ALERTA- La Ley constitucional contra el odio viola derechos civiles, políticos y promueve la persecución contra la disidencia

censura-periodismo-prensa-informacion-derecho-al-olvido_560x280

 

El pasado 8 de noviembre, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, un instrumento jurídico cuyo propósito es penalizar discursos contrarios a la ideología del partido de gobierno y establecer penas de 10 a 20 años de cárcel, entre otras sanciones, a ciudadanos y medios de comunicación que expresen mensajes que puedan catalogarse como “promotores del odio y la intolerancia” por los partidarios del gobierno nacional.

Al evaluar este instrumento jurídico, es necesario tener en cuenta que la actual Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad de origen pues surgió como producto del desconocimiento del derecho de los venezolanos a decidir sobre el destino político de su país al no efectuarse la consulta popular establecida en la Constitución como requisito para su convocatoria. Además, este órgano no posee competencia para discutir y aprobar leyes, pues ello corresponde a la Asamblea Nacional electa por los venezolanos en diciembre de 2015.

Desde su instalación, el uso de la Asamblea Nacional Constituyente como instrumento para la imposición del proyecto político-ideológico del partido de gobierno ha sido evidente, y todas las decisiones que ha tomado así lo reafirman.

   Si bien es cierto que según estándares internacionales deben sancionarse los discursos promotores del odio y la violencia, tal como lo hace el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ordena que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”, las regulaciones nacionales deben garantizar la libre expresión, de modo que existan parámetros objetivos que permitan juzgar que un determinado discurso promueve el odio y la violencia contra determinado sector de la sociedad. En el caso de la ley aprobada por la ANC, la evaluación de estos elementos corresponderá a sectores identificados con el gobierno nacional, y por tanto, existe un temor fundado de que su aplicación sea parcializada.

   Desde CODHEZ alertamos que la Ley constitucional contra el odio, por  la convivencia pacífica y la tolerancia es ilegítima, y puede considerarse un instrumento jurídico violatorio de derechos humanos tales como la libertad de pensamiento y expresión. Además, su aplicación se traducirá en una mayor persecución a la disidencia y el incremento de la censura contra ciudadanos y medios de comunicación.

   En definitiva, las acciones persecutorias que de esta ley se deriven deben ser consideradas pruebas del carácter no democrático del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y por ello deben ser documentadas, denunciadas y sancionadas como violatorias de derechos civiles y políticos.

Advertisements

ALERTA- Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente contraría el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas

A principios de abril de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante las decisiones 155 y 156, se atribuyó funciones correspondientes a la Asamblea Nacional, motivando a la sociedad civil a iniciar un ciclo de protestas cuyo fin, después de tres meses, no parece divisarse pronto.

La manifestación de la ciudadanía contra las acciones gubernamentales provocó un despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, caracterizado por excesos en el uso de perdigones y bombas lacrimógenas, e incluso, la utilización de armas de fuego y explosivos para el control de las protestas, en clara contravención a lo establecido en la Constitución de la República y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este despliegue represivo ha dejado como saldo un gran número de fallecidos y centenares de heridos, cuya responsabilidad el Estado se niega a aceptar. Por otro lado, las detenciones arbitrarias se han hecho frecuentes, y el juzgamiento de civiles en tribunales militares se ha convertido en una práctica recurrente.

Este panorama ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos, que han sido enfáticas denunciar violaciones a los derechos de libertad de expresión, manifestación, integridad personal, debido proceso, inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, entre otros.

En este contexto de conflictividad, el Presidente de la República Nicolás Maduro convocó mediante Decreto a una Asamblea Nacional Constituyente con el argumento de “garantizar la preservación de la paz ante las  circunstancias (…) que implican un  proceso de feroz agresión imperialista y la promoción, por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial y social”. Esta alarmante justificación de la convocatoria, que destaca por negar el pluralismo político –un valor previsto en el artículo 2 de nuestra Carta Magna–, fue compartida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se hizo eco de esta motivación en la resolución emitida para avalar el decreto presidencial.

Partiendo de la premisa de que el poder constituyente originario reside en el pueblo, este debió convocar la Asamblea. Por lo tanto, el Presidente de la República usurpó la soberanía popular al efectuar la convocatoria. El Ejecutivo nacional y el resto de los órganos del Poder Público mencionados en el artículo 348, así como el 15% de electores solo pueden promover o presentar una iniciativa para la convocatoria; lo contrario sería admitir que cualquiera de los órganos mencionados en el mencionado artículo, o una parte del pueblo, pueda imponer al resto la redacción de una nueva Constitución.

