El Estado venezolano debe garantizar la protección de los familiares de los asesinados en la Operación Gedeón y una investigación imparcial de los hechos

Operación Gedeón

Maracaibo.- El pasado 15 de Enero de 2018, funcionarios pertenecientes a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional, ejecutaron la Operación Gedeón, así denominada por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. El operativo se llevó a cabo en contra de un grupo armado de 12 personas que se encontraban en un chalet ubicado en El Junquito. Como resultado del uso de la fuerza empleada, murieron nueve personas y el lugar fue reducido a escombros. Murieron: Óscar Pérez, líder del grupo armado, y cinco personas que lo acompañaban —entre ellos tres jóvenes zulianos—, dos agentes policiales y el líder del colectivo progobierno Tres Raíces.

Según el Derecho Internacional, los Estados están llamados a prevenir acciones que produzcan violaciones al derecho a la vida, tomar medidas para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida por consecuencia de actos criminales, así como prevenir que fuerzas del Estado ejecuten acciones que vayan en transgresión a este derecho. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también respalda este derecho en su artículo 43. Mensajes y videos compartidos en redes sociales por Óscar Pérez y su grupo el día de los hechos, donde señalaban que estaban dispuestos a rendirse, permiten presumir que el Estado se excedió en el uso de la fuerza.

Al respecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sostuvo en el informe A/66/330, publicado el 30 de agosto de 2011, “una decisión que se adopta por anticipado y que descarta la posibilidad de ofrecer o aceptar la oportunidad de rendirse, determina la ilegalidad de dichas operaciones”. Así mismo, en este documento establece “deberían investigarse todos los casos en que se haya utilizado la fuerza letal mediante un proceso eficaz y, cuando proceda, aquellos que han violado el derecho a la vida deberían rendir cuentas”.

En definitiva, los Estados tienen la obligación de investigar la privación del derecho a la vida, y de ser el caso castigar a los responsables, en especial cuando están involucrados agentes estatales. De no ser así, se estaría creando un contexto de impunidad donde existen las condiciones para que este tipo de hechos se repita, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

En los días siguientes a los hechos ocurridos en El Junquito ha sido notoria la opacidad con  la que el Estado ha manejado la investigación de las muertes. Las familias del grupo de Óscar Pérez han declarado las trabas para hacer el reconocimiento de sus seres queridos y la entrega de los cuerpos, y además, la imposición de las condiciones del sepelio, obligando a efectuar ceremonias cerradas y altamente militarizadas. El traslado de los cuerpos de Daniel Soto y, los hermanos Lugo al Zulia, así como el de Lisbeth Ramírez al estado Táchira, fue realizado en un avión militar.

Por otro lado, el padre de los zulianos Abraham y Jairo Lugo, manifestó a los medios de comunicación que ha sido objeto de amenazas, su casa fue allanada y teme por la integridad de su familia y por su vida. El posterior hostigamiento policial y militar ha provocado temor a denunciar y expresarse.

Una semana después de los hechos ni el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, ni el Defensor del Pueblo encargado, Alfredo Ruiz, han emitido declaraciones oficiales que permitan presumir que exista la intención de realizar una investigación parcial y objetiva.

Codhez hace un llamado a esclarecer todos los hechos vinculados a la ejecución de la Operación Gedeón, debido a que existen evidencias que apuntan al uso desproporcionado de la fuerza, y por tanto, que se hayan cometido ejecuciones extrajudiciales según el Derecho Internacional. Se deben adoptar medidas para garantizar una investigación imparcial, inmediata y transparente siguiendo el Protocolo de Minnesota —modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias— así como realizar todos los esfuerzos para la preservación de las evidencias.

 Asimismo, exigimos al Estado la protección de los familiares de quienes murieron en la Operación Gedeón y evitar cualquier tipo de represalias contra quienes denuncien los hechos del 15 de enero y los días siguientes como violaciones graves de derechos humanos.

Fuente: Prensa Codhez

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¡Nuestro boletín de diciembre está disponible!

