Relación cronológica de decretos que declaran la emergencia económica en Venezuela

Conoce aquí la tabla de relación cronológica de decretos de Estados de Emergencia en Venezuela.

Cortesía del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

 

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COMUNICADO: En un año, Maduro convirtió la represión en regla, agudizando la represión

 

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Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta comunicación expresamos nuestro rechazo a la continuidad del “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que concedió facultades al gobierno para restringir derechos, restringir la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

El 13 de mayo del 2016, determinamos y denunciamos que la prórroga de este decreto, constituía una aplicación indefinida del estado de excepción, lo cual es indiscutiblemente contrario a lo establecido en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que regula la materia, vulnerando el fin de la norma, que es evitar este tipo de prácticas de imposición del régimen excepcional por tiempo no determinado. Adicionalmente precisamos que estas declaratorias no cumplen con las normas internacionales sobre restricción de derechos en situaciones de emergencia.

Recordamos además la inconstitucionalidad del mismo, al haber sido extendido y redefinido en 6 ocasiones, sin haber contado con la aprobación de la Asamblea Nacional y únicamente con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El último decreto se publicó el 13 de enero de 2017, bajo el argumento de la existencia de “circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectasen el orden constitucional la paz social, la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República”, sin siquiera someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, reafirmando la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Este decreto fue prorrogado el 13 de marzo, por lo que se vence el 13 de mayo.

Esta situación ha permitido que por más de un año el Ejecutivo haya tenido facultades y poderes de carácter vago, amplio y discrecional, facilitando la implementación de medidas violatorias de los derechos humanos y determinó el quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, dando pie a que el Poder Ejecutivo finalmente implementara de forma abierta el autoritarismo y acciones que configuran un claro golpe de Estado.

Vemos con preocupación cómo desde el Poder Ejecutivo, a través de estas medidas, se ha legitimado el ejercicio discrecional del Poder Público, se han cometido acciones de usurpación de poderes a la Asamblea Nacional, se han promovido mecanismos contrarios a la ley para el control del orden público, incorporando incluso la participación de civiles armados y facilitando la extensión de la militarización. Todo en virtud de la implementación de la tesis de la seguridad nacional y protección contra el enemigo interno y externo que pretende desestabilizar el país.

Exhortamos formalmente al Ejecutivo a que se abstenga de continuar con la práctica de prórroga de la extensión indefinida e inconstitucional del estado de excepción y emergencia económica.

Solicitamos el cese de la implementación de la doctrina de la Seguridad Nacional, amparada en la tesis del enemigo interno, la cual ha facilitado la vulneración a los derechos humanos de los ciudadanos y ha permito la descalificación, hostigamiento y ataque a defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios y políticos.

Suscriben:

Acción Solidaria (ACSOL)

Acceso a la Justicia

Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Aula Abierta Venezuela

Cátedra de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la universidad Católica Andrés Bello

Cecodap

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro Justicia y Paz – CEPAZ

Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara

Civilis Derechos Humanos

Coalición Clima21

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Apure

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Táchira

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Mérida

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

Convite A.C.

Espacio Público

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes – FENASOPADRES

Fundación Agua Clara

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB

María Estrella de la Mañana

Movimiento Vinotinto

Sinergia

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

StopVIH

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ObservatorioULA DDHH)

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Observatorio Venezolano de la Salud (OVSalud)

PROMEDEHUM – Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Proyecto de Educación, Visibilización y Exigibilidad de los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo

Padres Organizados de Venezuela

Proyecta Ciudadanía A.C.

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad (UVL)

Unión Afirmativa

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

Un Mundo Sin Mordaza

Venezuela Diversa A.C.

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Protestas de abril de 2017 en el Zulia

9 DE MAYO-REVISTA TEMÁTICA (1)

Descarga nuestra revista temática aquí: EDICIÓN ESPECIAL-Protestas abril

 

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Guardia Nacional Bolivariana reprime a manifestantes opositores en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo de Maracaibo

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Protesta opositora en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo en Maracaibo, Venezuela, el 19 de abril de 2017. Foto cortesía de Ernesto Pérez

Desde inicios de abril, Venezuela retomó las protestas para oponerse a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que otorgan potestades legislativas al Ejecutivo, y desconocen la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. A raíz de estas decisiones del máximo tribunal venezolano, diversos actores internacionales se pronunciaron para criticar la inexistencia de democracia en Venezuela y las violaciones a la Constitución derivadas de estas sentencias.

Por estas razones, el 19 de abril de 2017, se convocó en todas las ciudades del país a manifestarse de forma multitudinaria. En Maracaibo, la manifestación tenía como fin la entrega de un documento en la Defensoría del Pueblo, ubicada en el casco central de la ciudad, cuyo objeto era exigir a este organismo velar por los derechos humanos de los venezolanos y solicitar la realización de elecciones. En paralelo, en la Plaza Bolívar –también ubicada en el casco central de la capital zuliana- el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, encabezaba un acto cívico militar para conmemorar los 207 años de la Proclamación de la Independencia de Venezuela.

