ALERTA- La Ley constitucional contra el odio viola derechos civiles, políticos y promueve la persecución contra la disidencia

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El pasado 8 de noviembre, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, un instrumento jurídico cuyo propósito es penalizar discursos contrarios a la ideología del partido de gobierno y establecer penas de 10 a 20 años de cárcel, entre otras sanciones, a ciudadanos y medios de comunicación que expresen mensajes que puedan catalogarse como “promotores del odio y la intolerancia” por los partidarios del gobierno nacional.

Al evaluar este instrumento jurídico, es necesario tener en cuenta que la actual Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad de origen pues surgió como producto del desconocimiento del derecho de los venezolanos a decidir sobre el destino político de su país al no efectuarse la consulta popular establecida en la Constitución como requisito para su convocatoria. Además, este órgano no posee competencia para discutir y aprobar leyes, pues ello corresponde a la Asamblea Nacional electa por los venezolanos en diciembre de 2015.

Desde su instalación, el uso de la Asamblea Nacional Constituyente como instrumento para la imposición del proyecto político-ideológico del partido de gobierno ha sido evidente, y todas las decisiones que ha tomado así lo reafirman.

   Si bien es cierto que según estándares internacionales deben sancionarse los discursos promotores del odio y la violencia, tal como lo hace el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ordena que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”, las regulaciones nacionales deben garantizar la libre expresión, de modo que existan parámetros objetivos que permitan juzgar que un determinado discurso promueve el odio y la violencia contra determinado sector de la sociedad. En el caso de la ley aprobada por la ANC, la evaluación de estos elementos corresponderá a sectores identificados con el gobierno nacional, y por tanto, existe un temor fundado de que su aplicación sea parcializada.

   Desde CODHEZ alertamos que la Ley constitucional contra el odio, por  la convivencia pacífica y la tolerancia es ilegítima, y puede considerarse un instrumento jurídico violatorio de derechos humanos tales como la libertad de pensamiento y expresión. Además, su aplicación se traducirá en una mayor persecución a la disidencia y el incremento de la censura contra ciudadanos y medios de comunicación.

   En definitiva, las acciones persecutorias que de esta ley se deriven deben ser consideradas pruebas del carácter no democrático del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y por ello deben ser documentadas, denunciadas y sancionadas como violatorias de derechos civiles y políticos.

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ALERTA- El CLEZ desconoce la voluntad de los zulianos al desconocer a Juan Pablo Guanipa como legítimo Gobernador del Zulia

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Durante la mañana del jueves 26 de octubre, los parlamentarios del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) declararon vacante el cargo de gobernador del Zulia. Con esta decisión, expresaron su rechazo ante la negativa del líder opositor de juramentarse ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Juan Pablo Guanipa resultó electo el pasado 15 de octubre con un 51,6 % de los votos registrados en el estado Zulia. Por lo tanto, la voluntad de los zulianos de elegirlo como gobernador del estado quedó evidenciada con los 691 mil 547 votos que le dieron el triunfo sobre el candidato del oficialismo, Francisco Arias Cárdenas.
Desde Codhez reiteramos que el derecho a elegir del pueblo zuliano debe ser respetado y la materialización de su voluntad debe ser garantizada mediante el reconocimiento de la opción resultante como ganadora.
El gobernador electo no ha renunciado ni abandonado el cargo para el cual fue electo. Por esta razón, no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 75 de la Constitución del Estado Zulia que los parlamentarios del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ) utilizan para establecer la declaratoria de falta absoluta. En consecuencia, esta decisión no tiene fundamento legal que la soporte y evidencia la parcialización del órgano legislativo zuliano y el seguimiento de directrices partidistas contrarias a los valores democráticos que deberían prevalecer en sus acciones.
El Consejo Legislativo del Estado Zulia, según lo previsto en la Constitución, debió juramentar al gobernador electo. El incumplimiento de ese deber constitucional y la posterior declaratoria de falta absoluta demuestran una clara falta de coherencia en su proceder.
Codhez exige al CLEZ que respete la elección de Juan Pablo Guanipa como expresión de la soberanía popular de los zulianos.
¿Quiénes Somos?
Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.
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Dos años después, Santa Rosa de Agua aún espera justicia

