ALERTA.

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Maracaibo.- Al mediodía del sábado 11 de febrero de 2017 fueron detenidos arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los periodistas y coordinadores del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, junto a los comunicadores brasileños Leandro Stoliar y Gilson Souza de Oliveira. Venían de las instalaciones de la obra inconclusa de Odebrecht, el segundo puente sobre el lago o Puente Nigale, ubicado en el norte del Estado Zulia, donde recopilaban información sobre este caso que ha constituido un símbolo de corrupción para la opinión pública venezolana. Tras ser escoltados a la sede del SEBIN en Maracaibo, permanecieron 10 horas detenidos arbitrariamente y fueron asistidos legalmente por CODHEZ en coordinación con abogados de la Universidad del Zulia. La liberación se produjo a las 9:53 p.m. y a los comunicadores brasileños se les ordenó salir del país en un plazo de 24 horas. Esta situación, que suscitó el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, Transparencia Venezuela y diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es un hecho que enciende las alarmas sobre la fragilidad de la libertad de expresión y el derecho a informar, las crecientes limitaciones al trabajo de los comunicadores sociales, aunada a la falta de transparencia en el ámbito público en nuestro país. Desde CODHEZ condenamos este hecho y exigimos el cese del hostigamiento a los periodistas y activistas que ejercen contraloría social. De igual forma, instamos a los comunicadores y defensores de derechos humanos que enfrenten vejaciones similares a denunciarlos y acudir a nuestra organización para recibir asistencia.

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ALERTA: Se mantiene el cierre de la frontera venezolana por 72 horas más

Como medida para garantizar la paralización del escape o ingreso del billete de más alta denominación en nuestro cono monetario y atacar “a las mafias imperialistas como estrategia de contraataque a la guerra económica” el pasado 11 de diciembre, el Ejecutivo Nacional ordenó el cierre de las fronteras venezolanas por un período de 72 horas. Tras la decisión de descontinuar el billete de 100 bolívares, en el Decreto Presidencial 2.589 se estableció un plazo de 3 días para entregar los billetes ante la banca pública y privada del país, y que luego de vencido este lapso, los venezolanos debían entregar ante las sedes del Banco Central de Venezuela en Caracas y Maracaibo los billetes que no lograran depositar.

Sin embargo, luego de finalizadas las 72 horas, que culminaron ayer 15 de diciembre, a través de una cadena de radio y comunicación, el ministro Ernesto Villegas informó sobre una prórroga de 72 horas adicionales para el cierre de la frontera, la reducción del plazo a 5 días para la entrega ante el BCV de los billetes.

Con respecto a esta situación, CODHEZ advierte sobre las amenazas a la protección de los derechos humanos en Venezuela en diferentes ámbitos, debido a la escasez de dinero en efectivo, así como la falta de garantías sobre la fiabilidad de las plataformas de comunicaciones y el servicio eléctrico que respalde la masiva actividad bancaria derivada de la aplicación de esta decisión del Ejecutivo Nacional.

Derechos como el de propiedad, libre tránsito y alimentación, resultan particularmente afectados en zonas suburbanas por su deficiente bancarización, creando una situación de desconcierto e incertidumbre.

Ante este panorama que genera vulneración a los derechos humanos, CODHEZ recomienda altamente al Estado venezolano tomar en cuenta lo siguiente:

  • Revisar el Decreto Presidencial 2.589 y su modificación, creando un sistema de recolección de los billetes de Bs. 100 que asegure la protección de los derechos a la libertad económica y propiedad de todas las personas en el territorio nacional.
  • Garantizar que los controles fronterizos sobre la revisión de bienes y personas mantengan los estándares de respeto a los derechos humanos.
  • Promover la existencia de información suficiente, veraz, oportuna y oficial sobre las medidas tomadas y la protección de todos los venezolanos ante la situación que se está desarrollando.
  • Instar a la Defensoría del Pueblo y demás instituciones competentes hacerle seguimiento a las políticas dictadas, para así proteger las garantías constituciones y los derechos humanos de los ciudadanos.
  • Realizar un informe general sobre las conclusiones y metas alcanzadas sobre estas medidas adoptadas.

