Comunicado de las organizaciones de la sociedad civil acerca de la visita del experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas

Zayas
Alfred-Maurice de Zayas,  experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU.

La visita del experto independiente de las Naciones Unidas, Alfred-Maurice de Zayas, generó expectativas para las organizaciones de la sociedad civil venezolanas defensoras de los derechos humanos, quienes hemos estado solicitando la presencia en el país de los expertos de los distintos mecanismos de protección de derechos humanos desde hace más de una década.
La última visita a Venezuela de un represente de cualquier mecanismo de protección de derechos humanos ocurrió en mayo de 2002, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su evaluación. Desde entonces, 11 procedimientos especiales de las Naciones Unidas y Comisionados de la CIDH han pedido al Estado venezolano, en reiteradas oportunidades, realizar una misión al país para constatar la situación de los derechos humanos, sin que haya habido una respuesta a dichas solicitudes.
En una Carta abierta al Sr. Alfred de Zayas, publicada el 27 de noviembre del presente año1, 48 organizaciones de la sociedad civil manifestamos esperar que esta visita a Venezuela estuviese enmarcada en la veeduría de los derechos humanos con garantías de independencia y seriedad de acuerdo con la función de los mandatos especiales, a fin de constatar las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país, tal como fue recogido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe de agosto de 2017, sin que además de ninguna manera esta visita pudiese ser entendida como una forma de evitar o impedir las reiteradas solicitudes al Estado venezolano de cursar invitaciones permanentes a los procedimientos temáticos especiales de derechos humanos, particularmente a los que ya han solicitado visitar el país, así como facilitar y permitir su efectiva realización.
El 29 de noviembre de 2017 varias organizaciones participamos en reuniones con el Sr. De Zayas, exponiendo las graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el país y consignamos informes de carácter público en los cuales estas violaciones se han documentado con datos, testimonios y el monitoreo sistemático de sus alcances y consecuencias para la población venezolana. Sin embargo, además de observar que la agenda no fue pública y plural, ni contó con una mayor participación de organizaciones y actores de la vida social y política, se intentó de forma constante eximir de responsabilidades al gobierno nacional de las violaciones a los derechos humanos, reflejando una conducta no independiente e imparcial, conforme lo exige su mandato:

  • En reiteradas oportunidades de la reunión, el experto independiente hizo hincapié en que las sanciones adoptadas por gobiernos como el de los Estados Unidos de América y Canadá contra distintas personalidades del gobierno y otros funcionarios del Estado, son causantes en gran parte de la actual crisis que atraviesa el país, afirmando el experto que aproximadamente un 30% de la problemática deriva de las sanciones, aun cuando la crisis tiene otras raíces y se mantiene mucho tiempo atrás de éstas.
  • Además expresó que la situación de guerra económica, acaparamiento y contrabando en la frontera colombo venezolana habrían repercutido notablemente en el agravamiento de la crisis tanto de alimentos como de medicinas.
  • También indicó que en la actualidad, Venezuela era objeto de la falta de solidaridad internacional por parte de diversos Estados, principalmente por sus pares de la región, destacando a Colombia entre ellos.
  • Destacó la falta de tecnócratas en las instituciones del Estado, lo cual, a su ver, habría producido muchas decisiones erradas y “estúpidas” en el manejo del Estado. Esta consideración preocupa enormemente, toda vez que parece restarle importancia a la grave situación del país, más aun cuando estas organizaciones han venido denunciando reiteradamente violaciones a los derechos humanos.

Antes de su visita, el experto independiente expresó que “[e]n particular, dese[aba] estudiar cómo se gastan los presupuestos nacionales y en qué medida las demandas de la sociedad civil global tienen un impacto positivo en la inversión en alimentos, vivienda, programas de educación y salud, promoción de los derechos laborales, solidaridad social, reforma fiscal, no discriminación, acceso a la información, libertad de expresión y estado de derecho”2. No obstante, el 30 de noviembre de 2017, el Sr. De Zayas publicó en su blog donde destaca información sobre su trabajo como experto independiente3, imágenes de un supermercado capitalino durante un recorrido enteramente guiado por el gobierno nacional, pretendiéndose mostrar abundancia en el sector alimenticio cuando la realidad difiere con creces de esas imágenes y las mismas sólo permiten ver una versión parcial del país, dejando de lado la verdadera emergencia humanitaria en todo el territorio nacional. Dichas imágenes fueron eliminadas en días posteriores tras haber recibido críticas y cuestionamientos.
Todas las consideraciones expuestas por el experto independiente, tanto en reuniones como en publicaciones, compaginan con el actual discurso del gobierno nacional, el mismo que le ha servido de excusa para no permitir el control de los mecanismos de protección de derechos humanos. Tales conductas desmeritan la acción de este mecanismo de protección de las Naciones Unidas, al usarse este procedimiento especial como plataforma política del Estado venezolano, el cual, sabiéndose responsable de una crisis de derechos humanos sin precedentes parece buscar con la presencia del Sr. De Zayas vías alternas para justificar la constante obstaculización a las visitas de otros expertos de los sistemas de protección de derechos humanos, universal y regional, que han solicitado y ratificado este pedimento a Venezuela.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes presentan una serie de exigencias y recomendaciones ante el experto independiente:

