ALERTA- La Ley constitucional contra el odio viola derechos civiles, políticos y promueve la persecución contra la disidencia

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El pasado 8 de noviembre, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, un instrumento jurídico cuyo propósito es penalizar discursos contrarios a la ideología del partido de gobierno y establecer penas de 10 a 20 años de cárcel, entre otras sanciones, a ciudadanos y medios de comunicación que expresen mensajes que puedan catalogarse como “promotores del odio y la intolerancia” por los partidarios del gobierno nacional.

Al evaluar este instrumento jurídico, es necesario tener en cuenta que la actual Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad de origen pues surgió como producto del desconocimiento del derecho de los venezolanos a decidir sobre el destino político de su país al no efectuarse la consulta popular establecida en la Constitución como requisito para su convocatoria. Además, este órgano no posee competencia para discutir y aprobar leyes, pues ello corresponde a la Asamblea Nacional electa por los venezolanos en diciembre de 2015.

Desde su instalación, el uso de la Asamblea Nacional Constituyente como instrumento para la imposición del proyecto político-ideológico del partido de gobierno ha sido evidente, y todas las decisiones que ha tomado así lo reafirman.

   Si bien es cierto que según estándares internacionales deben sancionarse los discursos promotores del odio y la violencia, tal como lo hace el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ordena que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”, las regulaciones nacionales deben garantizar la libre expresión, de modo que existan parámetros objetivos que permitan juzgar que un determinado discurso promueve el odio y la violencia contra determinado sector de la sociedad. En el caso de la ley aprobada por la ANC, la evaluación de estos elementos corresponderá a sectores identificados con el gobierno nacional, y por tanto, existe un temor fundado de que su aplicación sea parcializada.

   Desde CODHEZ alertamos que la Ley constitucional contra el odio, por  la convivencia pacífica y la tolerancia es ilegítima, y puede considerarse un instrumento jurídico violatorio de derechos humanos tales como la libertad de pensamiento y expresión. Además, su aplicación se traducirá en una mayor persecución a la disidencia y el incremento de la censura contra ciudadanos y medios de comunicación.

   En definitiva, las acciones persecutorias que de esta ley se deriven deben ser consideradas pruebas del carácter no democrático del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y por ello deben ser documentadas, denunciadas y sancionadas como violatorias de derechos civiles y políticos.

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Excesos en el control de manifestaciones han afectado el derecho a la inviolabilidad del hogar

Al igual que en 2014, los excesos de la fuerza pública para el control de manifestaciones han sido evidentes, desatendiendo los lineamientos previstos en el “Manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, publicado en 2012, que desarrolla la Resolución 113 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de 15 de abril de 2011.

Los abusos de las fuerzas de orden público no solo han vulnerado el derecho a la manifestación, sino también la inviolabilidad del hogar. La actuación policial y militar ha implicado el allanamiento inconstitucional de hogares, en franca contravención al artículo 47 de la Constitución de la República, y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen la inviolabilidad del hogar y de todo recinto privado, no pudiendo ser allanados sino por orden judicial o para impedir la perpetración de un delito.

En Maracaibo, las zonas residenciales de Torres El Saladillo, Loma Linda, Martin y Palaima, así como las urbanizaciones Pomona, Urdaneta y Santa Fe, han sido objeto de ataques indiscriminados por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, con el objeto de dispersar las manifestaciones, evitar o reprimir el cierre de vías, transgrediendo, entre otras obligaciones previstas en el citado Manual, la de (i) utilizar siempre los medios alternativos para la solución de conflictos (tales como la negociación, la mediación, entre otros) como primera medida de actuación; (ii) extremar precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables, adoptando los medios de disuasión, protección y control más adecuados; (iii) extremar las precauciones en el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, y en espacios confinados o sitios cerrados; (iv) garantizar la existencia de corredores humanitarios para facilitar el acceso y salida de socorristas: ambulancias, bomberos, entre otros; (v) aprehender sólo a aquellas personas que agredan a otros manifestantes o a los funcionarios de policía, quedando prohibidas las aprehensiones colectivas o redadas; y (vi) garantizar la existencia de corredores humanitarios para facilitar el acceso y salida de socorristas: ambulancias, bomberos, entre otros.

Por Juan Berríos

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En la Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario de fecha 14 de enero de 2016 se publicó el decreto presidencial N° 2.184, estableciendo “el estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional” según lo estatuido en su artículo primero.

Antes de ahondar en el estudio del contenido del decreto, es muy importante tener en cuenta el mandato constitucional que rigen los estados de excepción, los cuales pueden ser decretados únicamente por tres motivos taxativos: alarma, emergencia económica, o conmoción interior o exterior:

Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más.

Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual.

Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.

La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

Asimismo, la Constitución contempla un control político y otro de tipo jurídico, que corresponde a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente:

Artículo 339. El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. (…)

Según lo previsto en el texto constitucional, el Presidente de la República presentó el decreto de estado de excepción por emergencia económica ante la Asamblea Nacional, que luego del análisis por parte de la comisión especial y la elaboración del correspondiente informe, decidió no aprobarlo en ejercicio de su competencia de control político. En estas circunstancias era innecesario que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad debido a que –en sentido estricto– debía entenderse que el decreto había cesado. Sin embargo, la Sala Constitucional se pronunció el 11 de febrero de 2016, en la sentencia N° 7, en la cual se expuso lo siguiente:

3.1.- El control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos; (…)

3.2.- El Decreto n.° 2.184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el n.° 6.214 Extraordinario el 14 de enero de 2016, mediante el cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental [destacado propio].

En ese sentido, la Sala Constitucional mantuvo la eficacia del decreto de estado de excepción que había sido rechazada por la Asamblea Nacional. Esto, sin dudas supone una grave alteración a lo establecido de forma expresa y precisa en la Constitución de la República.

Lo grave de la situación no solo es que se hayan obviado y modificado los procedimientos constitucionales para darle eficacia al decreto, sino que además, el mismo presenta una serie de imprecisiones en las medidas, cuando el mandato constitucional es que las limitaciones a los derechos deben ser claras y específicas, con el fin de evitar abusos por parte de las autoridades y el menoscabo de los derechos.

Las competencias que se confirió el Presidente de la Republica, mediante el analizado decreto, son de una amplísima disposición de los recursos económicos, sin aprobación de algún órgano externo al Ejecutivo Nacional. Vale la pena recordar que el endeudamiento nacional, los gastos e inversiones de la Republica, por mandato constitucional, están sometidos al control político de la Asamblea Nacional.

El artículo 2 del Decreto de estado de excepción de enero de 2016 es una muestra de su imprecisa regulación:

Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica a que se refiere este Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes, particularmente con los siguientes aspectos: (…)

De seguidas, se establece una serie de numerales con atribuciones. Sin embargo, de la lectura del encabezado el artículo, se entiende que esas atribuciones no son taxativas, sino simplemente enunciativas, otorgando entonces un poder ilimitado al Ejecutivo Nacional.

Lo gravoso de la situación no fue únicamente la entrada en vigencia de la emergencia económica, la cual debía durar 60 días, prorrogables por un plazo único de 60 días. Vale decir, no existe posibilidad constitucional de realizar más de una prórroga. Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo Nacional ha consistido en dictar otros dos decretos de estado de excepción con sus respectivas prórrogas. El segundo de los decretos se dictó el 13 de mayo, prorrogado el 12 de julio, y el tercero el 13 de septiembre, que se prorrogó el 13 de noviembre. De esta forma, el 11 de enero el país completará 360 días en estado de excepción, sin que se hayan reportado los resultados de la intervención extraordinaria del Ejecutivo nacional para solventar los problemas económicos del país.

Sin prensa libre no hay democracia

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La versión impresa del diario La Verdad no circuló los días 24 al 29 de junio de 2016 por falta de papel periódico. Luego, el 30 de junio volvió a publicarse, al llegar a sus instalaciones el despacho de papel proveniente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). La situación se repitió el día domingo 20 de noviembre, cuando el diario tampoco pudo circular, afectando también la publicación del semanario de la Universidad del Zulia que se publica los domingos como encartado. Asimismo, el diario Qué Pasa no pudo imprimirse del 18 al 20 de noviembre, reapareciendo el 21 de noviembre. También, el diario El Regional del Zulia agotó su inventario de papel. En estas circunstancias, a pesar de las gestiones realizadas por sus propietarios ante el CEAM, estos diarios dejaron de salir a la venta a partir del 22 de noviembre. Por su parte, el diario Versión Final, otro de los periódicos importantes de la región, debió reducir el número de páginas de 40 a 24, limitando el contenido de la información.

Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la libre expresión, y además, el derecho a informar y ser informado de las noticias, en correspondencia con el fin constitucional de establecer una “sociedad democrática, participativa y protagónica”. Esto significa que el Estado debe asegurar, para el ejercicio de esas libertades, que no existan obstáculos o circunstancias que impidan su desarrollo. La existencia de una única empresa autorizada por el Estado venezolano –y que es de su propiedad– para la importación y distribución de papel prensa contradice, además, el mandato constitucional de prohibición de los monopolios (artículo 113). Cabe recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos, denunciada por el Estado venezolano en detrimento del ejercicio y la protección más favorables de los derechos, establece en su artículo 13.3 que el derecho de expresión no puede restringirse por medios indirectos, como es el caso de controles oficiales de papel para periódicos, conducentes a impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones, así como el derecho de toda la sociedad de estar informada, condiciones básicas de una sociedad democrática. Estas fallas en la distribución de papel periódico han sido recurrentes en todo el país desde hace varios años, obligando a otros diarios, de alcance nacional y regional, a reducir su tamaño, número de páginas, salir de circulación, y eventualmente, cerrar sus puertas.

Organizaciones de derechos humanos exigen garantías para la participación política en las elecciones y en los referendos

CNE Articulo 72 CRBV cuadro oscuro.pngOrganizaciones de derechos humanos venezolanas rechazan la suspensión del proceso de referéndum revocatorio y las postergación inconstitucional de las elecciones regionales. Estas medidas constituyen una violación a los derechos políticos de los venezolanos y una evidente ausencia de independencia del Poder Judicial y del Poder Electoral, que cierra  las vías hacia una solución pacífica de la crisis política y social que enfrenta Venezuela.

El 20 de octubre de 2016,  tribunales penales de los estados Carabobo, Apure, Aragua y Bolívar admitieron casi en simultáneo, querellas penales contra la recolección del 1% de firmas para el referéndum revocatorio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de ya haber aprobado esta parte del proceso en el mes de abril, anunció de inmediato que “acataba” las decisiones de los tribunales y suspendió el proceso.

Estos acontecimientos fueron consecutivos a declaraciones públicas del primer vicepresidente del PSUV y Diputado Diosdado Cabello, quien anunció que estaban a la espera de la “cayapa judicial”. Cabello ordenó a todos los Equipos Regionales del partido y a los jefes estadales de los aliados que fueran a los tribunales y exigieran justicia por la supuesta recolección de firmas de personas fallecidas, menores de edad y privados de libertad.

El  18 de octubre el CNE anunció igualmente la suspensión, sin motivos, de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos, que debían hacerse en el 2016, las cuales fueron aplazadas para finales del primer semestre de 2017.

Estos hechos ocurren en el marco en una profunda crisis económica y social que afecta al país, que incluye alta escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, dificultad económica para el acceso a bienes y servicios básicos y altos índices de criminalidad.

El retardo y suspensión de la consulta popular atenta gravemente contra el derecho a la participación de los venezolanos. La ausencia de procesos electorales afecta también de forma indirecta derechos económicos y sociales de los ciudadanos , al impedir una solución pacífica a los problemas comunes. Este escenario de falta de institucionalidad e independencia de poderes públicos, ausencia de consulta popular y graves violaciones de derechos humanos socava la democracia en Venezuela.

Por estas razones exigimos:

  1. Que el Consejo Nacional Electoral reanude de forma inmediata el proceso de recolección de firmas y haga posible llevar a cabo sin dilaciones indebidas el referéndum revocatorio así como las elecciones regionales en el tiempo constitucionalmente previsto.
  2. Que el Poder Judicial se abstenga de obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana de los venezolanos y se ajuste a parámetros de autonomía, independencia e imparcialidad en el estricto marco de su competencia
  3. Que el Poder Ejecutivo facilite el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana de todas las personas, no establezca obstáculos para los mismos y posibilite una solución pacífica de la crisis política, institucional, económica y social de Venezuela.
  4. El gobierno nacional debe garantizar plenamente los derechos a la libertad de pensamiento, expresión,  asociación y a la reunión o asamblea de todas las personas que quieran manifestar su inconformidad con estas decisiones.
  5. A las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región a instar a sus gobiernos a que desarrollen acciones que contribuyan a una solución constitucional y pacífica a la grave crisis venezolana.

En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2016.

Organizaciones que suscriben;

  • Acción Ciudadana Contra el SIDA
  • Acción Solidaria
  • FUNPAZ A.C. (Asociación Civil fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz)
  • CADEF (Centro de Acción y defensa por los DDHH)
  • Centro de Derechos Humanos de la UNIMET
  • Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  • Civilis Derechos Humanos
  • Codhez (Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia)
  • Comisión Episcopal Justicia y Paz
  • Convite AC
  • Espacio Público
  • EXCUBITUSdhe
  • Movimiento Vino Tinto A.C.
  • Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  • Observatorio Venezolano de Prisiones
  • Oficina de DDHH de Amazonas
  • Provea (Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos)
  • Sinergia
  • StopVIH
  • Transparencia Venezuela
  • Un Mundo Sin Mordaza
  • Una Ventana A la Libertad

Nuevamente diferida la audiencia de juicio de Eduardo García

Ayer 18 de octubre fue nuevamente diferida la audiencia de juicio de Eduardo García, después de más de un año de espera para probar su libertad.

