¡Nuestro boletín de diciembre está disponible!

Boletín de diciembre de 2017

Un recuento del papel desempeñado por Codhez frente a las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el 2017 en el Zulia resulta imprescindible en el último boletín del año.
El 2017 año fue, sin duda alguna, particularmente sombrío para los venezolanos: sufrimos numerosas pérdidas humanas como consecuencia de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y los excesos de las fuerzas de seguridad del Estado durante el control de manifestaciones, a la vez que pudimos evidenciar otras diversas violaciones de derechos humanos que atrajeron la mirada del mundo sobre nuestro país. Sin embargo, en Codhez, los pasados 12 meses, procuramos permanecer en constante apoyo a las víctimas de violaciones a derechos humanos que han acudido a nosotros y así lo seguiremos haciendo en este 2018.

Para conocer más sobre nuestro trabajo, descarga el boletín aquí: Boletín de diciembre 2017- CODHEZ

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Nuestro boletín de noviembre está disponible

Post Boletín noviembre

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Comunicado de las organizaciones de la sociedad civil acerca de la visita del experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas

Zayas

Alfred-Maurice de Zayas,  experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU.

La visita del experto independiente de las Naciones Unidas, Alfred-Maurice de Zayas, generó expectativas para las organizaciones de la sociedad civil venezolanas defensoras de los derechos humanos, quienes hemos estado solicitando la presencia en el país de los expertos de los distintos mecanismos de protección de derechos humanos desde hace más de una década.
La última visita a Venezuela de un represente de cualquier mecanismo de protección de derechos humanos ocurrió en mayo de 2002, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su evaluación. Desde entonces, 11 procedimientos especiales de las Naciones Unidas y Comisionados de la CIDH han pedido al Estado venezolano, en reiteradas oportunidades, realizar una misión al país para constatar la situación de los derechos humanos, sin que haya habido una respuesta a dichas solicitudes.
En una Carta abierta al Sr. Alfred de Zayas, publicada el 27 de noviembre del presente año1, 48 organizaciones de la sociedad civil manifestamos esperar que esta visita a Venezuela estuviese enmarcada en la veeduría de los derechos humanos con garantías de independencia y seriedad de acuerdo con la función de los mandatos especiales, a fin de constatar las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país, tal como fue recogido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe de agosto de 2017, sin que además de ninguna manera esta visita pudiese ser entendida como una forma de evitar o impedir las reiteradas solicitudes al Estado venezolano de cursar invitaciones permanentes a los procedimientos temáticos especiales de derechos humanos, particularmente a los que ya han solicitado visitar el país, así como facilitar y permitir su efectiva realización.
El 29 de noviembre de 2017 varias organizaciones participamos en reuniones con el Sr. De Zayas, exponiendo las graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el país y consignamos informes de carácter público en los cuales estas violaciones se han documentado con datos, testimonios y el monitoreo sistemático de sus alcances y consecuencias para la población venezolana. Sin embargo, además de observar que la agenda no fue pública y plural, ni contó con una mayor participación de organizaciones y actores de la vida social y política, se intentó de forma constante eximir de responsabilidades al gobierno nacional de las violaciones a los derechos humanos, reflejando una conducta no independiente e imparcial, conforme lo exige su mandato:

  • En reiteradas oportunidades de la reunión, el experto independiente hizo hincapié en que las sanciones adoptadas por gobiernos como el de los Estados Unidos de América y Canadá contra distintas personalidades del gobierno y otros funcionarios del Estado, son causantes en gran parte de la actual crisis que atraviesa el país, afirmando el experto que aproximadamente un 30% de la problemática deriva de las sanciones, aun cuando la crisis tiene otras raíces y se mantiene mucho tiempo atrás de éstas.
  • Además expresó que la situación de guerra económica, acaparamiento y contrabando en la frontera colombo venezolana habrían repercutido notablemente en el agravamiento de la crisis tanto de alimentos como de medicinas.
  • También indicó que en la actualidad, Venezuela era objeto de la falta de solidaridad internacional por parte de diversos Estados, principalmente por sus pares de la región, destacando a Colombia entre ellos.
  • Destacó la falta de tecnócratas en las instituciones del Estado, lo cual, a su ver, habría producido muchas decisiones erradas y “estúpidas” en el manejo del Estado. Esta consideración preocupa enormemente, toda vez que parece restarle importancia a la grave situación del país, más aun cuando estas organizaciones han venido denunciando reiteradamente violaciones a los derechos humanos.