Aunada a la ilegitimidad de la convocatoria, el establecimiento de las bases comiciales –entendidas como el conjunto de normas destinadas a regir las elecciones de los constituyentes– vulnera el derecho a la participación política de los venezolanos. Las reglas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, impuestas por el Presidente de la República sin la aprobación popular, implican la sobrerrepresentación de ciertos sectores en detrimento de otros, que tendría por consecuencia la violación al principio de igualdad y la desproporcionalidad de los resultados electorales. Esta desproporción se deriva de la elección de un representante por cada municipio del país, sin considerar el número de habitantes, y de la forma de elección sectorial, que transgrede el principio de universalidad del voto.

Del mismo modo, las condiciones establecidas para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente muestran una clara tendencia a ignorar el carácter del pueblo como depositario de la soberanía. Además, la Asamblea, que no tiene una duración predeterminada, tiene la potestad de decidir la cesación o limitar el funcionamiento de los poderes públicos constituidos.

En definitiva, el establecimiento de bases comiciales sin la aprobación de un referendo popular y con las características anteriormente señaladas, permite prever que el objetivo de quienes concibieron la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente es hacerla omnipotente, sin que exista la garantía de que el texto redactado sea sometido a aprobación popular.

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), en su carácter de organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, con énfasis en los derechos civiles y políticos, denuncia esta iniciativa que contraría los principios más básicos de la democracia, base del Estado de Derecho y condición determinante para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Una convocatoria con estas características resta importancia a la  voluntad del pueblo como base de la autoridad de gobierno y a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Sin duda alguna, la convocatoria y las reglas de elección de la Asamblea Nacional Constituyente niega el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas.

Implicaciones de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente sobre los Derechos Humanos de los Venezolanos. Por Juan Berríos

maduro_constituyente

El derecho de los venezolanos de decidir sobre nuestro destino político ha sido desconocido por la convocatoria, sin consulta popular, de la Asamblea Nacional Constituyente. La convocatoria, realizada de forma unilateral por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, establece una serie de objetivos programáticos que revelan el interés de utilizar la Asamblea como instrumento para imponer su proyecto político-ideológico, desviando los fines democráticos de este mecanismo, en clara contravención del pluralismo previsto como valor superior del ordenamiento constitucional venezolano.

Además, en los decretos presidenciales de la convocatoria constituyente resalta su marcado carácter excluyente y discriminatorio, descalificándose a los disidentes. Entre los objetivos de la convocatoria se señala “[l]a ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos […] contra la Patria y la sociedad tales como […] la promoción del odio social y la injerencia extranjera”, y “el desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permitan reconocernos como venezolanos […], vacunándonos contra el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad.”

En correspondencia a estos objetivos, en los decretos presidenciales relativos a las bases comiciales se argumenta que se ha convocado la Asamblea “para que el pueblo de Venezuela manifieste su férrea voluntad, con la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, que implican un proceso de feroz agresión imperialista, la promoción, por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial y social, la violencia como forma de expresión política y el intento de instrumentar un plan que atenta contra el derecho a la paz de todas y de todos”.

En definitiva, el proyecto constituyente está orientado a la marginación de la oposición política al gobierno nacional.

COMUNICADO: En un año, Maduro convirtió la represión en regla, agudizando la represión

 

Maduro 2

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta comunicación expresamos nuestro rechazo a la continuidad del “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que concedió facultades al gobierno para restringir derechos, restringir la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

El 13 de mayo del 2016, determinamos y denunciamos que la prórroga de este decreto, constituía una aplicación indefinida del estado de excepción, lo cual es indiscutiblemente contrario a lo establecido en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que regula la materia, vulnerando el fin de la norma, que es evitar este tipo de prácticas de imposición del régimen excepcional por tiempo no determinado. Adicionalmente precisamos que estas declaratorias no cumplen con las normas internacionales sobre restricción de derechos en situaciones de emergencia.

Recordamos además la inconstitucionalidad del mismo, al haber sido extendido y redefinido en 6 ocasiones, sin haber contado con la aprobación de la Asamblea Nacional y únicamente con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El último decreto se publicó el 13 de enero de 2017, bajo el argumento de la existencia de “circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectasen el orden constitucional la paz social, la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República”, sin siquiera someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, reafirmando la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Este decreto fue prorrogado el 13 de marzo, por lo que se vence el 13 de mayo.

Esta situación ha permitido que por más de un año el Ejecutivo haya tenido facultades y poderes de carácter vago, amplio y discrecional, facilitando la implementación de medidas violatorias de los derechos humanos y determinó el quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, dando pie a que el Poder Ejecutivo finalmente implementara de forma abierta el autoritarismo y acciones que configuran un claro golpe de Estado.

