Implicaciones de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente sobre los Derechos Humanos de los Venezolanos. Por Juan Berríos

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El derecho de los venezolanos de decidir sobre nuestro destino político ha sido desconocido por la convocatoria, sin consulta popular, de la Asamblea Nacional Constituyente. La convocatoria, realizada de forma unilateral por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, establece una serie de objetivos programáticos que revelan el interés de utilizar la Asamblea como instrumento para imponer su proyecto político-ideológico, desviando los fines democráticos de este mecanismo, en clara contravención del pluralismo previsto como valor superior del ordenamiento constitucional venezolano.

Además, en los decretos presidenciales de la convocatoria constituyente resalta su marcado carácter excluyente y discriminatorio, descalificándose a los disidentes. Entre los objetivos de la convocatoria se señala “[l]a ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos […] contra la Patria y la sociedad tales como […] la promoción del odio social y la injerencia extranjera”, y “el desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permitan reconocernos como venezolanos […], vacunándonos contra el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad.”

En correspondencia a estos objetivos, en los decretos presidenciales relativos a las bases comiciales se argumenta que se ha convocado la Asamblea “para que el pueblo de Venezuela manifieste su férrea voluntad, con la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, que implican un proceso de feroz agresión imperialista, la promoción, por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial y social, la violencia como forma de expresión política y el intento de instrumentar un plan que atenta contra el derecho a la paz de todas y de todos”.

En definitiva, el proyecto constituyente está orientado a la marginación de la oposición política al gobierno nacional.

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La Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (REDHEZ) inicia su proceso de conformación

En años recientes, el panorama político, social y jurídico del país ha propiciado el surgimiento de multiplicidad de iniciativas de la sociedad civil orientadas a la defensa de los derechos humanos. En este marco, organizaciones no gubernamentales con distintos ejes temáticos se han conformado, iniciado una labor admirable y ganado espacio en la agenda pública.

Ante esta realidad, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) ha evidenciado la necesidad de fortalecer los lazos entre organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en aras de desarrollar estrategias conjuntas que se traduzcan en el logro de un mayor impacto social. Por esta razón, surge el proyecto de conformación de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (REDHEZ) una iniciativa que aspira a convertirse en una red multidimensional conformada por organizaciones con distintos ejes temáticos que se brindarían apoyo mutuo en la realización de campañas comunicacionales y culturales dirigidas a la promoción de los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación ciudadana.

Del mismo modo, también se desarrollarían acciones legales que canalicen exigencias de la sociedad y se conviertan en denuncias o peticiones ante las autoridades. Entre los ejes temáticos de las organizaciones participantes se encuentran la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, del derecho a la salud, de los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad LGBTI y los derechos ambientales.

En este proyecto participarán activistas con experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos que aportarán sus conocimientos y modos de trabajo para el enriquecimiento de las organizaciones no gubernamentales zulianas.

 

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Excesos en el control de manifestaciones han afectado el derecho a la inviolabilidad del hogar

Al igual que en 2014, los excesos de la fuerza pública para el control de manifestaciones han sido evidentes, desatendiendo los lineamientos previstos en el “Manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, publicado en 2012, que desarrolla la Resolución 113 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de 15 de abril de 2011.

Los abusos de las fuerzas de orden público no solo han vulnerado el derecho a la manifestación, sino también la inviolabilidad del hogar. La actuación policial y militar ha implicado el allanamiento inconstitucional de hogares, en franca contravención al artículo 47 de la Constitución de la República, y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen la inviolabilidad del hogar y de todo recinto privado, no pudiendo ser allanados sino por orden judicial o para impedir la perpetración de un delito.

