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ALERTA- Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente contraría el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas

A principios de abril de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante las decisiones 155 y 156, se atribuyó funciones correspondientes a la Asamblea Nacional, motivando a la sociedad civil a iniciar un ciclo de protestas cuyo fin, después de tres meses, no parece divisarse pronto.

La manifestación de la ciudadanía contra las acciones gubernamentales provocó un despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, caracterizado por excesos en el uso de perdigones y bombas lacrimógenas, e incluso, la utilización de armas de fuego y explosivos para el control de las protestas, en clara contravención a lo establecido en la Constitución de la República y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este despliegue represivo ha dejado como saldo un gran número de fallecidos y centenares de heridos, cuya responsabilidad el Estado se niega a aceptar. Por otro lado, las detenciones arbitrarias se han hecho frecuentes, y el juzgamiento de civiles en tribunales militares se ha convertido en una práctica recurrente.

Este panorama ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos, que han sido enfáticas denunciar violaciones a los derechos de libertad de expresión, manifestación, integridad personal, debido proceso, inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, entre otros.

En este contexto de conflictividad, el Presidente de la República Nicolás Maduro convocó mediante Decreto a una Asamblea Nacional Constituyente con el argumento de “garantizar la preservación de la paz ante las  circunstancias (…) que implican un  proceso de feroz agresión imperialista y la promoción, por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial y social”. Esta alarmante justificación de la convocatoria, que destaca por negar el pluralismo político –un valor previsto en el artículo 2 de nuestra Carta Magna–, fue compartida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se hizo eco de esta motivación en la resolución emitida para avalar el decreto presidencial.

Partiendo de la premisa de que el poder constituyente originario reside en el pueblo, este debió convocar la Asamblea. Por lo tanto, el Presidente de la República usurpó la soberanía popular al efectuar la convocatoria. El Ejecutivo nacional y el resto de los órganos del Poder Público mencionados en el artículo 348, así como el 15% de electores solo pueden promover o presentar una iniciativa para la convocatoria; lo contrario sería admitir que cualquiera de los órganos mencionados en el mencionado artículo, o una parte del pueblo, pueda imponer al resto la redacción de una nueva Constitución.

Aunada a la ilegitimidad de la convocatoria, el establecimiento de las bases comiciales –entendidas como el conjunto de normas destinadas a regir las elecciones de los constituyentes– vulnera el derecho a la participación política de los venezolanos. Las reglas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, impuestas por el Presidente de la República sin la aprobación popular, implican la sobrerrepresentación de ciertos sectores en detrimento de otros, que tendría por consecuencia la violación al principio de igualdad y la desproporcionalidad de los resultados electorales. Esta desproporción se deriva de la elección de un representante por cada municipio del país, sin considerar el número de habitantes, y de la forma de elección sectorial, que transgrede el principio de universalidad del voto.

Del mismo modo, las condiciones establecidas para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente muestran una clara tendencia a ignorar el carácter del pueblo como depositario de la soberanía. Además, la Asamblea, que no tiene una duración predeterminada, tiene la potestad de decidir la cesación o limitar el funcionamiento de los poderes públicos constituidos.

En definitiva, el establecimiento de bases comiciales sin la aprobación de un referendo popular y con las características anteriormente señaladas, permite prever que el objetivo de quienes concibieron la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente es hacerla omnipotente, sin que exista la garantía de que el texto redactado sea sometido a aprobación popular.

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), en su carácter de organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, con énfasis en los derechos civiles y políticos, denuncia esta iniciativa que contraría los principios más básicos de la democracia, base del Estado de Derecho y condición determinante para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Una convocatoria con estas características resta importancia a la  voluntad del pueblo como base de la autoridad de gobierno y a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Sin duda alguna, la convocatoria y las reglas de elección de la Asamblea Nacional Constituyente niega el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas.

