Tribunales militares: un espacio de justicia exclusivo para los militares

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La Constitución venezolana prevé la garantía del juez natural (artículo 49.3), y en este orden de ideas, señala que los tribunales militares sólo pueden juzgar “delitos de naturaleza militar”, es decir, delitos cometidos por militares activos en contravención a deberes propios de su función. A partir de estos preceptos básicos y los códigos orgánicos Procesal Penal y de Justicia Militar, las salas Constitucional y de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia han reiterado que los tribunales militares no pueden juzgar a civiles, en consonancia con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En criterio de la Corte Interamericana, la competencia de los tribunales militares se ha establecido para mantener el orden y la disciplina dentro de la fuerza armada, y por ello, deben (i) tener un alcance restrictivo y excepcional, (ii) configurarse de acuerdo a los principios y garantías del derecho penal moderno, y (iii) su objeto ha de ser la protección de intereses jurídicos especiales vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. De hecho, la Corte ha observado que la tendencia, en la actualidad, es la reducción o desaparición de los tribunales militares en tiempos de paz. La jurisprudencia interamericana ha enfatizado, además, que el alcance restrictivo y excepcional de la competencia de los tribunales se fundamenta en límites en razón de la persona y de la materia, de modo que (i) en razón de la persona, debe reservarse a militares en servicio activo, excluyéndose el juzgamiento de militares en retiro y civiles, quienes no pueden cometer conductas contrarias al estamento militar; y (ii) en razón de la materia o del bien jurídico que involucra el caso, los tribunales militares sólo pueden juzgar la comisión de delitos que atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

Al respecto, la Sala de Casación Penal ha afirmado la supremacía de la competencia penal ordinaria ante la competencia penal militar en los casos de (i) investigación de delitos en los que se encuentren presuntamente involucrados civiles; y (ii) cuando el hecho se encuentre tipificado como delito en la legislación penal ordinaria y en la legislación penal militar (sentencia 59/2001, de 2 de febrero de 2001). Vale acotar que, en este caso, la Sala de Casación Penal se refirió a la similitud de los delitos previstos en el artículo 226 del Código Penal (ultraje a un cuerpo judicial, político o administrativo) y 505 del Código Orgánico de Justicia Militar (ultraje a la Fuerza Armada Nacional), destacando que el juzgamiento corresponderá a un tribunal penal ordinario cuando se trata de civiles. En este sentido, ratificó el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 13 de julio de 1998, cuyo contenido es el siguiente:

[…] cuando un mismo hecho esté previsto como delito en el Código Penal y por derivación también esté previsto como tal en el Código de Justicia Militar, cada uno de dichos delitos mantiene su propia fisonomía […]. No se trata de un problema de especialidad, sino de la determinación de la esfera de aplicación de cada una de dichas disposiciones penales. La disposición contenida en el Código de Justicia Militar no enerva ni impide la aplicación contenida en el Código Penal, porque la primera es derivada de la segunda. De allí que en presencia de dos disposiciones semejantes, y ante la condición civil de la persona procesada, debe concluirse que la jurisdicción penal ordinaria recobra su supremacía.

Este argumento ha sido reiterado por la Sala de Casación Penal en sentencia 518/2016, de 6 de diciembre de 2016, y antes, fue compartido por la Sala Constitucional en sentencia 1500/2002, de 3 de julio de 2002. Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1256/2002, de 11 de junio de 2002, sostuvo que “[…] los delitos comunes […]  deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo”.

Según este razonamiento, los tribunales militares solo pueden juzgar a militares en servicio activo por la comisión de delitos militares –es decir, “que atenten contra los deberes militares”, según la Sala de Casación Penal en sentencia 750/2001, de 23 de octubre–, atendiendo a lo previsto en los artículos 49.3 y 261 de la Constitución venezolana, y a la regla de competencia señalada en el artículo 124 del Código Orgánico de Justicia Militar, según el cual,

Están en todo tiempo sometidos a la jurisdicción militar:

1) Los oficiales, especialistas, individuos de tropa o de marinería, sea cual fuere su jerarquía, y la situación en que se encuentren.

2) Los alumnos de las escuelas militares y navales de la República, por infracciones no previstas ni castigadas en los reglamentos de dichas escuelas y penados por el presente Código y demás Leyes y Reglamentos militares.

3) Los que forman parte de las Fuerzas Armadas con asimilación militar.

4) Los reos militares que cumplen condenas en establecimientos sujetos a la autoridad militar.

5) Los empleados y operarios sin asimilación militar que presten sus servicios en los establecimientos o dependencias militares, por cualquier delito o falta cometidos dentro de ellos.

Esta interpretación ha sido ratificada por la Sala Constitucional, en sentencia 838/2002, de 24 de abril de 2002, al sostener que “[…] la justicia militar sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento.”

