Dos años después, Santa Rosa de Agua aún espera justicia

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Maracaibo.- El 14 de septiembre de 2017 se cumplen los dos años de la ejecución de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo. Este operativo dejó como saldo cinco (5) asesinatos, doscientas (200) detenciones arbitrarias y una marca de violencia que permanecerá de por vida en los sobrevivientes de la sistemática violación de derechos humanos que esta implicó.

En la madrugada del 14 de septiembre de 2015, tras la publicación de un mensaje que anunciaba la realización del operativo desde la cuenta en la red social Twitter del gobernador del estado Zulia, Franscisco Arias Cárdenas, 480 efectivos de la Guardia Nacional (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), arremetieron contra el Sector Santa Rosa de Agua al norte de la capital zuliana e ingresaron a los hogares de tres familias. Seguidamente, asesinaron a quemarropa a cinco ciudadanos: Héctor García (35), Néstor Luis García (28), Oswaldo Moreno (25), Jonathan Olivares (31) y Jorge Luis Olivares (41).

Según el testimonio de Elvimar Olivares, hermana de los fallecidos Jonathan Olivares y Jorge Luis Olivares, ellos fueron sacados con el rostro cubierto de sus hogares y trasladados en un vehículo del CICPC con rumbo desconocido. Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del Hospital Adolfo Pons.  Una situación similar ocurrió con los hermanos García y  Oswaldo Moreno, quien fue trasladado desde su casa sin signos vitales.

Durante los dos años transcurridos desde este traumático suceso, la familia Olivares interpuso la correspondiente denuncia y formuló una solicitud ante la Fiscalía General de la República que motivó el inicio de una investigación conducida por el Fiscal Nacional con competencia en derechos fundamentales, Alejandro Méndez, donde las experticias realizadas por el equipo de investigación forense del Ministerio Público sirvieron de base para acusar formalmente a cuatro funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), por los asesinatos anteriormente mencionados.

A la fecha, los familiares de las víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo ejecutada en Santa Rosa de Agua el 14 de septiembre de 2015 aún esperan justicia. Atendiendo a las evidencias halladas y a la legislación venezolana, la juez tercera de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, deberá acatar la solicitud de privar de libertad a los funcionarios acusados por el Ministerio Público, dicha detención deberá materializarse en la audiencia preliminar a efectuarse en octubre.

A pesar de las dificultades, los familiares de las víctimas continúan dispuestos a agotar todas las instancias posibles para lograr justicia.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) demandamos al Estado venezolano el cese de operativos policiales y militares violatorios de derechos humanos, entre otros; así como el respeto al debido proceso, la celeridad procesal  y la vida.

¿Quiénes Somos?

Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.

Desde entonces, continuamos prestando asistencia judicial gratuita, sobre todo en casos de detenciones arbitrarias, asesorando a las víctimas y sus familiares, y produciendo informes sobre la situación actual de los derechos en la región zuliana. Además, al día de hoy, estamos dedicando esfuerzos para la capacitación en el área de sistemas nacionales e internacionales de protección, dirigida a estudiantes, profesionales, activistas y la sociedad civil, a través de las alianzas que se han logrado hasta la fecha.

 

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ALERTA.

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Maracaibo.- Al mediodía del sábado 11 de febrero de 2017 fueron detenidos arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los periodistas y coordinadores del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, junto a los comunicadores brasileños Leandro Stoliar y Gilson Souza de Oliveira. Venían de las instalaciones de la obra inconclusa de Odebrecht, el segundo puente sobre el lago o Puente Nigale, ubicado en el norte del Estado Zulia, donde recopilaban información sobre este caso que ha constituido un símbolo de corrupción para la opinión pública venezolana. Tras ser escoltados a la sede del SEBIN en Maracaibo, permanecieron 10 horas detenidos arbitrariamente y fueron asistidos legalmente por CODHEZ en coordinación con abogados de la Universidad del Zulia. La liberación se produjo a las 9:53 p.m. y a los comunicadores brasileños se les ordenó salir del país en un plazo de 24 horas. Esta situación, que suscitó el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, Transparencia Venezuela y diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es un hecho que enciende las alarmas sobre la fragilidad de la libertad de expresión y el derecho a informar, las crecientes limitaciones al trabajo de los comunicadores sociales, aunada a la falta de transparencia en el ámbito público en nuestro país. Desde CODHEZ condenamos este hecho y exigimos el cese del hostigamiento a los periodistas y activistas que ejercen contraloría social. De igual forma, instamos a los comunicadores y defensores de derechos humanos que enfrenten vejaciones similares a denunciarlos y acudir a nuestra organización para recibir asistencia.