Boletín de diciembre de 2017

Un recuento del papel desempeñado por Codhez frente a las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el 2017 en el Zulia resulta imprescindible en el último boletín del año.
El 2017 año fue, sin duda alguna, particularmente sombrío para los venezolanos: sufrimos numerosas pérdidas humanas como consecuencia de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y los excesos de las fuerzas de seguridad del Estado durante el control de manifestaciones, a la vez que pudimos evidenciar otras diversas violaciones de derechos humanos que atrajeron la mirada del mundo sobre nuestro país. Sin embargo, en Codhez, los pasados 12 meses, procuramos permanecer en constante apoyo a las víctimas de violaciones a derechos humanos que han acudido a nosotros y así lo seguiremos haciendo en este 2018.

Para conocer más sobre nuestro trabajo, descarga el boletín aquí: Boletín de diciembre 2017- CODHEZ

Comunicado de las organizaciones de la sociedad civil acerca de la visita del experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas

Zayas
Alfred-Maurice de Zayas,  experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU.

La visita del experto independiente de las Naciones Unidas, Alfred-Maurice de Zayas, generó expectativas para las organizaciones de la sociedad civil venezolanas defensoras de los derechos humanos, quienes hemos estado solicitando la presencia en el país de los expertos de los distintos mecanismos de protección de derechos humanos desde hace más de una década.
La última visita a Venezuela de un represente de cualquier mecanismo de protección de derechos humanos ocurrió en mayo de 2002, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su evaluación. Desde entonces, 11 procedimientos especiales de las Naciones Unidas y Comisionados de la CIDH han pedido al Estado venezolano, en reiteradas oportunidades, realizar una misión al país para constatar la situación de los derechos humanos, sin que haya habido una respuesta a dichas solicitudes.
En una Carta abierta al Sr. Alfred de Zayas, publicada el 27 de noviembre del presente año1, 48 organizaciones de la sociedad civil manifestamos esperar que esta visita a Venezuela estuviese enmarcada en la veeduría de los derechos humanos con garantías de independencia y seriedad de acuerdo con la función de los mandatos especiales, a fin de constatar las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país, tal como fue recogido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe de agosto de 2017, sin que además de ninguna manera esta visita pudiese ser entendida como una forma de evitar o impedir las reiteradas solicitudes al Estado venezolano de cursar invitaciones permanentes a los procedimientos temáticos especiales de derechos humanos, particularmente a los que ya han solicitado visitar el país, así como facilitar y permitir su efectiva realización.
El 29 de noviembre de 2017 varias organizaciones participamos en reuniones con el Sr. De Zayas, exponiendo las graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el país y consignamos informes de carácter público en los cuales estas violaciones se han documentado con datos, testimonios y el monitoreo sistemático de sus alcances y consecuencias para la población venezolana. Sin embargo, además de observar que la agenda no fue pública y plural, ni contó con una mayor participación de organizaciones y actores de la vida social y política, se intentó de forma constante eximir de responsabilidades al gobierno nacional de las violaciones a los derechos humanos, reflejando una conducta no independiente e imparcial, conforme lo exige su mandato:

  • En reiteradas oportunidades de la reunión, el experto independiente hizo hincapié en que las sanciones adoptadas por gobiernos como el de los Estados Unidos de América y Canadá contra distintas personalidades del gobierno y otros funcionarios del Estado, son causantes en gran parte de la actual crisis que atraviesa el país, afirmando el experto que aproximadamente un 30% de la problemática deriva de las sanciones, aun cuando la crisis tiene otras raíces y se mantiene mucho tiempo atrás de éstas.
  • Además expresó que la situación de guerra económica, acaparamiento y contrabando en la frontera colombo venezolana habrían repercutido notablemente en el agravamiento de la crisis tanto de alimentos como de medicinas.
  • También indicó que en la actualidad, Venezuela era objeto de la falta de solidaridad internacional por parte de diversos Estados, principalmente por sus pares de la región, destacando a Colombia entre ellos.
  • Destacó la falta de tecnócratas en las instituciones del Estado, lo cual, a su ver, habría producido muchas decisiones erradas y “estúpidas” en el manejo del Estado. Esta consideración preocupa enormemente, toda vez que parece restarle importancia a la grave situación del país, más aun cuando estas organizaciones han venido denunciando reiteradamente violaciones a los derechos humanos.

