COMUNICADO CIDH- Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena cierre de más de 50 medios en Venezuela sin garantías legales y por motivos relacionados con su línea editorial

Libertad de Prensa

Washington, DC- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión y exhorta al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación -tanto nacionales como extranjeros- puedan operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea editorial.

De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 24 de agosto, los proveedores de televisión por suscripción en Venezuela retiraron de la parrilla de programación a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). William Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista a medio oficial que “RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que, en Venezuela, se han comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades legítimas”. El ministro acusó a Caracol TV de cometer “una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus autoridades y a nuestras leyes”. Un criterio similar se habría utilizado previamente para ordenar la supresión de las señales de CNN y NTN 24.

La Relatoría también recibió información según la cual en horas de la noche del viernes 25 de agosto, representantes de Conatel  ingresaron a las emisoras  92.9 FM y Mágica 99.1 FM en la ciudad de Caracas y ordenaron el cese definitivo de sus transmisiones. Según fue informado, minutos después de la salida del aire de ambos medios, las frecuencias fueron tomadas por dos nuevas emisoras vinculadas al partido oficial. La señal de la radio caraqueña 92.9 FM que tenía una programación periodística de mucha audiencia, fue sustituida esa misma noche por Radio Corazón Llanero, que estaría operada por una fundación bajo el control de un capitán del Ejército, edecán del ex presidente venezolano Hugo Chávez, y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. La señal de la emisora Mágica 99.1 FM fue sustituida por la emisora Vinotinto FM, cuya propiedad es hasta ahora desconocida. El 5 de septiembre, Conatel habría ordenado el cese de las transmisión de la estación 88.1 FM de la emblemática radio educativa Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde habría revocado la orden sin brindar explicaciones.

Previamente, el 16 de julio también había sido clausurada ULA TV, el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, por parte de la misma Conatel invocando falta de documentos.

Según la información proporcionada por varias organizaciones, durante 2017 se sumarian al menos 49 las radios nacionales cerradas y cinco canales de televisión internacionales retirados de la programación de la televisión nacional por suscripción durante el año 2017, por órdenes del gobierno. Como lo ha expresado la Relatoría Especial en anteriores comunicados, la mayor parte de los medios de comunicación operan en Venezuela con sus licencias vencidas y el organismo regulador no dispone de procedimientos con garantías para la adjudicación y/o renovación de estas frecuencias.

La Relatoría recuerda al Estado venezolano que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos en una sociedad democrática.  El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y a recibir información plural y diversa y constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional.

Si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, ello debe hacerse de conformidad con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos que prohíben la restricción del derecho a la libertad de expresión a través del abuso de la facultad de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas.

Según estos principios, los procesos de adjudicación, revocación y renovación de licencias debe estar estrictamente regulado por una ley y estar guiado por criterios objetivos, claros, imparciales, públicos y compatibles con una sociedad democrática; el proceso debe ser transparente; la decisión que conceda o niega la solicitud debe estar debidamente motivada; y estar sometida a un adecuado control judicial. La administración del espectro radioeléctrico, además, debe encontrarse orientada por los principios de igualdad y no discriminación y nunca ser utilizada para presionar, premiar o castigar a un medio en función de su línea editorial o su posición respecto del gobierno de turno.

Venezuela ya había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2015 por incumplir estos principios cuando decidió no renovar la concesión del canal de televisión RCTV el 27 de mayo de 2007. A juicio del tribunal interamericano el cierre de RCTV  implicó  “una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el gobierno”.

El Tribunal resaltó además que la desviación de poder en ese caso “tuvo un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos de RCTV, sino además en la dimensión social de dicho derecho”. En efecto, la Corte estableció que “la finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger”.

La Relatoría Especial hace un llamado urgente para el reestablecimiento de la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión retirados del aire, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

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La OEA no llega a acuerdo sobre Venezuela

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El 19 de junio, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebraron la reunión de cancilleres en Cancún, México.   La reunión culminó sin que se aprobara una resolución sobre la situación de Venezuela. El bloque de países liderado por México, Estados Unidos y Perú propuso un proyecto de resolución que pedía al gobierno venezolano reconsiderar la ejecución de la Constituyente. Esta resolución recibió 20 votos a favor, faltando tres para su aprobación, ocho abstenciones, cinco votos en contra y una ausencia. El proyecto de resolución de San Vicente y Granadinas, menos crítica al gobierno, recibió 8 votos a favor entre los Estados miembros. Venezuela participaba en su última Asamblea General de la OEA, organismo del que “no aceptará nada, ni necesita nada”, según las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez.
El 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la OEA, condenó enérgicamente operativos militares de represión indiscriminada en Venezuela. En su comunicado, La CIDH observa “que organizaciones de la sociedad civil han denunciado una ‘práctica sistemática de represión indiscriminada’, y que una de las formas de represión son los operativos y las incursiones violentas. En particular, estas organizaciones indican que la represión indiscriminada en el contexto de la grave crisis social que se vive en Venezuela tiene por objeto infundir terror y zozobra en la población para persuadirles de no participar en manifestaciones.”