  • Que la actuación y análisis del experto independiente sobre Venezuela esté enmarcada en los principios de independencia e imparcialidad que comprometen su mandato.
  • Que el experto independiente dé cuentas claras y explicitas en su informe de la información recibida por parte de las organizaciones de la sociedad civil venezolana que han registrado y documentado casos de violaciones de derechos humanos y que reflejan la actual emergencia humanitaria del país.
  • Que el experto independiente presente las recomendaciones pertinentes para que sean implementados los correctivos y las medidas necesarias y adecuadas para la resolución de la crisis económica, política y social que existe actualmente en Venezuela.
  • Que el experto independiente sustente sus afirmaciones y recomendaciones desde un enfoque de derechos humanos y de conformidad a los términos de su mandato, más allá de meras opiniones personales.
  • Que finalmente, recomiende al Estado venezolano la vuelta a la veeduría de los sistemas de protección de derechos humanos de los que hace parte, permitiendo todas las visitas posibles, particularmente a los que ya han solicitado visitar el país, y facilite y permita su efectiva realización, así como la vuelta al sistema interamericano de derechos humanos dejando sin efecto las denuncias de la Carta de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes esperan que el experto independiente tenga en cuenta la información consignada por las organizaciones de derechos humanos sobre diversos temas, en los cuales se ha reflejado notablemente la opacidad como política estatal en el manejo de los recursos y bienes públicos. Además se espera que dé cuenta efectiva de lo que realmente pudo constatar, toda vez que si su visita no fue una mera visita guiada por el gobierno nacional habrá podido observar la gravísima emergencia humanitaria que vive la población en cuanto a la carestía de medicamentos, equipos médicos para exámenes y estudios, alimentos, así como en materia de seguridad ciudadana, represión y libertad de expresión, acceso a la información, falta de independencia del poder judicial y otros órganos del Estado, entre otros problemas que sufre la población venezolana a lo largo y ancho del territorio.
Por último, queremos recordar al experto independiente que debido a la importancia de los mecanismos de protección de derechos humanos, su pronunciamiento e informe final tendrán un impacto directo en la vida de la población venezolana y medirá el grado de compromiso con sus responsabilidades en la resolución de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Por tanto, apelamos al apego de su mandato como experto independiente para cumplir con las funciones de su cargo.
Organizaciones firmantes:
A.C. María Estrella de la Mañana
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria (ACSOL)
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
Asociación Civil Mujeres en Línea
Aula Abierta Venezuela
Banco del Libro
Cecodap
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Centro de Animación Juvenil
Centro para la paz y Derechos Humanos Padre Luis María Olaso UCV (CPDDHH)
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Civilis Derechos Humanos (CivilisDDHH)
Coalición Clima21
Codevida Amigos Trasplantados de Venezuela
Comisión para los derechos humanos y la Ciudadanía – CODEHCIU
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia – CODHEZ
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
Convite A.C.
Espacio Público
EXCUBITUS derechos humanos en educación
Foro Penal Venezolano
Fundación Aguaclara
Fundación Redes
Fundeci
Humano Derecho Radio
Laboratorio de Paz
Monitor Social A.C.
Movimiento SOMOS
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Observatorio Venezolano de la Salud
Observatorio de derechos humanos de la Universidad de los Andes
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Padres Organizados de Venezuela
Prepara Familia
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – PROVEA
Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos – PROMEDEHUM
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos
Redes Ayuda
Redac – Lara
Senosayuda A.C.
Ser. Investigación y Comunicación
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
StopVIH
Transparencia Venezuela
Uniandes A.C.
Unión Afirmativa
Un Mundo sin Mordaza
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto
Individuales:
Magally Huggins

Entre ponencias, música zuliana y stands culminó la Feria de Derechos Humanos organizada por CODHEZ

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María Inés Hernández, Coordinadora de Promoción de CODHEZ, abre la última jornada de la segunda edición de la Feria de Derechos Humanos.