Antes de su visita, el experto independiente expresó que “[e]n particular, dese[aba] estudiar cómo se gastan los presupuestos nacionales y en qué medida las demandas de la sociedad civil global tienen un impacto positivo en la inversión en alimentos, vivienda, programas de educación y salud, promoción de los derechos laborales, solidaridad social, reforma fiscal, no discriminación, acceso a la información, libertad de expresión y estado de derecho”2. No obstante, el 30 de noviembre de 2017, el Sr. De Zayas publicó en su blog donde destaca información sobre su trabajo como experto independiente3, imágenes de un supermercado capitalino durante un recorrido enteramente guiado por el gobierno nacional, pretendiéndose mostrar abundancia en el sector alimenticio cuando la realidad difiere con creces de esas imágenes y las mismas sólo permiten ver una versión parcial del país, dejando de lado la verdadera emergencia humanitaria en todo el territorio nacional. Dichas imágenes fueron eliminadas en días posteriores tras haber recibido críticas y cuestionamientos.
Todas las consideraciones expuestas por el experto independiente, tanto en reuniones como en publicaciones, compaginan con el actual discurso del gobierno nacional, el mismo que le ha servido de excusa para no permitir el control de los mecanismos de protección de derechos humanos. Tales conductas desmeritan la acción de este mecanismo de protección de las Naciones Unidas, al usarse este procedimiento especial como plataforma política del Estado venezolano, el cual, sabiéndose responsable de una crisis de derechos humanos sin precedentes parece buscar con la presencia del Sr. De Zayas vías alternas para justificar la constante obstaculización a las visitas de otros expertos de los sistemas de protección de derechos humanos, universal y regional, que han solicitado y ratificado este pedimento a Venezuela.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes presentan una serie de exigencias y recomendaciones ante el experto independiente:

  • Que la actuación y análisis del experto independiente sobre Venezuela esté enmarcada en los principios de independencia e imparcialidad que comprometen su mandato.
  • Que el experto independiente dé cuentas claras y explicitas en su informe de la información recibida por parte de las organizaciones de la sociedad civil venezolana que han registrado y documentado casos de violaciones de derechos humanos y que reflejan la actual emergencia humanitaria del país.
  • Que el experto independiente presente las recomendaciones pertinentes para que sean implementados los correctivos y las medidas necesarias y adecuadas para la resolución de la crisis económica, política y social que existe actualmente en Venezuela.
  • Que el experto independiente sustente sus afirmaciones y recomendaciones desde un enfoque de derechos humanos y de conformidad a los términos de su mandato, más allá de meras opiniones personales.
  • Que finalmente, recomiende al Estado venezolano la vuelta a la veeduría de los sistemas de protección de derechos humanos de los que hace parte, permitiendo todas las visitas posibles, particularmente a los que ya han solicitado visitar el país, y facilite y permita su efectiva realización, así como la vuelta al sistema interamericano de derechos humanos dejando sin efecto las denuncias de la Carta de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes esperan que el experto independiente tenga en cuenta la información consignada por las organizaciones de derechos humanos sobre diversos temas, en los cuales se ha reflejado notablemente la opacidad como política estatal en el manejo de los recursos y bienes públicos. Además se espera que dé cuenta efectiva de lo que realmente pudo constatar, toda vez que si su visita no fue una mera visita guiada por el gobierno nacional habrá podido observar la gravísima emergencia humanitaria que vive la población en cuanto a la carestía de medicamentos, equipos médicos para exámenes y estudios, alimentos, así como en materia de seguridad ciudadana, represión y libertad de expresión, acceso a la información, falta de independencia del poder judicial y otros órganos del Estado, entre otros problemas que sufre la población venezolana a lo largo y ancho del territorio.
Por último, queremos recordar al experto independiente que debido a la importancia de los mecanismos de protección de derechos humanos, su pronunciamiento e informe final tendrán un impacto directo en la vida de la población venezolana y medirá el grado de compromiso con sus responsabilidades en la resolución de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Por tanto, apelamos al apego de su mandato como experto independiente para cumplir con las funciones de su cargo.
Organizaciones firmantes:
A.C. María Estrella de la Mañana
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria (ACSOL)
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
Asociación Civil Mujeres en Línea
Aula Abierta Venezuela
Banco del Libro
Cecodap
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Centro de Animación Juvenil
Centro para la paz y Derechos Humanos Padre Luis María Olaso UCV (CPDDHH)
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Civilis Derechos Humanos (CivilisDDHH)
Coalición Clima21
Codevida Amigos Trasplantados de Venezuela
Comisión para los derechos humanos y la Ciudadanía – CODEHCIU
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia – CODHEZ
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Monagas
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
Convite A.C.
Espacio Público
EXCUBITUS derechos humanos en educación
Foro Penal Venezolano
Fundación Aguaclara
Fundación Redes
Fundeci
Humano Derecho Radio
Laboratorio de Paz
Monitor Social A.C.
Movimiento SOMOS
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Observatorio Venezolano de la Salud
Observatorio de derechos humanos de la Universidad de los Andes
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Padres Organizados de Venezuela
Prepara Familia
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – PROVEA
Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos – PROMEDEHUM
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos
Redes Ayuda
Redac – Lara
Senosayuda A.C.
Ser. Investigación y Comunicación
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
StopVIH
Transparencia Venezuela
Uniandes A.C.
Unión Afirmativa
Un Mundo sin Mordaza
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto
Individuales:
Magally Huggins

