ALERTA- El CLEZ desconoce la voluntad de los zulianos al desconocer a Juan Pablo Guanipa como legítimo Gobernador del Zulia

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Durante la mañana del jueves 26 de octubre, los parlamentarios del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) declararon vacante el cargo de gobernador del Zulia. Con esta decisión, expresaron su rechazo ante la negativa del líder opositor de juramentarse ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Juan Pablo Guanipa resultó electo el pasado 15 de octubre con un 51,6 % de los votos registrados en el estado Zulia. Por lo tanto, la voluntad de los zulianos de elegirlo como gobernador del estado quedó evidenciada con los 691 mil 547 votos que le dieron el triunfo sobre el candidato del oficialismo, Francisco Arias Cárdenas.
Desde Codhez reiteramos que el derecho a elegir del pueblo zuliano debe ser respetado y la materialización de su voluntad debe ser garantizada mediante el reconocimiento de la opción resultante como ganadora.
El gobernador electo no ha renunciado ni abandonado el cargo para el cual fue electo. Por esta razón, no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 75 de la Constitución del Estado Zulia que los parlamentarios del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ) utilizan para establecer la declaratoria de falta absoluta. En consecuencia, esta decisión no tiene fundamento legal que la soporte y evidencia la parcialización del órgano legislativo zuliano y el seguimiento de directrices partidistas contrarias a los valores democráticos que deberían prevalecer en sus acciones.
El Consejo Legislativo del Estado Zulia, según lo previsto en la Constitución, debió juramentar al gobernador electo. El incumplimiento de ese deber constitucional y la posterior declaratoria de falta absoluta demuestran una clara falta de coherencia en su proceder.
Codhez exige al CLEZ que respete la elección de Juan Pablo Guanipa como expresión de la soberanía popular de los zulianos.
¿Quiénes Somos?
Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.

Codhez expone su Informe Anual 2016 en el Instituto Universitario San Francisco

Taller de DDHH en Instituto Universitario San Francisco

Por invitación del Instituto Universitario San Francisco de Fe y Alegría, el martes 18 de abril de 2017, el equipo de CODHEZ presentó su Informe Anual 2016: Situación sobre los Derechos Humanos en el Zulia, a los estudiantes de la institución ubicada en el Municipio San Francisco.

La actividad se realizó en la mañana y en la noche. Participaron dos grupos completamente distintos en edades, pero muy interesados por la información compartida. En el turno de la tarde se desarrolló  un debate donde los profesores tuvieron participación.

Esta es la primera de una serie de actividades que se planean realizar con este centro educativo.

 

ALERTA.

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Maracaibo.- Al mediodía del sábado 11 de febrero de 2017 fueron detenidos arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los periodistas y coordinadores del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, junto a los comunicadores brasileños Leandro Stoliar y Gilson Souza de Oliveira. Venían de las instalaciones de la obra inconclusa de Odebrecht, el segundo puente sobre el lago o Puente Nigale, ubicado en el norte del Estado Zulia, donde recopilaban información sobre este caso que ha constituido un símbolo de corrupción para la opinión pública venezolana. Tras ser escoltados a la sede del SEBIN en Maracaibo, permanecieron 10 horas detenidos arbitrariamente y fueron asistidos legalmente por CODHEZ en coordinación con abogados de la Universidad del Zulia. La liberación se produjo a las 9:53 p.m. y a los comunicadores brasileños se les ordenó salir del país en un plazo de 24 horas. Esta situación, que suscitó el pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, Transparencia Venezuela y diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es un hecho que enciende las alarmas sobre la fragilidad de la libertad de expresión y el derecho a informar, las crecientes limitaciones al trabajo de los comunicadores sociales, aunada a la falta de transparencia en el ámbito público en nuestro país. Desde CODHEZ condenamos este hecho y exigimos el cese del hostigamiento a los periodistas y activistas que ejercen contraloría social. De igual forma, instamos a los comunicadores y defensores de derechos humanos que enfrenten vejaciones similares a denunciarlos y acudir a nuestra organización para recibir asistencia.

Asuntos penitenciarios en Venezuela: Datos que contradicen las declaraciones del Estado venezolano en el EPU

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por María Inés Hernández Torres

La grave situación existente en los recintos penitenciarios de Venezuela ha sido un tema expuesto por la prensa nacional e internacional, y las críticas al sistema se han hecho notorias en diversos espacios. Los cuestionamientos a la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en el Examen Periódico Universal (EPU) así lo demostraron. Un ejemplo de ellos son las recomendaciones ofrecidas por Estados como Angola, Argentina, Argelia, Austria e Italia que instaron a mejorar las condiciones del sistema penitenciario y las de Australia, Guatemala y Nueva Zelanda que exhortaron a respetar el debido proceso.

Iris Varela, quien formó parte de la delegación oficial venezolana participante en esta evaluación, se centró en narrar el mejoramiento que en la materia se ha producido durante los últimos 17 años desde la llegada al poder de Hugo Chávez. Desde CODHEZ podemos plantear algunos casos concretos que contradicen las declaraciones ofrecidas por la funcionaria en Ginebra y los argumentos presentados en el Informe Nacional que el Estado venezolano entregó antes de la realización del examen.

