Primeros Auxilios LUZ, un grupo asistencial surgido en tiempos de protestas

primeros auxilios luz

Primeros Auxilios LUZ es una agrupación surgida a mediados de abril de 2017 por iniciativa de un grupo de estudiantes de medicina de La Universidad del Zulia que, tras observar la carencia de este tipo de grupo asistencial en el estado, se inspiró en la labor desempeñada por Primeros Auxilios UCV, con el objetivo conformar una unidad asistencial que ofreciera atención médica de emergencia a las personas lesionadas durante manifestaciones en Maracaibo.

El primer día que prestaron sus servicios fue el 19 de abril, jornada en la que se realizó una marcha desde la Plaza de la República hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en el casco central de la capital zuliana. Desde ese momento, se selló una unión que los ha convertido en una suerte de familia que se protege entre sí al momento de prestar sus servicios. Además, resulta imperante destacar que ejercen su labor sin distinciones políticas, religiosas, o de género, por eso atienden a manifestantes, miembros de las comunidades afectadas y a funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado por igual.

A medida que su participación se hizo más visible en la región, nuevos integrantes se sumaron y complementaron sus conocimientos en diversas áreas: el grupo dejó de estar integrado exclusivamente por estudiantes de medicina y se incorporaron nuevos miembros entre los que figuran paramédicos, enfermeros, bomberos, médicos especialistas, estudiantes de medicina veterinaria, además de un grupo de voluntarios que les ofrece transporte e implementos.
Actualmente, sus integrantes planean expandir el grupo a otras disciplinas como la Comunicación Social y el Derecho, con el fin de establecer un equipo multidisciplinario. Los miembros de esta agrupación destacan que el apoyo de la ciudadanía ha sido vital para el desempeño efectivo de sus funciones y, más allá de los aplausos recibidos cuando inician su labor, los donativos que han obtenido son la mejor retribución que pueden recibir por su trabajo

Excesos en el control de manifestaciones han afectado el derecho a la inviolabilidad del hogar

Al igual que en 2014, los excesos de la fuerza pública para el control de manifestaciones han sido evidentes, desatendiendo los lineamientos previstos en el “Manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, publicado en 2012, que desarrolla la Resolución 113 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de 15 de abril de 2011.

Los abusos de las fuerzas de orden público no solo han vulnerado el derecho a la manifestación, sino también la inviolabilidad del hogar. La actuación policial y militar ha implicado el allanamiento inconstitucional de hogares, en franca contravención al artículo 47 de la Constitución de la República, y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen la inviolabilidad del hogar y de todo recinto privado, no pudiendo ser allanados sino por orden judicial o para impedir la perpetración de un delito.

En Maracaibo, las zonas residenciales de Torres El Saladillo, Loma Linda, Martin y Palaima, así como las urbanizaciones Pomona, Urdaneta y Santa Fe, han sido objeto de ataques indiscriminados por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, con el objeto de dispersar las manifestaciones, evitar o reprimir el cierre de vías, transgrediendo, entre otras obligaciones previstas en el citado Manual, la de (i) utilizar siempre los medios alternativos para la solución de conflictos (tales como la negociación, la mediación, entre otros) como primera medida de actuación; (ii) extremar precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables, adoptando los medios de disuasión, protección y control más adecuados; (iii) extremar las precauciones en el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, y en espacios confinados o sitios cerrados; (iv) garantizar la existencia de corredores humanitarios para facilitar el acceso y salida de socorristas: ambulancias, bomberos, entre otros; (v) aprehender sólo a aquellas personas que agredan a otros manifestantes o a los funcionarios de policía, quedando prohibidas las aprehensiones colectivas o redadas; y (vi) garantizar la existencia de corredores humanitarios para facilitar el acceso y salida de socorristas: ambulancias, bomberos, entre otros.