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En la Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario de fecha 14 de enero de 2016 se publicó el decreto presidencial N° 2.184, estableciendo “el estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional” según lo estatuido en su artículo primero.

Antes de ahondar en el estudio del contenido del decreto, es muy importante tener en cuenta el mandato constitucional que rigen los estados de excepción, los cuales pueden ser decretados únicamente por tres motivos taxativos: alarma, emergencia económica, o conmoción interior o exterior:

Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más.

Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual.

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

Asimismo, la Constitución contempla un control político y otro de tipo jurídico, que corresponde a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente:

Artículo 339. El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. (…)

Según lo previsto en el texto constitucional, el Presidente de la República presentó el decreto de estado de excepción por emergencia económica ante la Asamblea Nacional, que luego del análisis por parte de la comisión especial y la elaboración del correspondiente informe, decidió no aprobarlo en ejercicio de su competencia de control político. En estas circunstancias era innecesario que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad debido a que –en sentido estricto– debía entenderse que el decreto había cesado. Sin embargo, la Sala Constitucional se pronunció el 11 de febrero de 2016, en la sentencia N° 7, en la cual se expuso lo siguiente:

3.1.- El control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos; (…)

3.2.- El Decreto n.° 2.184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el n.° 6.214 Extraordinario el 14 de enero de 2016, mediante el cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental [destacado propio].

En ese sentido, la Sala Constitucional mantuvo la eficacia del decreto de estado de excepción que había sido rechazada por la Asamblea Nacional. Esto, sin dudas supone una grave alteración a lo establecido de forma expresa y precisa en la Constitución de la República.

Lo grave de la situación no solo es que se hayan obviado y modificado los procedimientos constitucionales para darle eficacia al decreto, sino que además, el mismo presenta una serie de imprecisiones en las medidas, cuando el mandato constitucional es que las limitaciones a los derechos deben ser claras y específicas, con el fin de evitar abusos por parte de las autoridades y el menoscabo de los derechos.

Las competencias que se confirió el Presidente de la Republica, mediante el analizado decreto, son de una amplísima disposición de los recursos económicos, sin aprobación de algún órgano externo al Ejecutivo Nacional. Vale la pena recordar que el endeudamiento nacional, los gastos e inversiones de la Republica, por mandato constitucional, están sometidos al control político de la Asamblea Nacional.

El artículo 2 del Decreto de estado de excepción de enero de 2016 es una muestra de su imprecisa regulación:

Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica a que se refiere este Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes, particularmente con los siguientes aspectos: (…)

De seguidas, se establece una serie de numerales con atribuciones. Sin embargo, de la lectura del encabezado el artículo, se entiende que esas atribuciones no son taxativas, sino simplemente enunciativas, otorgando entonces un poder ilimitado al Ejecutivo Nacional.

Lo gravoso de la situación no fue únicamente la entrada en vigencia de la emergencia económica, la cual debía durar 60 días, prorrogables por un plazo único de 60 días. Vale decir, no existe posibilidad constitucional de realizar más de una prórroga. Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo Nacional ha consistido en dictar otros dos decretos de estado de excepción con sus respectivas prórrogas. El segundo de los decretos se dictó el 13 de mayo, prorrogado el 12 de julio, y el tercero el 13 de septiembre, que se prorrogó el 13 de noviembre. De esta forma, el 11 de enero el país completará 360 días en estado de excepción, sin que se hayan reportado los resultados de la intervención extraordinaria del Ejecutivo nacional para solventar los problemas económicos del país.

Asuntos penitenciarios en Venezuela: Datos que contradicen las declaraciones del Estado venezolano en el EPU

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por María Inés Hernández Torres

La grave situación existente en los recintos penitenciarios de Venezuela ha sido un tema expuesto por la prensa nacional e internacional, y las críticas al sistema se han hecho notorias en diversos espacios. Los cuestionamientos a la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en el Examen Periódico Universal (EPU) así lo demostraron. Un ejemplo de ellos son las recomendaciones ofrecidas por Estados como Angola, Argentina, Argelia, Austria e Italia que instaron a mejorar las condiciones del sistema penitenciario y las de Australia, Guatemala y Nueva Zelanda que exhortaron a respetar el debido proceso.