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Maracaibo.- El 14 de septiembre de 2017 se cumplen los dos años de la ejecución de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo. Este operativo dejó como saldo cinco (5) asesinatos, doscientas (200) detenciones arbitrarias y una marca de violencia que permanecerá de por vida en los sobrevivientes de la sistemática violación de derechos humanos que esta implicó.

En la madrugada del 14 de septiembre de 2015, tras la publicación de un mensaje que anunciaba la realización del operativo desde la cuenta en la red social Twitter del gobernador del estado Zulia, Franscisco Arias Cárdenas, 480 efectivos de la Guardia Nacional (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), arremetieron contra el Sector Santa Rosa de Agua al norte de la capital zuliana e ingresaron a los hogares de tres familias. Seguidamente, asesinaron a quemarropa a cinco ciudadanos: Héctor García (35), Néstor Luis García (28), Oswaldo Moreno (25), Jonathan Olivares (31) y Jorge Luis Olivares (41).

Según el testimonio de Elvimar Olivares, hermana de los fallecidos Jonathan Olivares y Jorge Luis Olivares, ellos fueron sacados con el rostro cubierto de sus hogares y trasladados en un vehículo del CICPC con rumbo desconocido. Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del Hospital Adolfo Pons.  Una situación similar ocurrió con los hermanos García y  Oswaldo Moreno, quien fue trasladado desde su casa sin signos vitales.

Durante los dos años transcurridos desde este traumático suceso, la familia Olivares interpuso la correspondiente denuncia y formuló una solicitud ante la Fiscalía General de la República que motivó el inicio de una investigación conducida por el Fiscal Nacional con competencia en derechos fundamentales, Alejandro Méndez, donde las experticias realizadas por el equipo de investigación forense del Ministerio Público sirvieron de base para acusar formalmente a cuatro funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), por los asesinatos anteriormente mencionados.

A la fecha, los familiares de las víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo ejecutada en Santa Rosa de Agua el 14 de septiembre de 2015 aún esperan justicia. Atendiendo a las evidencias halladas y a la legislación venezolana, la juez tercera de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, deberá acatar la solicitud de privar de libertad a los funcionarios acusados por el Ministerio Público, dicha detención deberá materializarse en la audiencia preliminar a efectuarse en octubre.

A pesar de las dificultades, los familiares de las víctimas continúan dispuestos a agotar todas las instancias posibles para lograr justicia.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) demandamos al Estado venezolano el cese de operativos policiales y militares violatorios de derechos humanos, entre otros; así como el respeto al debido proceso, la celeridad procesal  y la vida.

¿Quiénes Somos?

Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado Zulia. Surgimos a raíz de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones del primer semestre de 2014, como un grupo de abogados que asistimos judicialmente a manifestantes detenidos arbitrariamente y, a la vez, de la mano con prestigiosas universidades de la región, documentamos estos casos y otros hechos violatorios de derechos humanos, como allanamientos de viviendas y ataques a los recintos universitarios.

Desde entonces, continuamos prestando asistencia judicial gratuita, sobre todo en casos de detenciones arbitrarias, asesorando a las víctimas y sus familiares, y produciendo informes sobre la situación actual de los derechos en la región zuliana. Además, al día de hoy, estamos dedicando esfuerzos para la capacitación en el área de sistemas nacionales e internacionales de protección, dirigida a estudiantes, profesionales, activistas y la sociedad civil, a través de las alianzas que se han logrado hasta la fecha.

 

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COMUNICADO CIDH- Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena cierre de más de 50 medios en Venezuela sin garantías legales y por motivos relacionados con su línea editorial

Libertad de Prensa

Washington, DC- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión y exhorta al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación -tanto nacionales como extranjeros- puedan operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea editorial.