Después de que los manifestantes opositores se aglutinaran en las afueras de la Defensoría del Pueblo, la Guardia Nacional Bolivariana agredió  a los ciudadanos con bombas lacrimógenas para impedir que cruzaran la barrera que los efectivos habían creado con el fin de evitar la llegada a la Defensoría del Pueblo de los manifestantes.

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Cuerpos de seguridad del Estado acompañan al gobernador Francisco Arias Cárdenas en acto cívico militar del 19 de abril de 2017 en la Plaza Bolívar de Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

Al final de esta jornada, más de 20 personas vinculadas a las protestas de la oposición fueron detenidas. Mientras tanto, el acto cívico-militar del sector oficialista y su marcha “en respaldo a la paz” transcurrió sin represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Por: María Inés Hernández

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Abril: mes de protestas en el Zulia

Abril, mes de protestas en el Zulia

Protestante en manifestación del 1 de mayo de 2017 en Maracaibo, Venezuela.  Foto cortesía de Ernesto Pérez.

Con una convocatoria hecha desde el seno de la sociedad civil ante la arbitrariedad que cometieran magistrados del TSJ a través de dos controversiales decisiones, se inició una agenda de protestas dirigidas a visibilizar los múltiples problemas sociales, políticos y económicos que atraviesa el país.

Daños a la propiedad privada y maltratos físicos durante diversos ataques a residencias, censura a los medios de información, represión fuera del marco legal  en el control de manifestaciones, y el uso indebido de armas de fuego contra ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la manifestación de manera pacífica, son algunas de las violaciones de derechos contabilizadas en las protestas durante el año del 2017. 84 personas detenidas en la región zuliana para el momento de la publicación de este artículo, es el saldo de aprehensiones arbitrarias durante el desarrollo de las diversas protestas en la entidad, siendo en su mayoría hombres, y además, 9 adolescentes.

Por su parte, el gobernador del Zulia, en medio de todas las violaciones de derechos humanos perpetradas, ha asegurado en sus alocuciones y a través de las publicaciones en las cuentas oficiales de redes sociales, que el Zulia merece paz.

Por: Lisseth Mogollón

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Comunidad Internacional pide respeto a las manifestaciones en Venezuela

Comunidad internacional pide respeto a las manifestaciones

Protesta del 1 de mayo de 2017 en Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

Perú, Chile y México fueron los primeros países en expresar su preocupación por la situación constitucional del país, tras las polémicas sentencias del TSJ. La reacción más enérgica fue la de Perú, que decidió retirar su embajador ante Venezuela.

El canciller de Costa Rica dijo que el Estado venezolano debe someterse a los escrutinios y opiniones de la OEA, y sostuvo que las observaciones realizadas no pueden interpretarse como intervencionismo. Con el aumento de las protestas y la represión, 11 países latinoamericanos realizaron un comunicado para exhortar a Nicolás Maduro para que “rápidamente se definan las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela”, y además, abogando por el respeto al derecho de manifestación. Este comunicado fue rechazado por la Canciller de Venezuela, acusando a los países firmantes de “apadrinar el intervencionismo.

Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que el gobierno venezolano, además de violar la Constitución, no permite que el sector opositor sea escuchado. También solicitó que las muertes ocurridas en las protestas sean investigadas a fondo.

El responsable jurídico de la OEA, sostuvo que el proceso de la Carta Democrática Interamericana para mediar en la crisis sigue en marcha. El organismo regional convocó a una reunión de cancilleres para tratar la crisis de Venezuela (con 19 votos a favor), sin el aval del gobierno venezolano, que anunció a través de la cancillería que el país se retirará de la OEA.

Por: Nestor Torres

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Codhez expone su Informe Anual 2016 en el Instituto Universitario San Francisco

Taller de DDHH en Instituto Universitario San Francisco

Por invitación del Instituto Universitario San Francisco de Fe y Alegría, el martes 18 de abril de 2017, el equipo de CODHEZ presentó su Informe Anual 2016: Situación sobre los Derechos Humanos en el Zulia, a los estudiantes de la institución ubicada en el Municipio San Francisco.

La actividad se realizó en la mañana y en la noche. Participaron dos grupos completamente distintos en edades, pero muy interesados por la información compartida. En el turno de la tarde se desarrolló  un debate donde los profesores tuvieron participación.

Esta es la primera de una serie de actividades que se planean realizar con este centro educativo.

 

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Regulación del derecho a la protesta en Venezuela

Regulación de la protesta

Cuerpos de seguridad del Estado rumbo a la protesta del 1 de mayo de 2017 en Maracaibo, Venezuela. Foto cortesía de Ernesto Pérez.

El examen sobre el uso de la fuerza en el control de las manifestaciones que se han desarrollado en el país debe atender al contraste entre los hechos y las normas constitucionales sobre el derecho a la manifestación (y otros derechos como la vida, la integridad física, psíquica y moral, la inviolabilidad del recinto privado, y la propiedad), las leyes sobre el servicio de policía y el “Manual de actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

Según el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, en sintonía con el artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “[l]os ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.” Esta es la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (2010), interpretada por la Sala Constitucional en la sentencia 276/2014, de 24 de abril, señalando la obligación de los organizadores de las protestas de solicitar permiso para realizarlas, a pesar de que la ley solo exige participarlo a la autoridad (artículo 43).

