Ataques a residencias estremecen al Zulia. Por Lisseth Mogollón

Cada día vemos como a pasos escalados la entrada de los cuerpos del Estado a las residencias de los manifestantes se vuelve más violenta y más recurrente desde que comenzaron las protestas este año. En el estado Zulia, específicamente en la ciudad de Maracaibo, desde 2014 los puntos de protesta se han encontrado próximos a las zonas residenciales. Ese año la zona más emblemática fue las residencias Palaima, cuya protesta fue reprimida de forma definitiva por una acción liderada por el jefe de la REDI de aquel momento, quien comandó a un grupo de colectivos, escoltados por la GNB, que entraron al conjunto residencial quemando vehículos y destrozaron toda clase de bienes que encontraron a su paso.

Otro sitio de protestas donde la represión fue excesiva fue el de las adyacencias a las Torres El Saladillo. Con más de una docena de ataques a residencias en lo que va de año, en 2017 este tipo de represión se ha incrementado con relación a 2014. Además de haber aumentado los focos de protesta en zonas residenciales, también observamos que la represión del Estado ha tenido como objetivo la persecución de manifestantes asiduos a las protestas, e incluso de aquellos que tuvieron participación en las actividades de calle del 2014, bien sea como activistas políticos o sociedad civil.

La zona residencial con más actos represivos y detenciones arbitrarias en la actualidad es las Torres El Saladillo, ubicada en el centro de la ciudad. Este conjunto residencial cuenta con 4 torres, de 18 pisos cada una y 12 apartamentos por piso. Es decir, congrega a más de 1.000 habitantes. Durante la represión a este conjunto residencial, los cuerpos de seguridad del Estado venezolano no solo han hecho destrozos a la propiedad privada como es el caso de la familia Terán, que perdió todas sus pertenencias tras el incendio que generara una bomba lacrimógena que ingresó a su apartamento el pasado mayo. Esta era la tercera ocasión que un incidente similar ocurría.

En esta última oportunidad uno de los cuartos se incendió y desarrolló una llamarada que arrasó con todo el apartamento. Aunado a este hecho, los ataques también han generado pérdidas humanas como es el caso de Adrián Duque, quien, según fuentes oficiales, murió a causa del impacto de una metra. Sin embargo, algunos residentes de las torres declaran que la muerte de “Capitán América”, como llamaban a Duque, fue por arma de fuego.

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Excesos en el control de manifestaciones han afectado el derecho a la inviolabilidad del hogar

Al igual que en 2014, los excesos de la fuerza pública para el control de manifestaciones han sido evidentes, desatendiendo los lineamientos previstos en el “Manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, publicado en 2012, que desarrolla la Resolución 113 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de 15 de abril de 2011.

Los abusos de las fuerzas de orden público no solo han vulnerado el derecho a la manifestación, sino también la inviolabilidad del hogar. La actuación policial y militar ha implicado el allanamiento inconstitucional de hogares, en franca contravención al artículo 47 de la Constitución de la República, y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen la inviolabilidad del hogar y de todo recinto privado, no pudiendo ser allanados sino por orden judicial o para impedir la perpetración de un delito.

En Maracaibo, las zonas residenciales de Torres El Saladillo, Loma Linda, Martin y Palaima, así como las urbanizaciones Pomona, Urdaneta y Santa Fe, han sido objeto de ataques indiscriminados por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, con el objeto de dispersar las manifestaciones, evitar o reprimir el cierre de vías, transgrediendo, entre otras obligaciones previstas en el citado Manual, la de (i) utilizar siempre los medios alternativos para la solución de conflictos (tales como la negociación, la mediación, entre otros) como primera medida de actuación; (ii) extremar precauciones para el uso de la fuerza contra mujeres embarazadas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables, adoptando los medios de disuasión, protección y control más adecuados; (iii) extremar las precauciones en el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión en inmediaciones o cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, y en espacios confinados o sitios cerrados; (iv) garantizar la existencia de corredores humanitarios para facilitar el acceso y salida de socorristas: ambulancias, bomberos, entre otros; (v) aprehender sólo a aquellas personas que agredan a otros manifestantes o a los funcionarios de policía, quedando prohibidas las aprehensiones colectivas o redadas; y (vi) garantizar la existencia de corredores humanitarios para facilitar el acceso y salida de socorristas: ambulancias, bomberos, entre otros.

Por Juan Berríos

CODHEZ: Represión contra Torres El Saladillo enluta al Zulia

Torres El Saladillo

 

 

Maracaibo–  En la noche del miércoles 24 de mayo de 2017, los habitantes de Torres El Saladillo y zonas aledañas fueron nuevamente víctimas de un ataque violento de los cuerpos seguridad del Estado. En esta ocasión, tuvo como consecuencia diversas personas heridas y el  asesinato Adrián Duque, un joven de 24 años que protestaba en las inmediaciones de la zona. Testigos de los hechos afirman que funcionarios de la  Guardia Nacional Bolivariana (GNB) accionaron el arma que impactó a Duque y le ocasionó la muerte.

Este hecho que enluta a nuestra región forma parte de un patrón de represión a esta zona residencial. Las Torres El Saladillo se han convertido en un escenario  frecuente de los ataques violentos de los cuerpos de seguridad del Estado cuando se suscitan protestas en el área y, constantemente, los habitantes de estos edificios son víctimas de gases lacrimógenos, objetos incendiarios y el disparo de municiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Sin duda alguna, estos comportamientos de las fuerzas de seguridad del Estado ponen en riesgo la vida e integridad de los habitantes de la zona y pueden catalogarse como violaciones a los  derechos humanos de un sector de la población, por lo cual ameritan la investigación inmediata de los funcionarios implicados y su enjuiciamiento.

Desde CODHEZ, instamos a los cuerpos de seguridad del Estado a cesar la utilización de armas de fuego y sustancias tóxicas para la represión de esta y otras zonas residenciales de la región. Esta solicitud obedece a lo establecido en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reza: “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.