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Entre ponencias, música zuliana y stands culminó la Feria de Derechos Humanos organizada por CODHEZ

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María Inés Hernández, Coordinadora de Promoción de CODHEZ, abre la última jornada de la segunda edición de la Feria de Derechos Humanos.

Maracaibo.- El martes 21 de noviembre de 2017 culminó la Feria de Derechos Humanos
organizada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
realizada en el Centro Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo con el apoyo de las organizaciones que integran la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (REDHEZ), y el patrocinio del grupo literario Bitácora de Fuego, Revista Now, Café Mulata, Mi Ternerita Loft, Zupla, Impresos Unidos y Morada.

Con la ponencia de los representantes de la organización Aula Abierta Venezuela titulada
“La libertad académica amenazada en Venezuela” que enfatizó la relevancia de la libertad académica para la democracia, se dio apertura al segundo día del evento. Seguidamente, Andrea Núñez y Natasha Saturno, de la organización Acción Solidaria, iniciaron su intervención explicando cómo convertirse en un defensor de derechos humanos y narraron la labor que su organización ha desempeñado en pro de la lucha contra el sida. “Llevamos registradas 200 denuncias de personas con VIH que no están recibiendo su tratamiento. Interpondremos un amparo constitucional y si no nos responden iremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, expresaron.

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Amaya Briner, Presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo, abordó los derechos económicos de la ciudadanía.

Posteriormente, la Presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Amaya Briner, denunció que los actuales controles y leyes económicas “ahogan” a la empresa privada y, al referirse al cierre de negocios como medida sancionatoria del gobierno para los empresarios, alertó que “al cerrar negocios se atenta con la libertad económica de los empresarios y el derecho al trabajo de los empleados”. Por otra parte, Estefanía Mendoza, en nombre de la organización feminista Mulier, afirmó que en Venezuela las mujeres enfrentan de forma especial la crisis económica y las niñas son más propensas a presentar déficit nutricional crónico. Luego, Grisel Mercadante de la Fundación El Zulia Recicla mostró un plan piloto para el manejo de residuos que ha desarrollado su organización con el propósito de implementarlo en el estado Zulia y enfatizó la importancia de utilizar adecuadamente los recursos para evitar la contaminación ambiental.
Tras un receso donde artistas emergentes zulianos entonaron temas musicales alusivos a los derechos humanos acompañados por un performance de la bailarina María Gabriela Villalba, Georgia Rothe, lideresa de la campaña “Ni Una Más” en el Zulia y abogada especialista en materia de género, inició su ponencia titulada “Vagina con V de Viólame” donde instó a las víctimas de violencia sexual a denunciar a su agresor antes de las 24 horas posteriores a la violación y exhortó a los presentes a utilizar las redes sociales para la promoción de los derechos humanos. Luego, Daniela Guerra, Coordinadora General de CODHEZ, disertó sobre la protesta pacífica y enfatizó que “en el caso de que una manifestación deje de ser pacífica, las fuerzas de seguridad del Estado deben intervenir, pero con proporcionalidad”.

