El derecho de los venezolanos de decidir sobre nuestro destino político ha sido desconocido por la convocatoria, sin consulta popular, de la Asamblea Nacional Constituyente. La convocatoria, realizada de forma unilateral por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, establece una serie de objetivos programáticos que revelan el interés de utilizar la Asamblea como instrumento para imponer su proyecto político-ideológico, desviando los fines democráticos de este mecanismo, en clara contravención del pluralismo previsto como valor superior del ordenamiento constitucional venezolano.
Además, en los decretos presidenciales de la convocatoria constituyente resalta su marcado carácter excluyente y discriminatorio, descalificándose a los disidentes. Entre los objetivos de la convocatoria se señala “[l]a ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos […] contra la Patria y la sociedad tales como […] la promoción del odio social y la injerencia extranjera”, y “el desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permitan reconocernos como venezolanos […], vacunándonos contra el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad.”
En correspondencia a estos objetivos, en los decretos presidenciales relativos a las bases comiciales se argumenta que se ha convocado la Asamblea “para que el pueblo de Venezuela manifieste su férrea voluntad, con la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, que implican un proceso de feroz agresión imperialista, la promoción, por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial y social, la violencia como forma de expresión política y el intento de instrumentar un plan que atenta contra el derecho a la paz de todas y de todos”.
En definitiva, el proyecto constituyente está orientado a la marginación de la oposición política al gobierno nacional.
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