Boletín especial, enero 2017

Panorama del Zulia y de Venezuela, conoce cómo empezó este año 2017.

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2016, un año en excepción

13335538_250043235357559_8568122972557380561_nEl año de los 366 días y un segundo ha dejado una huella imborrable en la vida de los venezolanos.

De enero a diciembre, el Presidente de la República dictó tres decretos de emergencia económica de sesenta días más sus prórrogas de la misma duración, a fin de acabar con la “guerra económica” y “todas las amenazas que atentan contra la seguridad alimentaria de los ciudadanos”. Estos decretos estuvieron acompañados de sentencias de la Sala Constitucional que limitaron las funciones de la recién electa Asamblea Nacional, desconociendo la voluntad del pueblo que se manifestó en diciembre 2015.

El tercero de los decretos incluyó en sus considerandos “la efectividad del estado de emergencia en la protección del pueblo”. Sin embargo, durante la vigencia de estos decretos ha sido difícil evidenciar una mejora en el acceso a los bienes y servicios necesarios para que los habitantes de la República puedan vivir de manera digna “logrando así la suprema felicidad del pueblo y la soberanía alimentaria que en definitiva desmonte la guerra económica que asedia a nuestra patria”. El deterioro de la vida de los venezolanos es cada vez más evidente.

En la primera semana de junio, la muerte de los hermanitos González, una niña de sólo meses y su hermano de dos años, despertaron las alarmas de las organizaciones de derechos humanos que hacen vida en el Zulia. El Comité de Derechos Humanos de la Guajira y Codhez denunciaron en el mes de julio éstos y otros casos de desnutrición de niños indígenas. Desde entonces no han cesado las reseñas de medios de comunicación de casos de niños afectados por el hambre en las zonas más pobres de la región. Las iniciativas de la sociedad civil han sido de gran apoyo para atender casos de familias completas que no tienen cómo comprar su comida, así como han servido de redes para adquirir medicamentos en casos de gran urgencia. Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil han insistido en la necesidad de abrir canales de ayuda humanitaria para atender el número creciente de casos que requieren medicamentos o insumos que son de difícil o imposible acceso en Venezuela. Las constantes denuncias llevarondel oaxternas desestabilizadoras venezolano ha sido determinante en contra de las amenzas internas y externas desestabilizadorasllevaronlle a que el 10 de agosto, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon afirmara que “Venezuela enfrenta una crisis humanitaria”.

A ello debe añadirse la carencia en los servicios básicos como el acceso al agua potable, el servicio de energía eléctrica e incluso la dificultad de acceso a internet y las comunicaciones. Han sido tantos los hechos trascendentales de los últimos meses de 2016 que resulta fácil olvidar cuánto afectó el racionamiento programado de la energía eléctrica en la mayoría de las regiones del país. La aplicación del racionamiento en el Estado Zulia trajo consigo reiteradas protestas y algunos saqueos desde el inicio de su aplicación el 23 de abril. Por ello, el 12 de mayo el entonces Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, en una rueda de prensa anunció que se habían tomado las medidas pertinentes para acabar con “la agenda de la derecha venezolana para desestabilizar y atentar contra el orden público”. Estas medidas incluyeron la persecución de personas vinculadas a movimientos políticos y a las manifestaciones de 2014. Por ejemplo, entre las personas señaladas se encontraba Jesús Chirinos, un joven militar que fue detenido en mayo al hacer un allanamiento sin orden judicial en su casa, fue maltratado y luego imputado de detentación de artefactos explosivos, iniciando así un proceso judicial plagado de irregularidades. Por otro lado, en la misma rueda de prensa se mostraron las declaraciones de un joven que alegaba haber recibido dinero de Lester Toledo, activista del partido Voluntad Popular, para realizar actividades delictivas que incentivaran el caos. A raíz de estas declaraciones recrudeció la persecución contra el líder político, quien manejaba una fuerte campaña contra del gobernador del estado Zulia por presunta corrupción.

