Guardia Nacional Bolivariana reprime a manifestantes opositores en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo de Maracaibo

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Protesta opositora en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo en Maracaibo, Venezuela, el 19 de abril de 2017. Foto cortesía de Ernesto Pérez

Desde inicios de abril, Venezuela retomó las protestas para oponerse a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que otorgan potestades legislativas al Ejecutivo, y desconocen la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. A raíz de estas decisiones del máximo tribunal venezolano, diversos actores internacionales se pronunciaron para criticar la inexistencia de democracia en Venezuela y las violaciones a la Constitución derivadas de estas sentencias.

Por estas razones, el 19 de abril de 2017, se convocó en todas las ciudades del país a manifestarse de forma multitudinaria. En Maracaibo, la manifestación tenía como fin la entrega de un documento en la Defensoría del Pueblo, ubicada en el casco central de la ciudad, cuyo objeto era exigir a este organismo velar por los derechos humanos de los venezolanos y solicitar la realización de elecciones. En paralelo, en la Plaza Bolívar –también ubicada en el casco central de la capital zuliana- el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, encabezaba un acto cívico militar para conmemorar los 207 años de la Proclamación de la Independencia de Venezuela.

Después de que los manifestantes opositores se aglutinaran en las afueras de la Defensoría del Pueblo, la Guardia Nacional Bolivariana agredió  a los ciudadanos con bombas lacrimógenas para impedir que cruzaran la barrera que los efectivos habían creado con el fin de evitar la llegada a la Defensoría del Pueblo de los manifestantes.

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Cuerpos de seguridad del Estado acompañan al gobernador Francisco Arias Cárdenas en acto cívico militar del 19 de abril de 2017 en la Plaza Bolívar de Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

Al final de esta jornada, más de 20 personas vinculadas a las protestas de la oposición fueron detenidas. Mientras tanto, el acto cívico-militar del sector oficialista y su marcha “en respaldo a la paz” transcurrió sin represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Por: María Inés Hernández

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Abril: mes de protestas en el Zulia

Abril, mes de protestas en el Zulia

Protestante en manifestación del 1 de mayo de 2017 en Maracaibo, Venezuela.  Foto cortesía de Ernesto Pérez.

Con una convocatoria hecha desde el seno de la sociedad civil ante la arbitrariedad que cometieran magistrados del TSJ a través de dos controversiales decisiones, se inició una agenda de protestas dirigidas a visibilizar los múltiples problemas sociales, políticos y económicos que atraviesa el país.

Daños a la propiedad privada y maltratos físicos durante diversos ataques a residencias, censura a los medios de información, represión fuera del marco legal  en el control de manifestaciones, y el uso indebido de armas de fuego contra ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la manifestación de manera pacífica, son algunas de las violaciones de derechos contabilizadas en las protestas durante el año del 2017. 84 personas detenidas en la región zuliana para el momento de la publicación de este artículo, es el saldo de aprehensiones arbitrarias durante el desarrollo de las diversas protestas en la entidad, siendo en su mayoría hombres, y además, 9 adolescentes.

Por su parte, el gobernador del Zulia, en medio de todas las violaciones de derechos humanos perpetradas, ha asegurado en sus alocuciones y a través de las publicaciones en las cuentas oficiales de redes sociales, que el Zulia merece paz.

Por: Lisseth Mogollón

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Comunidad Internacional pide respeto a las manifestaciones en Venezuela

Comunidad internacional pide respeto a las manifestaciones

Protesta del 1 de mayo de 2017 en Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

Perú, Chile y México fueron los primeros países en expresar su preocupación por la situación constitucional del país, tras las polémicas sentencias del TSJ. La reacción más enérgica fue la de Perú, que decidió retirar su embajador ante Venezuela.

El canciller de Costa Rica dijo que el Estado venezolano debe someterse a los escrutinios y opiniones de la OEA, y sostuvo que las observaciones realizadas no pueden interpretarse como intervencionismo. Con el aumento de las protestas y la represión, 11 países latinoamericanos realizaron un comunicado para exhortar a Nicolás Maduro para que “rápidamente se definan las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela”, y además, abogando por el respeto al derecho de manifestación. Este comunicado fue rechazado por la Canciller de Venezuela, acusando a los países firmantes de “apadrinar el intervencionismo.

Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que el gobierno venezolano, además de violar la Constitución, no permite que el sector opositor sea escuchado. También solicitó que las muertes ocurridas en las protestas sean investigadas a fondo.