De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 24 de agosto, los proveedores de televisión por suscripción en Venezuela retiraron de la parrilla de programación a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). William Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista a medio oficial que “RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que, en Venezuela, se han comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades legítimas”. El ministro acusó a Caracol TV de cometer “una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus autoridades y a nuestras leyes”. Un criterio similar se habría utilizado previamente para ordenar la supresión de las señales de CNN y NTN 24.

La Relatoría también recibió información según la cual en horas de la noche del viernes 25 de agosto, representantes de Conatel  ingresaron a las emisoras  92.9 FM y Mágica 99.1 FM en la ciudad de Caracas y ordenaron el cese definitivo de sus transmisiones. Según fue informado, minutos después de la salida del aire de ambos medios, las frecuencias fueron tomadas por dos nuevas emisoras vinculadas al partido oficial. La señal de la radio caraqueña 92.9 FM que tenía una programación periodística de mucha audiencia, fue sustituida esa misma noche por Radio Corazón Llanero, que estaría operada por una fundación bajo el control de un capitán del Ejército, edecán del ex presidente venezolano Hugo Chávez, y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. La señal de la emisora Mágica 99.1 FM fue sustituida por la emisora Vinotinto FM, cuya propiedad es hasta ahora desconocida. El 5 de septiembre, Conatel habría ordenado el cese de las transmisión de la estación 88.1 FM de la emblemática radio educativa Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde habría revocado la orden sin brindar explicaciones.

Previamente, el 16 de julio también había sido clausurada ULA TV, el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, por parte de la misma Conatel invocando falta de documentos.

Según la información proporcionada por varias organizaciones, durante 2017 se sumarian al menos 49 las radios nacionales cerradas y cinco canales de televisión internacionales retirados de la programación de la televisión nacional por suscripción durante el año 2017, por órdenes del gobierno. Como lo ha expresado la Relatoría Especial en anteriores comunicados, la mayor parte de los medios de comunicación operan en Venezuela con sus licencias vencidas y el organismo regulador no dispone de procedimientos con garantías para la adjudicación y/o renovación de estas frecuencias.

La Relatoría recuerda al Estado venezolano que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos en una sociedad democrática.  El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y a recibir información plural y diversa y constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional.

Si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, ello debe hacerse de conformidad con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos que prohíben la restricción del derecho a la libertad de expresión a través del abuso de la facultad de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas.

Según estos principios, los procesos de adjudicación, revocación y renovación de licencias debe estar estrictamente regulado por una ley y estar guiado por criterios objetivos, claros, imparciales, públicos y compatibles con una sociedad democrática; el proceso debe ser transparente; la decisión que conceda o niega la solicitud debe estar debidamente motivada; y estar sometida a un adecuado control judicial. La administración del espectro radioeléctrico, además, debe encontrarse orientada por los principios de igualdad y no discriminación y nunca ser utilizada para presionar, premiar o castigar a un medio en función de su línea editorial o su posición respecto del gobierno de turno.

Venezuela ya había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2015 por incumplir estos principios cuando decidió no renovar la concesión del canal de televisión RCTV el 27 de mayo de 2007. A juicio del tribunal interamericano el cierre de RCTV  implicó  “una desviación de poder, ya que se hizo uso de una facultad permitida del Estado con el objetivo de alinear editorialmente al medio de comunicación con el gobierno”.

El Tribunal resaltó además que la desviación de poder en ese caso “tuvo un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos de RCTV, sino además en la dimensión social de dicho derecho”. En efecto, la Corte estableció que “la finalidad real buscaba acallar voces críticas al gobierno, las cuales constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, en las demandas propias de un debate democrático que, justamente, el derecho a la libertad de expresión busca proteger”.

