Transparencia Venezuela, Acción Solidaria y CODHEZ encabezan el foro “Venezuela Urgente”

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EN LA FOTO: Prof. Jesús Urbina, Coordinador de Transparencia Venezuela en el Zulia.

El miércoles 23 de mayo, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Maracaibo, las organizaciones Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y CODHEZ compartieron un diagnóstico de la situación de los derechos a la salud y el derecho a la protesta en Venezuela. Por un lado, Transparencia Venezuela dio una radiografía del uso de los fondos del Estado dedicados a la prestación del servicio de salud en el país a través de las Misiones que han sido creadas por el Gobierno. Por otro lado, Acción Solidaria explicó a los asistentes que desde hace tres años ha ocurrido una violación sistemática al derecho a la salud y la vida de los venezolanos causada por las políticas públicas del Estado venezolano que directa o indirectamente inciden en la importación y producción de medicamentos en el país.

Esta actividad permitió exponer al público una visión general del panorama venezolano en materia de derechos humanos claves para la dignidad humana como el derecho a la salud y a la libre expresión. Así mismo, permitió evidenciar el trabajo de investigación desarrollado por las organizaciones participantes.

Foto Foro Venezuela

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Alimentación y derechos de los indígenas en Venezuela: Las inexactitudes de las declaraciones del Estado venezolano en el EPU

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El pasado 1 de noviembre,  durante el Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, representantes del  Estado venezolano presentaron el panorama nacional en materia de derechos humanos. Particularmente, las afirmaciones realizadas en el área de alimentación y derechos indígenas ante los 193 Estados presentes fueron fuentes de polémica.

Por esta razón, resulta propicio contrastarlas frente a la realidad constatada por CODHEZ en el Estado Zulia. Para este propósito, nos serviremos de una declaración de la Ministra para el Poder Popular de los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, y de lo establecido en el Informe Nacional enviado previamente por el Estado venezolano a este organismo.

Al referirse a los progresos en materia de derechos de los indígenas, la Ministra Aloha Núñez afirmó “En estos 17 años de la Revolución Bolivariana se han implementado políticas que garantizan los derechos humanos de los indígenas; (…) para la promoción, rescate y difusión de los idiomas y saberes ancestrales.  A través de esta declaración, que enfatiza el respeto a la cultura indígena y se sustenta en la voluntad de promover y difundir los valores de estas comunidades, se manifiestan unas intenciones contradichas por la realidad.  Un ejemplo de ello es el Decreto Presidencial N° 1.989, a través del cual el 7 de septiembre de 2015 se estableció el estado de excepción en municipios cuya población es fundamentalmente indígena como Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia.  

Este estado de excepción reforzó la militarización en la Guajira, restringió derechos civiles y políticos y no cumplió con el requisito de consulta previa con las autoridades legítimas de los pueblos indígenas, previsto en el artículo 11 LOPCI.. De esta manera, el Estado demostró que su voluntad de respetar la cultura y formas de vida de estos pueblos no se concretó en la toma de decisiones estratégicas de seguridad nacional.

Por otra parte, el Informe Nacional enviado por el Estado venezolano antes del examen establece “Desde el 2013 se ha intensificado la Gran Misión Alimentación, facilitando el acceso a los rubros de primera necesidad a toda la población y fortaleciéndose las redes públicas de distribución de alimentos. Para 2014, el 95,4% de los venezolanos comieron 3 y más veces al día; y más de 4.000.000 de niños comieron 2 comidas y una merienda en las escuelas bolivarianas”. Ante esta aseveración, es propicio destacar que desde hace unos años el desabastecimiento y el difícil acceso a los alimentos se han visto reflejados en el deterioro de la salud de niños, niñas y adolescentes, e incluso, el fallecimiento de algunos por malnutrición. En 2016, junto con el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, hemos constatado 12 casos de malnutrición infantil.  Asimismo, el 4 de junio se informó sobre la muerte de dos niños de la etnia Wayúu por malnutrición en el hospital Dr. Adolfo Pons de Maracaibo. Según su progenitora, los niños solo consumían alimento basado en agua, harina y sal.