El responsable jurídico de la OEA, sostuvo que el proceso de la Carta Democrática Interamericana para mediar en la crisis sigue en marcha. El organismo regional convocó a una reunión de cancilleres para tratar la crisis de Venezuela (con 19 votos a favor), sin el aval del gobierno venezolano, que anunció a través de la cancillería que el país se retirará de la OEA.

Por: Nestor Torres

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Codhez expone su Informe Anual 2016 en el Instituto Universitario San Francisco

Taller de DDHH en Instituto Universitario San Francisco

Por invitación del Instituto Universitario San Francisco de Fe y Alegría, el martes 18 de abril de 2017, el equipo de CODHEZ presentó su Informe Anual 2016: Situación sobre los Derechos Humanos en el Zulia, a los estudiantes de la institución ubicada en el Municipio San Francisco.

La actividad se realizó en la mañana y en la noche. Participaron dos grupos completamente distintos en edades, pero muy interesados por la información compartida. En el turno de la tarde se desarrolló  un debate donde los profesores tuvieron participación.

Esta es la primera de una serie de actividades que se planean realizar con este centro educativo.

 

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Regulación del derecho a la protesta en Venezuela

Regulación de la protesta

Cuerpos de seguridad del Estado rumbo a la protesta del 1 de mayo de 2017 en Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

El examen sobre el uso de la fuerza en el control de las manifestaciones que se han desarrollado en el país debe atender al contraste entre los hechos y las normas constitucionales sobre el derecho a la manifestación (y otros derechos como la vida, la integridad física, psíquica y moral, la inviolabilidad del recinto privado, y la propiedad), las leyes sobre el servicio de policía y el “Manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

Según el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, en sintonía con el artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “[l]os ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.” Esta es la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (2010), interpretada por la Sala Constitucional en la sentencia 276/2014, de 24 de abril, señalando la obligación de los organizadores de las protestas de solicitar permiso para realizarlas, a pesar de que la ley solo exige participarlo a la autoridad (artículo 43).

Además, el artículo 68 establece que “[s]e prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, ordenando que “[l]a ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.” Esta regulación se encuentra prevista, como mandato general a la Policía Nacional y los cuerpos de Policía Estadal, en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008) (artículos 37 y 43). A pesar de que el control de manifestaciones debe corresponder a los órganos de policía, en 2015 se publicó la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza la intervención de la Fuerza Armada en esa tarea, e incluso, el uso de armas de fuego.

Además de evidenciarse el desarrollo inconstitucional de las previsiones fundamentales sobre el control de las protestas, hemos constatado, al igual que en 2014, el prejuicio de las autoridades con relación a ellas, y en definitiva, el riesgo de que no se investiguen los hechos, pues los casos de abuso policial y militar han sido invisibilizados, e incluso, justificados por funcionarios del gobierno del Estado y nacional.

Por: Juan Berríos

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¡Nuestro boletín de abril está disponible!

BOLETIN DE ABRIL

Descarga nuestro boletín de abril aquí: Boletín de abril 2017 

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Venezuela / Protestas: Relatores de la ONU y la CIDH rechazan censura, detenciones y ataques a periodistas

WASHINGTON / GINEBRA (26 de abril de 2016) – Dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron hoy la censura oficial y el bloqueo de espacios informativos en Venezuela, al igual que la detención, ataques y estigmatización de periodistas y trabajadores de medios que cubren las manifestaciones de protesta en el país.

“Exhortamos al Gobierno de Venezuela a que libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión”, reclamaron el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
 
Asimismo, los Relatores repudiaron la censura y el bloqueo de espacios informativos en medios tradicionales y en Internet. “Buena parte de los medios televisivos se encuentran bajo control del Gobierno, mientras que el sector privado opera con restricciones debido a que han vencido sus licencias y las autoridades se niegan a renovarlas desde hace más de dos años”, señalaron.

“La regulación y limitación o bloqueo de páginas o señales televisivas que transmiten a través de Internet, aún bajo un estado de emergencia, son desproporcionadas e incompatibles con los estándares internacionales”, afirmaron los expertos.

“Tanto antes como después del quiebre del orden constitucional y democrático denunciado por organismos internacionales, el espacio para las voces críticas de periodistas, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y representantes de la oposición se ha deteriorado en forma continua”, advirtieron.