No puede hablarse de los procesos judiciales sin hacer mención a dos factores que han afectado a la administración de justicia en el estado Zulia y, por ende, al debido proceso. En primer lugar, debido al plan de racionamiento eléctrico la jornada de trabajo de la administración pública fue reducida por un período en el que llegó a trabajarse solo dos días por semana, afectando la cuenta de los días de despacho y alargando todos los lapsos.

En segundo lugar, y es un motivo que aún causa preocupación, el estado Zulia no cuenta con centros de reclusión suficientes, sobre todo desde que el 6 abril se decidiera desalojar el Retén El Marite y se trasladaran a los más de 2.000 reclusos que allí estaban a otros centros pequeños y sobrepoblados del estado Zulia o de otras regiones. La mayoría de los trasladados eran procesados que ahora tienen dificultades para acceder al tribunal de control y así continuar con sus procesos judiciales. El desalojo de El Marite debía ser una medida temporal de 30 días, según la ministra Iris Varela. Sin embargo, al cierre de 2016 la promesa de la Ministra no se ha cumplido.

También, durante el mes de abril, el día 27, comenzó la recolección de las firmas para activar el referendo revocatorio presidencial. Según las directrices del CNE, un total del 1% del electorado por cada entidad federal debía validar sus firmas para proceder a una segunda fase de recolección de firmas, esta vez del 20% del electorado. Para el estado Zulia sólo eran necesarias 23.991 firmas en esta primera fase. No obstante, más de 38.000 personas fueron a las sedes del CNE en el estado Zulia del 20 al 24 de junio y validaron exitosamente sus rúbricas.

Esta recolección de firmas fue un factor que incrementó la persecución por motivos políticos en el ambiente laboral. Una vez se publicó en la web del CNE la base de datos de las personas que debían validar sus firmas, inició una oleada de despidos en algunos entes gubernamentales. En el SENIAT fueron más de 500 a nivel nacional, 7 casos en el estado Zulia. Además, el 27 de junio se conoció la desincorporación de algunos beneficiarios del programa de becas universitarias Jesús Enrique Lossada por haber participado en la validación de firmas para el referendo revocatorio presidencial. La decisión fue revertida por el Gobernador del Estado Zulia unos días después, el 3 de julio.

Con posterioridad, el 21 de octubre, el Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia suspendió los efectos de la recolección del 1% de las firmas para la solicitud del referendo revocatorio por presunto fraude y usurpación de identidad, siendo el estado Zulia la sexta entidad donde un tribunal penal dictó una sentencia similar. Aun cuando la comisión de estos delitos sigue en investigación y no se tienen responsables puntuales, la posibilidad de efectuarse el referendo revocatorio antes del 10 de enero de 2017 quedó eliminada, afectando así los derechos políticos de todos aquellos que manifestaron su voluntad de activar ese mecanismo constitucional.

Debido a esta suspensión, el día 26 de octubre la oposición convocó a una marcha en las grandes ciudades del país, La Toma de Venezuela. En Maracaibo se desarrolló el recorrido inicial sin irregularidades, pero cuando los manifestantes tomaron rumbo hacia el municipio San Francisco en la Circunvalación 1 fueron atacados por un grupo de motorizados quienes estaban siendo supervisados por policías de ese municipio. Cinco personas fueron heridas, tanto por balas como por piedras, y el gobernador Arias Cárdenas anunció que los hechos serían investigados y los responsables sancionados. Poco después se señaló como uno de los presuntos responsables de los hechos violentos a Danilo Vílchez, comisionado de la Policía del Municipio San Francisco.

Siguiendo con la situación de los derechos civiles y políticos en este año que cierra, no puede dejarse a un lado la afectación a la libertad de expresión, tanto a través de medios convencionales como en redes sociales. En el mes de enero, Diosdado Cabello comentó en su programa semanal que un nuevo tuitero zuliano, @ArepaZombie, había sido detenido por instigar al odio a través del contenido publicado en la red social. Además, en la mencionada rueda de prensa de González López, quien ahora está al mando del SEBIN, hace mención a los planes de los organismos de seguridad de acabar con “la incitación al odio y la desestabilización a través de las redes sociales”. Por otro lado, la libertad de prensa también ha sido golpeada este año con medidas como la limitación en el acceso al papel periódico. Los diarios regionales Qué Pasa, El Regional y La Verdad salieron temporalmente de circulación durante varios días por dicho problema.