Iris Varela, quien formó parte de la delegación oficial venezolana participante en esta evaluación, se centró en narrar el mejoramiento que en la materia se ha producido durante los últimos 17 años desde la llegada al poder de Hugo Chávez. Desde CODHEZ podemos plantear algunos casos concretos que contradicen las declaraciones ofrecidas por la funcionaria en Ginebra y los argumentos presentados en el Informe Nacional que el Estado venezolano entregó antes de la realización del examen.

En primer lugar, la Ministra aseguró que se han inaugurado 29 instalaciones de reclusión y que este desarrollo de infraestructura ha “reducido el hacinamiento y la violencia en las cárceles en Venezuela”. Por nuestra parte, constatamos  que desde el desalojo del retén El Marite y la Cárcel Nacional de Maracaibo –mejor conocida como Cárcel de Sabaneta– los reclusos trasladados permanecen fuera de la entidad zuliana y  su internamiento en otros recintos ha terminado por sobre poblarlos y ocasionar retardos procesales.

A esta realidad se suma el hacinamiento existente en calabozos de cuerpos policiales y militares.  Al respecto, en noviembre de 2015, el Secretario de Seguridad del Estado Zulia, Biagio Parisi,  informó que alrededor de 1100 personas se encontraban recluidas en calabozos de la policía regional, municipal, CICPC, Guardia Nacional y el SEBIN, aseverando que “en la mayoría de las comisarías hay penados que llevan dos años recluidos ahí. Nunca han sido trasladados a un retén o una penitenciaría”. En la misma línea, en septiembre de 2016, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, expresó que 33 mil privados de libertad se encuentran hacinados en estaciones policiales de todo el país y 2 mil en instalaciones militares.

Por otra parte, el abandono de la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ) en agosto de 2015, da cuenta de los fracasos en la creación de nuevos centros penitenciarios y los problemas de corrupción que afectan el desarrollo de políticas públicas en la materia.  

En segundo lugar,  la Ministra Varela  afirmó en el EPU que “el gobierno de Nicolás Maduro se ha caracterizado por el respeto a los derechos humanos”. Frente a eso, resulta propicio señalar que el debido proceso es un derecho humano que ha sido vulnerado por el desalojo del Retén El Marite, la Cárcel de Sabaneta en el Zulia y la falta de coordinación del Ministerio para el Servicio Penitenciario con el Poder Judicial. El traslado de privados de libertad a otros estados los ha alejado del juez de su domicilio y ha supuesto complicaciones logísticas que dificultan el desarrollo normal de los procesos judiciales. Además, se ha fomentado la corrupción, pues los funcionarios de custodia y vigilancia de los centros de reclusión han exigido pagos a los sujetos privados de libertad para efectuar traslados que hagan posible la celebración de ciertos actos procesales.

A lo anterior se suma que la distancia ha imposibilitado que numerosas familias visiten a sus parientes. Con esto, se han violado tratados internacionales en materia de derechos humanos y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.  Como consecuencia de la dificultad de hacer visitas y, teniendo en cuenta que el sistema penitenciario no provee de las tres comidas al día a sus reclusos, los familiares de los privados de libertad han denunciado que al no poderles proveer alimentos regularmente estos no tienen una alimentación adecuada. También la falta de información y respuesta de las inquietudes de los familiares por parte de las autoridades ha sido una constante.

Actualmente, a finales del 2016, estos problemas persisten y en el Zulia las personas vinculadas a los privados de libertad mantienen su interés en conocer cuándo estos serán transferidos a un centro en el estado Zulia.

CODHEZ realizó el 2 de agosto de 2016 una petición de información al Ministerio para el Servicio Penitenciario con el fin de conocer cuándo se restaurarían las funciones del Retén El Marite, el estatus de la construcción de la nueva cárcel y una solicitud de traslado al Estado Zulia a uno de los casos atendidos por la organización. Por los momentos, continuamos a la espera de respuestas a las solicitudes hechas, y sobre todo, de una mayor transparencia en las cifras oficiales y la consideración de las recomendaciones realizadas en esta materia durante el Examen Periódico Universal.