En agosto pasado, los Relatores manifestaron su preocupación frente a “medidas que aumentan considerablemente la presión sobre los medios de comunicación y limitan aún más la capacidad de realizar su trabajo de forma independiente”.

Detenciones y ataques a periodistas

Diversas fuentes han informado  que al menos doce periodistas venezolanos e internacionales habrían sido detenidos en el marco de los actuales acontecimientos. Luego de permanecer detenidos por algunas horas o días en algunos casos, han sido puestos en libertad. Uno de los casos de los que se ha tenido noticia es el del periodista Yonnathan Guédez, quien se encuentra detenido desde hace varios días.

Los Relatores también destacaron que, en un hecho sin precedentes, el periodista Braulio Jatar permanece detenido desde septiembre de 2016, tras haber difundido un video que mostraba a personas protestando frente al presidente Nicolás Maduro en la Isla de Margarita, en el oriente del país.

Censura y bloqueo de plataformas informativas

También se ha constatado por varias fuentes que al menos tres plataformas de contenidos en línea –VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV–, que ofrecen noticieros e información de interés general en Venezuela, fueron bloqueadas por prestadores de servicio de Internet privados, al parecer después de recibir la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Los tres servicios transmitían información sobre las protestas contra el gobierno que se desarrollan en distintos puntos del país cuando se decidió el bloqueo, mientras que la mayor parte de los medios tradicionales de radio y televisión no están cubriendo esos hechos. Posteriormente se dictaron nuevas medidas de censura, como la prohibición a las empresas de televisión por abonados de emitir la cadena CNN. Otros medios de comunicación de diferentes países tales como TN de Argentina, El Tiempo de Colombia y NTN 24 de Colombia han sufrido interrupciones o directamente se ordenó la suspensión de la señal.

“Las órdenes arbitrarias de Conatel tanto para suprimir señales de la televisión por abonados como para Internet restringen la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal y constituyen una forma de censura”, recalcaron los Relatores de la ONU y la CIDH.

Igualmente, diversos sitios de Internet de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación informaron que fueron objeto de ataques en línea para saturar sus portales o desconectarlos.

FIN

El Sr. David Kaye (EE.UU.) fue designado como Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión en agosto de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información, visite (en inglés):  

El Sr. Edison Lanza (Uruguay) fue designado como Relator Especial para la libertad de expresión en julio de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la CIDH para promover la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado el papel fundamental que este derecho desempeña en la consolidación y desarrollo del sistema democrático:

ONU Derechos Humanos, página de país: Venezuela

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Azin Tadjdini (+41 22 917 9400 / atadjdini@ohchr.org) o escriba a freedex@ohchr.org

Para consultas de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:
Xabier Celaya, Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)  

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SEBIN tardó 20 días en acatar orden judicial de libertad para Eduardo García

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Maracaibo.- El pasado 30 de marzo de 2017, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) acató  la decisión emitida el 10 de marzo, por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que ordenaba la liberación inmediata de Eduardo García.
El 10 de marzo de 2017, Eduardo García asistió al referido tribunal donde la justicia ordenó su libertad. Al salir del Palacio de Justicia y luego de saludar a sus familiares, quienes compartieron con él la emoción del resultado positivo de la decisión, fue llamado por funcionarios del organismo de inteligencia para que lo acompañaran a finalizar el trámite interno de excarcelación. Ese trámite interno se convirtió en veinte días de injusta privación de libertad.
Como justificación al retraso en la liberación de García, los funcionarios de la sede del SEBIN en Maracaibo afirmaron que esperaban la llegada de la orden de excarcelación que debía autorizar el director del órgano, el mayor general Gustavo González López.  Mientras García permanecía confinado en la sala de espera de la sede de este organismo en la capital zuliana, con un deterioro creciente en su estado anímico, Codhez interpuso un habeas corpus y realizó peticiones ante la Delegación del Zulia de la  Defensoría del Pueblo que llevaron a que este organismo también ejerciera presión para alcanzar la materialización de la sentencia.En esta situación, García se sumaba al grupo de más de una docena de personas que esperaban el acatamiento por parte del SEBIN de  las órdenes de libertad  judiciales cuyo desacato fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 22 de marzo en su sesión número 161.

Eduardo García, quien era la única persona que se mantenía privada de libertad en el Zulia por las manifestaciones del año 2014, estuvo detenido dos años, diez meses y veintitrés días en la sede del SEBIN en Maracaibo, por la presunta comisión de los delitos de instigación pública, agavillamiento, intimidación pública con artefactos explosivos, daños a la propiedad y el delito de incendio intencional en grado determinador; delitos que le imputan cuando es detenido luego de participar en una cadena humana en los alrededores de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) el día 7 de mayo de 2014.