Maracaibo.- El martes 21 de noviembre de 2017 culminó la Feria de Derechos Humanos
organizada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
realizada en el Centro Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo con el apoyo de las organizaciones que integran la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (REDHEZ), y el patrocinio del grupo literario Bitácora de Fuego, Revista Now, Café Mulata, Mi Ternerita Loft, Zupla, Impresos Unidos y Morada.

Con la ponencia de los representantes de la organización Aula Abierta Venezuela titulada
“La libertad académica amenazada en Venezuela” que enfatizó la relevancia de la libertad académica para la democracia, se dio apertura al segundo día del evento. Seguidamente, Andrea Núñez y Natasha Saturno, de la organización Acción Solidaria, iniciaron su intervención explicando cómo convertirse en un defensor de derechos humanos y narraron la labor que su organización ha desempeñado en pro de la lucha contra el sida. “Llevamos registradas 200 denuncias de personas con VIH que no están recibiendo su tratamiento. Interpondremos un amparo constitucional y si no nos responden iremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, expresaron.

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Amaya Briner, Presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo, abordó los derechos económicos de la ciudadanía.

Posteriormente, la Presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Amaya Briner, denunció que los actuales controles y leyes económicas “ahogan” a la empresa privada y, al referirse al cierre de negocios como medida sancionatoria del gobierno para los empresarios, alertó que “al cerrar negocios se atenta con la libertad económica de los empresarios y el derecho al trabajo de los empleados”. Por otra parte, Estefanía Mendoza, en nombre de la organización feminista Mulier, afirmó que en Venezuela las mujeres enfrentan de forma especial la crisis económica y las niñas son más propensas a presentar déficit nutricional crónico. Luego, Grisel Mercadante de la Fundación El Zulia Recicla mostró un plan piloto para el manejo de residuos que ha desarrollado su organización con el propósito de implementarlo en el estado Zulia y enfatizó la importancia de utilizar adecuadamente los recursos para evitar la contaminación ambiental.
Tras un receso donde artistas emergentes zulianos entonaron temas musicales alusivos a los derechos humanos acompañados por un performance de la bailarina María Gabriela Villalba, Georgia Rothe, lideresa de la campaña “Ni Una Más” en el Zulia y abogada especialista en materia de género, inició su ponencia titulada “Vagina con V de Viólame” donde instó a las víctimas de violencia sexual a denunciar a su agresor antes de las 24 horas posteriores a la violación y exhortó a los presentes a utilizar las redes sociales para la promoción de los derechos humanos. Luego, Daniela Guerra, Coordinadora General de CODHEZ, disertó sobre la protesta pacífica y enfatizó que “en el caso de que una manifestación deje de ser pacífica, las fuerzas de seguridad del Estado deben intervenir, pero con proporcionalidad”.

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Daniela Guerra, Coordinadora General de CODHEZ, expresó que la protesta pacífica es un derecho.

Finalmente, Jesús Urbina, en representación de la organización Transparencia Venezuela, habló del control político sobre la libertad de prensa señalando al Complejo Editorial Alfredo Maneiro como un ente creado por el Estado para monopolizar la venta de papel periódico en Venezuela y expresó preocupación por la salida de circulación del Diario La Verdad en el Zulia como consecuencia de la carencia de papel periódico.

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Jesús Urbina, Coordinador del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, denunció que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro es utilizado por el gobierno para el control político de la libertad de prensa.

La segunda edición de la Feria de Derechos Humanos organizada por CODHEZ fue un
evento realizado el 20 y 21 de noviembre en las instalaciones del Centro Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo. En ella, los zulianos pudieron disfrutar gratuitamente de ponencias de organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Homo et Natura, Ángeles Chiquinquireños, Cáritas de Venezuela, Proyecto Mujeres, Mulier, Ciudiver, Aula Abierta Venezuela, Acción Solidaria, Cámara de Comercio de Maracaibo, La Papelera Tiene Hambre, El Zulia Recicla y Transparencia Venezuela y la organización anfitriona, CODHEZ.
En un total de 18 presentaciones se abordaron temas como los derechos de los pueblos
indígenas, la Acción Humanitaria, el Arco Minero del Orinoco, los estereotipos de género, la Asamblea Nacional Constituyente, los derechos de la comunidad LGTBI+, la protección
internacional de los refugiados, la libertad académica en Venezuela, la lucha contra el VIH, los derechos económicos, el reciclaje, la violencia sexual, el derecho a la protesta pacífica y el control político de la libertad de prensa.
Con esta actividad, se educó al público zuliano en materia de derechos humanos y se dio a conocer el trabajo en pro de estos desarrollado por organizaciones regionales y nacionales.