En Maracaibo, las zonas residenciales de Torres El Saladillo, Loma Linda, Martin y Palaima, así como las urbanizaciones Pomona, Urdaneta y Santa Fe, han sido objeto de ataques indiscriminados por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, con el objeto de dispersar las manifestaciones, evitar o reprimir el cierre de vías, transgrediendo, entre otras obligaciones previstas en el citado Manual, la de (i) utilizar siempre los medios alternativos para la solución de conflictos (tales como la negociación, la mediación, entre otros) como primera medida de actuación; (ii) extremar precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables, adoptando los medios de disuasión, protección y control más adecuados; (iii) extremar las precauciones en el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, y en espacios confinados o sitios cerrados; (iv) garantizar la existencia de corredores humanitarios para facilitar el acceso y salida de socorristas: ambulancias, bomberos, entre otros; (v) aprehender sólo a aquellas personas que agredan a otros manifestantes o a los funcionarios de policía, quedando prohibidas las aprehensiones colectivas o redadas; y (vi) garantizar la existencia de corredores humanitarios para facilitar el acceso y salida de socorristas: ambulancias, bomberos, entre otros.

Por Juan Berríos

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CIDH condena enérgicamente operativos militares de represión indiscriminada en Venezuela

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En la foto: Guardia Nacional Bolivariana detiene a manifestante en Maracaibo. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

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En la foto: funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se aproximan a protesta ciudadana en el casco central de Maracaibo. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

27 de junio de 2017

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los operativos adelantados por fuerzas de seguridad del Estado, mayormente por cuerpos castrenses, en los últimos días en Venezuela, ante una escalada en la situación de violencia que se viene registrando en el país desde el mes de abril de 2017, y que ha dejado decenas de personas fallecidas, cientos de personas heridas, y miles de personas detenidas.
Las últimas cifras oficiales del Ministerio Público, divulgadas el 15 de junio, indican que se ha registrado un total de 73 personas fallecidas. En relación con la cantidad de personas detenidas, según organizaciones de la sociedad civil ya habrían superado las 3.500, mientras que declaraciones de altas autoridades del Ministerio Público señalaron que ya serían más de 4.000. Sin embargo, no hay un número oficial exacto, ni información detallada oficial sobre la identidad de las personas detenidas y su situación.
El 22 de junio de 2017, un estudiante de 22 años de edad murió tras recibir disparos a quemarropa. El hecho, registrado en video, ocurrió durante una manifestación en apoyo a la Fiscal General de la República, en la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de Caracas. Días antes, el 19 de junio, se registró la muerte de otro joven de 17 años, por heridas de arma de fuego, mientras participaba de una manifestación en la ciudad de Caracas. La Comisión se encuentra profundamente preocupada por las múltiples y graves denuncias que indican que ambas manifestaciones fueron reprimidas por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes además de utilizar objetos de dispersión como bombas lacrimógenas, también habrían utilizado armas de fuego para disparar directamente y a corta distancia contra los manifestantes. En estos hechos, también se habrían reportado varios heridos por arma de fuego. Según anunció el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio Público venezolano, los hechos están siendo investigados por las autoridades.
El 8 de junio de 2017, se reportó la muerte de otro joven de 17 años de edad en otra protesta en la ciudad de Caracas. Sus familiares y diversas denuncias públicas señalaron que habría sido impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada directamente contra él, por un funcionario de la GNB. Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia denunció públicamente que habría resultado herido cuando manejaba un explosivo de fabricación artesanal. La CIDH conoce que el hecho se encuentra bajo investigación y la misma aún no habría concluido.
La Comisión urge al Estado a adelantar con la mayor celeridad posible, y con apego a las garantías del debido proceso, las investigaciones de estos dos casos y de otros hechos de violencia reportados. En el contexto de la grave situación que atraviesa Venezuela, resulta crucial que estos hechos no queden en impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para prevenir con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.
Además, la CIDH observa con profunda preocupación que se trata de hechos que ocurrieron después que la Comisión Interamericana ya ha expresado su alarma por la militarización de los operativos de seguridad ciudadana para disuadir y, en algunos casos, impedir el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica. La Comisión ha destacado que la militarización de la seguridad ciudadana conlleva además la afectación de otros derechos humanos, además del derecho a la protesta social pacífica y a la libertad de expresión.
La Comisión también ha recibido información muy preocupante sobre otro tipo de operativos que se estarían realizando en zonas residenciales con la participación de la GNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Con base en el seguimiento cercano que la CIDH viene dando a la situación, se tiene información que se habrían registrado operativos en las últimas semanas en los estados Mérida, Lara, Táchira, Carabobo, Zulia, Miranda y en varias zonas del Área Metropolitana de Caracas.
El hecho más reciente ocurrió entre el 13 y la madrugada del 14 de junio, en el que se denunció que vehículos blindados (tanquetas) y decenas de funcionarios de seguridad del Estado habrían ingresado, sin orden judicial, en las residencias Los Verdes en la parroquia de El Paraíso, al oeste de Caracas. Sobre lo ocurrido, se denunció que durante varias horas, los edificios residenciales fueron objeto de ataques directos con bombas lacrimógenas y disparos, y los funcionarios de seguridad habrían ingresado violentamente en decenas de viviendas, causando destrozos e incluso se reportó que habrían robado pertenencias de las personas residentes, y del inmobiliario en general de los edificios.
La CIDH observa que organizaciones de la sociedad civil han denunciado una “práctica sistemática de represión indiscriminada”, y que una de las formas de represión son los operativos y las incursiones violentas. En particular, estas organizaciones indican que la represión indiscriminada en el contexto de la grave crisis social que se vive en Venezuela tiene por objeto infundir terror y zozobra en la población para persuadirles de no participar en manifestaciones.
La Comisión expresa su preocupación por la gravedad de las denuncias registradas sobre las circunstancias en que se habría llevado a cabo dicho operativo, y por la falta de información oficial sobre el cumplimiento de los requisitos legales para realizar allanamientos y detenciones. En este sentido, es imperativo que el Estado venezolano realice una investigación seria e imparcial sobre estos hechos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar. Además la CIDH reitera su preocupación por el uso de expresiones por parte de altas autoridades del Estado que buscan estigmatizar y criminalizar a quienes participan de manifestaciones.
Ante la escalada de violencia y el incremento en el número de muertes y heridos en las manifestaciones, la CIDH hace nuevamente un imperativo llamado a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y cesar de manera inmediata las medidas represivas adoptadas en las últimas semanas. La Comisión se encuentra consternada por los graves hechos reportados y continuará dando un seguimiento cercano a la situación.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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¿Qué decir sobre la situación del país a nuestros niños y adolescentes?

