CIDH condena enérgicamente operativos militares de represión indiscriminada en Venezuela

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En la foto: Guardia Nacional Bolivariana detiene a manifestante en Maracaibo. Foto cortesía de Ernesto Pérez.
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En la foto: funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se aproximan a protesta ciudadana en el casco central de Maracaibo. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

27 de junio de 2017

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los operativos adelantados por fuerzas de seguridad del Estado, mayormente por cuerpos castrenses, en los últimos días en Venezuela, ante una escalada en la situación de violencia que se viene registrando en el país desde el mes de abril de 2017, y que ha dejado decenas de personas fallecidas, cientos de personas heridas, y miles de personas detenidas.
Las últimas cifras oficiales del Ministerio Público, divulgadas el 15 de junio, indican que se ha registrado un total de 73 personas fallecidas. En relación con la cantidad de personas detenidas, según organizaciones de la sociedad civil ya habrían superado las 3.500, mientras que declaraciones de altas autoridades del Ministerio Público señalaron que ya serían más de 4.000. Sin embargo, no hay un número oficial exacto, ni información detallada oficial sobre la identidad de las personas detenidas y su situación.
El 22 de junio de 2017, un estudiante de 22 años de edad murió tras recibir disparos a quemarropa. El hecho, registrado en video, ocurrió durante una manifestación en apoyo a la Fiscal General de la República, en la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de Caracas. Días antes, el 19 de junio, se registró la muerte de otro joven de 17 años, por heridas de arma de fuego, mientras participaba de una manifestación en la ciudad de Caracas. La Comisión se encuentra profundamente preocupada por las múltiples y graves denuncias que indican que ambas manifestaciones fueron reprimidas por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes además de utilizar objetos de dispersión como bombas lacrimógenas, también habrían utilizado armas de fuego para disparar directamente y a corta distancia contra los manifestantes. En estos hechos, también se habrían reportado varios heridos por arma de fuego. Según anunció el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio Público venezolano, los hechos están siendo investigados por las autoridades.
El 8 de junio de 2017, se reportó la muerte de otro joven de 17 años de edad en otra protesta en la ciudad de Caracas. Sus familiares y diversas denuncias públicas señalaron que habría sido impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada directamente contra él, por un funcionario de la GNB. Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia denunció públicamente que habría resultado herido cuando manejaba un explosivo de fabricación artesanal. La CIDH conoce que el hecho se encuentra bajo investigación y la misma aún no habría concluido.
La Comisión urge al Estado a adelantar con la mayor celeridad posible, y con apego a las garantías del debido proceso, las investigaciones de estos dos casos y de otros hechos de violencia reportados. En el contexto de la grave situación que atraviesa Venezuela, resulta crucial que estos hechos no queden en impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para prevenir con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.
Además, la CIDH observa con profunda preocupación que se trata de hechos que ocurrieron después que la Comisión Interamericana ya ha expresado su alarma por la militarización de los operativos de seguridad ciudadana para disuadir y, en algunos casos, impedir el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica. La Comisión ha destacado que la militarización de la seguridad ciudadana conlleva además la afectación de otros derechos humanos, además del derecho a la protesta social pacífica y a la libertad de expresión.
La Comisión también ha recibido información muy preocupante sobre otro tipo de operativos que se estarían realizando en zonas residenciales con la participación de la GNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Con base en el seguimiento cercano que la CIDH viene dando a la situación, se tiene información que se habrían registrado operativos en las últimas semanas en los estados Mérida, Lara, Táchira, Carabobo, Zulia, Miranda y en varias zonas del Área Metropolitana de Caracas.
El hecho más reciente ocurrió entre el 13 y la madrugada del 14 de junio, en el que se denunció que vehículos blindados (tanquetas) y decenas de funcionarios de seguridad del Estado habrían ingresado, sin orden judicial, en las residencias Los Verdes en la parroquia de El Paraíso, al oeste de Caracas. Sobre lo ocurrido, se denunció que durante varias horas, los edificios residenciales fueron objeto de ataques directos con bombas lacrimógenas y disparos, y los funcionarios de seguridad habrían ingresado violentamente en decenas de viviendas, causando destrozos e incluso se reportó que habrían robado pertenencias de las personas residentes, y del inmobiliario en general de los edificios.
La CIDH observa que organizaciones de la sociedad civil han denunciado una “práctica sistemática de represión indiscriminada”, y que una de las formas de represión son los operativos y las incursiones violentas. En particular, estas organizaciones indican que la represión indiscriminada en el contexto de la grave crisis social que se vive en Venezuela tiene por objeto infundir terror y zozobra en la población para persuadirles de no participar en manifestaciones.
La Comisión expresa su preocupación por la gravedad de las denuncias registradas sobre las circunstancias en que se habría llevado a cabo dicho operativo, y por la falta de información oficial sobre el cumplimiento de los requisitos legales para realizar allanamientos y detenciones. En este sentido, es imperativo que el Estado venezolano realice una investigación seria e imparcial sobre estos hechos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar. Además la CIDH reitera su preocupación por el uso de expresiones por parte de altas autoridades del Estado que buscan estigmatizar y criminalizar a quienes participan de manifestaciones.
Ante la escalada de violencia y el incremento en el número de muertes y heridos en las manifestaciones, la CIDH hace nuevamente un imperativo llamado a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y cesar de manera inmediata las medidas represivas adoptadas en las últimas semanas. La Comisión se encuentra consternada por los graves hechos reportados y continuará dando un seguimiento cercano a la situación.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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Aumenta tensión entre gobierno venezolano y colombiano