 

COMUNICADO CIDH- Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena cierre de más de 50 medios en Venezuela sin garantías legales y por motivos relacionados con su línea editorial

Libertad de Prensa

Washington, DC- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión y exhorta al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación -tanto nacionales como extranjeros- puedan operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea editorial.

De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 24 de agosto, los proveedores de televisión por suscripción en Venezuela retiraron de la parrilla de programación a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). William Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista a medio oficial que “RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que, en Venezuela, se han comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades legítimas”. El ministro acusó a Caracol TV de cometer “una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus autoridades y a nuestras leyes”. Un criterio similar se habría utilizado previamente para ordenar la supresión de las señales de CNN y NTN 24.

La Relatoría también recibió información según la cual en horas de la noche del viernes 25 de agosto, representantes de Conatel  ingresaron a las emisoras  92.9 FM y Mágica 99.1 FM en la ciudad de Caracas y ordenaron el cese definitivo de sus transmisiones. Según fue informado, minutos después de la salida del aire de ambos medios, las frecuencias fueron tomadas por dos nuevas emisoras vinculadas al partido oficial. La señal de la radio caraqueña 92.9 FM que tenía una programación periodística de mucha audiencia, fue sustituida esa misma noche por Radio Corazón Llanero, que estaría operada por una fundación bajo el control de un capitán del Ejército, edecán del ex presidente venezolano Hugo Chávez, y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. La señal de la emisora Mágica 99.1 FM fue sustituida por la emisora Vinotinto FM, cuya propiedad es hasta ahora desconocida. El 5 de septiembre, Conatel habría ordenado el cese de las transmisión de la estación 88.1 FM de la emblemática radio educativa Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde habría revocado la orden sin brindar explicaciones.

Previamente, el 16 de julio también había sido clausurada ULA TV, el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, por parte de la misma Conatel invocando falta de documentos.

Según la información proporcionada por varias organizaciones, durante 2017 se sumarian al menos 49 las radios nacionales cerradas y cinco canales de televisión internacionales retirados de la programación de la televisión nacional por suscripción durante el año 2017, por órdenes del gobierno. Como lo ha expresado la Relatoría Especial en anteriores comunicados, la mayor parte de los medios de comunicación operan en Venezuela con sus licencias vencidas y el organismo regulador no dispone de procedimientos con garantías para la adjudicación y/o renovación de estas frecuencias.

La Relatoría recuerda al Estado venezolano que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos en una sociedad democrática.  El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y a recibir información plural y diversa y constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional.

Si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, ello debe hacerse de conformidad con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos que prohíben la restricción del derecho a la libertad de expresión a través del abuso de la facultad de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas.

Según estos principios, los procesos de adjudicación, revocación y renovación de licencias debe estar estrictamente regulado por una ley y estar guiado por criterios objetivos, claros, imparciales, públicos y compatibles con una sociedad democrática; el proceso debe ser transparente; la decisión que conceda o niega la solicitud debe estar debidamente motivada; y estar sometida a un adecuado control judicial. La administración del espectro radioeléctrico, además, debe encontrarse orientada por los principios de igualdad y no discriminación y nunca ser utilizada para presionar, premiar o castigar a un medio en función de su línea editorial o su posición respecto del gobierno de turno.

Venezuela ya había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2015 por incumplir estos principios cuando decidió no renovar la concesión del canal de televisión RCTV el 27 de mayo de 2007. A juicio del tribunal interamericano el cierre de RCTV  implicó  “una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el gobierno”.

El Tribunal resaltó además que la desviación de poder en ese caso “tuvo un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos de RCTV, sino además en la dimensión social de dicho derecho”. En efecto, la Corte estableció que “la finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger”.

La Relatoría Especial hace un llamado urgente para el reestablecimiento de la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión retirados del aire, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

La OEA no llega a acuerdo sobre Venezuela

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El 19 de junio, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebraron la reunión de cancilleres en Cancún, México.   La reunión culminó sin que se aprobara una resolución sobre la situación de Venezuela. El bloque de países liderado por México, Estados Unidos y Perú propuso un proyecto de resolución que pedía al gobierno venezolano reconsiderar la ejecución de la Constituyente. Esta resolución recibió 20 votos a favor, faltando tres para su aprobación, ocho abstenciones, cinco votos en contra y una ausencia. El proyecto de resolución de San Vicente y Granadinas, menos crítica al gobierno, recibió 8 votos a favor entre los Estados miembros. Venezuela participaba en su última Asamblea General de la OEA, organismo del que “no aceptará nada, ni necesita nada”, según las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez.
El 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la OEA, condenó enérgicamente operativos militares de represión indiscriminada en Venezuela. En su comunicado, La CIDH observa “que organizaciones de la sociedad civil han denunciado una ‘práctica sistemática de represión indiscriminada’, y que una de las formas de represión son los operativos y las incursiones violentas. En particular, estas organizaciones indican que la represión indiscriminada en el contexto de la grave crisis social que se vive en Venezuela tiene por objeto infundir terror y zozobra en la población para persuadirles de no participar en manifestaciones.”