Por otro lado, no puede hacerse mención a la situación de los derechos humanos en el estado Zulia sin destacar cómo se ha visto afectada la Guajira venezolana. El cierre de la frontera colombo-venezolana representa una trasgresión directa al pueblo indígena Wayuu, que desconoce límites territoriales en sus tierras ancestrales. Cabe destacar, además, que a mediados de año, cuando el paso legal entre un país y otro sólo se permitió a peatones, comenzaron importaciones de productos básicos colombianos que llenaron las alacenas de los mercados zulianos a precios muy por encima del establecido en la ley para productos similares producidos en el país.

Aun cuando se decretó la desactivación del Distrito Militar en el mes de julio, la militarización de la Guajira se evidencia en la cantidad de puntos de control tanto del Ejército venezolano como de la Guardia Nacional en toda la Troncal del Caribe. El tránsito entre fronteras no fue el único afectado en 2016, pues actualmente se mantiene una frontera virtual marcada en el puente sobre el Río Limón, que restringe el paso de todo el que habita en La Guajira hacia el sur del estado Zulia. La militarización de la Guajira en el 2016 sumó 4 víctimas de muertes violentas presuntamente a manos de oficiales de la Fuerza Armada Nacional, y aunque están siendo investigadas la mayoría de las irregularidades denunciadas por el Ministerio Público, todavía se mantienen impunes las 22 muertes en la zona registradas desde 2010.

Un diagnóstico de los derechos humanos en 2016 estaría incompleto si no se mencionara que el 1 de noviembre el Estado venezolano recibió 274 recomendaciones en el Examen Periódico Universal, que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde todos los Estados deciden hacer una revisión del desempeño de cada Estado en el resguardo de los derechos humanos de sus ciudadanos. La cantidad de recomendaciones recibidas, así como la variedad de países que participaron son una muestra de que la comunidad internacional está en alerta sobre lo que ocurre en Venezuela.

A pesar de todo este panorama pesimista, las organizaciones no gubernamentales junto a las universidades han provocado que más personas participen en eventos vinculados a la defensa de los derechos, como fue, por ejemplo, la primera Feria de los Derechos Humanos en el estado Zulia celebrada en noviembre.

2016 deja una huella imborrable y vergonzosa en los derechos de todas y todos, pero a la vez ha permitido que los ciudadanos organizados den una muestra de cómo deben exigirse los derechos.

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ALERTA: Se mantiene el cierre de la frontera venezolana por 72 horas más

Como medida para garantizar la paralización del escape o ingreso del billete de más alta denominación en nuestro cono monetario y atacar “a las mafias imperialistas como estrategia de contraataque a la guerra económica” el pasado 11 de diciembre, el Ejecutivo Nacional ordenó el cierre de las fronteras venezolanas por un período de 72 horas. Tras la decisión de descontinuar el billete de 100 bolívares, en el Decreto Presidencial 2.589 se estableció un plazo de 3 días para entregar los billetes ante la banca pública y privada del país, y que luego de vencido este lapso, los venezolanos debían entregar ante las sedes del Banco Central de Venezuela en Caracas y Maracaibo los billetes que no lograran depositar.

Sin embargo, luego de finalizadas las 72 horas, que culminaron ayer 15 de diciembre, a través de una cadena de radio y comunicación, el ministro Ernesto Villegas informó sobre una prórroga de 72 horas adicionales para el cierre de la frontera, la reducción del plazo a 5 días para la entrega ante el BCV de los billetes.