Vemos con preocupación cómo desde el Poder Ejecutivo, a través de estas medidas, se ha legitimado el ejercicio discrecional del Poder Público, se han cometido acciones de usurpación de poderes a la Asamblea Nacional, se han promovido mecanismos contrarios a la ley para el control del orden público, incorporando incluso la participación de civiles armados y facilitando la extensión de la militarización. Todo en virtud de la implementación de la tesis de la seguridad nacional y protección contra el enemigo interno y externo que pretende desestabilizar el país.

Exhortamos formalmente al Ejecutivo a que se abstenga de continuar con la práctica de prórroga de la extensión indefinida e inconstitucional del estado de excepción y emergencia económica.

Solicitamos el cese de la implementación de la doctrina de la Seguridad Nacional, amparada en la tesis del enemigo interno, la cual ha facilitado la vulneración a los derechos humanos de los ciudadanos y ha permito la descalificación, hostigamiento y ataque a defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios y políticos.

Suscriben:

Acción Solidaria (ACSOL)

Acceso a la Justicia

Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Aula Abierta Venezuela

Cátedra de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la universidad Católica Andrés Bello

Cecodap

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro Justicia y Paz – CEPAZ

Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara

Civilis Derechos Humanos

Coalición Clima21

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Apure

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Táchira

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Mérida

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

Convite A.C.

Espacio Público

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – FENASOPADRES

Fundación Agua Clara

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB

María Estrella de la Mañana

Movimiento Vinotinto

Sinergia

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

StopVIH

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ObservatorioULA DDHH)

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Observatorio Venezolano de la Salud (OVSalud)

PROMEDEHUM – Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Proyecto de Educación, Visibilización y Exigibilidad de los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo

Padres Organizados de Venezuela

Proyecta Ciudadanía A.C.

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad (UVL)

Unión Afirmativa

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

Un Mundo Sin Mordaza

Venezuela Diversa A.C.

ONG y defensores de derechos humanos solicitamos renuncia al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab

Tark

Ciudadano
Tarek William Saab

Defensoría del Pueblo

Su despacho.-

Las personas, organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil
en general, que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra
indignación por las declaraciones emitidas por usted el día miércoles
29 de marzo de 2017, en las cuales expresó su apoyo a la sentencia
número 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
mediante la cual se le retiraba la inmunidad parlamentaria a los
diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, se atribuye al
Presidente de la República la facultad para revisar leyes y determinar
discrecionalmente la aplicación de delitos militares; y de
reconsiderar la pertinencia de la participación de Venezuela en
instancias internacionales.

Ese día, 29 de marzo, usted, como presidente del llamado “Consejo
Moral Republicano” (CMR), leyó un comunicado donde afirmaba que este
órgano del Poder Ciudadano “manifiesta su firme apoyo a esta
sentencia”, alegando que la misma, a su juicio, “evalúa apropiadamente
elementos que ponen en riesgo la soberanía e independencia del
país”[1]. Hoy sabemos que de los tres entes que integran el CMR, uno
de ellos está en desacuerdo con dicha sentencia. El viernes 31 de
marzo la Fiscal General de la República la calificó, junto al dictamen
156 del mismo tribunal, como la “ruptura del hilo constitucional”, en
medio de un amplio rechazo de ambas sentencias por parte de la
comunidad nacional e internacional.

El apoyo expresado por usted a la referida sentencia, no solo es
fraudulento al ser presentado como una posición institucional, pese a
no haber sido producto de un consenso entre los integrantes del
Consejo Moral Republicano, sino que constituye un menosprecio de la
institución parlamentaria, de la que usted mismo fue en algún momento
parte, en abierta violación de la Constitución y del Estado de
Derecho.

Como es del conocimiento público la institución a su cargo no cumple
plenamente con lo establecido en los “Principios de París”, que norman
la actuación de las defensorías del pueblo en todo el mundo. Debido a
la ausencia de autonomía e independencia en el funcionamiento de la
Defensoría, tanto durante la gestión de Gabriela del Mar Ramírez como
la suya, el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en octubre de
2016 tomó la decisión de rebajar la calificación de la Defensoría del
Pueblo venezolana a categoría B. A finales del 2014, este organismo le
había dado un año para que, en sus propios términos, usted hablara
“alto y claro” sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro
país y señalara con claridad las responsabilidades del Estado, que
usted no ha cumplido.