La Relatoría Especial hace un llamado urgente para el reestablecimiento de la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión retirados del aire, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

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Boletín de Julio 2017

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Rechazo a la Violencia Sexual en el contexto de la represión e intolerancia política en Venezuela

Las organizaciones abajo firmantes condenamos la violencia, represión y violación de derechos humanos que se viene dando de forma sistemática por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones en contra de manifestantes y personas detenidas, desde el inicio de las protestas en Venezuela en el mes de abril de 2017; y que atentan contra derechos esenciales como lo
son el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho legítimo a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la lucha legítima por la democracia.
En este sentido, rechazamos todas las formas de violencia contra mujeres y hombres, en especial la violencia sexual que se ha profundizado en el marco de la política de represión del Estado, así como las violaciones a garantías jurídicas específicas hacia las adolescentes que han sido detenidas en el contexto de manifestaciones públicas.
En más de 100 días de protestas pacíficas, las denuncias registradas muestran actos de violencia sexual en los que las mujeres detenidas han sido obligadas a desnudarse al interior de un centro de detención frente a funcionarios policiales, o han sido amenazadas y amedrentadas con improperios sexuales. En varios casos, las mujeres han sufrido brutales ataques de la fuerza pública, vejaciones y abusos en el marco de las protestas y durante los procesos de detención, muchos de los cuales han sido declaradas
como violaciones por organismos de justicia. Según seguimiento a la prensa realizado por AVESA, se encontraron 25 víctimas de violencia sexual en este contexto (56% mujeres), quienes reportaron exposición a la violencia sexual (60% de los casos), tocamientos (20% de casos) y violación sexual (16% de casos, 2 mujeres y 2 hombres), e identificaron que las personas agresoras pertenecían a la Policía Nacional Bolivariana en el 68% de los casos, PoliAragua en 20% y, la Guardia Nacional en 12% de casos . Asimismo, nos preocupa que los actos de violencia sexual no sean denunciados, en ejercicio, exigibilidad y defensa de sus derechos, como consecuencia de la impunidad.
De conformidad con instrumentos internacionales ratificados por Venezuela, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de BelémDo Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura, y otros Tratos Crueles o Degradantes, todas las formas de violencia deben ser erradicadas y prevenidas por las instituciones del Estado, sin ningún tipo de discriminación y garantizando el goce y ejercicio de todos los derechos en condiciones de igualdad, incluyendo la libertad de reunión pacífica, asociación y participación en los asuntos públicos; sobre todo en contextos de violencia donde las mujeres, adolescentes y niñas, por el hecho de serlo, son más vulnerables a ser víctimas de discriminación o grados mayores de violencia por la cultura patriarcal imperante.
Reafirmando el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz de conformidad con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, las organizaciones abajo firmantes instamos al Estado venezolano y a las autoridades responsables a:
1. Detener los actos de represión contra las manifestaciones pacíficas, adoptando de inmediato medidas apropiadas para proteger a la población de todas las formas de violencia, incluidas las mujeres y las niñas;
2. Investigar a fondo todas las denuncias de actos de violencia sexual cometidos por autoridades policiales o militares y que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia, incluyendo superiores civiles y jefes militares, recordando que las violaciones comprenden también no prevenir la violencia sexual y permitir la impunidad;
3. Aplicar medidas apropiadas de disciplina militar bajo el principio de responsabilidad del mando en todas aquellas situaciones donde se comentan actos de violencia sexual;
4. Cumplir la prohibición categórica de violencia sexual a través de la verificación de antecedentes de las fuerzas armadas y de seguridad para tener en cuenta su historial y el adiestramiento de tropas donde se refute mitos que alimenten la violencia sexual;
5. Adoptar medidas para la evacuación hacia un lugar seguro de las mujeres y los niños que se encuentren bajo amenaza inminente de violencia sexual, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las mujeres de las comunidades locales afectadas.