Sin prensa libre no hay democracia

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La versión impresa del diario La Verdad no circuló los días 24 al 29 de junio de 2016 por falta de papel periódico. Luego, el 30 de junio volvió a publicarse, al llegar a sus instalaciones el despacho de papel proveniente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). La situación se repitió el día domingo 20 de noviembre, cuando el diario tampoco pudo circular, afectando también la publicación del semanario de la Universidad del Zulia que se publica los domingos como encartado. Asimismo, el diario Qué Pasa no pudo imprimirse del 18 al 20 de noviembre, reapareciendo el 21 de noviembre. También, el diario El Regional del Zulia agotó su inventario de papel. En estas circunstancias, a pesar de las gestiones realizadas por sus propietarios ante el CEAM, estos diarios dejaron de salir a la venta a partir del 22 de noviembre. Por su parte, el diario Versión Final, otro de los periódicos importantes de la región, debió reducir el número de páginas de 40 a 24, limitando el contenido de la información.

Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la libre expresión, y además, el derecho a informar y ser informado de las noticias, en correspondencia con el fin constitucional de establecer una “sociedad democrática, participativa y protagónica”. Esto significa que el Estado debe asegurar, para el ejercicio de esas libertades, que no existan obstáculos o circunstancias que impidan su desarrollo. La existencia de una única empresa autorizada por el Estado venezolano –y que es de su propiedad– para la importación y distribución de papel prensa contradice, además, el mandato constitucional de prohibición de los monopolios (artículo 113). Cabe recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos, denunciada por el Estado venezolano en detrimento del ejercicio y la protección más favorables de los derechos, establece en su artículo 13.3 que el derecho de expresión no puede restringirse por medios indirectos, como es el caso de controles oficiales de papel para periódicos, conducentes a impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones, así como el derecho de toda la sociedad de estar informada, condiciones básicas de una sociedad democrática. Estas fallas en la distribución de papel periódico han sido recurrentes en todo el país desde hace varios años, obligando a otros diarios, de alcance nacional y regional, a reducir su tamaño, número de páginas, salir de circulación, y eventualmente, cerrar sus puertas.

Examen Periódico Universal: lo básico.

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María Hernández

El Examen Periódico Universal (EPU) es una evaluación en materia de derechos humanos realizada en cooperación por los Estados miembros de las Naciones Unidas cuyo mecanismo fue ideado en el 2007 por el Consejo de Derechos Humanos, un organismo intergubernamental de la Asamblea General de la ONU formado por 47 Estados que en este examen ejercen la función de evaluadores sobre los demás Estados miembros de Naciones Unidas.

El EPU se realiza de forma periódica en ciclos de 4 años y medio con el objetivo de que al fin de cada ciclo se logre evaluar a los 193 Estados miembros de la ONU. A través de él, se involucran a los Estados, órganos de protección, agencias, instituciones nacionales de derechos humanos y a la sociedad civil en la búsqueda de acciones concretas para lograr el mejoramiento de los derechos humanos en el mundo.

El segundo ciclo del Examen Periódico Universal comenzó en el 2015. La evaluación de Venezuela se iniciará el 1 de noviembre de 2016 y culminará en el año 2017 con la respuesta del Estado venezolano a las recomendaciones recibidas. Específicamente, el Ciclo del examen comprende cuatro etapas:

 La primera de ellas es la preparación de la documentación requerida. En esta primera fase se compilan informes: uno nacional preparado por el Estado a ser examinado y otros generados por los Organismos de la ONU, la sociedad civil y otras instituciones nacionales e internacionales.