Del mismo modo, según información suministrada a CODHEZ por el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, el 2 de noviembre murió otro niño con apenas dos meses de nacido por malnutrición. El menor había ingresado el 30 de octubre, junto con su hermano gemelo, al Hospital Binacional de Paraguaipoa, con un cuadro de diarrea y deshidratación.

Igualmente, de acuerdo a notas de prensa publicadas a finales de junio, en los hospitales Chiquinquirá y Dr. Manuel Noriega Trigo de Maracaibo se pueden observar varios casos de desnutrición infantil, y en el área educativa los profesores zulianos han reportado que los alumnos se desmayan en clases debido a las deficiencias existentes en el Programa Alimentario Escolar (PAE).

En conclusión, la situación del país en materia de derechos indígenas y alimentación obligan al Estado a asumir responsabilidades y generar políticas públicas orientadas a la satisfacción de las demandas en estos sectores. A corto plazo, se hace imperativo que se revelen las disparidades existentes entre las declaraciones realizadas por los voceros del gobierno y la realidad constatada por las Organizaciones No Gubernamentales en materia de derechos humanos.  Solo de esta manera se podrá tener una visión real de las magnitudes del problema y exigir soluciones acordes a estas.

Aumentan las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela

Por Gustavo Ocando Páez

En los espacios del Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) se presentó el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela en 2015, elaborado por la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) sirvió como anfitriona del evento, en el cual también tomaron derecho de palabra representantes de distintas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, entre ellas, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira y el capítulo Zulia de Transparencia Venezuela.

“Es indispensable difundir las cifras de una organización con la trayectoria de Provea” expresó Daniela Guerra, Directora General de CODHEZ, quien, al mismo tiempo, tomó la palabra para denunciar el carácter inconstitucional de la figura del patriota cooperante y sus nefastas consecuencias en el desarrollo de los procedimientos judiciales.

Por su parte, Jesús Urbina, representante del capítulo Zulia de Transparencia Venezuela, indicó que Provea es considerada la organización decana en materia de derechos humanos en Venezuela, y que la presentación de su informe anual tiene una enorme trascendencia al momento de realizar un balance general de la situación de los derechos humanos en el país.

Asimismo, José David González, Director General del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, relató los graves atropellos sufridos por la población Wayuu. “Estamos atravesando una situación muy difícil con la presencia permanente del ejército en nuestro territorio, pues desde finales de 2010 hasta la fecha, hemos registrado que 20 asesinatos de miembros de la comunidad en manos de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 19 casos de tortura, así como unos 600 allanamientos de viviendas y más de 700 personas privadas de su libertad de manera ilegal”.

En tanto, Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, inició la presentación del informe destacando que las cifras disponibles revelan cómo los efectos negativos de la gestión del gobierno nacional han superado con creces la contracción de derechos sociales sufrida por Venezuela durante los años 90. Además, reveló que existen 460 casos de violaciones al derecho a la vida, cifras que constituyen un aumento del 109% respecto al año anterior. “Existen unas 793 víctimas de tratos crueles y hemos atendido 6 casos de tortura”.

Uzcátegui también destacó que la profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos se manifiesta cotidianamente en la escasez extrema de alimentos y medicinas, el elevado nivel de inflación, y el incremento de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en los sectores más desfavorecidos del territorio nacional. Del mismo modo, resaltó que las denuncias de violaciones al derecho a la salud ascendieron un 40% en comparación con el año anterior, y señaló que se registran 15.496 detenciones arbitrarias cometidas durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).

Finalmente, el Coordinador General de Provea explicó que “es fundamental el trabajo de recopilación y documentación de testimonios y pruebas porque las violaciones a los derechos humanos no prescriben, pues aunque en el presente no se haga justicia estamos seguros de que se hará justicia en el futuro”.