Con respecto a esta situación, CODHEZ advierte sobre las amenazas a la protección de los derechos humanos en Venezuela en diferentes ámbitos, debido a la escasez de dinero en efectivo, así como la falta de garantías sobre la fiabilidad de las plataformas de comunicaciones y el servicio eléctrico que respalde la masiva actividad bancaria derivada de la aplicación de esta decisión del Ejecutivo Nacional.

Derechos como el de propiedad, libre tránsito y alimentación, resultan particularmente afectados en zonas suburbanas por su deficiente bancarización, creando una situación de desconcierto e incertidumbre.

Ante este panorama que genera vulneración a los derechos humanos, CODHEZ recomienda altamente al Estado venezolano tomar en cuenta lo siguiente:

  • Revisar el Decreto Presidencial 2.589 y su modificación, creando un sistema de recolección de los billetes de Bs. 100 que asegure la protección de los derechos a la libertad económica y propiedad de todas las personas en el territorio nacional.
  • Garantizar que los controles fronterizos sobre la revisión de bienes y personas mantengan los estándares de respeto a los derechos humanos.
  • Promover la existencia de información suficiente, veraz, oportuna y oficial sobre las medidas tomadas y la protección de todos los venezolanos ante la situación que se está desarrollando.
  • Instar a la Defensoría del Pueblo y demás instituciones competentes hacerle seguimiento a las políticas dictadas, para así proteger las garantías constituciones y los derechos humanos de los ciudadanos.
  • Realizar un informe general sobre las conclusiones y metas alcanzadas sobre estas medidas adoptadas.

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La frontera de los billetes de 100

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El domingo 11 de diciembre, el Presidente de la República anunció un nuevo decreto de emergencia económica. Aunque se desconoce el contenido del decreto porque no ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República, el Presidente adelantó que una de las medidas sería el retiro del mercado del billete de Bs. 100, el de más alta denominación. En la orden anunciada, además, se contempla el cierre fronterizo para impedir el ingreso de los billetes de Bs. 100 que se encuentren fuera del territorio nacional. El Presidente aseguró que 300 mil millones de bolívares se encuentran almacenados fuera del país en billetes de esa denominación. De esta forma, se restringe el derecho a la libertad económica, previsto en el artículo 112 de la Constitución de la República, y además, queda afectado el ejercicio de otros derechos vinculados al libre intercambio de bienes, y al acceso a bienes y servicios de calidad, sin establecer de forma precisa en qué consiste la regulación, y si se trata en rigor de un nuevo decreto de emergencia económica o de un decreto en ejecución del decreto de emergencia económica dictado el 13 de septiembre, y prorrogado el 13 de noviembre, con vigencia hasta el 11 de enero de 2017.

Luego, en las redes sociales trascendió un “comunicado de carácter prioritario”, firmado por Edylberto José Molina , Viceministro del Sistema Integrado de Policía, para Directores del Cuerpo de Policía Nacional, Estadales y Municipales, que dice: “Cumpliendo instrucciones del ciudadano Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, me dirijo a ustedes, en la oportunidad de enviarles un cordial saludo revolucionario y profundamente chavista, a su vez hacer de su conocimiento que a partir de la presente fecha, deberán extremarse los controles en todos los servicios policiales prestados en puertos, aeropuertos, puntos de control fronterizos, vías principales y alternas, con el fin de prohibir el ingreso de billetes de cien bolívares (100,00 Bs), al territorio nacional, así como también efectuar la detención de todas aquellas personas que circulen con grandes cantidades de billetes de esta denominación dentro del territorio nacional, aplicando el respectivo procedimiento de ley de acuerdo a esta medida especial, dicha instrucción amparada bajo los lineamientos del nuevo Decreto de Emergencia contra la Guerra Económica firmado por el ciudadano Presidente obrero Nicolás Maduro Moros, donde ordena la salida de circulación de estos billetes en un plazo de 72 horas para hacer frente a las mafias que operan dentro y fuera del país con el único fin de desestabilizar nuestra economía, por consiguiente todo procedimiento que se efectúe con relación a esta instrucción, deberá notificarse de inmediato al órgano rector.”