La segunda etapa es el examen. En esta etapa, cuya duración máxima para cada Estado es de tres horas y media, tiene lugar un diálogo interactivo entre el Estado  examinado y los Estados examinadores donde se evita la confrontación y la politización. Así mismo, al examinado le realizan “recomendaciones” que este puede aceptar o anotar, es decir, tener en cuenta sin aceptarlas. Al terminar la sesión, tres Estados encargados de la relatoría y denominados La Troika elaboran un Informe Preliminar en el que resumen la sesión de examen e incluyen las recomendaciones efectuadas y la respuesta del Estado examinado ante ellas.Para  la  sesión  de  examen  del  segundo  ciclo   de Venezuela,  a  efectuarse  el  1  de  noviembre  de 2016, los Estados de La Troika son México, Nigeria y Kirguistán.

La tercera etapa es la evaluación y adopción del Informe Final. Después de la adopción del Informe Preliminar, se fija una sesión del pleno del Consejo de Derechos Humanos en la que durante una hora y media se evalúalos resultados del examen y se adopta definitivamente el Informe Final.

La cuarta etapa es la de seguimiento. En ella, los miembros del Consejo de Derechos Humanos hacen seguimiento a la  implementación  de  las  recomendaciones ofrecidas al Estado examinado. Por esto, se le exhorta a enviar un informe sobre los avances logrados y propiciar consultas nacionales con la sociedad civil para evaluarlos.  En el caso de Venezuela, esta etapa prevé finalizarse durante el primer trimestre del año 2017.

Nuevamente diferida la audiencia de juicio de Eduardo García

Ayer 18 de octubre fue nuevamente diferida la audiencia de juicio de Eduardo García, después de más de un año de espera para probar su libertad.

El 7 de mayo de 2014, luego de finalizar su participación en una cadena humana, Eduardo García fue detenido, junto a otras tres personas, por funcionarios vestidos de civilesen las adyacencias del lugar donde se realizó la protesta. 122 horas después de haber sido aprehendido fue presentado a un tribunal, que ratificó la medida de privación de libertad, permaneciendo recluido en la sede del SEBIN de Maracaibo.

Acusado de instigación e intimidación pública, incendio y daños a la propiedad, en julio de 2015, se celebró su audiencia preliminar luego de constantes diferimientos, y fue remitido a juicio.Desde entonces,el juicio no se ha realizado y las solicitudes de revisión de la medida de privación de libertad han sido negadas.

En la actualidad, Eduardo presenta trastornos de sueño y ansiedad producto de la falta de acceso a luz natural, pues su celda se encuentra en un sótano.

La fecha pautada para la audiencia de juicio quedó fijada para el 2 de noviembre.

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El Estado venezolano fracasa en la reivindicación de los pueblos indígenas

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Hoy 12 de octubre se conmemora la llegada en 1492 de Cristóbal Colón a tierras americanas. Este día, anteriormente conocido como “Día de la Raza”, fue denominado en el año 2002 “Día de la Resistencia Indígena” por iniciativa gubernamental. Sin embargo, a más de quinientos años de este encuentro entre mundos, aún los pueblos originarios se enfrentan a múltiples injusticias y el mismo Estado que con esta denominación manifestó la intención de reconocer sus luchas históricas, hoy en día es causante por acción y omisión de gran parte de las penurias que estos enfrentan.

El estado Zulia es el hogar de 443.544 indígenas, es decir, el 61,2% de la población indígena nacional conformada por los pueblos Añú, Barí, Japreria, Yukpa y Wayuu. Estas comunidades,a pesar de su importancia demográfica e histórica, son discriminadas y sus derechos constitucionales no son garantizados. Un ejemplo de ello es el caso de la Guajira venezolana, ampliamente estudiado por CODHEZ, donde la militarización del territorio ha generado una serie de violaciones que compromete la responsabilidad del Estado venezolano. A su vez, la escasez de alimentos, medicamentos, y la deficiencia general en la prestación de servicios, han ocasionado una grave crisis económica y social en esa región.