Antes de su visita, el experto independiente expresó que “[e]n particular, dese[aba] estudiar cómo se gastan los presupuestos nacionales y en qué medida las demandas de la sociedad civil global tienen un impacto positivo en la inversión en alimentos, vivienda, programas de educación y salud, promoción de los derechos laborales, solidaridad social, reforma fiscal, no discriminación, acceso a la información, libertad de expresión y estado de derecho”2. No obstante, el 30 de noviembre de 2017, el Sr. De Zayas publicó en su blog donde destaca información sobre su trabajo como experto independiente3, imágenes de un supermercado capitalino durante un recorrido enteramente guiado por el gobierno nacional, pretendiéndose mostrar abundancia en el sector alimenticio cuando la realidad difiere con creces de esas imágenes y las mismas sólo permiten ver una versión parcial del país, dejando de lado la verdadera emergencia humanitaria en todo el territorio nacional. Dichas imágenes fueron eliminadas en días posteriores tras haber recibido críticas y cuestionamientos.
Todas las consideraciones expuestas por el experto independiente, tanto en reuniones como en publicaciones, compaginan con el actual discurso del gobierno nacional, el mismo que le ha servido de excusa para no permitir el control de los mecanismos de protección de derechos humanos. Tales conductas desmeritan la acción de este mecanismo de protección de las Naciones Unidas, al usarse este procedimiento especial como plataforma política del Estado venezolano, el cual, sabiéndose responsable de una crisis de derechos humanos sin precedentes parece buscar con la presencia del Sr. De Zayas vías alternas para justificar la constante obstaculización a las visitas de otros expertos de los sistemas de protección de derechos humanos, universal y regional, que han solicitado y ratificado este pedimento a Venezuela.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes presentan una serie de exigencias y recomendaciones ante el experto independiente:

  • Que la actuación y análisis del experto independiente sobre Venezuela esté enmarcada en los principios de independencia e imparcialidad que comprometen su mandato.
  • Que el experto independiente dé cuentas claras y explicitas en su informe de la información recibida por parte de las organizaciones de la sociedad civil venezolana que han registrado y documentado casos de violaciones de derechos humanos y que reflejan la actual emergencia humanitaria del país.
  • Que el experto independiente presente las recomendaciones pertinentes para que sean implementados los correctivos y las medidas necesarias y adecuadas para la resolución de la crisis económica, política y social que existe actualmente en Venezuela.
  • Que el experto independiente sustente sus afirmaciones y recomendaciones desde un enfoque de derechos humanos y de conformidad a los términos de su mandato, más allá de meras opiniones personales.
  • Que finalmente, recomiende al Estado venezolano la vuelta a la veeduría de los sistemas de protección de derechos humanos de los que hace parte, permitiendo todas las visitas posibles, particularmente a los que ya han solicitado visitar el país, y facilite y permita su efectiva realización, así como la vuelta al sistema interamericano de derechos humanos dejando sin efecto las denuncias de la Carta de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes esperan que el experto independiente tenga en cuenta la información consignada por las organizaciones de derechos humanos sobre diversos temas, en los cuales se ha reflejado notablemente la opacidad como política estatal en el manejo de los recursos y bienes públicos. Además se espera que dé cuenta efectiva de lo que realmente pudo constatar, toda vez que si su visita no fue una mera visita guiada por el gobierno nacional habrá podido observar la gravísima emergencia humanitaria que vive la población en cuanto a la carestía de medicamentos, equipos médicos para exámenes y estudios, alimentos, así como en materia de seguridad ciudadana, represión y libertad de expresión, acceso a la información, falta de independencia del poder judicial y otros órganos del Estado, entre otros problemas que sufre la población venezolana a lo largo y ancho del territorio.
Por último, queremos recordar al experto independiente que debido a la importancia de los mecanismos de protección de derechos humanos, su pronunciamiento e informe final tendrán un impacto directo en la vida de la población venezolana y medirá el grado de compromiso con sus responsabilidades en la resolución de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Por tanto, apelamos al apego de su mandato como experto independiente para cumplir con las funciones de su cargo.
Organizaciones firmantes:
A.C. María Estrella de la Mañana
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria (ACSOL)
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
Asociación Civil Mujeres en Línea
Aula Abierta Venezuela
Banco del Libro
Cecodap
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Centro de Animación Juvenil
Centro para la paz y Derechos Humanos Padre Luis María Olaso UCV (CPDDHH)
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Civilis Derechos Humanos (CivilisDDHH)
Coalición Clima21
Codevida Amigos Trasplantados de Venezuela
Comisión para los derechos humanos y la Ciudadanía – CODEHCIU
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia – CODHEZ
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
Convite A.C.
Espacio Público
EXCUBITUS derechos humanos en educación
Foro Penal Venezolano
Fundación Aguaclara
Fundación Redes
Fundeci
Humano Derecho Radio
Laboratorio de Paz
Monitor Social A.C.
Movimiento SOMOS
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Observatorio Venezolano de la Salud
Observatorio de derechos humanos de la Universidad de los Andes
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Padres Organizados de Venezuela
Prepara Familia
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – PROVEA
Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos – PROMEDEHUM
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos
Redes Ayuda
Redac – Lara
Senosayuda A.C.
Ser. Investigación y Comunicación
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
StopVIH
Transparencia Venezuela
Uniandes A.C.
Unión Afirmativa
Un Mundo sin Mordaza
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto
Individuales:
Magally Huggins

