Tribunales militares: un espacio de justicia exclusivo para los militares

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La Constitución venezolana prevé la garantía del juez natural (artículo 49.3), y en este orden de ideas, señala que los tribunales militares sólo pueden juzgar “delitos de naturaleza militar”, es decir, delitos cometidos por militares activos en contravención a deberes propios de su función. A partir de estos preceptos básicos y los códigos orgánicos Procesal Penal y de Justicia Militar, las salas Constitucional y de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia han reiterado que los tribunales militares no pueden juzgar a civiles, en consonancia con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En criterio de la Corte Interamericana, la competencia de los tribunales militares se ha establecido para mantener el orden y la disciplina dentro de la fuerza armada, y por ello, deben (i) tener un alcance restrictivo y excepcional, (ii) configurarse de acuerdo a los principios y garantías del derecho penal moderno, y (iii) su objeto ha de ser la protección de intereses jurídicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. De hecho, la Corte ha observado que la tendencia, en la actualidad, es la reducción o desaparición de los tribunales militares en tiempos de paz. La jurisprudencia interamericana ha enfatizado, además, que el alcance restrictivo y excepcional de la competencia de los tribunales se fundamenta en límites en razón de la persona y de la materia, de modo que (i) en razón de la persona, debe reservarse a militares en servicio activo, excluyéndose el juzgamiento de militares en retiro y civiles, quienes no pueden cometer conductas contrarias al estamento militar; y (ii) en razón de la materia o del bien jurídico que involucra el caso, los tribunales militares sólo pueden juzgar la comisión de delitos que atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

Al respecto, la Sala de Casación Penal ha afirmado la supremacía de la competencia penal ordinaria ante la competencia penal militar en los casos de (i) investigación de delitos en los que se encuentren presuntamente involucrados civiles; y (ii) cuando el hecho se encuentre tipificado como delito en la legislación penal ordinaria y en la legislación penal militar (sentencia 59/2001, de 2 de febrero de 2001). Vale acotar que, en este caso, la Sala de Casación Penal se refirió a la similitud de los delitos previstos en el artículo 226 del Código Penal (ultraje a un cuerpo judicial, político o administrativo) y 505 del Código Orgánico de Justicia Militar (ultraje a la Fuerza Armada Nacional), destacando que el juzgamiento corresponderá a un tribunal penal ordinario cuando se trata de civiles. En este sentido, ratificó el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 13 de julio de 1998, cuyo contenido es el siguiente:

[…] cuando un mismo hecho esté previsto como delito en el Código Penal y por derivación también esté previsto como tal en el Código de Justicia Militar, cada uno de dichos delitos mantiene su propia fisonomía […]. No se trata de un problema de especialidad, sino de la determinación de la esfera de aplicación de cada una de dichas disposiciones penales. La disposición contenida en el Código de Justicia Militar no enerva ni impide la aplicación contenida en el Código Penal, porque la primera es derivada de la segunda. De allí que en presencia de dos disposiciones semejantes, y ante la condición civil de la persona procesada, debe concluirse que la jurisdicción penal ordinaria recobra su supremacía.

Este argumento ha sido reiterado por la Sala de Casación Penal en sentencia 518/2016, de 6 de diciembre de 2016, y antes, fue compartido por la Sala Constitucional en sentencia 1500/2002, de 3 de julio de 2002. Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1256/2002, de 11 de junio de 2002, sostuvo que “[…] los delitos comunes […]  deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo”.

Según este razonamiento, los tribunales militares solo pueden juzgar a militares en servicio activo por la comisión de delitos militares –es decir, “que atenten contra los deberes militares”, según la Sala de Casación Penal en sentencia 750/2001, de 23 de octubre–, atendiendo a lo previsto en los artículos 49.3 y 261 de la Constitución venezolana, y a la regla de competencia señalada en el artículo 124 del Código Orgánico de Justicia Militar, según el cual,

Están en todo tiempo sometidos a la jurisdicción militar:

1) Los oficiales, especialistas, individuos de tropa o de marinería, sea cual fuere su jerarquía, y la situación en que se encuentren.