Además, el artículo 68 establece que “[s]e prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, ordenando que “[l]a ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.” Esta regulación se encuentra prevista, como mandato general a la Policía Nacional y los cuerpos de Policía Estadal, en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008) (artículos 37 y 43). A pesar de que el control de manifestaciones debe corresponder a los órganos de policía, en 2015 se publicó la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza la intervención de la Fuerza Armada en esa tarea, e incluso, el uso de armas de fuego.

Además de evidenciarse el desarrollo inconstitucional de las previsiones fundamentales sobre el control de las protestas, hemos constatado, al igual que en 2014, el prejuicio de las autoridades con relación a ellas, y en definitiva, el riesgo de que no se investiguen los hechos, pues los casos de abuso policial y militar han sido invisibilizados, e incluso, justificados por funcionarios del gobierno del Estado y nacional.

Por: Juan Berríos

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¡Nuestro boletín de abril está disponible!

BOLETIN DE ABRIL

Descarga nuestro boletín de abril aquí: Boletín de abril 2017 

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Venezuela / Protestas: Relatores de la ONU y la CIDH rechazan censura, detenciones y ataques a periodistas

WASHINGTON / GINEBRA (26 de abril de 2016) – Dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron hoy la censura oficial y el bloqueo de espacios informativos en Venezuela, al igual que la detención, ataques y estigmatización de periodistas y trabajadores de medios que cubren las manifestaciones de protesta en el país.

“Exhortamos al Gobierno de Venezuela a que libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión”, reclamaron el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
 
Asimismo, los Relatores repudiaron la censura y el bloqueo de espacios informativos en medios tradicionales y en Internet. “Buena parte de los medios televisivos se encuentran bajo control del Gobierno, mientras que el sector privado opera con restricciones debido a que han vencido sus licencias y las autoridades se niegan a renovarlas desde hace más de dos años”, señalaron.

“La regulación y limitación o bloqueo de páginas o señales televisivas que transmiten a través de Internet, aún bajo un estado de emergencia, son desproporcionadas e incompatibles con los estándares internacionales”, afirmaron los expertos.

“Tanto antes como después del quiebre del orden constitucional y democrático denunciado por organismos internacionales, el espacio para las voces críticas de periodistas, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y representantes de la oposición se ha deteriorado en forma continua”, advirtieron.

En agosto pasado, los Relatores manifestaron su preocupación frente a “medidas que aumentan considerablemente la presión sobre los medios de comunicación y limitan aún más la capacidad de realizar su trabajo de forma independiente”.

Detenciones y ataques a periodistas

Diversas fuentes han informado  que al menos doce periodistas venezolanos e internacionales habrían sido detenidos en el marco de los actuales acontecimientos. Luego de permanecer detenidos por algunas horas o días en algunos casos, han sido puestos en libertad. Uno de los casos de los que se ha tenido noticia es el del periodista Yonnathan Guédez, quien se encuentra detenido desde hace varios días.

Los Relatores también destacaron que, en un hecho sin precedentes, el periodista Braulio Jatar permanece detenido desde septiembre de 2016, tras haber difundido un video que mostraba a personas protestando frente al presidente Nicolás Maduro en la Isla de Margarita, en el oriente del país.

Censura y bloqueo de plataformas informativas

También se ha constatado por varias fuentes que al menos tres plataformas de contenidos en línea –VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV–, que ofrecen noticieros e información de interés general en Venezuela, fueron bloqueadas por prestadores de servicio de Internet privados, al parecer después de recibir la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Los tres servicios transmitían información sobre las protestas contra el gobierno que se desarrollan en distintos puntos del país cuando se decidió el bloqueo, mientras que la mayor parte de los medios tradicionales de radio y televisión no están cubriendo esos hechos. Posteriormente se dictaron nuevas medidas de censura, como la prohibición a las empresas de televisión por abonados de emitir la cadena CNN. Otros medios de comunicación de diferentes países tales como TN de Argentina, El Tiempo de Colombia y NTN 24 de Colombia han sufrido interrupciones o directamente se ordenó la suspensión de la señal.

“Las órdenes arbitrarias de Conatel tanto para suprimir señales de la televisión por abonados como para Internet restringen la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal y constituyen una forma de censura”, recalcaron los Relatores de la ONU y la CIDH.

Igualmente, diversos sitios de Internet de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación informaron que fueron objeto de ataques en línea para saturar sus portales o desconectarlos.

FIN

El Sr. David Kaye (EE.UU.) fue designado como Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión en agosto de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información, visite (en inglés):  

El Sr. Edison Lanza (Uruguay) fue designado como Relator Especial para la libertad de expresión en julio de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la CIDH para promover la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado el papel fundamental que este derecho desempeña en la consolidación y desarrollo del sistema democrático:

ONU Derechos Humanos, página de país: Venezuela

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Azin Tadjdini (+41 22 917 9400 / atadjdini@ohchr.org) o escriba a freedex@ohchr.org

Para consultas de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:
Xabier Celaya, Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)  

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