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ONG y defensores de derechos humanos solicitamos renuncia al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab

Tark

Ciudadano
Tarek William Saab

Defensoría del Pueblo

Su despacho.-

Las personas, organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil
en general, que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra
indignación por las declaraciones emitidas por usted el día miércoles
29 de marzo de 2017, en las cuales expresó su apoyo a la sentencia
número 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
mediante la cual se le retiraba la inmunidad parlamentaria a los
diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, se atribuye al
Presidente de la República la facultad para revisar leyes y determinar
discrecionalmente la aplicación de delitos militares; y de
reconsiderar la pertinencia de la participación de Venezuela en
instancias internacionales.

Ese día, 29 de marzo, usted, como presidente del llamado “Consejo
Moral Republicano” (CMR), leyó un comunicado donde afirmaba que este
órgano del Poder Ciudadano “manifiesta su firme apoyo a esta
sentencia”, alegando que la misma, a su juicio, “evalúa apropiadamente
elementos que ponen en riesgo la soberanía e independencia del
país”[1]. Hoy sabemos que de los tres entes que integran el CMR, uno
de ellos está en desacuerdo con dicha sentencia. El viernes 31 de
marzo la Fiscal General de la República la calificó, junto al dictamen
156 del mismo tribunal, como la “ruptura del hilo constitucional”, en
medio de un amplio rechazo de ambas sentencias por parte de la
comunidad nacional e internacional.

El apoyo expresado por usted a la referida sentencia, no solo es
fraudulento al ser presentado como una posición institucional, pese a
no haber sido producto de un consenso entre los integrantes del
Consejo Moral Republicano, sino que constituye un menosprecio de la
institución parlamentaria, de la que usted mismo fue en algún momento
parte, en abierta violación de la Constitución y del Estado de
Derecho.

Como es del conocimiento público la institución a su cargo no cumple
plenamente con lo establecido en los “Principios de París”, que norman
la actuación de las defensorías del pueblo en todo el mundo. Debido a
la ausencia de autonomía e independencia en el funcionamiento de la
Defensoría, tanto durante la gestión de Gabriela del Mar Ramírez como
la suya, el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en octubre de
2016 tomó la decisión de rebajar la calificación de la Defensoría del
Pueblo venezolana a categoría B. A finales del 2014, este organismo le
había dado un año para que, en sus propios términos, usted hablara
“alto y claro” sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro
país y señalara con claridad las responsabilidades del Estado, que
usted no ha cumplido.

En marzo del 2017, durante la presentación de su informe anual ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado
Zeid Ra´ad al Hussein dedicó unos minutos para hablar sobre la
preocupante situación de Venezuela, recordando la falta de
independencia de la Defensoría del Pueblo en nuestro país. No
solamente usted no tomó las medidas para corregir esta situación,
atendiendo debidamente y sin discriminación a las víctimas de
violaciones de derechos humanos en el país, sino que, como lo
demuestra su apoyo a una decisión que fue calificada por la Fiscal
General y por la mayor parte de la sociedad democrática venezolana
como “Golpe de Estado”, reincide en actuaciones cada vez más graves e
inaceptables dentro del papel que debería desempeñar un Defensor del
Pueblo en un contexto de crisis social, política y económica. Por
contraste, las organizaciones de derechos humanos tenemos como
referente el valiente papel que desempeñó el primer Defensor del
Pueblo en Perú, Jorge Santistevan de Noriega, ante la ausencia de
democracia en ese país bajo la dictadura de Alberto Fujimori.

Conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus
atribuciones “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y
garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales sobre derechos humanos”. En este caso usted se aparta
de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual que en numerosas
ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones  a los
derechos humanos como en el caso los restos hallados en las
instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV),

Por lo expuesto anteriormente quienes suscribimos la presente
comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al
cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona
independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y
los principios democráticos,  asuma el cargo; una persona que, en
lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las
víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren
diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la
pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en
salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la
violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación
del Pueblo (OLP) y la impunidad .

Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del
papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y
de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo
venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los
organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino
por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente
que esté a su lado: la población en general y las víctimas de
violaciones de derechos humanos.