2) Los alumnos de las escuelas militares y navales de la República, por infracciones no previstas ni castigadas en los reglamentos de dichas escuelas y penados por el presente Código y demás Leyes y Reglamentos militares.

3) Los que forman parte de las Fuerzas Armadas con asimilación militar.

4) Los reos militares que cumplen condenas en establecimientos sujetos a la autoridad militar.

5) Los empleados y operarios sin asimilación militar que presten sus servicios en los establecimientos o dependencias militares, por cualquier delito o falta cometidos dentro de ellos.

Esta interpretación ha sido ratificada por la Sala Constitucional, en sentencia 838/2002, de 24 de abril de 2002, al sostener que “[…] la justicia militar sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento.”

 

Por: Dr. Juan Berríos

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CODHEZ: Represión contra Torres El Saladillo enluta al Zulia

Torres El Saladillo

 

 

Maracaibo–  En la noche del miércoles 24 de mayo de 2017, los habitantes de Torres El Saladillo y zonas aledañas fueron nuevamente víctimas de un ataque violento de los cuerpos seguridad del Estado. En esta ocasión, tuvo como consecuencia diversas personas heridas y el  asesinato Adrián Duque, un joven de 24 años que protestaba en las inmediaciones de la zona. Testigos de los hechos afirman que funcionarios de la  Guardia Nacional Bolivariana (GNB) accionaron el arma que impactó a Duque y le ocasionó la muerte.

Este hecho que enluta a nuestra región forma parte de un patrón de represión a esta zona residencial. Las Torres El Saladillo se han convertido en un escenario  frecuente de los ataques violentos de los cuerpos de seguridad del Estado cuando se suscitan protestas en el área y, constantemente, los habitantes de estos edificios son víctimas de gases lacrimógenos, objetos incendiarios y el disparo de municiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Sin duda alguna, estos comportamientos de las fuerzas de seguridad del Estado ponen en riesgo la vida e integridad de los habitantes de la zona y pueden catalogarse como violaciones a los  derechos humanos de un sector de la población, por lo cual ameritan la investigación inmediata de los funcionarios implicados y su enjuiciamiento.

Desde CODHEZ, instamos a los cuerpos de seguridad del Estado a cesar la utilización de armas de fuego y sustancias tóxicas para la represión de esta y otras zonas residenciales de la región. Esta solicitud obedece a lo establecido en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reza: “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

Regulación del derecho a la protesta en Venezuela

Regulación de la protesta
Cuerpos de seguridad del Estado rumbo a la protesta del 1 de mayo de 2017 en Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

El examen sobre el uso de la fuerza en el control de las manifestaciones que se han desarrollado en el país debe atender al contraste entre los hechos y las normas constitucionales sobre el derecho a la manifestación (y otros derechos como la vida, la integridad física, psíquica y moral, la inviolabilidad del recinto privado, y la propiedad), las leyes sobre el servicio de policía y el “Manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

Según el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, en sintonía con el artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “[l]os ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.” Esta es la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (2010), interpretada por la Sala Constitucional en la sentencia 276/2014, de 24 de abril, señalando la obligación de los organizadores de las protestas de solicitar permiso para realizarlas, a pesar de que la ley solo exige participarlo a la autoridad (artículo 43).

Además, el artículo 68 establece que “[s]e prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, ordenando que “[l]a ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.” Esta regulación se encuentra prevista, como mandato general a la Policía Nacional y los cuerpos de Policía Estadal, en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008) (artículos 37 y 43). A pesar de que el control de manifestaciones debe corresponder a los órganos de policía, en 2015 se publicó la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza la intervención de la Fuerza Armada en esa tarea, e incluso, el uso de armas de fuego.

Además de evidenciarse el desarrollo inconstitucional de las previsiones fundamentales sobre el control de las protestas, hemos constatado, al igual que en 2014, el prejuicio de las autoridades con relación a ellas, y en definitiva, el riesgo de que no se investiguen los hechos, pues los casos de abuso policial y militar han sido invisibilizados, e incluso, justificados por funcionarios del gobierno del Estado y nacional.

Por: Juan Berríos