en circulación los billetes de Bs. 500 y 5.000, así como las monedas de Bs. 10, 50 y 100, que forman parte del nuevo cono monetario.

Según datos del BCV, existen 6.111 millones de piezas de Bs. 100, es decir, 48% de los billetes que en la actualidad se encuentran en circulación.

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En la Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario de fecha 14 de enero de 2016 se publicó el decreto presidencial N° 2.184, estableciendo “el estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional” según lo estatuido en su artículo primero.

Antes de ahondar en el estudio del contenido del decreto, es muy importante tener en cuenta el mandato constitucional que rigen los estados de excepción, los cuales pueden ser decretados únicamente por tres motivos taxativos: alarma, emergencia económica, o conmoción interior o exterior:

Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más.

Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual.

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

Asimismo, la Constitución contempla un control político y otro de tipo jurídico, que corresponde a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente:

Artículo 339. El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. (…)

Según lo previsto en el texto constitucional, el Presidente de la República presentó el decreto de estado de excepción por emergencia económica ante la Asamblea Nacional, que luego del análisis por parte de la comisión especial y la elaboración del correspondiente informe, decidió no aprobarlo en ejercicio de su competencia de control político. En estas circunstancias era innecesario que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad debido a que –en sentido estricto– debía entenderse que el decreto había cesado. Sin embargo, la Sala Constitucional se pronunció el 11 de febrero de 2016, en la sentencia N° 7, en la cual se expuso lo siguiente:

3.1.- El control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos; (…)

3.2.- El Decreto n.° 2.184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el n.° 6.214 Extraordinario el 14 de enero de 2016, mediante el cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental [destacado propio].

En ese sentido, la Sala Constitucional mantuvo la eficacia del decreto de estado de excepción que había sido rechazada por la Asamblea Nacional. Esto, sin dudas supone una grave alteración a lo establecido de forma expresa y precisa en la Constitución de la República.

Lo grave de la situación no solo es que se hayan obviado y modificado los procedimientos constitucionales para darle eficacia al decreto, sino que además, el mismo presenta una serie de imprecisiones en las medidas, cuando el mandato constitucional es que las limitaciones a los derechos deben ser claras y específicas, con el fin de evitar abusos por parte de las autoridades y el menoscabo de los derechos.

Las competencias que se confirió el Presidente de la Republica, mediante el analizado decreto, son de una amplísima disposición de los recursos económicos, sin aprobación de algún órgano externo al Ejecutivo Nacional. Vale la pena recordar que el endeudamiento nacional, los gastos e inversiones de la Republica, por mandato constitucional, están sometidos al control político de la Asamblea Nacional.

El artículo 2 del Decreto de estado de excepción de enero de 2016 es una muestra de su imprecisa regulación:

Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica a que se refiere este Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes, particularmente con los siguientes aspectos: (…)

De seguidas, se establece una serie de numerales con atribuciones. Sin embargo, de la lectura del encabezado el artículo, se entiende que esas atribuciones no son taxativas, sino simplemente enunciativas, otorgando entonces un poder ilimitado al Ejecutivo Nacional.

Lo gravoso de la situación no fue únicamente la entrada en vigencia de la emergencia económica, la cual debía durar 60 días, prorrogables por un plazo único de 60 días. Vale decir, no existe posibilidad constitucional de realizar más de una prórroga. Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo Nacional ha consistido en dictar otros dos decretos de estado de excepción con sus respectivas prórrogas. El segundo de los decretos se dictó el 13 de mayo, prorrogado el 12 de julio, y el tercero el 13 de septiembre, que se prorrogó el 13 de noviembre. De esta forma, el 11 de enero el país completará 360 días en estado de excepción, sin que se hayan reportado los resultados de la intervención extraordinaria del Ejecutivo nacional para solventar los problemas económicos del país.