Atentamente

Acceso a la Justicia
AC Llamado a la Conciencia Vial

AC Nueva Esparta en Movimiento
A.C. Maria Estrella de la Mañana
AC Mulier

Acción Solidaria

Amigos Trasplantados de Venezuela AC
Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, Caracas
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Civil Mujeres en Línea
Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Aula Abierta Venezuela
Brigadas Azules
Cátedra Libre de DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Cedice Libertad
Centro de Animación Juvenil
Centro de Acción y defensa Por los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Cepaz
+Ciudadano, +Venezolano (Táchira)
Ciudadanía Activa

Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima21
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Comision de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados
de Venezuela capítulo Táchira
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios
de Abogados Estado Apure
Colegio de Abogados del Estado Anzoategui

Colegio de Abogados del Estado Apure

Colegio de Abogados del Estado Lara
Colegio De Abogados del Estado Barinas
Colegio de Abogados de Estado Nueva Esparta
Colegio de Abogados del Estado Sucre
Colegio de Abogados de Delta Amacuro
Colegio de Abogados del Estado Falcon
Colegio de Abogados del Estado Monagas
Colegio de Abogados del Estado Portuguesa
Colegio de Abogados del Estado Carabobo
Colegio de Abogados del Estado Guárico,
Colegio de Abogados del Distrito Capital
Colegio de Abogados del Estado Aragua

Colegio de Abogados del Estado Cojedes
Colegio de Abogados del Estado Amazonas,
Colegio de Abogados del Estado Tachira
Colegio de Abogados del Estado Zulia
Comisión DDHH Federación Venezolana de Colegios de Abogados Estado Falcón
Comisión DDHH Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
Comision Nacional DDHH Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela, capítulo Mérida
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ
Convite AC
Derechos Humanos Ya
Espacio Humanitario
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos Educación
Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES), Nacional
Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Aragua

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Carabobo

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Lara

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Anzoátegui

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Zulia

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Miranda
Frente en Defensa del Norte de Caracas
Foro Penal Venezolano
Fundación Blanca Nieve Sierra
Fundación CIIDER
Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama)
Fundacion Pro Bono Venezuela
Humano Derecho Radio
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos INVESP
Movimiento Vinotinto
Mujeres Venezolanas en Acción
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA)
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres
Opción Venezuela A.C.
Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)

Organización StopVIH
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM),

Laboratorio de Paz
Red Andina de DDHH
Red ARA
Redes Ayuda
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Transparencia Venezuela
Una Montaña de Gente
Una Ventana a La Libertad
Un Mundo Sin Mordaza
Unión Afirmativa de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Venezuela Diversa A.C

Personalidades

Integrantes del Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres:
Isolda de Salvatierra (Coordinadora)

Virginia Olivo de Celli

María Cristina Parra

Magally Huggins

Ofelia Alvarez Cardier

Beatríz Rodríguez

Beatríz Gerbasi

Luz Beltrán

Lilia Arvelo

Griselda Barroso

Yenni Peña

Rosa Paredes

Yolima Arellano

Evangelina García Prince

Sonia Sgambatti

Oscar Murillo, periodista
Francisco González Cruz, Ex-Rector Emérito de la Universidad Valle de Momboy
Elenis Rodríguez Martínez, abogada

Carlos Daniel Moreno, Defensor de DD.HH

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Golpe de Estado no inició con dos sentencias, ni culminó con el Consejo de Defensa de la Nación

El Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), en horas de la madrugada del día 1 de abril de 2017, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a revisar las sentencias 155 y 156 promulgadas a fines de marzo. Lo decidido por el CODENA, actuando fuera de su competencia (art. 323 de la Constitución) al pronunciarse sobre ‘conflictos’ entre Poderes, demuestra una vez más la falta de independencia entre éstos, pues se dan instrucciones precisas sobre cómo debe actuar un Poder del Estado, en este caso, al Poder Judicial.

Por otra parte, bajo la insostenible tesis de la solución de una “ controversia ” entre el Ministerio Público y el Poder Judicial por el despojo de funciones al Legislativo, se emite un acuerdo en el que no participaron ni la Fiscal General ni el Presidente de la Asamblea Nacional, lo cual aumenta la fragilidad de este intento por aparentar que no estamos en presencia de un golpe de Estado.