La consecuencia práctica de la orden presidencial es dejar sin efecto el pago de cualquier bien o servicio con el billete de Bs. 100 a partir del viernes 16 de diciembre. Por ello, las personas que tengan estos billetes deben depositarlos desde el martes 13 hasta el jueves 15 en el banco de su preferencia. Durante este mismo plazo, también pueden canjearlo por otro billete de circulación legal en la banca pública. Tras las 72 horas, en 10 días, los usuarios deben canjear o depositar los billetes de Bs. 100 en el BCV. Elvis Amoroso, consultor jurídico de la Presidencia de la República, anunció que no hay límite en el momento que se puede depositar o canjear, pero a partir de Bs. 500.000 debe declararse el origen de los fondos; sin embargo, también dijo que “creo que se está pensando en elevar ese monto a los 2 millones de bolívares”.

Vale recordar que, según lo informado por el Banco Central de Venezuela, el día 15 de diciembre entran en circulación los billetes de Bs. 500 y 5.000, así como las monedas de Bs. 10, 50 y 100, que forman parte del nuevo cono monetario.

Según datos del BCV, existen 6.111 millones de piezas de Bs. 100, es decir, 48% de los billetes que en la actualidad se encuentran en circulación.

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En la Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario de fecha 14 de enero de 2016 se publicó el decreto presidencial N° 2.184, estableciendo “el estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional” según lo estatuido en su artículo primero.

Antes de ahondar en el estudio del contenido del decreto, es muy importante tener en cuenta el mandato constitucional que rigen los estados de excepción, los cuales pueden ser decretados únicamente por tres motivos taxativos: alarma, emergencia económica, o conmoción interior o exterior:

Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más.

Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual.

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

Asimismo, la Constitución contempla un control político y otro de tipo jurídico, que corresponde a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente:

Artículo 339. El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. (…)

Según lo previsto en el texto constitucional, el Presidente de la República presentó el decreto de estado de excepción por emergencia económica ante la Asamblea Nacional, que luego del análisis por parte de la comisión especial y la elaboración del correspondiente informe, decidió no aprobarlo en ejercicio de su competencia de control político. En estas circunstancias era innecesario que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad debido a que –en sentido estricto– debía entenderse que el decreto había cesado. Sin embargo, la Sala Constitucional se pronunció el 11 de febrero de 2016, en la sentencia N° 7, en la cual se expuso lo siguiente:

3.1.- El control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos; (…)

3.2.- El Decreto n.° 2.184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el n.° 6.214 Extraordinario el 14 de enero de 2016, mediante el cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental [destacado propio].

En ese sentido, la Sala Constitucional mantuvo la eficacia del decreto de estado de excepción que había sido rechazada por la Asamblea Nacional. Esto, sin dudas supone una grave alteración a lo establecido de forma expresa y precisa en la Constitución de la República.

Lo grave de la situación no solo es que se hayan obviado y modificado los procedimientos constitucionales para darle eficacia al decreto, sino que además, el mismo presenta una serie de imprecisiones en las medidas, cuando el mandato constitucional es que las limitaciones a los derechos deben ser claras y específicas, con el fin de evitar abusos por parte de las autoridades y el menoscabo de los derechos.

Las competencias que se confirió el Presidente de la Republica, mediante el analizado decreto, son de una amplísima disposición de los recursos económicos, sin aprobación de algún órgano externo al Ejecutivo Nacional. Vale la pena recordar que el endeudamiento nacional, los gastos e inversiones de la Republica, por mandato constitucional, están sometidos al control político de la Asamblea Nacional.

El artículo 2 del Decreto de estado de excepción de enero de 2016 es una muestra de su imprecisa regulación:

Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica a que se refiere este Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes, particularmente con los siguientes aspectos: (…)

De seguidas, se establece una serie de numerales con atribuciones. Sin embargo, de la lectura del encabezado el artículo, se entiende que esas atribuciones no son taxativas, sino simplemente enunciativas, otorgando entonces un poder ilimitado al Ejecutivo Nacional.