Ante la crisis la percepción es hostilidad y confusión, limitando de manera drástica nuestro día a día, lo que incide en la relación del niño y su entorno. Por lo que surgen distintas incógnitas en los chicos, como por ejemplo: ¿por qué no podemos salir?, ¿por qué no puedo asistir al colegio?  ¿Cuando se terminará esta situación?

En este sentido es importante que los padres puedan manejar sus propios miedos delante de los niños y adolescentes, Es fundamental evitar descargas emocionales, expresiones de miedo, rabia o impotencia enfrente de ellos. Así como también entender que no debemos ocultar información. Por más que la intención de algunos padres al no hablarles de política sea evitar tensión emocional o ansiedad,  en algunas ocasiones está falta de información puede generar confusión y temores.

Lo cierto es que hasta los niños más pequeños pueden notar la tensión en el ambiente familiar y escolar así como también por el cambio de rutina (no ir al colegio, que los padres estén más tiempo en casa, dejar de asistir a sus actividades extra curriculares) que algo está mal.  La falta de información por lo general fomenta la aparición de fantasías sobre lo que esta sucediendo y así comenzar a experimentar síntomas de ansiedad y depresión. Por tanto es importante que se les explique la situación concreta a la que estamos expuestos, de forma que ellos puedan entender lo que sucede en su entorno de una forma adecuada a su edad. Siendo equilibrados, sin hacer exageraciones pero sin ocultarlo todo. Ser claro en que no se está asistiendo al colegio o los tratamientos por razones de seguridad y transmitir que estando en familia y resguardados en casa se encuentran seguros.

