El Estado venezolano debe garantizar la protección de los familiares de los asesinados en la Operación Gedeón y una investigación imparcial de los hechos

Operación Gedeón

Maracaibo.- El pasado 15 de Enero de 2018, funcionarios pertenecientes a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional, ejecutaron la Operación Gedeón, así denominada por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. El operativo se llevó a cabo en contra de un grupo armado de 12 personas que se encontraban en un chalet ubicado en El Junquito. Como resultado del uso de la fuerza empleada, murieron nueve personas y el lugar fue reducido a escombros. Murieron: Óscar Pérez, líder del grupo armado, y cinco personas que lo acompañaban —entre ellos tres jóvenes zulianos—, dos agentes policiales y el líder del colectivo progobierno Tres Raíces.

Según el Derecho Internacional, los Estados están llamados a prevenir acciones que produzcan violaciones al derecho a la vida, tomar medidas para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida por consecuencia de actos criminales, así como prevenir que fuerzas del Estado ejecuten acciones que vayan en transgresión a este derecho. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también respalda este derecho en su artículo 43. Mensajes y videos compartidos en redes sociales por Óscar Pérez y su grupo el día de los hechos, donde señalaban que estaban dispuestos a rendirse, permiten presumir que el Estado se excedió en el uso de la fuerza.

Al respecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sostuvo en el informe A/66/330, publicado el 30 de agosto de 2011, “una decisión que se adopta por anticipado y que descarta la posibilidad de ofrecer o aceptar la oportunidad de rendirse, determina la ilegalidad de dichas operaciones”. Así mismo, en este documento establece “deberían investigarse todos los casos en que se haya utilizado la fuerza letal mediante un proceso eficaz y, cuando proceda, aquellos que han violado el derecho a la vida deberían rendir cuentas”.

En definitiva, los Estados tienen la obligación de investigar la privación del derecho a la vida, y de ser el caso castigar a los responsables, en especial cuando están involucrados agentes estatales. De no ser así, se estaría creando un contexto de impunidad donde existen las condiciones para que este tipo de hechos se repita, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

En los días siguientes a los hechos ocurridos en El Junquito ha sido notoria la opacidad con  la que el Estado ha manejado la investigación de las muertes. Las familias del grupo de Óscar Pérez han declarado las trabas para hacer el reconocimiento de sus seres queridos y la entrega de los cuerpos, y además, la imposición de las condiciones del sepelio, obligando a efectuar ceremonias cerradas y altamente militarizadas. El traslado de los cuerpos de Daniel Soto y, los hermanos Lugo al Zulia, así como el de Lisbeth Ramírez al estado Táchira, fue realizado en un avión militar.

Por otro lado, el padre de los zulianos Abraham y Jairo Lugo, manifestó a los medios de comunicación que ha sido objeto de amenazas, su casa fue allanada y teme por la integridad de su familia y por su vida. El posterior hostigamiento policial y militar ha provocado temor a denunciar y expresarse.

Una semana después de los hechos ni el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, ni el Defensor del Pueblo encargado, Alfredo Ruiz, han emitido declaraciones oficiales que permitan presumir que exista la intención de realizar una investigación parcial y objetiva.

Codhez hace un llamado a esclarecer todos los hechos vinculados a la ejecución de la Operación Gedeón, debido a que existen evidencias que apuntan al uso desproporcionado de la fuerza, y por tanto, que se hayan cometido ejecuciones extrajudiciales según el Derecho Internacional. Se deben adoptar medidas para garantizar una investigación imparcial, inmediata y transparente siguiendo el Protocolo de Minnesota —modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias— así como realizar todos los esfuerzos para la preservación de las evidencias.

 Asimismo, exigimos al Estado la protección de los familiares de quienes murieron en la Operación Gedeón y evitar cualquier tipo de represalias contra quienes denuncien los hechos del 15 de enero y los días siguientes como violaciones graves de derechos humanos.

Fuente: Prensa Codhez

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Dos años después, Santa Rosa de Agua aún espera justicia

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Maracaibo.- El 14 de septiembre de 2017 se cumplen los dos años de la ejecución de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo. Este operativo dejó como saldo cinco (5) asesinatos, doscientas (200) detenciones arbitrarias y una marca de violencia que permanecerá de por vida en los sobrevivientes de la sistemática violación de derechos humanos que esta implicó.

En la madrugada del 14 de septiembre de 2015, tras la publicación de un mensaje que anunciaba la realización del operativo desde la cuenta en la red social Twitter del gobernador del estado Zulia, Franscisco Arias Cárdenas, 480 efectivos de la Guardia Nacional (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), arremetieron contra el Sector Santa Rosa de Agua al norte de la capital zuliana e ingresaron a los hogares de tres familias. Seguidamente, asesinaron a quemarropa a cinco ciudadanos: Héctor García (35), Néstor Luis García (28), Oswaldo Moreno (25), Jonathan Olivares (31) y Jorge Luis Olivares (41).