Por Juan Berríos

CIDH condena enérgicamente operativos militares de represión indiscriminada en Venezuela

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En la foto: Guardia Nacional Bolivariana detiene a manifestante en Maracaibo. Foto cortesía de Ernesto Pérez.
Represión militar 2
En la foto: funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se aproximan a protesta ciudadana en el casco central de Maracaibo. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

27 de junio de 2017

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los operativos adelantados por fuerzas de seguridad del Estado, mayormente por cuerpos castrenses, en los últimos días en Venezuela, ante una escalada en la situación de violencia que se viene registrando en el país desde el mes de abril de 2017, y que ha dejado decenas de personas fallecidas, cientos de personas heridas, y miles de personas detenidas.
Las últimas cifras oficiales del Ministerio Público, divulgadas el 15 de junio, indican que se ha registrado un total de 73 personas fallecidas. En relación con la cantidad de personas detenidas, según organizaciones de la sociedad civil ya habrían superado las 3.500, mientras que declaraciones de altas autoridades del Ministerio Público señalaron que ya serían más de 4.000. Sin embargo, no hay un número oficial exacto, ni información detallada oficial sobre la identidad de las personas detenidas y su situación.
El 22 de junio de 2017, un estudiante de 22 años de edad murió tras recibir disparos a quemarropa. El hecho, registrado en video, ocurrió durante una manifestación en apoyo a la Fiscal General de la República, en la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de Caracas. Días antes, el 19 de junio, se registró la muerte de otro joven de 17 años, por heridas de arma de fuego, mientras participaba de una manifestación en la ciudad de Caracas. La Comisión se encuentra profundamente preocupada por las múltiples y graves denuncias que indican que ambas manifestaciones fueron reprimidas por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes además de utilizar objetos de dispersión como bombas lacrimógenas, también habrían utilizado armas de fuego para disparar directamente y a corta distancia contra los manifestantes. En estos hechos, también se habrían reportado varios heridos por arma de fuego. Según anunció el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio Público venezolano, los hechos están siendo investigados por las autoridades.
El 8 de junio de 2017, se reportó la muerte de otro joven de 17 años de edad en otra protesta en la ciudad de Caracas. Sus familiares y diversas denuncias públicas señalaron que habría sido impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada directamente contra él, por un funcionario de la GNB. Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia denunció públicamente que habría resultado herido cuando manejaba un explosivo de fabricación artesanal. La CIDH conoce que el hecho se encuentra bajo investigación y la misma aún no habría concluido.
La Comisión urge al Estado a adelantar con la mayor celeridad posible, y con apego a las garantías del debido proceso, las investigaciones de estos dos casos y de otros hechos de violencia reportados. En el contexto de la grave situación que atraviesa Venezuela, resulta crucial que estos hechos no queden en impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para prevenir con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.
Además, la CIDH observa con profunda preocupación que se trata de hechos que ocurrieron después que la Comisión Interamericana ya ha expresado su alarma por la militarización de los operativos de seguridad ciudadana para disuadir y, en algunos casos, impedir el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica. La Comisión ha destacado que la militarización de la seguridad ciudadana conlleva además la afectación de otros derechos humanos, además del derecho a la protesta social pacífica y a la libertad de expresión.
La Comisión también ha recibido información muy preocupante sobre otro tipo de operativos que se estarían realizando en zonas residenciales con la participación de la GNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Con base en el seguimiento cercano que la CIDH viene dando a la situación, se tiene información que se habrían registrado operativos en las últimas semanas en los estados Mérida, Lara, Táchira, Carabobo, Zulia, Miranda y en varias zonas del Área Metropolitana de Caracas.
El hecho más reciente ocurrió entre el 13 y la madrugada del 14 de junio, en el que se denunció que vehículos blindados (tanquetas) y decenas de funcionarios de seguridad del Estado habrían ingresado, sin orden judicial, en las residencias Los Verdes en la parroquia de El Paraíso, al oeste de Caracas. Sobre lo ocurrido, se denunció que durante varias horas, los edificios residenciales fueron objeto de ataques directos con bombas lacrimógenas y disparos, y los funcionarios de seguridad habrían ingresado violentamente en decenas de viviendas, causando destrozos e incluso se reportó que habrían robado pertenencias de las personas residentes, y del inmobiliario en general de los edificios.
La CIDH observa que organizaciones de la sociedad civil han denunciado una “práctica sistemática de represión indiscriminada”, y que una de las formas de represión son los operativos y las incursiones violentas. En particular, estas organizaciones indican que la represión indiscriminada en el contexto de la grave crisis social que se vive en Venezuela tiene por objeto infundir terror y zozobra en la población para persuadirles de no participar en manifestaciones.
La Comisión expresa su preocupación por la gravedad de las denuncias registradas sobre las circunstancias en que se habría llevado a cabo dicho operativo, y por la falta de información oficial sobre el cumplimiento de los requisitos legales para realizar allanamientos y detenciones. En este sentido, es imperativo que el Estado venezolano realice una investigación seria e imparcial sobre estos hechos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar. Además la CIDH reitera su preocupación por el uso de expresiones por parte de altas autoridades del Estado que buscan estigmatizar y criminalizar a quienes participan de manifestaciones.
Ante la escalada de violencia y el incremento en el número de muertes y heridos en las manifestaciones, la CIDH hace nuevamente un imperativo llamado a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y cesar de manera inmediata las medidas represivas adoptadas en las últimas semanas. La Comisión se encuentra consternada por los graves hechos reportados y continuará dando un seguimiento cercano a la situación.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