Algunas recomendaciones:

 

• Recuerden que está bien admitir que no se tiene todas las respuestas. En estos momentos de incertidumbre es oportuno hacerles entender que mama, papa o profesores también tenemos dudas e incertidumbres con respecto a lo que ocurre. “Si la respuesta es ‘no sé’, entonces, la respuesta más simple podría ser algo como, ‘Me entristece la noticia y me preocupa. Pero te quiero mucho y aquí estaré siempre para cuidarte y protegerte.

 

• Estimulen al niño para que exprese sus sentimientos e ideas por medio de actividades familiares.  Se recomienda la escritura, la pintura y el canto. Lo ideal es que los adultos en casa mediante el juego alienten a los niños a sentirse seguros en su hogar y cómo huir de situaciones de peligro en caso de estar en la calle y presentarse algún inconveniente no esperado.

 

• Eviten involucrarlos en compras nerviosas o situaciones de peligro como marchas, protestas y actividades políticas.

 

• Estén atentos a sus reacciones emotivas y atiéndalos. No las pase por alto. Son sentimientos auténticos e importantes para ellos: escúchelos y trate de analizar lo que les preocupa. En caso de observar síntomas de ansiedad y tristeza que siente que usted mismo no puede controlar (llanto frecuente, insomnio, pérdida del control de esfínteres, preocupaciones excesivas) solicite ayuda profesional.

Es importante recordarles que las crisis son transitorias, y siempre pueden resolverse. Se debe transmitir a los niños y adolescentes que nos encontramos en un proceso y a futuro se podrá retomar la cotidianidad.

Por: Psic. Lucia Tirrito.

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Aumenta tensión entre gobierno venezolano y colombiano

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Al mediodía del domingo 21 de mayo la Guardia Nacional Bolivariana detectó cinco supuestos vehículos militares del Ejército colombiano a 300 metros de la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela por Paraguachón, municipio Guajira del Estado Zulia.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez manifestó su “enérgico rechazo” por considerar esa acción como una provocación del gobierno colombiano.

Según la canciller “en los últimos días altas autoridades de Colombia han difuminada por el mundo que están preparándose para oleadas de migrantes de Venezuela a Colombia, producto de un gran evento de violencia, preconfigurando así la especie de falsos positivos […] para justificar una intervención en Venezuela.”

El Ministerio de Defensa de Colombia respondió que los vehículos “cumplen una función de control del delito en la frontera, han sido desplegadas desde 2015 en desarrollo de los acuerdos entre autoridades militares de ambos países y permanecerán haciendo ese control territorial de manera normal.”

Weildler Guerra, gobernador del Departamento de La Guajira, señaló que “la denuncia de Venezuela es una distracción y están tratando de fabricar un incidente con Colombia.”

La canciller respondió que la presencia de los vehículos “está enmarcado en la provocación diseñada por el Pentágono.”

Las acusaciones ocurren en el contexto de la militarización de la Guajira venezolana desde diciembre del 2010 cuando el Presidente Chávez creó el Distrito Militar N° 1, que abarcaba los municipios Guajira, Mara, y Almirante Padilla del estado Zulia.

El Presidente Nicolás Maduro decretó el cese del Distrito Militar N° 1, trasladando sus funciones al desarrollo de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), organizadas en Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).

Como consecuencia de esta militarización, desde 2010 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha registrado 22 muertes, 45 heridos, 19 víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, 1 secuestrado, 1 desaparecido y cientos de casos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales.

Por: Daniel Cooper

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Transparencia Venezuela, Acción Solidaria y CODHEZ encabezan el foro “Venezuela Urgente”

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EN LA FOTO: Prof. Jesús Urbina, Coordinador de Transparencia Venezuela en el Zulia.

El miércoles 23 de mayo, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Maracaibo, las organizaciones Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y CODHEZ compartieron un diagnóstico de la situación de los derechos a la salud y el derecho a la protesta en Venezuela. Por un lado, Transparencia Venezuela dio una radiografía del uso de los fondos del Estado dedicados a la prestación del servicio de salud en el país a través de las Misiones que han sido creadas por el Gobierno. Por otro lado, Acción Solidaria explicó a los asistentes que desde hace tres años ha ocurrido una violación sistemática al derecho a la salud y la vida de los venezolanos causada por las políticas públicas del Estado venezolano que directa o indirectamente inciden en la importación y producción de medicamentos en el país.