Recordamos que el TSJ ha contribuido a la crisis nacional mediante una serie de sentencias (más de 50) que fracturaron de manera perjudicial el sistema democrático de nuestro país, al socavar de manera constante las funciones de la Asamblea Nacional y al atribuir poderes ilimitados al Ejecutivo; por lo que la grave crisis actual es el resultado de un golpe de Estado continuado mediante diversas actuaciones judiciales. En este sentido, el verdadero rescate del Estado de Derecho amerita el restablecimiento de todas las funciones de la Asamblea Nacional y el respeto total a la normativa establecida en la Constitución.

Cabe subrayar que, en respuesta a la exhortación del CODENA, el Presidente del TSJ leyó un comunicado ante el cuerpo diplomático en el cual, sin referirse en detalle a la usurpación de funciones consagrada por las sentencias 155 y 156, llama al órgano legislativo a “ acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho ”, con lo que sigue sosteniendo la tesis del desacato en la que fundamentan el despojo progresivo de todas las facultades a la Asamblea Nacional. Además, el presidente del TSJ, al terminar la lectura del comunicado, pidió que éste “ sea divulgado por todo el país y, por supuesto, internacionalmente ”, lo que evidencia que la principal preocupación al momento de realizar este acto sin precedentes con la representación diplomática acreditada en el país, es la percepción internacional, más que el restablecimiento del Estado de Derecho.

Las decisiones 155 y 156 no fueron sentencias judiciales sino actos políticos, al igual que las decisiones por las cuales se produce su modificación, lo que evidencia que la Sala Constitucional no actúa como garante de la Constitución sino como operador político de los intereses del Ejecutivo. La doctrina del órgano disciplinario judicial señala que el error judicial inexcusable es aquel que genera “ una resolución esperpéntica, absurda, que rompa la armonía del orden jurídico ” y que cause “ un daño significativo ”. Nada más dañino para la vida institucional de la República que una decisión del tribunal a cargo de interpretar la Constitución, que consagra la usurpación de funciones y la ruptura del hilo constitucional.

Rechazamos la simplificación de los graves hechos contra la Constitución al calificarlos como una “ controversia ” entre poderes y sostenemos que la restitución del Estado de Derecho no se solventa con la enmienda de dos sentencias, por lo que exigimos:

  1. La renuncia inmediata de todos los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
  1. El inicio de oficio del procedimiento judicial que permita la determinación de las 
responsabilidades que correspondan a los magistrados de la Sala Constitucional.
  2. La derogatoria del actual Estado de Excepción y el sometimiento a la consideración de 
la Asamblea Nacional de cualquier futuro decreto sobre la materia;
  3. La derogatoria de todas las actuaciones de la Sala Constitucional que, con base en un supuesto desacato, han dejado sin efecto los actos legislativos, de contraloría, de investigación y nombramientos de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, entre 
otras cosas:
  4. Presentar la memoria y cuenta del Presidente de la República y de los 
Ministros ante la Asamblea Nacional;
  5. Reconocer la facultad contralora de la Asamblea Nacional, acudiendo a sus 
solicitudes de interpelación y acatando las decisiones que se deriven de la 
misma;
  6. Presentar los informes anuales de los órganos del Poder Ciudadano ante la 
Asamblea Nacional;
  7. Permitir la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral cuyo 
período venció en 2016, mediante el mecanismo previsto en la Constitución;
  8. Ordenar la libertad inmediata e incondicional del diputado Gilber Caro y, en caso de existir bases para ello, iniciar el procedimiento que corresponda según 
su carácter de diputado;
  9. Restituir las partidas presupuestarias que permitan el normal funcionamiento 
de la Asamblea Nacional, incluyendo el pago de los sueldos de sus diputados y personal, así como de los servicios e insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones;
  10. Garantizar el derecho a libre tránsito de los diputados, mediante la restitución de pasaportes y asegurando el retorno sin represalias del diputado Luis Florido.
  11. Retomar de inmediato el cronograma electoral, sin pretender justificar mayores demoras a causa del proceso de validación de partidos políticos.
  12. Tomar todas medidas necesarias para detener aumento de la pobreza en el país, lo cual incluye garantizar el acceso a los alimentos y medicinas para toda la población, sin ningún tipo de discriminación.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional y en especial a los organismos multilaterales, a no bajar el nivel de atención a la situación de Venezuela, toda vez que las medidas sustantivas que produjeron el golpe de Estado permanecen vigentes y han profundizado la crisis de derechos humanos en el país.

Comunicado de 51 organizaciones en contra del Golpe de Estado a la Asamblea Nacional

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