En marzo del 2017, durante la presentación de su informe anual ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado
Zeid Ra´ad al Hussein dedicó unos minutos para hablar sobre la
preocupante situación de Venezuela, recordando la falta de
independencia de la Defensoría del Pueblo en nuestro país. No
solamente usted no tomó las medidas para corregir esta situación,
atendiendo debidamente y sin discriminación a las víctimas de
violaciones de derechos humanos en el país, sino que, como lo
demuestra su apoyo a una decisión que fue calificada por la Fiscal
General y por la mayor parte de la sociedad democrática venezolana
como “Golpe de Estado”, reincide en actuaciones cada vez más graves e
inaceptables dentro del papel que debería desempeñar un Defensor del
Pueblo en un contexto de crisis social, política y económica. Por
contraste, las organizaciones de derechos humanos tenemos como
referente el valiente papel que desempeñó el primer Defensor del
Pueblo en Perú, Jorge Santistevan de Noriega, ante la ausencia de
democracia en ese país bajo la dictadura de Alberto Fujimori.

Conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus
atribuciones “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y
garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales sobre derechos humanos”. En este caso usted se aparta
de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual que en numerosas
ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones  a los
derechos humanos como en el caso los restos hallados en las
instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV),

Por lo expuesto anteriormente quienes suscribimos la presente
comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al
cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona
independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y
los principios democráticos,  asuma el cargo; una persona que, en
lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las
víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren
diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la
pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en
salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la
violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación
del Pueblo (OLP) y la impunidad .

Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del
papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y
de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo
venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los
organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino
por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente
que esté a su lado: la población en general y las víctimas de
violaciones de derechos humanos.

Atentamente

Acceso a la Justicia
AC Llamado a la Conciencia Vial

AC Nueva Esparta en Movimiento
A.C. Maria Estrella de la Mañana
AC Mulier

Acción Solidaria

Amigos Trasplantados de Venezuela AC
Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, Caracas
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Civil Mujeres en Línea
Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Aula Abierta Venezuela
Brigadas Azules
Cátedra Libre de DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Cedice Libertad
Centro de Animación Juvenil
Centro de Acción y defensa Por los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Cepaz
+Ciudadano, +Venezolano (Táchira)
Ciudadanía Activa

Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima21
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Comision de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados
de Venezuela capítulo Táchira
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios
de Abogados Estado Apure
Colegio de Abogados del Estado Anzoategui

Colegio de Abogados del Estado Apure

Colegio de Abogados del Estado Lara
Colegio De Abogados del Estado Barinas
Colegio de Abogados de Estado Nueva Esparta
Colegio de Abogados del Estado Sucre
Colegio de Abogados de Delta Amacuro
Colegio de Abogados del Estado Falcon
Colegio de Abogados del Estado Monagas
Colegio de Abogados del Estado Portuguesa
Colegio de Abogados del Estado Carabobo
Colegio de Abogados del Estado Guárico,
Colegio de Abogados del Distrito Capital
Colegio de Abogados del Estado Aragua

Colegio de Abogados del Estado Cojedes
Colegio de Abogados del Estado Amazonas,
Colegio de Abogados del Estado Tachira
Colegio de Abogados del Estado Zulia
Comisión DDHH Federación Venezolana de Colegios de Abogados Estado Falcón
Comisión DDHH Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
Comision Nacional DDHH Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela, capítulo Mérida
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ
Convite AC
Derechos Humanos Ya
Espacio Humanitario
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos Educación
Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES), Nacional
Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Aragua

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Carabobo

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Lara

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Anzoátegui

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Zulia

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Miranda
Frente en Defensa del Norte de Caracas
Foro Penal Venezolano
Fundación Blanca Nieve Sierra
Fundación CIIDER
Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama)
Fundacion Pro Bono Venezuela
Humano Derecho Radio
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos INVESP
Movimiento Vinotinto
Mujeres Venezolanas en Acción
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA)
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres
Opción Venezuela A.C.
Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)

Organización StopVIH
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM),

Laboratorio de Paz
Red Andina de DDHH
Red ARA
Redes Ayuda
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Transparencia Venezuela
Una Montaña de Gente
Una Ventana a La Libertad
Un Mundo Sin Mordaza
Unión Afirmativa de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Venezuela Diversa A.C

Personalidades

Integrantes del Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres:
Isolda de Salvatierra (Coordinadora)

Virginia Olivo de Celli

María Cristina Parra

Magally Huggins

Ofelia Alvarez Cardier

Beatríz Rodríguez

Beatríz Gerbasi

Luz Beltrán

Lilia Arvelo

Griselda Barroso

Yenni Peña

Rosa Paredes

Yolima Arellano

Evangelina García Prince

Sonia Sgambatti

Oscar Murillo, periodista
Francisco González Cruz, Ex-Rector Emérito de la Universidad Valle de Momboy
Elenis Rodríguez Martínez, abogada

Carlos Daniel Moreno, Defensor de DD.HH