Alimentación y derechos de los indígenas en Venezuela: Las inexactitudes de las declaraciones del Estado venezolano en el EPU

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El pasado 1 de noviembre,  durante el Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, representantes del  Estado venezolano presentaron el panorama nacional en materia de derechos humanos. Particularmente, las afirmaciones realizadas en el área de alimentación y derechos indígenas ante los 193 Estados presentes fueron fuentes de polémica.

Por esta razón, resulta propicio contrastarlas frente a la realidad constatada por CODHEZ en el Estado Zulia. Para este propósito, nos serviremos de una declaración de la Ministra para el Poder Popular de los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, y de lo establecido en el Informe Nacional enviado previamente por el Estado venezolano a este organismo.

Al referirse a los progresos en materia de derechos de los indígenas, la Ministra Aloha Núñez afirmó “En estos 17 años de la Revolución Bolivariana se han implementado políticas que garantizan los derechos humanos de los indígenas; (…) para la promoción, rescate y difusión de los idiomas y saberes ancestrales.  A través de esta declaración, que enfatiza el respeto a la cultura indígena y se sustenta en la voluntad de promover y difundir los valores de estas comunidades, se manifiestan unas intenciones contradichas por la realidad.  Un ejemplo de ello es el Decreto Presidencial N° 1.989, a través del cual el 7 de septiembre de 2015 se estableció el estado de excepción en municipios cuya población es fundamentalmente indígena como Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia.  

Este estado de excepción reforzó la militarización en la Guajira, restringió derechos civiles y políticos y no cumplió con el requisito de consulta previa con las autoridades legítimas de los pueblos indígenas, previsto en el artículo 11 LOPCI.. De esta manera, el Estado demostró que su voluntad de respetar la cultura y formas de vida de estos pueblos no se concretó en la toma de decisiones estratégicas de seguridad nacional.

Por otra parte, el Informe Nacional enviado por el Estado venezolano antes del examen establece “Desde el 2013 se ha intensificado la Gran Misión Alimentación, facilitando el acceso a los rubros de primera necesidad a toda la población y fortaleciéndose las redes públicas de distribución de alimentos. Para 2014, el 95,4% de los venezolanos comieron 3 y más veces al día; y más de 4.000.000 de niños comieron 2 comidas y una merienda en las escuelas bolivarianas”. Ante esta aseveración, es propicio destacar que desde hace unos años el desabastecimiento y el difícil acceso a los alimentos se han visto reflejados en el deterioro de la salud de niños, niñas y adolescentes, e incluso, el fallecimiento de algunos por malnutrición. En 2016, junto con el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, hemos constatado 12 casos de malnutrición infantil.  Asimismo, el 4 de junio se informó sobre la muerte de dos niños de la etnia Wayúu por malnutrición en el hospital Dr. Adolfo Pons de Maracaibo. Según su progenitora, los niños solo consumían alimento basado en agua, harina y sal.

Del mismo modo, según información suministrada a CODHEZ por el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, el 2 de noviembre murió otro niño con apenas dos meses de nacido por malnutrición. El menor había ingresado el 30 de octubre, junto con su hermano gemelo, al Hospital Binacional de Paraguaipoa, con un cuadro de diarrea y deshidratación.

Igualmente, de acuerdo a notas de prensa publicadas a finales de junio, en los hospitales Chiquinquirá y Dr. Manuel Noriega Trigo de Maracaibo se pueden observar varios casos de desnutrición infantil, y en el área educativa los profesores zulianos han reportado que los alumnos se desmayan en clases debido a las deficiencias existentes en el Programa Alimentario Escolar (PAE).

En conclusión, la situación del país en materia de derechos indígenas y alimentación obligan al Estado a asumir responsabilidades y generar políticas públicas orientadas a la satisfacción de las demandas en estos sectores. A corto plazo, se hace imperativo que se revelen las disparidades existentes entre las declaraciones realizadas por los voceros del gobierno y la realidad constatada por las Organizaciones No Gubernamentales en materia de derechos humanos.  Solo de esta manera se podrá tener una visión real de las magnitudes del problema y exigir soluciones acordes a estas.

