Transparencia Venezuela, Acción Solidaria y CODHEZ encabezan el foro “Venezuela Urgente”

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EN LA FOTO: Prof. Jesús Urbina, Coordinador de Transparencia Venezuela en el Zulia.

El miércoles 23 de mayo, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Maracaibo, las organizaciones Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y CODHEZ compartieron un diagnóstico de la situación de los derechos a la salud y el derecho a la protesta en Venezuela. Por un lado, Transparencia Venezuela dio una radiografía del uso de los fondos del Estado dedicados a la prestación del servicio de salud en el país a través de las Misiones que han sido creadas por el Gobierno. Por otro lado, Acción Solidaria explicó a los asistentes que desde hace tres años ha ocurrido una violación sistemática al derecho a la salud y la vida de los venezolanos causada por las políticas públicas del Estado venezolano que directa o indirectamente inciden en la importación y producción de medicamentos en el país.

Esta actividad permitió exponer al público una visión general del panorama venezolano en materia de derechos humanos claves para la dignidad humana como el derecho a la salud y a la libre expresión. Así mismo, permitió evidenciar el trabajo de investigación desarrollado por las organizaciones participantes.

Foto Foro Venezuela

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ALERTA.

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Maracaibo.- Al mediodía del sábado 11 de febrero de 2017 fueron detenidos arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los periodistas y coordinadores del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, junto a los comunicadores brasileños Leandro Stoliar y Gilson Souza de Oliveira. Venían de las instalaciones de la obra inconclusa de Odebrecht, el segundo puente sobre el lago o Puente Nigale, ubicado en el norte del Estado Zulia, donde recopilaban información sobre este caso que ha constituido un símbolo de corrupción para la opinión pública venezolana. Tras ser escoltados a la sede del SEBIN en Maracaibo, permanecieron 10 horas detenidos arbitrariamente y fueron asistidos legalmente por CODHEZ en coordinación con abogados de la Universidad del Zulia. La liberación se produjo a las 9:53 p.m. y a los comunicadores brasileños se les ordenó salir del país en un plazo de 24 horas. Esta situación, que suscitó el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, Transparencia Venezuela y diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es un hecho que enciende las alarmas sobre la fragilidad de la libertad de expresión y el derecho a informar, las crecientes limitaciones al trabajo de los comunicadores sociales, aunada a la falta de transparencia en el ámbito público en nuestro país. Desde CODHEZ condenamos este hecho y exigimos el cese del hostigamiento a los periodistas y activistas que ejercen contraloría social. De igual forma, instamos a los comunicadores y defensores de derechos humanos que enfrenten vejaciones similares a denunciarlos y acudir a nuestra organización para recibir asistencia.

Aumentan las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela

Por Gustavo Ocando Páez

En los espacios del Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) se presentó el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela en 2015, elaborado por la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) sirvió como anfitriona del evento, en el cual también tomaron derecho de palabra representantes de distintas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, entre ellas, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira y el capítulo Zulia de Transparencia Venezuela.

“Es indispensable difundir las cifras de una organización con la trayectoria de Provea” expresó Daniela Guerra, Directora General de CODHEZ, quien, al mismo tiempo, tomó la palabra para denunciar el carácter inconstitucional de la figura del patriota cooperante y sus nefastas consecuencias en el desarrollo de los procedimientos judiciales.

Por su parte, Jesús Urbina, representante del capítulo Zulia de Transparencia Venezuela, indicó que Provea es considerada la organización decana en materia de derechos humanos en Venezuela, y que la presentación de su informe anual tiene una enorme trascendencia al momento de realizar un balance general de la situación de los derechos humanos en el país.

Asimismo, José David González, Director General del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, relató los graves atropellos sufridos por la población Wayuu. “Estamos atravesando una situación muy difícil con la presencia permanente del ejército en nuestro territorio, pues desde finales de 2010 hasta la fecha, hemos registrado que 20 asesinatos de miembros de la comunidad en manos de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 19 casos de tortura, así como unos 600 allanamientos de viviendas y más de 700 personas privadas de su libertad de manera ilegal”.

En tanto, Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, inició la presentación del informe destacando que las cifras disponibles revelan cómo los efectos negativos de la gestión del gobierno nacional han superado con creces la contracción de derechos sociales sufrida por Venezuela durante los años 90. Además, reveló que existen 460 casos de violaciones al derecho a la vida, cifras que constituyen un aumento del 109% respecto al año anterior. “Existen unas 793 víctimas de tratos crueles y hemos atendido 6 casos de tortura”.

Uzcátegui también destacó que la profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos se manifiesta cotidianamente en la escasez extrema de alimentos y medicinas, el elevado nivel de inflación, y el incremento de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en los sectores más desfavorecidos del territorio nacional. Del mismo modo, resaltó que las denuncias de violaciones al derecho a la salud ascendieron un 40% en comparación con el año anterior, y señaló que se registran 15.496 detenciones arbitrarias cometidas durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).

Finalmente, el Coordinador General de Provea explicó que “es fundamental el trabajo de recopilación y documentación de testimonios y pruebas porque las violaciones a los derechos humanos no prescriben, pues aunque en el presente no se haga justicia estamos seguros de que se hará justicia en el futuro”.