 

Por: Dr. Juan Berríos

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Guardia Nacional Bolivariana reprime a manifestantes opositores en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo de Maracaibo

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Protesta opositora en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo en Maracaibo, Venezuela, el 19 de abril de 2017. Foto cortesía de Ernesto Pérez

Desde inicios de abril, Venezuela retomó las protestas para oponerse a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que otorgan potestades legislativas al Ejecutivo, y desconocen la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. A raíz de estas decisiones del máximo tribunal venezolano, diversos actores internacionales se pronunciaron para criticar la inexistencia de democracia en Venezuela y las violaciones a la Constitución derivadas de estas sentencias.

Por estas razones, el 19 de abril de 2017, se convocó en todas las ciudades del país a manifestarse de forma multitudinaria. En Maracaibo, la manifestación tenía como fin la entrega de un documento en la Defensoría del Pueblo, ubicada en el casco central de la ciudad, cuyo objeto era exigir a este organismo velar por los derechos humanos de los venezolanos y solicitar la realización de elecciones. En paralelo, en la Plaza Bolívar –también ubicada en el casco central de la capital zuliana- el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, encabezaba un acto cívico militar para conmemorar los 207 años de la Proclamación de la Independencia de Venezuela.

Después de que los manifestantes opositores se aglutinaran en las afueras de la Defensoría del Pueblo, la Guardia Nacional Bolivariana agredió  a los ciudadanos con bombas lacrimógenas para impedir que cruzaran la barrera que los efectivos habían creado con el fin de evitar la llegada a la Defensoría del Pueblo de los manifestantes.

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Cuerpos de seguridad del Estado acompañan al gobernador Francisco Arias Cárdenas en acto cívico militar del 19 de abril de 2017 en la Plaza Bolívar de Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

Al final de esta jornada, más de 20 personas vinculadas a las protestas de la oposición fueron detenidas. Mientras tanto, el acto cívico-militar del sector oficialista y su marcha “en respaldo a la paz” transcurrió sin represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Por: María Inés Hernández

ONG y defensores de derechos humanos solicitamos renuncia al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab

Tark

Ciudadano
Tarek William Saab

Defensoría del Pueblo

Su despacho.-

Las personas, organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil
en general, que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra
indignación por las declaraciones emitidas por usted el día miércoles
29 de marzo de 2017, en las cuales expresó su apoyo a la sentencia
número 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
mediante la cual se le retiraba la inmunidad parlamentaria a los
diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, se atribuye al
Presidente de la República la facultad para revisar leyes y determinar
discrecionalmente la aplicación de delitos militares; y de
reconsiderar la pertinencia de la participación de Venezuela en
instancias internacionales.

Ese día, 29 de marzo, usted, como presidente del llamado “Consejo
Moral Republicano” (CMR), leyó un comunicado donde afirmaba que este
órgano del Poder Ciudadano “manifiesta su firme apoyo a esta
sentencia”, alegando que la misma, a su juicio, “evalúa apropiadamente
elementos que ponen en riesgo la soberanía e independencia del
país”[1]. Hoy sabemos que de los tres entes que integran el CMR, uno
de ellos está en desacuerdo con dicha sentencia. El viernes 31 de
marzo la Fiscal General de la República la calificó, junto al dictamen
156 del mismo tribunal, como la “ruptura del hilo constitucional”, en
medio de un amplio rechazo de ambas sentencias por parte de la
comunidad nacional e internacional.

El apoyo expresado por usted a la referida sentencia, no solo es
fraudulento al ser presentado como una posición institucional, pese a
no haber sido producto de un consenso entre los integrantes del
Consejo Moral Republicano, sino que constituye un menosprecio de la
institución parlamentaria, de la que usted mismo fue en algún momento
parte, en abierta violación de la Constitución y del Estado de
Derecho.

Como es del conocimiento público la institución a su cargo no cumple
plenamente con lo establecido en los “Principios de París”, que norman
la actuación de las defensorías del pueblo en todo el mundo. Debido a
la ausencia de autonomía e independencia en el funcionamiento de la
Defensoría, tanto durante la gestión de Gabriela del Mar Ramírez como
la suya, el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en octubre de
2016 tomó la decisión de rebajar la calificación de la Defensoría del
Pueblo venezolana a categoría B. A finales del 2014, este organismo le
había dado un año para que, en sus propios términos, usted hablara
“alto y claro” sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro
país y señalara con claridad las responsabilidades del Estado, que
usted no ha cumplido.