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Daniela Guerra, Coordinadora General de CODHEZ, expresó que la protesta pacífica es un derecho.

Finalmente, Jesús Urbina, en representación de la organización Transparencia Venezuela, habló del control político sobre la libertad de prensa señalando al Complejo Editorial Alfredo Maneiro como un ente creado por el Estado para monopolizar la venta de papel periódico en Venezuela y expresó preocupación por la salida de circulación del Diario La Verdad en el Zulia como consecuencia de la carencia de papel periódico.

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Jesús Urbina, Coordinador del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, denunció que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro es utilizado por el gobierno para el control político de la libertad de prensa.

La segunda edición de la Feria de Derechos Humanos organizada por CODHEZ fue un
evento realizado el 20 y 21 de noviembre en las instalaciones del Centro Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo. En ella, los zulianos pudieron disfrutar gratuitamente de ponencias de organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Homo et Natura, Ángeles Chiquinquireños, Cáritas de Venezuela, Proyecto Mujeres, Mulier, Ciudiver, Aula Abierta Venezuela, Acción Solidaria, Cámara de Comercio de Maracaibo, La Papelera Tiene Hambre, El Zulia Recicla y Transparencia Venezuela y la organización anfitriona, CODHEZ.
En un total de 18 presentaciones se abordaron temas como los derechos de los pueblos
indígenas, la Acción Humanitaria, el Arco Minero del Orinoco, los estereotipos de género, la Asamblea Nacional Constituyente, los derechos de la comunidad LGTBI+, la protección
internacional de los refugiados, la libertad académica en Venezuela, la lucha contra el VIH, los derechos económicos, el reciclaje, la violencia sexual, el derecho a la protesta pacífica y el control político de la libertad de prensa.
Con esta actividad, se educó al público zuliano en materia de derechos humanos y se dio a conocer el trabajo en pro de estos desarrollado por organizaciones regionales y nacionales.

 

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CODHEZ inicia la segunda edición de su Feria de Derechos Humanos con el apoyo de las organizaciones de la REDHEZ

Maracaibo.- El 20 de noviembre de 2017, el Centro Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo fue el escenario de la primera jornada de la segunda edición de la Feria de Derechos Humanos organizada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) con el apoyo de las organizaciones que integran la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (REDHEZ).

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Edgar López expone investigación sobre el Arco Minero del Orinoco en la segunda edición de la Feria de Derechos Humanos organizada por CODHEZ.

La apertura del evento estuvo a cargo de Daniela Guerra, Coordinadora General de CODHEZ, quien dio la bienvenida al público y fue secundada por Juan Berríos Ortigoza cuya ponencia titulada “Nuestros Derechos en tiempos de la Asamblea Nacional Constituyente” abrió el ciclo de ponencias, denunciando la ilegitimidad de este órgano y catalogando a Ley Contra el Odio como un instrumento jurídico destinado a restringir la libertad de expresión de los venezolanos.
Por su parte, Susana Raffalli, en representación de Cáritas de Venezuela, abordó la crisis humanitaria en el país y aseveró que “esta situación comenzó a ser una crisis humanitaria cuando murió el primer niño por hambre”. En este sentido, hizo un llamado a la sociedad civil a “mantener activa la ciudadanía”. Posteriormente, el periodista Edgar López expuso la investigación que realizó sobre el Arco Minero del Orinoco, denunciando el daño ambiental que este produjo y la inexistencia de reportes suficientes sobre el destino de los minerales extraídos en la zona. Asimismo, Antonio Soto, miembro de la organización ambientalista La Papelera Tiene Hambre invitó a los presentes a reciclar y adquirir conciencia sobre los efectos de la contaminación ambiental.
Lusbi Portillo, activista de la organización Homo et Natura, denunció la persecución y asesinatode los familiares del Cacique Sabino Romero y los reiterados intentos del Estado venezolano de afectar los derechos de los pueblos indígenas. Posteriormente, Estefanía Reyes, en representación de la organización Proyecto Mujeres, enfatizó la relevancia de combatir los estereotipos de género e invitó a “criar a los niños sin esperar algo en particular de ellos porque sean niños o niñas”.
José David González, en nombre del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, aseguró que la Guajira continúa militarizada y que algunos medios de comunicación han contribuido con la criminalización de los indígenas. Luego, Norberto Morán, de la Asociación Civil Ciudadanía Diversa, catalogó a la homofobia como un “flagelo que ataca nuestra sociedad” y exhortó a los participantes a practicar el respeto a la diversidad.
Finalmente, el abogado Humberto Ortiz expresó que la responsabilidad de proteger a los refugiados corresponde a los Estados, aseverando que “el gran reto del mundo es darle respuesta a los refugiados, desplazados y apátridas”.