Esta actividad permitió exponer al público una visión general del panorama venezolano en materia de derechos humanos claves para la dignidad humana como el derecho a la salud y a la libre expresión. Así mismo, permitió evidenciar el trabajo de investigación desarrollado por las organizaciones participantes.

Foto Foro Venezuela

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Tribunales militares: un espacio de justicia exclusivo para los militares

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La Constitución venezolana prevé la garantía del juez natural (artículo 49.3), y en este orden de ideas, señala que los tribunales militares sólo pueden juzgar “delitos de naturaleza militar”, es decir, delitos cometidos por militares activos en contravención a deberes propios de su función. A partir de estos preceptos básicos y los códigos orgánicos Procesal Penal y de Justicia Militar, las salas Constitucional y de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia han reiterado que los tribunales militares no pueden juzgar a civiles, en consonancia con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En criterio de la Corte Interamericana, la competencia de los tribunales militares se ha establecido para mantener el orden y la disciplina dentro de la fuerza armada, y por ello, deben (i) tener un alcance restrictivo y excepcional, (ii) configurarse de acuerdo a los principios y garantías del derecho penal moderno, y (iii) su objeto ha de ser la protección de intereses jurídicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. De hecho, la Corte ha observado que la tendencia, en la actualidad, es la reducción o desaparición de los tribunales militares en tiempos de paz. La jurisprudencia interamericana ha enfatizado, además, que el alcance restrictivo y excepcional de la competencia de los tribunales se fundamenta en límites en razón de la persona y de la materia, de modo que (i) en razón de la persona, debe reservarse a militares en servicio activo, excluyéndose el juzgamiento de militares en retiro y civiles, quienes no pueden cometer conductas contrarias al estamento militar; y (ii) en razón de la materia o del bien jurídico que involucra el caso, los tribunales militares sólo pueden juzgar la comisión de delitos que atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

Al respecto, la Sala de Casación Penal ha afirmado la supremacía de la competencia penal ordinaria ante la competencia penal militar en los casos de (i) investigación de delitos en los que se encuentren presuntamente involucrados civiles; y (ii) cuando el hecho se encuentre tipificado como delito en la legislación penal ordinaria y en la legislación penal militar (sentencia 59/2001, de 2 de febrero de 2001). Vale acotar que, en este caso, la Sala de Casación Penal se refirió a la similitud de los delitos previstos en el artículo 226 del Código Penal (ultraje a un cuerpo judicial, político o administrativo) y 505 del Código Orgánico de Justicia Militar (ultraje a la Fuerza Armada Nacional), destacando que el juzgamiento corresponderá a un tribunal penal ordinario cuando se trata de civiles. En este sentido, ratificó el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 13 de julio de 1998, cuyo contenido es el siguiente:

[…] cuando un mismo hecho esté previsto como delito en el Código Penal y por derivación también esté previsto como tal en el Código de Justicia Militar, cada uno de dichos delitos mantiene su propia fisonomía […]. No se trata de un problema de especialidad, sino de la determinación de la esfera de aplicación de cada una de dichas disposiciones penales. La disposición contenida en el Código de Justicia Militar no enerva ni impide la aplicación contenida en el Código Penal, porque la primera es derivada de la segunda. De allí que en presencia de dos disposiciones semejantes, y ante la condición civil de la persona procesada, debe concluirse que la jurisdicción penal ordinaria recobra su supremacía.

Este argumento ha sido reiterado por la Sala de Casación Penal en sentencia 518/2016, de 6 de diciembre de 2016, y antes, fue compartido por la Sala Constitucional en sentencia 1500/2002, de 3 de julio de 2002. Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1256/2002, de 11 de junio de 2002, sostuvo que “[…] los delitos comunes […]  deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo”.