Nuevamente diferida la audiencia de juicio de Eduardo García

Ayer 18 de octubre fue nuevamente diferida la audiencia de juicio de Eduardo García, después de más de un año de espera para probar su libertad.

El 7 de mayo de 2014, luego de finalizar su participación en una cadena humana, Eduardo García fue detenido, junto a otras tres personas, por funcionarios vestidos de civilesen las adyacencias del lugar donde se realizó la protesta. 122 horas después de haber sido aprehendido fue presentado a un tribunal, que ratificó la medida de privación de libertad, permaneciendo recluido en la sede del SEBIN de Maracaibo.

Acusado de instigación e intimidación pública, incendio y daños a la propiedad, en julio de 2015, se celebró su audiencia preliminar luego de constantes diferimientos, y fue remitido a juicio.Desde entonces,el juicio no se ha realizado y las solicitudes de revisión de la medida de privación de libertad han sido negadas.

En la actualidad, Eduardo presenta trastornos de sueño y ansiedad producto de la falta de acceso a luz natural, pues su celda se encuentra en un sótano.

La fecha pautada para la audiencia de juicio quedó fijada para el 2 de noviembre.

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Aumentan las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela

Por Gustavo Ocando Páez

En los espacios del Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) se presentó el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela en 2015, elaborado por la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) sirvió como anfitriona del evento, en el cual también tomaron derecho de palabra representantes de distintas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, entre ellas, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira y el capítulo Zulia de Transparencia Venezuela.

“Es indispensable difundir las cifras de una organización con la trayectoria de Provea” expresó Daniela Guerra, Directora General de CODHEZ, quien, al mismo tiempo, tomó la palabra para denunciar el carácter inconstitucional de la figura del patriota cooperante y sus nefastas consecuencias en el desarrollo de los procedimientos judiciales.

Por su parte, Jesús Urbina, representante del capítulo Zulia de Transparencia Venezuela, indicó que Provea es considerada la organización decana en materia de derechos humanos en Venezuela, y que la presentación de su informe anual tiene una enorme trascendencia al momento de realizar un balance general de la situación de los derechos humanos en el país.

Asimismo, José David González, Director General del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, relató los graves atropellos sufridos por la población Wayuu. “Estamos atravesando una situación muy difícil con la presencia permanente del ejército en nuestro territorio, pues desde finales de 2010 hasta la fecha, hemos registrado que 20 asesinatos de miembros de la comunidad en manos de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 19 casos de tortura, así como unos 600 allanamientos de viviendas y más de 700 personas privadas de su libertad de manera ilegal”.

En tanto, Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, inició la presentación del informe destacando que las cifras disponibles revelan cómo los efectos negativos de la gestión del gobierno nacional han superado con creces la contracción de derechos sociales sufrida por Venezuela durante los años 90. Además, reveló que existen 460 casos de violaciones al derecho a la vida, cifras que constituyen un aumento del 109% respecto al año anterior. “Existen unas 793 víctimas de tratos crueles y hemos atendido 6 casos de tortura”.

Uzcátegui también destacó que la profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos se manifiesta cotidianamente en la escasez extrema de alimentos y medicinas, el elevado nivel de inflación, y el incremento de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en los sectores más desfavorecidos del territorio nacional. Del mismo modo, resaltó que las denuncias de violaciones al derecho a la salud ascendieron un 40% en comparación con el año anterior, y señaló que se registran 15.496 detenciones arbitrarias cometidas durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).

Finalmente, el Coordinador General de Provea explicó que “es fundamental el trabajo de recopilación y documentación de testimonios y pruebas porque las violaciones a los derechos humanos no prescriben, pues aunque en el presente no se haga justicia estamos seguros de que se hará justicia en el futuro”.

Human Rights Watch entrega informe sobre torturas y confesiones forzadas a disidentes en Venezuela

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El día de ayer en la ciudad de Buenos Aires el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hizo entrega en rueda de prensa del informe realizado por Human Rights Watch sobre la situación en Venezuela.
Vivanco explicó lo relativo a la investigación realizada por esta organización titulada Venezuela: Disidentes denuncian torturas y confesiones forzadas. El contenido del informe entregado menciona el caso de Jesús Chirinos, quien para la fecha permanece privado de su libertad, y es representado por CODHEZ.
Según Vivanco, la Organización de los Estados Americanos (OEA) debería presionar al gobierno de Maduro en Venezuela para que las autoridades dispongan la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos y procesados arbitrariamente y desistan de los cargos penales en su contra.
Para conocer más detalles sobre lo declarado por Vivanco, puede consultarse el siguiente enlace: https://shar.es/1Ztc5v2