 

Venezuela / Protestas: Relatores de la ONU y la CIDH rechazan censura, detenciones y ataques a periodistas

WASHINGTON / GINEBRA (26 de abril de 2016) – Dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron hoy la censura oficial y el bloqueo de espacios informativos en Venezuela, al igual que la detención, ataques y estigmatización de periodistas y trabajadores de medios que cubren las manifestaciones de protesta en el país.

“Exhortamos al Gobierno de Venezuela a que libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión”, reclamaron el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
 
Asimismo, los Relatores repudiaron la censura y el bloqueo de espacios informativos en medios tradicionales y en Internet. “Buena parte de los medios televisivos se encuentran bajo control del Gobierno, mientras que el sector privado opera con restricciones debido a que han vencido sus licencias y las autoridades se niegan a renovarlas desde hace más de dos años”, señalaron.

“La regulación y limitación o bloqueo de páginas o señales televisivas que transmiten a través de Internet, aún bajo un estado de emergencia, son desproporcionadas e incompatibles con los estándares internacionales”, afirmaron los expertos.

“Tanto antes como después del quiebre del orden constitucional y democrático denunciado por organismos internacionales, el espacio para las voces críticas de periodistas, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y representantes de la oposición se ha deteriorado en forma continua”, advirtieron.

En agosto pasado, los Relatores manifestaron su preocupación frente a “medidas que aumentan considerablemente la presión sobre los medios de comunicación y limitan aún más la capacidad de realizar su trabajo de forma independiente”.

Detenciones y ataques a periodistas

Diversas fuentes han informado  que al menos doce periodistas venezolanos e internacionales habrían sido detenidos en el marco de los actuales acontecimientos. Luego de permanecer detenidos por algunas horas o días en algunos casos, han sido puestos en libertad. Uno de los casos de los que se ha tenido noticia es el del periodista Yonnathan Guédez, quien se encuentra detenido desde hace varios días.

Los Relatores también destacaron que, en un hecho sin precedentes, el periodista Braulio Jatar permanece detenido desde septiembre de 2016, tras haber difundido un video que mostraba a personas protestando frente al presidente Nicolás Maduro en la Isla de Margarita, en el oriente del país.

Censura y bloqueo de plataformas informativas

También se ha constatado por varias fuentes que al menos tres plataformas de contenidos en línea –VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV–, que ofrecen noticieros e información de interés general en Venezuela, fueron bloqueadas por prestadores de servicio de Internet privados, al parecer después de recibir la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Los tres servicios transmitían información sobre las protestas contra el gobierno que se desarrollan en distintos puntos del país cuando se decidió el bloqueo, mientras que la mayor parte de los medios tradicionales de radio y televisión no están cubriendo esos hechos. Posteriormente se dictaron nuevas medidas de censura, como la prohibición a las empresas de televisión por abonados de emitir la cadena CNN. Otros medios de comunicación de diferentes países tales como TN de Argentina, El Tiempo de Colombia y NTN 24 de Colombia han sufrido interrupciones o directamente se ordenó la suspensión de la señal.

“Las órdenes arbitrarias de Conatel tanto para suprimir señales de la televisión por abonados como para Internet restringen la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal y constituyen una forma de censura”, recalcaron los Relatores de la ONU y la CIDH.

Igualmente, diversos sitios de Internet de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación informaron que fueron objeto de ataques en línea para saturar sus portales o desconectarlos.

FIN

El Sr. David Kaye (EE.UU.) fue designado como Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión en agosto de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información, visite (en inglés):  

El Sr. Edison Lanza (Uruguay) fue designado como Relator Especial para la libertad de expresión en julio de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la CIDH para promover la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado el papel fundamental que este derecho desempeña en la consolidación y desarrollo del sistema democrático:

ONU Derechos Humanos, página de país: Venezuela

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Azin Tadjdini (+41 22 917 9400 / atadjdini@ohchr.org) o escriba a freedex@ohchr.org

Para consultas de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:
Xabier Celaya, Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)