ALERTA- La Ley constitucional contra el odio viola derechos civiles, políticos y promueve la persecución contra la disidencia

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El pasado 8 de noviembre, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, un instrumento jurídico cuyo propósito es penalizar discursos contrarios a la ideología del partido de gobierno y establecer penas de 10 a 20 años de cárcel, entre otras sanciones, a ciudadanos y medios de comunicación que expresen mensajes que puedan catalogarse como “promotores del odio y la intolerancia” por los partidarios del gobierno nacional.

Al evaluar este instrumento jurídico, es necesario tener en cuenta que la actual Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad de origen pues surgió como producto del desconocimiento del derecho de los venezolanos a decidir sobre el destino político de su país al no efectuarse la consulta popular establecida en la Constitución como requisito para su convocatoria. Además, este órgano no posee competencia para discutir y aprobar leyes, pues ello corresponde a la Asamblea Nacional electa por los venezolanos en diciembre de 2015.

Desde su instalación, el uso de la Asamblea Nacional Constituyente como instrumento para la imposición del proyecto político-ideológico del partido de gobierno ha sido evidente, y todas las decisiones que ha tomado así lo reafirman.

   Si bien es cierto que según estándares internacionales deben sancionarse los discursos promotores del odio y la violencia, tal como lo hace el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ordena que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”, las regulaciones nacionales deben garantizar la libre expresión, de modo que existan parámetros objetivos que permitan juzgar que un determinado discurso promueve el odio y la violencia contra determinado sector de la sociedad. En el caso de la ley aprobada por la ANC, la evaluación de estos elementos corresponderá a sectores identificados con el gobierno nacional, y por tanto, existe un temor fundado de que su aplicación sea parcializada.

   Desde CODHEZ alertamos que la Ley constitucional contra el odio, por  la convivencia pacífica y la tolerancia es ilegítima, y puede considerarse un instrumento jurídico violatorio de derechos humanos tales como la libertad de pensamiento y expresión. Además, su aplicación se traducirá en una mayor persecución a la disidencia y el incremento de la censura contra ciudadanos y medios de comunicación.

   En definitiva, las acciones persecutorias que de esta ley se deriven deben ser consideradas pruebas del carácter no democrático del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y por ello deben ser documentadas, denunciadas y sancionadas como violatorias de derechos civiles y políticos.