Según el testimonio de Elvimar Olivares, hermana de los fallecidos Jonathan Olivares y Jorge Luis Olivares, ellos fueron sacados con el rostro cubierto de sus hogares y trasladados en un vehículo del CICPC con rumbo desconocido. Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del Hospital Adolfo Pons.  Una situación similar ocurrió con los hermanos García y  Oswaldo Moreno, quien fue trasladado desde su casa sin signos vitales.

Durante los dos años transcurridos desde este traumático suceso, la familia Olivares interpuso la correspondiente denuncia y formuló una solicitud ante la Fiscalía General de la República que motivó el inicio de una investigación conducida por el Fiscal Nacional con competencia en derechos fundamentales, Alejandro Méndez, donde las experticias realizadas por el equipo de investigación forense del Ministerio Público sirvieron de base para acusar formalmente a cuatro funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), por los asesinatos anteriormente mencionados.

A la fecha, los familiares de las víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo ejecutada en Santa Rosa de Agua el 14 de septiembre de 2015 aún esperan justicia. Atendiendo a las evidencias halladas y a la legislación venezolana, la juez tercera de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, deberá acatar la solicitud de privar de libertad a los funcionarios acusados por el Ministerio Público, dicha detención deberá materializarse en la audiencia preliminar a efectuarse en octubre.

A pesar de las dificultades, los familiares de las víctimas continúan dispuestos a agotar todas las instancias posibles para lograr justicia.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) demandamos al Estado venezolano el cese de operativos policiales y militares violatorios de derechos humanos, entre otros; así como el respeto al debido proceso, la celeridad procesal  y la vida.

¿Quiénes Somos?

Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.

Desde entonces, continuamos prestando asistencia judicial gratuita, sobre todo en casos de detenciones arbitrarias, asesorando a las víctimas y sus familiares, y produciendo informes sobre la situación actual de los derechos en la región zuliana. Además, al día de hoy, estamos dedicando esfuerzos para la capacitación en el área de sistemas nacionales e internacionales de protección, dirigida a estudiantes, profesionales, activistas y la sociedad civil, a través de las alianzas que se han logrado hasta la fecha.

 

El Estado venezolano fracasa en la reivindicación de los pueblos indígenas

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Hoy 12 de octubre se conmemora la llegada en 1492 de Cristóbal Colón a tierras americanas. Este día, anteriormente conocido como “Día de la Raza”, fue denominado en el año 2002 “Día de la Resistencia Indígena” por iniciativa gubernamental. Sin embargo, a más de quinientos años de este encuentro entre mundos, aún los pueblos originarios se enfrentan a múltiples injusticias y el mismo Estado que con esta denominación manifestó la intención de reconocer sus luchas históricas, hoy en día es causante por acción y omisión de gran parte de las penurias que estos enfrentan.

El estado Zulia es el hogar de 443.544 indígenas, es decir, el 61,2% de la población indígena nacional conformada por los pueblos Añú, Barí, Japreria, Yukpa y Wayuu. Estas comunidades,a pesar de su importancia demográfica e histórica, son discriminadas y sus derechos constitucionales no son garantizados. Un ejemplo de ello es el caso de la Guajira venezolana, ampliamente estudiado por CODHEZ, donde la militarización del territorio ha generado una serie de violaciones que compromete la responsabilidad del Estado venezolano. A su vez, la escasez de alimentos, medicamentos, y la deficiencia general en la prestación de servicios, han ocasionado una grave crisis económica y social en esa región.

 Por una parte,la militarización  de la zona realizada en el año 2010  a causa del establecimiento de un distrito militar,fue reforzada el  7 de septiembre de 2015 con la declaratoria de un estado de excepción que restringió derechos civiles y políticos, tales como la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, el libre tránsito, la reunión privada o pública, la manifestación pública, y la libertad económica. Como consecuencia de esta situación, desde 2010 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha registrado 21 muertes, 46 heridos, 19 torturados, un secuestrado, un desaparecido y cientos de casos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. De acuerdo a declaraciones de familiares y testigos, los responsables de estos hechos son funcionarios del Ejército venezolano. Estas violaciones han sido denunciadas, algunas son investigadas y solo en uno de los homicidios ha habido imputación.

Por otra parte, el estado de los servicios de salud ha empeorado. Para ilustrar el panorama en materia de salud es propicio destacar las condiciones del Hospital Binacional de Paraguaipoa: el único quirófano existente está inhabilitado y solo cuenta con una ambulancia. Igualmente, los planes gubernamentales de distribución de alimentos han sido ineficaces. Los problemas en la medición y la consecuente disparidad en las cifras oficiales han ocasionado que programas gubernamentales como Mercal Casa por Casa fracasen en su intento por mejorar la situación en materia de alimentación: en 2016 se han constatado 12 casos de malnutrición infantil y a principios de junio dos niños de la etnia Wayuu murieron por malnutrición en el hospital Dr. Adolfo Pons de Maracaibo

Por estas razones, en un día en el que se realizan diversos actos oficiales para honrar a los pueblos indígenas, resulta imperativo que el Estado venezolano examine su actuación ante estas comunidades y ejerza los correctivos necesarios. De lo contrario, las “reivindicaciones” que se pretenden materializar quedarán solo en palabras y carecerán de efectos reales.

Link resumen: Resumen guajira