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Stand de Amnistía Internacional en la segunda edición de la Feria de Derechos Humanos organizada por CODHEZ.

Además del ciclo de ponencias, la Feria de Derechos Humanos contó con stands de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Transparencia Venezuela, Ángeles Chiquinquireños, Cámara de Comercio de Maracaibo, Aula Abierta Venezuela y la Cátedra Libre Naciones Unidas de la Universidad del Zulia, donde difundieron su trabajo e interactuaron con los participantes del evento.

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ALERTA- La Ley constitucional contra el odio viola derechos civiles, políticos y promueve la persecución contra la disidencia

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El pasado 8 de noviembre, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, un instrumento jurídico cuyo propósito es penalizar discursos contrarios a la ideología del partido de gobierno y establecer penas de 10 a 20 años de cárcel, entre otras sanciones, a ciudadanos y medios de comunicación que expresen mensajes que puedan catalogarse como “promotores del odio y la intolerancia” por los partidarios del gobierno nacional.

Al evaluar este instrumento jurídico, es necesario tener en cuenta que la actual Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad de origen pues surgió como producto del desconocimiento del derecho de los venezolanos a decidir sobre el destino político de su país al no efectuarse la consulta popular establecida en la Constitución como requisito para su convocatoria. Además, este órgano no posee competencia para discutir y aprobar leyes, pues ello corresponde a la Asamblea Nacional electa por los venezolanos en diciembre de 2015.

Desde su instalación, el uso de la Asamblea Nacional Constituyente como instrumento para la imposición del proyecto político-ideológico del partido de gobierno ha sido evidente, y todas las decisiones que ha tomado así lo reafirman.

   Si bien es cierto que según estándares internacionales deben sancionarse los discursos promotores del odio y la violencia, tal como lo hace el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ordena que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”, las regulaciones nacionales deben garantizar la libre expresión, de modo que existan parámetros objetivos que permitan juzgar que un determinado discurso promueve el odio y la violencia contra determinado sector de la sociedad. En el caso de la ley aprobada por la ANC, la evaluación de estos elementos corresponderá a sectores identificados con el gobierno nacional, y por tanto, existe un temor fundado de que su aplicación sea parcializada.

   Desde CODHEZ alertamos que la Ley constitucional contra el odio, por  la convivencia pacífica y la tolerancia es ilegítima, y puede considerarse un instrumento jurídico violatorio de derechos humanos tales como la libertad de pensamiento y expresión. Además, su aplicación se traducirá en una mayor persecución a la disidencia y el incremento de la censura contra ciudadanos y medios de comunicación.

   En definitiva, las acciones persecutorias que de esta ley se deriven deben ser consideradas pruebas del carácter no democrático del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y por ello deben ser documentadas, denunciadas y sancionadas como violatorias de derechos civiles y políticos.

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¡Nuestro boletín de octubre está disponible!

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ALERTA- El CLEZ desconoce la voluntad de los zulianos al desconocer a Juan Pablo Guanipa como legítimo Gobernador del Zulia