Dos años después, Santa Rosa de Agua aún espera justicia

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Maracaibo.- El 14 de septiembre de 2017 se cumplen los dos años de la ejecución de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo. Este operativo dejó como saldo cinco (5) asesinatos, doscientas (200) detenciones arbitrarias y una marca de violencia que permanecerá de por vida en los sobrevivientes de la sistemática violación de derechos humanos que esta implicó.

En la madrugada del 14 de septiembre de 2015, tras la publicación de un mensaje que anunciaba la realización del operativo desde la cuenta en la red social Twitter del gobernador del estado Zulia, Franscisco Arias Cárdenas, 480 efectivos de la Guardia Nacional (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), arremetieron contra el Sector Santa Rosa de Agua al norte de la capital zuliana e ingresaron a los hogares de tres familias. Seguidamente, asesinaron a quemarropa a cinco ciudadanos: Héctor García (35), Néstor Luis García (28), Oswaldo Moreno (25), Jonathan Olivares (31) y Jorge Luis Olivares (41).

Según el testimonio de Elvimar Olivares, hermana de los fallecidos Jonathan Olivares y Jorge Luis Olivares, ellos fueron sacados con el rostro cubierto de sus hogares y trasladados en un vehículo del CICPC con rumbo desconocido. Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del Hospital Adolfo Pons.  Una situación similar ocurrió con los hermanos García y  Oswaldo Moreno, quien fue trasladado desde su casa sin signos vitales.

Durante los dos años transcurridos desde este traumático suceso, la familia Olivares interpuso la correspondiente denuncia y formuló una solicitud ante la Fiscalía General de la República que motivó el inicio de una investigación conducida por el Fiscal Nacional con competencia en derechos fundamentales, Alejandro Méndez, donde las experticias realizadas por el equipo de investigación forense del Ministerio Público sirvieron de base para acusar formalmente a cuatro funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), por los asesinatos anteriormente mencionados.

A la fecha, los familiares de las víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo ejecutada en Santa Rosa de Agua el 14 de septiembre de 2015 aún esperan justicia. Atendiendo a las evidencias halladas y a la legislación venezolana, la juez tercera de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, deberá acatar la solicitud de privar de libertad a los funcionarios acusados por el Ministerio Público, dicha detención deberá materializarse en la audiencia preliminar a efectuarse en octubre.

A pesar de las dificultades, los familiares de las víctimas continúan dispuestos a agotar todas las instancias posibles para lograr justicia.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) demandamos al Estado venezolano el cese de operativos policiales y militares violatorios de derechos humanos, entre otros; así como el respeto al debido proceso, la celeridad procesal  y la vida.

¿Quiénes Somos?

Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.

Desde entonces, continuamos prestando asistencia judicial gratuita, sobre todo en casos de detenciones arbitrarias, asesorando a las víctimas y sus familiares, y produciendo informes sobre la situación actual de los derechos en la región zuliana. Además, al día de hoy, estamos dedicando esfuerzos para la capacitación en el área de sistemas nacionales e internacionales de protección, dirigida a estudiantes, profesionales, activistas y la sociedad civil, a través de las alianzas que se han logrado hasta la fecha.

 

ALERTA- Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente contraría el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas

A principios de abril de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante las decisiones 155 y 156, se atribuyó funciones correspondientes a la Asamblea Nacional, motivando a la sociedad civil a iniciar un ciclo de protestas cuyo fin, después de tres meses, no parece divisarse pronto.

La manifestación de la ciudadanía contra las acciones gubernamentales provocó un despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, caracterizado por excesos en el uso de perdigones y bombas lacrimógenas, e incluso, la utilización de armas de fuego y explosivos para el control de las protestas, en clara contravención a lo establecido en la Constitución de la República y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este despliegue represivo ha dejado como saldo un gran número de fallecidos y centenares de heridos, cuya responsabilidad el Estado se niega a aceptar. Por otro lado, las detenciones arbitrarias se han hecho frecuentes, y el juzgamiento de civiles en tribunales militares se ha convertido en una práctica recurrente.

Este panorama ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos, que han sido enfáticas denunciar violaciones a los derechos de libertad de expresión, manifestación, integridad personal, debido proceso, inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, entre otros.