Lo gravoso de la situación no fue únicamente la entrada en vigencia de la emergencia económica, la cual debía durar 60 días, prorrogables por un plazo único de 60 días. Vale decir, no existe posibilidad constitucional de realizar más de una prórroga. Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo Nacional ha consistido en dictar otros dos decretos de estado de excepción con sus respectivas prórrogas. El segundo de los decretos se dictó el 13 de mayo, prorrogado el 12 de julio, y el tercero el 13 de septiembre, que se prorrogó el 13 de noviembre. De esta forma, el 11 de enero el país completará 360 días en estado de excepción, sin que se hayan reportado los resultados de la intervención extraordinaria del Ejecutivo nacional para solventar los problemas económicos del país.

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Asuntos penitenciarios en Venezuela: Datos que contradicen las declaraciones del Estado venezolano en el EPU

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por María Inés Hernández Torres

La grave situación existente en los recintos penitenciarios de Venezuela ha sido un tema expuesto por la prensa nacional e internacional, y las críticas al sistema se han hecho notorias en diversos espacios. Los cuestionamientos a la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en el Examen Periódico Universal (EPU) así lo demostraron. Un ejemplo de ellos son las recomendaciones ofrecidas por Estados como Angola, Argentina, Argelia, Austria e Italia que instaron a mejorar las condiciones del sistema penitenciario y las de Australia, Guatemala y Nueva Zelanda que exhortaron a respetar el debido proceso.

Iris Varela, quien formó parte de la delegación oficial venezolana participante en esta evaluación, se centró en narrar el mejoramiento que en la materia se ha producido durante los últimos 17 años desde la llegada al poder de Hugo Chávez. Desde CODHEZ podemos plantear algunos casos concretos que contradicen las declaraciones ofrecidas por la funcionaria en Ginebra y los argumentos presentados en el Informe Nacional que el Estado venezolano entregó antes de la realización del examen.

En primer lugar, la Ministra aseguró que se han inaugurado 29 instalaciones de reclusión y que este desarrollo de infraestructura ha “reducido el hacinamiento y la violencia en las cárceles en Venezuela”. Por nuestra parte, constatamos  que desde el desalojo del retén El Marite y la Cárcel Nacional de Maracaibo –mejor conocida como Cárcel de Sabaneta– los reclusos trasladados permanecen fuera de la entidad zuliana y  su internamiento en otros recintos ha terminado por sobre poblarlos y ocasionar retardos procesales.

A esta realidad se suma el hacinamiento existente en calabozos de cuerpos policiales y militares.  Al respecto, en noviembre de 2015, el Secretario de Seguridad del Estado Zulia, Biagio Parisi,  informó que alrededor de 1100 personas se encontraban recluidas en calabozos de la policía regional, municipal, CICPC, Guardia Nacional y el SEBIN, aseverando que “en la mayoría de las comisarías hay penados que llevan dos años recluidos ahí. Nunca han sido trasladados a un retén o una penitenciaría”. En la misma línea, en septiembre de 2016, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, expresó que 33 mil privados de libertad se encuentran hacinados en estaciones policiales de todo el país y 2 mil en instalaciones militares.

Por otra parte, el abandono de la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ) en agosto de 2015, da cuenta de los fracasos en la creación de nuevos centros penitenciarios y los problemas de corrupción que afectan el desarrollo de políticas públicas en la materia.  

En segundo lugar,  la Ministra Varela  afirmó en el EPU que “el gobierno de Nicolás Maduro se ha caracterizado por el respeto a los derechos humanos”. Frente a eso, resulta propicio señalar que el debido proceso es un derecho humano que ha sido vulnerado por el desalojo del Retén El Marite, la Cárcel de Sabaneta en el Zulia y la falta de coordinación del Ministerio para el Servicio Penitenciario con el Poder Judicial. El traslado de privados de libertad a otros estados los ha alejado del juez de su domicilio y ha supuesto complicaciones logísticas que dificultan el desarrollo normal de los procesos judiciales. Además, se ha fomentado la corrupción, pues los funcionarios de custodia y vigilancia de los centros de reclusión han exigido pagos a los sujetos privados de libertad para efectuar traslados que hagan posible la celebración de ciertos actos procesales.