CODHEZ: Represión contra Torres El Saladillo enluta al Zulia

Torres El Saladillo

 

 

Maracaibo–  En la noche del miércoles 24 de mayo de 2017, los habitantes de Torres El Saladillo y zonas aledañas fueron nuevamente víctimas de un ataque violento de los cuerpos seguridad del Estado. En esta ocasión, tuvo como consecuencia diversas personas heridas y el  asesinato Adrián Duque, un joven de 24 años que protestaba en las inmediaciones de la zona. Testigos de los hechos afirman que funcionarios de la  Guardia Nacional Bolivariana (GNB) accionaron el arma que impactó a Duque y le ocasionó la muerte.

Este hecho que enluta a nuestra región forma parte de un patrón de represión a esta zona residencial. Las Torres El Saladillo se han convertido en un escenario  frecuente de los ataques violentos de los cuerpos de seguridad del Estado cuando se suscitan protestas en el área y, constantemente, los habitantes de estos edificios son víctimas de gases lacrimógenos, objetos incendiarios y el disparo de municiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Sin duda alguna, estos comportamientos de las fuerzas de seguridad del Estado ponen en riesgo la vida e integridad de los habitantes de la zona y pueden catalogarse como violaciones a los  derechos humanos de un sector de la población, por lo cual ameritan la investigación inmediata de los funcionarios implicados y su enjuiciamiento.

Desde CODHEZ, instamos a los cuerpos de seguridad del Estado a cesar la utilización de armas de fuego y sustancias tóxicas para la represión de esta y otras zonas residenciales de la región. Esta solicitud obedece a lo establecido en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reza: “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

Regulación del derecho a la protesta en Venezuela

Regulación de la protesta
Cuerpos de seguridad del Estado rumbo a la protesta del 1 de mayo de 2017 en Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

El examen sobre el uso de la fuerza en el control de las manifestaciones que se han desarrollado en el país debe atender al contraste entre los hechos y las normas constitucionales sobre el derecho a la manifestación (y otros derechos como la vida, la integridad física, psíquica y moral, la inviolabilidad del recinto privado, y la propiedad), las leyes sobre el servicio de policía y el “Manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

Según el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, en sintonía con el artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “[l]os ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.” Esta es la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (2010), interpretada por la Sala Constitucional en la sentencia 276/2014, de 24 de abril, señalando la obligación de los organizadores de las protestas de solicitar permiso para realizarlas, a pesar de que la ley solo exige participarlo a la autoridad (artículo 43).

Además, el artículo 68 establece que “[s]e prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, ordenando que “[l]a ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.” Esta regulación se encuentra prevista, como mandato general a la Policía Nacional y los cuerpos de Policía Estadal, en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008) (artículos 37 y 43). A pesar de que el control de manifestaciones debe corresponder a los órganos de policía, en 2015 se publicó la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza la intervención de la Fuerza Armada en esa tarea, e incluso, el uso de armas de fuego.

Además de evidenciarse el desarrollo inconstitucional de las previsiones fundamentales sobre el control de las protestas, hemos constatado, al igual que en 2014, el prejuicio de las autoridades con relación a ellas, y en definitiva, el riesgo de que no se investiguen los hechos, pues los casos de abuso policial y militar han sido invisibilizados, e incluso, justificados por funcionarios del gobierno del Estado y nacional.