Finalmente, ponemos a disposición de las víctimas y familiares el directorio de organizaciones que brindan apoyo, asistencia legal y psicológica en casos de violencia por razones de género, el cual, puede ser consultado en http://www.rednaranja.com.ve
Organizaciones firmantes:
1. Acción Ciudadana Contra el Sida – ACCSI
2. Acceso a la Justicia
3. Acción Solidaria
4. Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo)
5. Aliadas en Cadena A.C.
6. Amigos Transplantados de Venezuela
7. Asamblea de Educación
8. Asamblea Nacional Estudiantil (ANE)
9. Asoc.civil Centro de Desarrollo Integral Sucre
10. Asociación Civil de Planificación Familiar – PLAFAM
11. Asociación Civil Niña Madre
12. Asociación Civil PRODEFEM
13. Asociación Civil Saber es Poder “ASOSABER”
14. Asociación Larense de Planificación Familiar – ALAPLAF
15. Asociación Mujeres en Linea
16. Asociación Venezolana para la Hemofilia
17. ASOCIACION POR LA VIDA (ASOVIDA)
18. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa – AVESA
19. Asociación Venezolana de Mujeres A.V.M
20. Aula Abierta Venezuela
21. Aurora Madre
22. Avessoc
23. Casa de la Mujer “Juana Ramirez La Avanzadora”
24. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero Universidad de Los
Andes
25. Centro de Formación para la Democracia (CFD)
26. Centro de Estudios de Genero de la Universidad Simon Bolivar
27. Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
28. CDH-UNIMET
29. Centro Hispanoamericano para la mujer FREYA
30. CECODAP
31. Civilis Derechos Humanos
32. Coalición Clima21
33. CODEVIDA
34. Comisión de Derechos Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad del Zulia
35. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
36. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela del Estado Táchira
37. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadania CODEHCIU
38. Comisión de DDHH de la federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado
Apure
39. Convite AC
40. Cultura Sin Fronteras
41. Diverlex Diversidad e Igualdad a través de la ley
42. Entrecuerpos. Centro de Estudios
43. Escuela de Vecinos de Venezuela
44. ESCUELAS VENEZOLANAS DE PSICODRAMA
45. EXCUBITUS derechos humanos en educación
46. Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela – FEDEVE (Comisión de DDHH)
47. Federación Latinoamericana de Abogadas FEDLA
48. FEDERACIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES –
FENASOPADRES-
49. FeminismoINC
50. Frente Nacional de Mujeres – FENAMU
51. Fundamujer
52. Fundación Aguaclara
53. Fundación Blanca Nieve Sierra FBNS
54. Fundación CELTA
55. Fundación Reflejos de Venezuela
56. FUNCAMAMA
57. Género y Derechos Humanos – GENDHU
58. Geografía Viva A. C
59. Humano Derecho Radio Estación
60. Instituto de Investigaciones Jurídicas UCAB
61. Iremujeres Miranda
62. Juventud en Acción
63. Liga Merideña contra el SIDA
64. Manifiesta
65. Mov. Mujeres con Voluntad-MujeresVP
66. Movimiento SOMOS
67. Mulier
68. MVA Mujeres Venezolanas en Acción
69. No Permitas Malos Tratos
70. Nueva Esparta en Movimiento AC.
71. Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres OVDHM
72. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
73. Oportunidad A.C.
74. Padres Organizados de Venezuela
75. Prepara Familia
76. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
77. Proinclusión VP
78. Provea
79. Proyecta Ciudadanía A.C
80. Psicologos sin Fronteras Venezuela
81. Red Juvenil Cultura de Paz y VIH/SIDA
82. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos( REDAC)
83. Red de Jóvenes de las Américas Nodo Venezuela
84. Red Sindical de Mujeres
85. Red de Observación y Acción por el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia – Red Naranja
86. RED ROSA
87. SENOSALUD
88. Senosayuda A.C.
89. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
90. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
91. Soy Mujer
92. STOP VIH
93. Transparencia Venezuela
94. Una Ventana a la Libertad
95. Unión Afirmativa de Vzla
96. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
97. ViveMujer ONG
98. Vicaria DDHH Guayana
99. Voces de Género Venezuela, A.C
100. Voces Vitales Venezuela . VVV

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ALERTA- Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente contraría el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas

A principios de abril de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante las decisiones 155 y 156, se atribuyó funciones correspondientes a la Asamblea Nacional, motivando a la sociedad civil a iniciar un ciclo de protestas cuyo fin, después de tres meses, no parece divisarse pronto.