En este contexto de conflictividad, el Presidente de la República Nicolás Maduro convocó mediante Decreto a una Asamblea Nacional Constituyente con el argumento de “garantizar la preservación de la paz ante las  circunstancias (…) que implican un  proceso de feroz agresión imperialista y la promoción, por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial y social”. Esta alarmante justificación de la convocatoria, que destaca por negar el pluralismo político –un valor previsto en el artículo 2 de nuestra Carta Magna–, fue compartida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se hizo eco de esta motivación en la resolución emitida para avalar el decreto presidencial.

Partiendo de la premisa de que el poder constituyente originario reside en el pueblo, este debió convocar la Asamblea. Por lo tanto, el Presidente de la República usurpó la soberanía popular al efectuar la convocatoria. El Ejecutivo nacional y el resto de los órganos del Poder Público mencionados en el artículo 348, así como el 15% de electores solo pueden promover o presentar una iniciativa para la convocatoria; lo contrario sería admitir que cualquiera de los órganos mencionados en el mencionado artículo, o una parte del pueblo, pueda imponer al resto la redacción de una nueva Constitución.

Aunada a la ilegitimidad de la convocatoria, el establecimiento de las bases comiciales –entendidas como el conjunto de normas destinadas a regir las elecciones de los constituyentes– vulnera el derecho a la participación política de los venezolanos. Las reglas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, impuestas por el Presidente de la República sin la aprobación popular, implican la sobrerrepresentación de ciertos sectores en detrimento de otros, que tendría por consecuencia la violación al principio de igualdad y la desproporcionalidad de los resultados electorales. Esta desproporción se deriva de la elección de un representante por cada municipio del país, sin considerar el número de habitantes, y de la forma de elección sectorial, que transgrede el principio de universalidad del voto.

Del mismo modo, las condiciones establecidas para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente muestran una clara tendencia a ignorar el carácter del pueblo como depositario de la soberanía. Además, la Asamblea, que no tiene una duración predeterminada, tiene la potestad de decidir la cesación o limitar el funcionamiento de los poderes públicos constituidos.

En definitiva, el establecimiento de bases comiciales sin la aprobación de un referendo popular y con las características anteriormente señaladas, permite prever que el objetivo de quienes concibieron la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente es hacerla omnipotente, sin que exista la garantía de que el texto redactado sea sometido a aprobación popular.

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), en su carácter de organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, con énfasis en los derechos civiles y políticos, denuncia esta iniciativa que contraría los principios más básicos de la democracia, base del Estado de Derecho y condición determinante para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Una convocatoria con estas características resta importancia a la  voluntad del pueblo como base de la autoridad de gobierno y a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Sin duda alguna, la convocatoria y las reglas de elección de la Asamblea Nacional Constituyente niega el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas.

La OEA no llega a acuerdo sobre Venezuela

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El 19 de junio, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebraron la reunión de cancilleres en Cancún, México.   La reunión culminó sin que se aprobara una resolución sobre la situación de Venezuela. El bloque de países liderado por México, Estados Unidos y Perú propuso un proyecto de resolución que pedía al gobierno venezolano reconsiderar la ejecución de la Constituyente. Esta resolución recibió 20 votos a favor, faltando tres para su aprobación, ocho abstenciones, cinco votos en contra y una ausencia. El proyecto de resolución de San Vicente y Granadinas, menos crítica al gobierno, recibió 8 votos a favor entre los Estados miembros. Venezuela participaba en su última Asamblea General de la OEA, organismo del que “no aceptará nada, ni necesita nada”, según las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez.
El 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la OEA, condenó enérgicamente operativos militares de represión indiscriminada en Venezuela. En su comunicado, La CIDH observa “que organizaciones de la sociedad civil han denunciado una ‘práctica sistemática de represión indiscriminada’, y que una de las formas de represión son los operativos y las incursiones violentas. En particular, estas organizaciones indican que la represión indiscriminada en el contexto de la grave crisis social que se vive en Venezuela tiene por objeto infundir terror y zozobra en la población para persuadirles de no participar en manifestaciones.”