 

Comunidad Internacional pide respeto a las manifestaciones en Venezuela

Comunidad internacional pide respeto a las manifestaciones
Protesta del 1 de mayo de 2017 en Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

Perú, Chile y México fueron los primeros países en expresar su preocupación por la situación constitucional del país, tras las polémicas sentencias del TSJ. La reacción más enérgica fue la de Perú, que decidió retirar su embajador ante Venezuela.

El canciller de Costa Rica dijo que el Estado venezolano debe someterse a los escrutinios y opiniones de la OEA, y sostuvo que las observaciones realizadas no pueden interpretarse como intervencionismo. Con el aumento de las protestas y la represión, 11 países latinoamericanos realizaron un comunicado para exhortar a Nicolás Maduro para que “rápidamente se definan las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela”, y además, abogando por el respeto al derecho de manifestación. Este comunicado fue rechazado por la Canciller de Venezuela, acusando a los países firmantes de “apadrinar el intervencionismo.

Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que el gobierno venezolano, además de violar la Constitución, no permite que el sector opositor sea escuchado. También solicitó que las muertes ocurridas en las protestas sean investigadas a fondo.

El responsable jurídico de la OEA, sostuvo que el proceso de la Carta Democrática Interamericana para mediar en la crisis sigue en marcha. El organismo regional convocó a una reunión de cancilleres para tratar la crisis de Venezuela (con 19 votos a favor), sin el aval del gobierno venezolano, que anunció a través de la cancillería que el país se retirará de la OEA.

Por: Nestor Torres

Eduardo García continúa recluido en el SEBIN a pesar de que un tribunal ordenó su liberación el pasado 10 de marzo

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Eduardo García, detenido desde 2014 por protestar,  permanece recluido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Maracaibo, estado Zulia, a pesar de que un tribunal le otorgó la libertad.

El pasado 10 de marzo de 2017, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ordenó la suspensión condicional del proceso del caso de Eduardo García y emitió un oficio de libertad, según el cual desde esa fecha debía cesar el confinamiento de García en el SEBIN. No obstante, tras salir del tribunal, García fue trasladado a la sede del organismo de la capital zuliana y encerrado nuevamente bajo el argumento de que esta medida formaba parte del procedimiento interno del organismo.

Actualmente, García permanece ilegítimamente privado de su libertad, mientras que el SEBIN continúa en desacato de una orden judicial. Al respecto, los funcionarios del organismo de seguridad en Maracaibo han esgrimido que esperan la llegada de una autorización del director esta institución en Caracas para liberar a García.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) denunciamos este hecho que calificamos como una privación ilegítima de libertad y exigimos al SEBIN la liberación de Eduardo García, tal como lo establece la orden judicial emanada del referido tribunal. Este 24 de marzo, el equipo legal de CODHEZ, que ha llevado la defensa de García desde inicios del proceso, interpondrá un recurso de amparo con el que se busca lograr que sean respetados sus derechos humanos.

El caso de Eduardo García se suma a los 115 detenidos políticos que Gonzalo Himiob, Director de Foro Penal, expuso el pasado martes 21 de marzo junto a representantes de diversas ONG venezolanas en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos.

Eduardo García es la única persona que se mantiene privada de libertad en el Zulia por las manifestaciones del año 2014. Desde su detención el 7 de mayo de 2014, se encuentra en los calabozos de la sede del SEBIN de la capital zuliana y su proceso ha estado plagado de irregularidades: fue aprehendido por funcionarios no identificados que lo trasladaron con los ojos cubiertos y, una vez internado en la sede del SEBIN, se le impidió comunicarse con sus familiares y abogados antes de la audiencia de presentación. Igualmente, esta se celebró 122 horas después de practicada la aprehensión.

Desde el inicio de su reclusión, García presenta trastornos del sueño, ansiedad y permanece en un sótano donde no tiene acceso a luz natural. Además, desde el mes de diciembre 2016, depende de donaciones y de su equipo de defensa para poder alimentarse, debido a que el comedor del organismo de seguridad dejó de funcionar.

El caso de Eduardo García está siendo presentado ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

Human Rights Watch entrega informe sobre torturas y confesiones forzadas a disidentes en Venezuela

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El día de ayer en la ciudad de Buenos Aires el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hizo entrega en rueda de prensa del informe realizado por Human Rights Watch sobre la situación en Venezuela.
Vivanco explicó lo relativo a la investigación realizada por esta organización titulada Venezuela: Disidentes denuncian torturas y confesiones forzadas. El contenido del informe entregado menciona el caso de Jesús Chirinos, quien para la fecha permanece privado de su libertad, y es representado por CODHEZ.
Según Vivanco, la Organización de los Estados Americanos (OEA) debería presionar al gobierno de Maduro en Venezuela para que las autoridades dispongan la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos y procesados arbitrariamente y desistan de los cargos penales en su contra.
Para conocer más detalles sobre lo declarado por Vivanco, puede consultarse el siguiente enlace: https://shar.es/1Ztc5v2