Guardia Nacional Bolivariana reprime a manifestantes opositores en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo de Maracaibo

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Protesta opositora en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo en Maracaibo, Venezuela, el 19 de abril de 2017. Foto cortesía de Ernesto Pérez

Desde inicios de abril, Venezuela retomó las protestas para oponerse a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que otorgan potestades legislativas al Ejecutivo, y desconocen la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. A raíz de estas decisiones del máximo tribunal venezolano, diversos actores internacionales se pronunciaron para criticar la inexistencia de democracia en Venezuela y las violaciones a la Constitución derivadas de estas sentencias.

Por estas razones, el 19 de abril de 2017, se convocó en todas las ciudades del país a manifestarse de forma multitudinaria. En Maracaibo, la manifestación tenía como fin la entrega de un documento en la Defensoría del Pueblo, ubicada en el casco central de la ciudad, cuyo objeto era exigir a este organismo velar por los derechos humanos de los venezolanos y solicitar la realización de elecciones. En paralelo, en la Plaza Bolívar –también ubicada en el casco central de la capital zuliana- el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, encabezaba un acto cívico militar para conmemorar los 207 años de la Proclamación de la Independencia de Venezuela.

Después de que los manifestantes opositores se aglutinaran en las afueras de la Defensoría del Pueblo, la Guardia Nacional Bolivariana agredió  a los ciudadanos con bombas lacrimógenas para impedir que cruzaran la barrera que los efectivos habían creado con el fin de evitar la llegada a la Defensoría del Pueblo de los manifestantes.

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Cuerpos de seguridad del Estado acompañan al gobernador Francisco Arias Cárdenas en acto cívico militar del 19 de abril de 2017 en la Plaza Bolívar de Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

Al final de esta jornada, más de 20 personas vinculadas a las protestas de la oposición fueron detenidas. Mientras tanto, el acto cívico-militar del sector oficialista y su marcha “en respaldo a la paz” transcurrió sin represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Por: María Inés Hernández

Sin prensa libre no hay democracia

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La versión impresa del diario La Verdad no circuló los días 24 al 29 de junio de 2016 por falta de papel periódico. Luego, el 30 de junio volvió a publicarse, al llegar a sus instalaciones el despacho de papel proveniente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). La situación se repitió el día domingo 20 de noviembre, cuando el diario tampoco pudo circular, afectando también la publicación del semanario de la Universidad del Zulia que se publica los domingos como encartado. Asimismo, el diario Qué Pasa no pudo imprimirse del 18 al 20 de noviembre, reapareciendo el 21 de noviembre. También, el diario El Regional del Zulia agotó su inventario de papel. En estas circunstancias, a pesar de las gestiones realizadas por sus propietarios ante el CEAM, estos diarios dejaron de salir a la venta a partir del 22 de noviembre. Por su parte, el diario Versión Final, otro de los periódicos importantes de la región, debió reducir el número de páginas de 40 a 24, limitando el contenido de la información.

Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la libre expresión, y además, el derecho a informar y ser informado de las noticias, en correspondencia con el fin constitucional de establecer una “sociedad democrática, participativa y protagónica”. Esto significa que el Estado debe asegurar, para el ejercicio de esas libertades, que no existan obstáculos o circunstancias que impidan su desarrollo. La existencia de una única empresa autorizada por el Estado venezolano –y que es de su propiedad– para la importación y distribución de papel prensa contradice, además, el mandato constitucional de prohibición de los monopolios (artículo 113). Cabe recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos, denunciada por el Estado venezolano en detrimento del ejercicio y la protección más favorables de los derechos, establece en su artículo 13.3 que el derecho de expresión no puede restringirse por medios indirectos, como es el caso de controles oficiales de papel para periódicos, conducentes a impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones, así como el derecho de toda la sociedad de estar informada, condiciones básicas de una sociedad democrática. Estas fallas en la distribución de papel periódico han sido recurrentes en todo el país desde hace varios años, obligando a otros diarios, de alcance nacional y regional, a reducir su tamaño, número de páginas, salir de circulación, y eventualmente, cerrar sus puertas.