Según este razonamiento, los tribunales militares solo pueden juzgar a militares en servicio activo por la comisión de delitos militares –es decir, “que atenten contra los deberes militares”, según la Sala de Casación Penal en sentencia 750/2001, de 23 de octubre–, atendiendo a lo previsto en los artículos 49.3 y 261 de la Constitución venezolana, y a la regla de competencia señalada en el artículo 124 del Código Orgánico de Justicia Militar, según el cual,

Están en todo tiempo sometidos a la jurisdicción militar:

1) Los oficiales, especialistas, individuos de tropa o de marinería, sea cual fuere su jerarquía, y la situación en que se encuentren.

2) Los alumnos de las escuelas militares y navales de la República, por infracciones no previstas ni castigadas en los reglamentos de dichas escuelas y penados por el presente Código y demás Leyes y Reglamentos militares.

3) Los que forman parte de las Fuerzas Armadas con asimilación militar.

4) Los reos militares que cumplen condenas en establecimientos sujetos a la autoridad militar.

5) Los empleados y operarios sin asimilación militar que presten sus servicios en los establecimientos o dependencias militares, por cualquier delito o falta cometidos dentro de ellos.

Esta interpretación ha sido ratificada por la Sala Constitucional, en sentencia 838/2002, de 24 de abril de 2002, al sostener que “[…] la justicia militar sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento.”

 

Por: Dr. Juan Berríos

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Asesinato de Paúl Moreno conmociona al Zulia

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Paúl Moreno tenía 24 años, era socorrista y estudiante de medicina.

El pasado 18 de mayo, fue asesinado Paúl Moreno, un joven de 24 años que estudiaba medicina en la Universidad del Zulia (LUZ) y formaba parte de los Cascos Blancos de la Cruz Verde, una agrupación dedicada a prestar primeros auxilios a las personas afectadas durante las protestas.

Moreno se encontraba en ejercicio de sus labores como socorrista en una acera de la anteriormente denominada avenida Fuerzas Armadas, al norte de Maracaibo, donde se desarrollaba una manifestación opositora, cuando una camioneta de color blanco se dirigió violentamente hacia él y lo atropelló causándole la muerte.

El 19 de mayo, las comunidades médica y universitaria del Zulia se concentraron a las afueras de la morgue en espera de los restos de Moreno. Tras horas de espera, sus restos fueron entregados y se inició una movilización que tenía por objeto trasladarlos a la sede rectoral de la referida casa de estudios donde se realizaría un acto de homenaje.

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Socorristas, médicos, familiares y amigos esperan los restos de Moreno.

El carro fúnebre que llevaba el féretro de Moreno fue acompañado por una multitud hasta la sede rectoral de LUZ, donde las autoridades encabezaron un sentido homenaje en el que le confirieron el título de Médico Cirujano. Seguidamente, la universidad se declaró en luto y las autoridades  acordaron renombrar el grupo asistencial en su honor.

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Homenaje realizado a Paúl Moreno en la sede rectoral de LUZ. 

En días siguientes, la alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, cambió la denominación de la avenida Fuerzas Armadas por Avenida Paúl René Moreno Camacho. Mientras tanto, la sociedad civil realizó actividades en su honor y una marcha se dirigió a la sede del Ministerio Público en Maracaibo para exigir la investigación del homicidio y el enjuiciamiento de los culpables.

Foto Homenaje a Paúl Moreno

El martes 29 de mayo se dio a conocer que, tras una serie de allanamientos, funcionarios policiales hallaron el vehículo implicado en el homicidio en una vivienda de la urbanización Los Olivos. Ese día, los jóvenes Omar Barrios, de 23 años y su novia, Liz Mary Hernández, de 20 años, se entregaron a las autoridades.

El 30 de mayo les imputaron el delito de  homicidio calificado con alevosía y permanecieron privados de libertad en la sede del Cuerpo de Investigaciones Civiles Penales y Criminalísticas (CICPC).

El miércoles 31 de mayo, la jueza Milagros Méndez, del Tribunal sexto de Control del estado Zulia, ratificó la medida de privativa de libertad contra Omar Barrios, mientras que le otorgó la libertad plena a su novia, Liz Mary Hernández.

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