A lo anterior se suma que la distancia ha imposibilitado que numerosas familias visiten a sus parientes. Con esto, se han violado tratados internacionales en materia de derechos humanos y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.  Como consecuencia de la dificultad de hacer visitas y, teniendo en cuenta que el sistema penitenciario no provee de las tres comidas al día a sus reclusos, los familiares de los privados de libertad han denunciado que al no poderles proveer alimentos regularmente estos no tienen una alimentación adecuada. También la falta de información y respuesta de las inquietudes de los familiares por parte de las autoridades ha sido una constante.

Actualmente, a finales del 2016, estos problemas persisten y en el Zulia las personas vinculadas a los privados de libertad mantienen su interés en conocer cuándo estos serán transferidos a un centro en el estado Zulia.

CODHEZ realizó el 2 de agosto de 2016 una petición de información al Ministerio para el Servicio Penitenciario con el fin de conocer cuándo se restaurarían las funciones del Retén El Marite, el estatus de la construcción de la nueva cárcel y una solicitud de traslado al Estado Zulia a uno de los casos atendidos por la organización. Por los momentos, continuamos a la espera de respuestas a las solicitudes hechas, y sobre todo, de una mayor transparencia en las cifras oficiales y la consideración de las recomendaciones realizadas en esta materia durante el Examen Periódico Universal.

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Sin prensa libre no hay democracia

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La versión impresa del diario La Verdad no circuló los días 24 al 29 de junio de 2016 por falta de papel periódico. Luego, el 30 de junio volvió a publicarse, al llegar a sus instalaciones el despacho de papel proveniente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). La situación se repitió el día domingo 20 de noviembre, cuando el diario tampoco pudo circular, afectando también la publicación del semanario de la Universidad del Zulia que se publica los domingos como encartado. Asimismo, el diario Qué Pasa no pudo imprimirse del 18 al 20 de noviembre, reapareciendo el 21 de noviembre. También, el diario El Regional del Zulia agotó su inventario de papel. En estas circunstancias, a pesar de las gestiones realizadas por sus propietarios ante el CEAM, estos diarios dejaron de salir a la venta a partir del 22 de noviembre. Por su parte, el diario Versión Final, otro de los periódicos importantes de la región, debió reducir el número de páginas de 40 a 24, limitando el contenido de la información.

Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la libre expresión, y además, el derecho a informar y ser informado de las noticias, en correspondencia con el fin constitucional de establecer una “sociedad democrática, participativa y protagónica”. Esto significa que el Estado debe asegurar, para el ejercicio de esas libertades, que no existan obstáculos o circunstancias que impidan su desarrollo. La existencia de una única empresa autorizada por el Estado venezolano –y que es de su propiedad– para la importación y distribución de papel prensa contradice, además, el mandato constitucional de prohibición de los monopolios (artículo 113). Cabe recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos, denunciada por el Estado venezolano en detrimento del ejercicio y la protección más favorables de los derechos, establece en su artículo 13.3 que el derecho de expresión no puede restringirse por medios indirectos, como es el caso de controles oficiales de papel para periódicos, conducentes a impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones, así como el derecho de toda la sociedad de estar informada, condiciones básicas de una sociedad democrática. Estas fallas en la distribución de papel periódico han sido recurrentes en todo el país desde hace varios años, obligando a otros diarios, de alcance nacional y regional, a reducir su tamaño, número de páginas, salir de circulación, y eventualmente, cerrar sus puertas.

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Alimentación y derechos de los indígenas en Venezuela: Las inexactitudes de las declaraciones del Estado venezolano en el EPU

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El pasado 1 de noviembre,  durante el Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, representantes del  Estado venezolano presentaron el panorama nacional en materia de derechos humanos. Particularmente, las afirmaciones realizadas en el área de alimentación y derechos indígenas ante los 193 Estados presentes fueron fuentes de polémica.