 Por una parte,la militarización  de la zona realizada en el año 2010  a causa del establecimiento de un distrito militar,fue reforzada el  7 de septiembre de 2015 con la declaratoria de un estado de excepción que restringió derechos civiles y políticos, tales como la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, el libre tránsito, la reunión privada o pública, la manifestación pública, y la libertad económica. Como consecuencia de esta situación, desde 2010 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha registrado 21 muertes, 46 heridos, 19 torturados, un secuestrado, un desaparecido y cientos de casos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. De acuerdo a declaraciones de familiares y testigos, los responsables de estos hechos son funcionarios del Ejército venezolano. Estas violaciones han sido denunciadas, algunas son investigadas y solo en uno de los homicidios ha habido imputación.

Por otra parte, el estado de los servicios de salud ha empeorado. Para ilustrar el panorama en materia de salud es propicio destacar las condiciones del Hospital Binacional de Paraguaipoa: el único quirófano existente está inhabilitado y solo cuenta con una ambulancia. Igualmente, los planes gubernamentales de distribución de alimentos han sido ineficaces. Los problemas en la medición y la consecuente disparidad en las cifras oficiales han ocasionado que programas gubernamentales como Mercal Casa por Casa fracasen en su intento por mejorar la situación en materia de alimentación: en 2016 se han constatado 12 casos de malnutrición infantil y a principios de junio dos niños de la etnia Wayuu murieron por malnutrición en el hospital Dr. Adolfo Pons de Maracaibo

Por estas razones, en un día en el que se realizan diversos actos oficiales para honrar a los pueblos indígenas, resulta imperativo que el Estado venezolano examine su actuación ante estas comunidades y ejerza los correctivos necesarios. De lo contrario, las “reivindicaciones” que se pretenden materializar quedarán solo en palabras y carecerán de efectos reales.

Link resumen: Resumen guajira

 

Aumentan las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela

Por Gustavo Ocando Páez

En los espacios del Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) se presentó el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela en 2015, elaborado por la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) sirvió como anfitriona del evento, en el cual también tomaron derecho de palabra representantes de distintas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, entre ellas, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira y el capítulo Zulia de Transparencia Venezuela.

“Es indispensable difundir las cifras de una organización con la trayectoria de Provea” expresó Daniela Guerra, Directora General de CODHEZ, quien, al mismo tiempo, tomó la palabra para denunciar el carácter inconstitucional de la figura del patriota cooperante y sus nefastas consecuencias en el desarrollo de los procedimientos judiciales.

Por su parte, Jesús Urbina, representante del capítulo Zulia de Transparencia Venezuela, indicó que Provea es considerada la organización decana en materia de derechos humanos en Venezuela, y que la presentación de su informe anual tiene una enorme trascendencia al momento de realizar un balance general de la situación de los derechos humanos en el país.

Asimismo, José David González, Director General del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, relató los graves atropellos sufridos por la población Wayuu. “Estamos atravesando una situación muy difícil con la presencia permanente del ejército en nuestro territorio, pues desde finales de 2010 hasta la fecha, hemos registrado que 20 asesinatos de miembros de la comunidad en manos de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 19 casos de tortura, así como unos 600 allanamientos de viviendas y más de 700 personas privadas de su libertad de manera ilegal”.

En tanto, Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, inició la presentación del informe destacando que las cifras disponibles revelan cómo los efectos negativos de la gestión del gobierno nacional han superado con creces la contracción de derechos sociales sufrida por Venezuela durante los años 90. Además, reveló que existen 460 casos de violaciones al derecho a la vida, cifras que constituyen un aumento del 109% respecto al año anterior. “Existen unas 793 víctimas de tratos crueles y hemos atendido 6 casos de tortura”.

Uzcátegui también destacó que la profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos se manifiesta cotidianamente en la escasez extrema de alimentos y medicinas, el elevado nivel de inflación, y el incremento de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en los sectores más desfavorecidos del territorio nacional. Del mismo modo, resaltó que las denuncias de violaciones al derecho a la salud ascendieron un 40% en comparación con el año anterior, y señaló que se registran 15.496 detenciones arbitrarias cometidas durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).

Finalmente, el Coordinador General de Provea explicó que “es fundamental el trabajo de recopilación y documentación de testimonios y pruebas porque las violaciones a los derechos humanos no prescriben, pues aunque en el presente no se haga justicia estamos seguros de que se hará justicia en el futuro”.