La manifestación de la ciudadanía contra las acciones gubernamentales provocó un despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, caracterizado por excesos en el uso de perdigones y bombas lacrimógenas, e incluso, la utilización de armas de fuego y explosivos para el control de las protestas, en clara contravención a lo establecido en la Constitución de la República y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este despliegue represivo ha dejado como saldo un gran número de fallecidos y centenares de heridos, cuya responsabilidad el Estado se niega a aceptar. Por otro lado, las detenciones arbitrarias se han hecho frecuentes, y el juzgamiento de civiles en tribunales militares se ha convertido en una práctica recurrente.

Este panorama ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos, que han sido enfáticas denunciar violaciones a los derechos de libertad de expresión, manifestación, integridad personal, debido proceso, inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, entre otros.

En este contexto de conflictividad, el Presidente de la República Nicolás Maduro convocó mediante Decreto a una Asamblea Nacional Constituyente con el argumento de “garantizar la preservación de la paz ante las  circunstancias (…) que implican un  proceso de feroz agresión imperialista y la promoción, por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial y social”. Esta alarmante justificación de la convocatoria, que destaca por negar el pluralismo político –un valor previsto en el artículo 2 de nuestra Carta Magna–, fue compartida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se hizo eco de esta motivación en la resolución emitida para avalar el decreto presidencial.

Partiendo de la premisa de que el poder constituyente originario reside en el pueblo, este debió convocar la Asamblea. Por lo tanto, el Presidente de la República usurpó la soberanía popular al efectuar la convocatoria. El Ejecutivo nacional y el resto de los órganos del Poder Público mencionados en el artículo 348, así como el 15% de electores solo pueden promover o presentar una iniciativa para la convocatoria; lo contrario sería admitir que cualquiera de los órganos mencionados en el mencionado artículo, o una parte del pueblo, pueda imponer al resto la redacción de una nueva Constitución.

Aunada a la ilegitimidad de la convocatoria, el establecimiento de las bases comiciales –entendidas como el conjunto de normas destinadas a regir las elecciones de los constituyentes– vulnera el derecho a la participación política de los venezolanos. Las reglas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, impuestas por el Presidente de la República sin la aprobación popular, implican la sobrerrepresentación de ciertos sectores en detrimento de otros, que tendría por consecuencia la violación al principio de igualdad y la desproporcionalidad de los resultados electorales. Esta desproporción se deriva de la elección de un representante por cada municipio del país, sin considerar el número de habitantes, y de la forma de elección sectorial, que transgrede el principio de universalidad del voto.

Del mismo modo, las condiciones establecidas para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente muestran una clara tendencia a ignorar el carácter del pueblo como depositario de la soberanía. Además, la Asamblea, que no tiene una duración predeterminada, tiene la potestad de decidir la cesación o limitar el funcionamiento de los poderes públicos constituidos.

En definitiva, el establecimiento de bases comiciales sin la aprobación de un referendo popular y con las características anteriormente señaladas, permite prever que el objetivo de quienes concibieron la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente es hacerla omnipotente, sin que exista la garantía de que el texto redactado sea sometido a aprobación popular.

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), en su carácter de organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, con énfasis en los derechos civiles y políticos, denuncia esta iniciativa que contraría los principios más básicos de la democracia, base del Estado de Derecho y condición determinante para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Una convocatoria con estas características resta importancia a la  voluntad del pueblo como base de la autoridad de gobierno y a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Sin duda alguna, la convocatoria y las reglas de elección de la Asamblea Nacional Constituyente niega el carácter progresivo de los derechos fundamentales y las garantías democráticas.

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