Vehículos militarees

Al mediodía del domingo 21 de mayo la Guardia Nacional Bolivariana detectó cinco supuestos vehículos militares del Ejército colombiano a 300 metros de la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela por Paraguachón, municipio Guajira del Estado Zulia.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez manifestó su “enérgico rechazo” por considerar esa acción como una provocación del gobierno colombiano.

Según la canciller “en los últimos días altas autoridades de Colombia han difuminada por el mundo que están preparándose para oleadas de migrantes de Venezuela a Colombia, producto de un gran evento de violencia, preconfigurando así la especie de falsos positivos […] para justificar una intervención en Venezuela.”

El Ministerio de Defensa de Colombia respondió que los vehículos “cumplen una función de control del delito en la frontera, han sido desplegadas desde 2015 en desarrollo de los acuerdos entre autoridades militares de ambos países y permanecerán haciendo ese control territorial de manera normal.”

Weildler Guerra, gobernador del Departamento de La Guajira, señaló que “la denuncia de Venezuela es una distracción y están tratando de fabricar un incidente con Colombia.”

La canciller respondió que la presencia de los vehículos “está enmarcado en la provocación diseñada por el Pentágono.”

Las acusaciones ocurren en el contexto de la militarización de la Guajira venezolana desde diciembre del 2010 cuando el Presidente Chávez creó el Distrito Militar N° 1, que abarcaba los municipios Guajira, Mara, y Almirante Padilla del estado Zulia.

El Presidente Nicolás Maduro decretó el cese del Distrito Militar N° 1, trasladando sus funciones al desarrollo de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), organizadas en Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).

Como consecuencia de esta militarización, desde 2010 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha registrado 22 muertes, 45 heridos, 19 víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, 1 secuestrado, 1 desaparecido y cientos de casos de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales.

Por: Daniel Cooper

Guardia Nacional Bolivariana reprime a manifestantes opositores en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo de Maracaibo

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Protesta opositora en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo en Maracaibo, Venezuela, el 19 de abril de 2017. Foto cortesía de Ernesto Pérez

Desde inicios de abril, Venezuela retomó las protestas para oponerse a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que otorgan potestades legislativas al Ejecutivo, y desconocen la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. A raíz de estas decisiones del máximo tribunal venezolano, diversos actores internacionales se pronunciaron para criticar la inexistencia de democracia en Venezuela y las violaciones a la Constitución derivadas de estas sentencias.

Por estas razones, el 19 de abril de 2017, se convocó en todas las ciudades del país a manifestarse de forma multitudinaria. En Maracaibo, la manifestación tenía como fin la entrega de un documento en la Defensoría del Pueblo, ubicada en el casco central de la ciudad, cuyo objeto era exigir a este organismo velar por los derechos humanos de los venezolanos y solicitar la realización de elecciones. En paralelo, en la Plaza Bolívar –también ubicada en el casco central de la capital zuliana- el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, encabezaba un acto cívico militar para conmemorar los 207 años de la Proclamación de la Independencia de Venezuela.

Después de que los manifestantes opositores se aglutinaran en las afueras de la Defensoría del Pueblo, la Guardia Nacional Bolivariana agredió  a los ciudadanos con bombas lacrimógenas para impedir que cruzaran la barrera que los efectivos habían creado con el fin de evitar la llegada a la Defensoría del Pueblo de los manifestantes.

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Cuerpos de seguridad del Estado acompañan al gobernador Francisco Arias Cárdenas en acto cívico militar del 19 de abril de 2017 en la Plaza Bolívar de Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

Al final de esta jornada, más de 20 personas vinculadas a las protestas de la oposición fueron detenidas. Mientras tanto, el acto cívico-militar del sector oficialista y su marcha “en respaldo a la paz” transcurrió sin represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Por: María Inés Hernández