Nuevamente diferida la audiencia de juicio de Eduardo García

Ayer 18 de octubre fue nuevamente diferida la audiencia de juicio de Eduardo García, después de más de un año de espera para probar su libertad.

El 7 de mayo de 2014, luego de finalizar su participación en una cadena humana, Eduardo García fue detenido, junto a otras tres personas, por funcionarios vestidos de civilesen las adyacencias del lugar donde se realizó la protesta. 122 horas después de haber sido aprehendido fue presentado a un tribunal, que ratificó la medida de privación de libertad, permaneciendo recluido en la sede del SEBIN de Maracaibo.

Acusado de instigación e intimidación pública, incendio y daños a la propiedad, en julio de 2015, se celebró su audiencia preliminar luego de constantes diferimientos, y fue remitido a juicio.Desde entonces,el juicio no se ha realizado y las solicitudes de revisión de la medida de privación de libertad han sido negadas.

En la actualidad, Eduardo presenta trastornos de sueño y ansiedad producto de la falta de acceso a luz natural, pues su celda se encuentra en un sótano.

La fecha pautada para la audiencia de juicio quedó fijada para el 2 de noviembre.

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Aumentan las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela

Por Gustavo Ocando Páez

En los espacios del Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) se presentó el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela en 2015, elaborado por la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) sirvió como anfitriona del evento, en el cual también tomaron derecho de palabra representantes de distintas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, entre ellas, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira y el capítulo Zulia de Transparencia Venezuela.

“Es indispensable difundir las cifras de una organización con la trayectoria de Provea” expresó Daniela Guerra, Directora General de CODHEZ, quien, al mismo tiempo, tomó la palabra para denunciar el carácter inconstitucional de la figura del patriota cooperante y sus nefastas consecuencias en el desarrollo de los procedimientos judiciales.

Por su parte, Jesús Urbina, representante del capítulo Zulia de Transparencia Venezuela, indicó que Provea es considerada la organización decana en materia de derechos humanos en Venezuela, y que la presentación de su informe anual tiene una enorme trascendencia al momento de realizar un balance general de la situación de los derechos humanos en el país.

Asimismo, José David González, Director General del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, relató los graves atropellos sufridos por la población Wayuu. “Estamos atravesando una situación muy difícil con la presencia permanente del ejército en nuestro territorio, pues desde finales de 2010 hasta la fecha, hemos registrado que 20 asesinatos de miembros de la comunidad en manos de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 19 casos de tortura, así como unos 600 allanamientos de viviendas y más de 700 personas privadas de su libertad de manera ilegal”.

En tanto, Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, inició la presentación del informe destacando que las cifras disponibles revelan cómo los efectos negativos de la gestión del gobierno nacional han superado con creces la contracción de derechos sociales sufrida por Venezuela durante los años 90. Además, reveló que existen 460 casos de violaciones al derecho a la vida, cifras que constituyen un aumento del 109% respecto al año anterior. “Existen unas 793 víctimas de tratos crueles y hemos atendido 6 casos de tortura”.

Uzcátegui también destacó que la profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos se manifiesta cotidianamente en la escasez extrema de alimentos y medicinas, el elevado nivel de inflación, y el incremento de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en los sectores más desfavorecidos del territorio nacional. Del mismo modo, resaltó que las denuncias de violaciones al derecho a la salud ascendieron un 40% en comparación con el año anterior, y señaló que se registran 15.496 detenciones arbitrarias cometidas durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).

Finalmente, el Coordinador General de Provea explicó que “es fundamental el trabajo de recopilación y documentación de testimonios y pruebas porque las violaciones a los derechos humanos no prescriben, pues aunque en el presente no se haga justicia estamos seguros de que se hará justicia en el futuro”.