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Durante la mañana del jueves 26 de octubre, los parlamentarios del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) declararon vacante el cargo de gobernador del Zulia. Con esta decisión, expresaron su rechazo ante la negativa del líder opositor de juramentarse ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Juan Pablo Guanipa resultó electo el pasado 15 de octubre con un 51,6 % de los votos registrados en el estado Zulia. Por lo tanto, la voluntad de los zulianos de elegirlo como gobernador del estado quedó evidenciada con los 691 mil 547 votos que le dieron el triunfo sobre el candidato del oficialismo, Francisco Arias Cárdenas.
Desde Codhez reiteramos que el derecho a elegir del pueblo zuliano debe ser respetado y la materialización de su voluntad debe ser garantizada mediante el reconocimiento de la opción resultante como ganadora.
El gobernador electo no ha renunciado ni abandonado el cargo para el cual fue electo. Por esta razón, no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 75 de la Constitución del Estado Zulia que los parlamentarios del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ) utilizan para establecer la declaratoria de falta absoluta. En consecuencia, esta decisión no tiene fundamento legal que la soporte y evidencia la parcialización del órgano legislativo zuliano y el seguimiento de directrices partidistas contrarias a los valores democráticos que deberían prevalecer en sus acciones.
El Consejo Legislativo del Estado Zulia, según lo previsto en la Constitución, debió juramentar al gobernador electo. El incumplimiento de ese deber constitucional y la posterior declaratoria de falta absoluta demuestran una clara falta de coherencia en su proceder.
Codhez exige al CLEZ que respete la elección de Juan Pablo Guanipa como expresión de la soberanía popular de los zulianos.
¿Quiénes Somos?
Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.
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Nuestro boletín de septiembre está disponible. Descárgalo aquí:  Codhez- Boletín de septiembre de 2017

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Dos años después, Santa Rosa de Agua aún espera justicia

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Maracaibo.- El 14 de septiembre de 2017 se cumplen los dos años de la ejecución de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo. Este operativo dejó como saldo cinco (5) asesinatos, doscientas (200) detenciones arbitrarias y una marca de violencia que permanecerá de por vida en los sobrevivientes de la sistemática violación de derechos humanos que esta implicó.

En la madrugada del 14 de septiembre de 2015, tras la publicación de un mensaje que anunciaba la realización del operativo desde la cuenta en la red social Twitter del gobernador del estado Zulia, Franscisco Arias Cárdenas, 480 efectivos de la Guardia Nacional (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), arremetieron contra el Sector Santa Rosa de Agua al norte de la capital zuliana e ingresaron a los hogares de tres familias. Seguidamente, asesinaron a quemarropa a cinco ciudadanos: Héctor García (35), Néstor Luis García (28), Oswaldo Moreno (25), Jonathan Olivares (31) y Jorge Luis Olivares (41).

Según el testimonio de Elvimar Olivares, hermana de los fallecidos Jonathan Olivares y Jorge Luis Olivares, ellos fueron sacados con el rostro cubierto de sus hogares y trasladados en un vehículo del CICPC con rumbo desconocido. Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del Hospital Adolfo Pons.  Una situación similar ocurrió con los hermanos García y  Oswaldo Moreno, quien fue trasladado desde su casa sin signos vitales.

Durante los dos años transcurridos desde este traumático suceso, la familia Olivares interpuso la correspondiente denuncia y formuló una solicitud ante la Fiscalía General de la República que motivó el inicio de una investigación conducida por el Fiscal Nacional con competencia en derechos fundamentales, Alejandro Méndez, donde las experticias realizadas por el equipo de investigación forense del Ministerio Público sirvieron de base para acusar formalmente a cuatro funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), por los asesinatos anteriormente mencionados.

A la fecha, los familiares de las víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo ejecutada en Santa Rosa de Agua el 14 de septiembre de 2015 aún esperan justicia. Atendiendo a las evidencias halladas y a la legislación venezolana, la juez tercera de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, deberá acatar la solicitud de privar de libertad a los funcionarios acusados por el Ministerio Público, dicha detención deberá materializarse en la audiencia preliminar a efectuarse en octubre.

A pesar de las dificultades, los familiares de las víctimas continúan dispuestos a agotar todas las instancias posibles para lograr justicia.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) demandamos al Estado venezolano el cese de operativos policiales y militares violatorios de derechos humanos, entre otros; así como el respeto al debido proceso, la celeridad procesal  y la vida.

¿Quiénes Somos?

Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.

Desde entonces, continuamos prestando asistencia judicial gratuita, sobre todo en casos de detenciones arbitrarias, asesorando a las víctimas y sus familiares, y produciendo informes sobre la situación actual de los derechos en la región zuliana. Además, al día de hoy, estamos dedicando esfuerzos para la capacitación en el área de sistemas nacionales e internacionales de protección, dirigida a estudiantes, profesionales, activistas y la sociedad civil, a través de las alianzas que se han logrado hasta la fecha.

 

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