En primer lugar, la Ministra aseguró que se han inaugurado 29 instalaciones de reclusión y que este desarrollo de infraestructura ha “reducido el hacinamiento y la violencia en las cárceles en Venezuela”. Por nuestra parte, constatamos  que desde el desalojo del retén El Marite y la Cárcel Nacional de Maracaibo –mejor conocida como Cárcel de Sabaneta– los reclusos trasladados permanecen fuera de la entidad zuliana y  su internamiento en otros recintos ha terminado por sobre poblarlos y ocasionar retardos procesales.

A esta realidad se suma el hacinamiento existente en calabozos de cuerpos policiales y militares.  Al respecto, en noviembre de 2015, el Secretario de Seguridad del Estado Zulia, Biagio Parisi,  informó que alrededor de 1100 personas se encontraban recluidas en calabozos de la policía regional, municipal, CICPC, Guardia Nacional y el SEBIN, aseverando que “en la mayoría de las comisarías hay penados que llevan dos años recluidos ahí. Nunca han sido trasladados a un retén o una penitenciaría”. En la misma línea, en septiembre de 2016, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, expresó que 33 mil privados de libertad se encuentran hacinados en estaciones policiales de todo el país y 2 mil en instalaciones militares.

Por otra parte, el abandono de la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ) en agosto de 2015, da cuenta de los fracasos en la creación de nuevos centros penitenciarios y los problemas de corrupción que afectan el desarrollo de políticas públicas en la materia.  

En segundo lugar,  la Ministra Varela  afirmó en el EPU que “el gobierno de Nicolás Maduro se ha caracterizado por el respeto a los derechos humanos”. Frente a eso, resulta propicio señalar que el debido proceso es un derecho humano que ha sido vulnerado por el desalojo del Retén El Marite, la Cárcel de Sabaneta en el Zulia y la falta de coordinación del Ministerio para el Servicio Penitenciario con el Poder Judicial. El traslado de privados de libertad a otros estados los ha alejado del juez de su domicilio y ha supuesto complicaciones logísticas que dificultan el desarrollo normal de los procesos judiciales. Además, se ha fomentado la corrupción, pues los funcionarios de custodia y vigilancia de los centros de reclusión han exigido pagos a los sujetos privados de libertad para efectuar traslados que hagan posible la celebración de ciertos actos procesales.

A lo anterior se suma que la distancia ha imposibilitado que numerosas familias visiten a sus parientes. Con esto, se han violado tratados internacionales en materia de derechos humanos y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.  Como consecuencia de la dificultad de hacer visitas y, teniendo en cuenta que el sistema penitenciario no provee de las tres comidas al día a sus reclusos, los familiares de los privados de libertad han denunciado que al no poderles proveer alimentos regularmente estos no tienen una alimentación adecuada. También la falta de información y respuesta de las inquietudes de los familiares por parte de las autoridades ha sido una constante.

Actualmente, a finales del 2016, estos problemas persisten y en el Zulia las personas vinculadas a los privados de libertad mantienen su interés en conocer cuándo estos serán transferidos a un centro en el estado Zulia.

CODHEZ realizó el 2 de agosto de 2016 una petición de información al Ministerio para el Servicio Penitenciario con el fin de conocer cuándo se restaurarían las funciones del Retén El Marite, el estatus de la construcción de la nueva cárcel y una solicitud de traslado al Estado Zulia a uno de los casos atendidos por la organización. Por los momentos, continuamos a la espera de respuestas a las solicitudes hechas, y sobre todo, de una mayor transparencia en las cifras oficiales y la consideración de las recomendaciones realizadas en esta materia durante el Examen Periódico Universal.

Sin prensa libre no hay democracia

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La versión impresa del diario La Verdad no circuló los días 24 al 29 de junio de 2016 por falta de papel periódico. Luego, el 30 de junio volvió a publicarse, al llegar a sus instalaciones el despacho de papel proveniente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). La situación se repitió el día domingo 20 de noviembre, cuando el diario tampoco pudo circular, afectando también la publicación del semanario de la Universidad del Zulia que se publica los domingos como encartado. Asimismo, el diario Qué Pasa no pudo imprimirse del 18 al 20 de noviembre, reapareciendo el 21 de noviembre. También, el diario El Regional del Zulia agotó su inventario de papel. En estas circunstancias, a pesar de las gestiones realizadas por sus propietarios ante el CEAM, estos diarios dejaron de salir a la venta a partir del 22 de noviembre. Por su parte, el diario Versión Final, otro de los periódicos importantes de la región, debió reducir el número de páginas de 40 a 24, limitando el contenido de la información.

Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la libre expresión, y además, el derecho a informar y ser informado de las noticias, en correspondencia con el fin constitucional de establecer una “sociedad democrática, participativa y protagónica”. Esto significa que el Estado debe asegurar, para el ejercicio de esas libertades, que no existan obstáculos o circunstancias que impidan su desarrollo. La existencia de una única empresa autorizada por el Estado venezolano –y que es de su propiedad– para la importación y distribución de papel prensa contradice, además, el mandato constitucional de prohibición de los monopolios (artículo 113). Cabe recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos, denunciada por el Estado venezolano en detrimento del ejercicio y la protección más favorables de los derechos, establece en su artículo 13.3 que el derecho de expresión no puede restringirse por medios indirectos, como es el caso de controles oficiales de papel para periódicos, conducentes a impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones, así como el derecho de toda la sociedad de estar informada, condiciones básicas de una sociedad democrática. Estas fallas en la distribución de papel periódico han sido recurrentes en todo el país desde hace varios años, obligando a otros diarios, de alcance nacional y regional, a reducir su tamaño, número de páginas, salir de circulación, y eventualmente, cerrar sus puertas.