En marzo del 2017, durante la presentación de su informe anual ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado
Zeid Ra´ad al Hussein dedicó unos minutos para hablar sobre la
preocupante situación de Venezuela, recordando la falta de
independencia de la Defensoría del Pueblo en nuestro país. No
solamente usted no tomó las medidas para corregir esta situación,
atendiendo debidamente y sin discriminación a las víctimas de
violaciones de derechos humanos en el país, sino que, como lo
demuestra su apoyo a una decisión que fue calificada por la Fiscal
General y por la mayor parte de la sociedad democrática venezolana
como “Golpe de Estado”, reincide en actuaciones cada vez más graves e
inaceptables dentro del papel que debería desempeñar un Defensor del
Pueblo en un contexto de crisis social, política y económica. Por
contraste, las organizaciones de derechos humanos tenemos como
referente el valiente papel que desempeñó el primer Defensor del
Pueblo en Perú, Jorge Santistevan de Noriega, ante la ausencia de
democracia en ese país bajo la dictadura de Alberto Fujimori.

Conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus
atribuciones “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y
garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales sobre derechos humanos”. En este caso usted se aparta
de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual que en numerosas
ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones  a los
derechos humanos como en el caso los restos hallados en las
instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV),

Por lo expuesto anteriormente quienes suscribimos la presente
comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al
cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona
independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y
los principios democráticos,  asuma el cargo; una persona que, en
lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las
víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren
diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la
pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en
salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la
violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación
del Pueblo (OLP) y la impunidad .

Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del
papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y
de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo
venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los
organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino
por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente
que esté a su lado: la población en general y las víctimas de
violaciones de derechos humanos.

Atentamente

Acceso a la Justicia
AC Llamado a la Conciencia Vial

AC Nueva Esparta en Movimiento
A.C. Maria Estrella de la Mañana
AC Mulier

Acción Solidaria

Amigos Trasplantados de Venezuela AC
Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, Caracas
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Civil Mujeres en Línea
Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Aula Abierta Venezuela
Brigadas Azules
Cátedra Libre de DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Cedice Libertad
Centro de Animación Juvenil
Centro de Acción y defensa Por los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Cepaz
+Ciudadano, +Venezolano (Táchira)
Ciudadanía Activa

Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima21
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Comision de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados
de Venezuela capítulo Táchira
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios
de Abogados Estado Apure
Colegio de Abogados del Estado Anzoategui

Colegio de Abogados del Estado Apure

Colegio de Abogados del Estado Lara
Colegio De Abogados del Estado Barinas
Colegio de Abogados de Estado Nueva Esparta
Colegio de Abogados del Estado Sucre
Colegio de Abogados de Delta Amacuro
Colegio de Abogados del Estado Falcon
Colegio de Abogados del Estado Monagas
Colegio de Abogados del Estado Portuguesa
Colegio de Abogados del Estado Carabobo
Colegio de Abogados del Estado Guárico,
Colegio de Abogados del Distrito Capital
Colegio de Abogados del Estado Aragua

Colegio de Abogados del Estado Cojedes
Colegio de Abogados del Estado Amazonas,
Colegio de Abogados del Estado Tachira
Colegio de Abogados del Estado Zulia
Comisión DDHH Federación Venezolana de Colegios de Abogados Estado Falcón
Comisión DDHH Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
Comision Nacional DDHH Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela, capítulo Mérida
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ
Convite AC
Derechos Humanos Ya
Espacio Humanitario
Espacio Público
EXCUBITUS Derechos Humanos Educación
Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES), Nacional
Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Aragua

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Carabobo

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Lara

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Anzoátegui

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Zulia

Federación Nacional Sociedades Padres y Representantes (FENASOPADRES),
capítulo Miranda
Frente en Defensa del Norte de Caracas
Foro Penal Venezolano
Fundación Blanca Nieve Sierra
Fundación CIIDER
Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama)
Fundacion Pro Bono Venezuela
Humano Derecho Radio
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos INVESP
Movimiento Vinotinto
Mujeres Venezolanas en Acción
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA)
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres
Opción Venezuela A.C.
Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)

Organización StopVIH
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM),

Laboratorio de Paz
Red Andina de DDHH
Red ARA
Redes Ayuda
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Transparencia Venezuela
Una Montaña de Gente
Una Ventana a La Libertad
Un Mundo Sin Mordaza
Unión Afirmativa de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Venezuela Diversa A.C

Personalidades

Integrantes del Observatorio Venezolano por los DDHH de las Mujeres:
Isolda de Salvatierra (Coordinadora)

Virginia Olivo de Celli

María Cristina Parra

Magally Huggins

Ofelia Alvarez Cardier

Beatríz Rodríguez

Beatríz Gerbasi

Luz Beltrán

Lilia Arvelo

Griselda Barroso

Yenni Peña

Rosa Paredes

Yolima Arellano

Evangelina García Prince

Sonia Sgambatti

Oscar Murillo, periodista
Francisco González Cruz, Ex-Rector Emérito de la Universidad Valle de Momboy
Elenis Rodríguez Martínez, abogada

Carlos Daniel Moreno, Defensor de DD.HH