Por esta razón, resulta propicio contrastarlas frente a la realidad constatada por CODHEZ en el Estado Zulia. Para este propósito, nos serviremos de una declaración de la Ministra para el Poder Popular de los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, y de lo establecido en el Informe Nacional enviado previamente por el Estado venezolano a este organismo.

Al referirse a los progresos en materia de derechos de los indígenas, la Ministra Aloha Núñez afirmó “En estos 17 años de la Revolución Bolivariana se han implementado políticas que garantizan los derechos humanos de los indígenas; (…) para la promoción, rescate y difusión de los idiomas y saberes ancestrales.  A través de esta declaración, que enfatiza el respeto a la cultura indígena y se sustenta en la voluntad de promover y difundir los valores de estas comunidades, se manifiestan unas intenciones contradichas por la realidad.  Un ejemplo de ello es el Decreto Presidencial N° 1.989, a través del cual el 7 de septiembre de 2015 se estableció el estado de excepción en municipios cuya población es fundamentalmente indígena como Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia.  

Este estado de excepción reforzó la militarización en la Guajira, restringió derechos civiles y políticos y no cumplió con el requisito de consulta previa con las autoridades legítimas de los pueblos indígenas, previsto en el artículo 11 LOPCI.. De esta manera, el Estado demostró que su voluntad de respetar la cultura y formas de vida de estos pueblos no se concretó en la toma de decisiones estratégicas de seguridad nacional.

Por otra parte, el Informe Nacional enviado por el Estado venezolano antes del examen establece “Desde el 2013 se ha intensificado la Gran Misión Alimentación, facilitando el acceso a los rubros de primera necesidad a toda la población y fortaleciéndose las redes públicas de distribución de alimentos. Para 2014, el 95,4% de los venezolanos comieron 3 y más veces al día; y más de 4.000.000 de niños comieron 2 comidas y una merienda en las escuelas bolivarianas”. Ante esta aseveración, es propicio destacar que desde hace unos años el desabastecimiento y el difícil acceso a los alimentos se han visto reflejados en el deterioro de la salud de niños, niñas y adolescentes, e incluso, el fallecimiento de algunos por malnutrición. En 2016, junto con el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, hemos constatado 12 casos de malnutrición infantil.  Asimismo, el 4 de junio se informó sobre la muerte de dos niños de la etnia Wayúu por malnutrición en el hospital Dr. Adolfo Pons de Maracaibo. Según su progenitora, los niños solo consumían alimento basado en agua, harina y sal.

Del mismo modo, según información suministrada a CODHEZ por el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, el 2 de noviembre murió otro niño con apenas dos meses de nacido por malnutrición. El menor había ingresado el 30 de octubre, junto con su hermano gemelo, al Hospital Binacional de Paraguaipoa, con un cuadro de diarrea y deshidratación.

Igualmente, de acuerdo a notas de prensa publicadas a finales de junio, en los hospitales Chiquinquirá y Dr. Manuel Noriega Trigo de Maracaibo se pueden observar varios casos de desnutrición infantil, y en el área educativa los profesores zulianos han reportado que los alumnos se desmayan en clases debido a las deficiencias existentes en el Programa Alimentario Escolar (PAE).

En conclusión, la situación del país en materia de derechos indígenas y alimentación obligan al Estado a asumir responsabilidades y generar políticas públicas orientadas a la satisfacción de las demandas en estos sectores. A corto plazo, se hace imperativo que se revelen las disparidades existentes entre las declaraciones realizadas por los voceros del gobierno y la realidad constatada por las Organizaciones No Gubernamentales en materia de derechos humanos.  Solo de esta manera se podrá tener una visión real de las magnitudes del problema y exigir soluciones acordes a estas.

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Ven a la Feria de Derechos Humanos. “Conoce, Difunde, Promueve”

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