Por: Juan Berríos

ALERTA.

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Maracaibo.- Al mediodía del sábado 11 de febrero de 2017 fueron detenidos arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los periodistas y coordinadores del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, junto a los comunicadores brasileños Leandro Stoliar y Gilson Souza de Oliveira. Venían de las instalaciones de la obra inconclusa de Odebrecht, el segundo puente sobre el lago o Puente Nigale, ubicado en el norte del Estado Zulia, donde recopilaban información sobre este caso que ha constituido un símbolo de corrupción para la opinión pública venezolana. Tras ser escoltados a la sede del SEBIN en Maracaibo, permanecieron 10 horas detenidos arbitrariamente y fueron asistidos legalmente por CODHEZ en coordinación con abogados de la Universidad del Zulia. La liberación se produjo a las 9:53 p.m. y a los comunicadores brasileños se les ordenó salir del país en un plazo de 24 horas. Esta situación, que suscitó el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, Transparencia Venezuela y diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es un hecho que enciende las alarmas sobre la fragilidad de la libertad de expresión y el derecho a informar, las crecientes limitaciones al trabajo de los comunicadores sociales, aunada a la falta de transparencia en el ámbito público en nuestro país. Desde CODHEZ condenamos este hecho y exigimos el cese del hostigamiento a los periodistas y activistas que ejercen contraloría social. De igual forma, instamos a los comunicadores y defensores de derechos humanos que enfrenten vejaciones similares a denunciarlos y acudir a nuestra organización para recibir asistencia.

ALERTA: Se mantiene el cierre de la frontera venezolana por 72 horas más

Como medida para garantizar la paralización del escape o ingreso del billete de más alta denominación en nuestro cono monetario y atacar “a las mafias imperialistas como estrategia de contraataque a la guerra económica” el pasado 11 de diciembre, el Ejecutivo Nacional ordenó el cierre de las fronteras venezolanas por un período de 72 horas. Tras la decisión de descontinuar el billete de 100 bolívares, en el Decreto Presidencial 2.589 se estableció un plazo de 3 días para entregar los billetes ante la banca pública y privada del país, y que luego de vencido este lapso, los venezolanos debían entregar ante las sedes del Banco Central de Venezuela en Caracas y Maracaibo los billetes que no lograran depositar.

Sin embargo, luego de finalizadas las 72 horas, que culminaron ayer 15 de diciembre, a través de una cadena de radio y comunicación, el ministro Ernesto Villegas informó sobre una prórroga de 72 horas adicionales para el cierre de la frontera, la reducción del plazo a 5 días para la entrega ante el BCV de los billetes.

Con respecto a esta situación, CODHEZ advierte sobre las amenazas a la protección de los derechos humanos en Venezuela en diferentes ámbitos, debido a la escasez de dinero en efectivo, así como la falta de garantías sobre la fiabilidad de las plataformas de comunicaciones y el servicio eléctrico que respalde la masiva actividad bancaria derivada de la aplicación de esta decisión del Ejecutivo Nacional.

Derechos como el de propiedad, libre tránsito y alimentación, resultan particularmente afectados en zonas suburbanas por su deficiente bancarización, creando una situación de desconcierto e incertidumbre.

Ante este panorama que genera vulneración a los derechos humanos, CODHEZ recomienda altamente al Estado venezolano tomar en cuenta lo siguiente:

  • Revisar el Decreto Presidencial 2.589 y su modificación, creando un sistema de recolección de los billetes de Bs. 100 que asegure la protección de los derechos a la libertad económica y propiedad de todas las personas en el territorio nacional.
  • Garantizar que los controles fronterizos sobre la revisión de bienes y personas mantengan los estándares de respeto a los derechos humanos.
  • Promover la existencia de información suficiente, veraz, oportuna y oficial sobre las medidas tomadas y la protección de todos los venezolanos ante la situación que se está desarrollando.
  • Instar a la Defensoría del Pueblo y demás instituciones competentes hacerle seguimiento a las políticas dictadas, para así proteger las garantías constituciones y los derechos humanos de los ciudadanos.
  • Realizar un informe general sobre las conclusiones y metas alcanzadas sobre estas medidas adoptadas.