El 7 de mayo de 2014, luego de finalizar su participación en una cadena humana, Eduardo García fue detenido, junto a otras tres personas, por funcionarios vestidos de civilesen las adyacencias del lugar donde se realizó la protesta. 122 horas después de haber sido aprehendido fue presentado a un tribunal, que ratificó la medida de privación de libertad, permaneciendo recluido en la sede del SEBIN de Maracaibo.

Acusado de instigación e intimidación pública, incendio y daños a la propiedad, en julio de 2015, se celebró su audiencia preliminar luego de constantes diferimientos, y fue remitido a juicio.Desde entonces,el juicio no se ha realizado y las solicitudes de revisión de la medida de privación de libertad han sido negadas.

En la actualidad, Eduardo presenta trastornos de sueño y ansiedad producto de la falta de acceso a luz natural, pues su celda se encuentra en un sótano.

La fecha pautada para la audiencia de juicio quedó fijada para el 2 de noviembre.

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El Estado venezolano fracasa en la reivindicación de los pueblos indígenas

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Hoy 12 de octubre se conmemora la llegada en 1492 de Cristóbal Colón a tierras americanas. Este día, anteriormente conocido como “Día de la Raza”, fue denominado en el año 2002 “Día de la Resistencia Indígena” por iniciativa gubernamental. Sin embargo, a más de quinientos años de este encuentro entre mundos, aún los pueblos originarios se enfrentan a múltiples injusticias y el mismo Estado que con esta denominación manifestó la intención de reconocer sus luchas históricas, hoy en día es causante por acción y omisión de gran parte de las penurias que estos enfrentan.

El estado Zulia es el hogar de 443.544 indígenas, es decir, el 61,2% de la población indígena nacional conformada por los pueblos Añú, Barí, Japreria, Yukpa y Wayuu. Estas comunidades,a pesar de su importancia demográfica e histórica, son discriminadas y sus derechos constitucionales no son garantizados. Un ejemplo de ello es el caso de la Guajira venezolana, ampliamente estudiado por CODHEZ, donde la militarización del territorio ha generado una serie de violaciones que compromete la responsabilidad del Estado venezolano. A su vez, la escasez de alimentos, medicamentos, y la deficiencia general en la prestación de servicios, han ocasionado una grave crisis económica y social en esa región.

 Por una parte,la militarización  de la zona realizada en el año 2010  a causa del establecimiento de un distrito militar,fue reforzada el  7 de septiembre de 2015 con la declaratoria de un estado de excepción que restringió derechos civiles y políticos, tales como la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, el libre tránsito, la reunión privada o pública, la manifestación pública, y la libertad económica. Como consecuencia de esta situación, desde 2010 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha registrado 21 muertes, 46 heridos, 19 torturados, un secuestrado, un desaparecido y cientos de casos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. De acuerdo a declaraciones de familiares y testigos, los responsables de estos hechos son funcionarios del Ejército venezolano. Estas violaciones han sido denunciadas, algunas son investigadas y solo en uno de los homicidios ha habido imputación.

Por otra parte, el estado de los servicios de salud ha empeorado. Para ilustrar el panorama en materia de salud es propicio destacar las condiciones del Hospital Binacional de Paraguaipoa: el único quirófano existente está inhabilitado y solo cuenta con una ambulancia. Igualmente, los planes gubernamentales de distribución de alimentos han sido ineficaces. Los problemas en la medición y la consecuente disparidad en las cifras oficiales han ocasionado que programas gubernamentales como Mercal Casa por Casa fracasen en su intento por mejorar la situación en materia de alimentación: en 2016 se han constatado 12 casos de malnutrición infantil y a principios de junio dos niños de la etnia Wayuu murieron por malnutrición en el hospital Dr. Adolfo Pons de Maracaibo

Por estas razones, en un día en el que se realizan diversos actos oficiales para honrar a los pueblos indígenas, resulta imperativo que el Estado venezolano examine su actuación ante estas comunidades y ejerza los correctivos necesarios. De lo contrario, las “reivindicaciones” que se pretenden materializar quedarán solo en palabras y carecerán de efectos reales.

Link resumen: Resumen guajira